Ecodías
Luego de librar una orden de detención contra seis represores que prestaron funciones en el V Cuerpo de Ejército, con asiento en nuestra ciudad, durante la última dictadura militar, el juez federal Alcindo Álvarez Canale brindó una conferencia de prensa para anunciar el arresto en San Rafael, Mendoza, del coronel Osvaldo Bernardino Páez.
Del listado de 76 represores que se investigan por su participación en violaciones a los Derechos Humanos en la causa por los delitos de `Lesa Humanidad´ cometidos bajo el control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército, el Juzgado federal a cargo de Álvarez Canale libró orden de detención de seis.
Además de Páez, los otros cinco militares buscados son coronel Aldo Mario Álvarez, general de brigada Juan Manuel Bayón, coronel Rafael Benjamín Depiano, mayor del Ejército Hugo Jorge Delmé y capitán médico Jorge Streich, de quienes el juez daba a conocer que “todas estas personas son mayores de 70 años. En esta oportunidad ha sido detenido el entonces teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez, actualmente de 76 años de edad, quien se retiró como teniente coronel, y que era oficial del departamento III, es decir Operaciones del Comando V Cuerpo, hasta diciembre de 1976 en que fue trasladado a la ciudad de Buenos Aires”, anunció Álvarez Canale.
Páez fue arrestado por la Policía Federal en San Rafael y su caso quedó en manos del juez federal Raúl Héctor Acosta, conocido mediáticamente por intentar procesar a Isabel Perón en la causa contra la Triple A.
Igualmente, según Canale, Páez “ha de ser remitido a esta ciudad a efectos de que preste la declaración indagatoria pertinente, si él (el juez) así lo cree. Con esto quiero decir que en la declaración indagatoria se puede negar a prestar declaraciones, (pero) no se puede negar al acto de indagatoria (al) que tiene que concurrir así sea por la fuerza”.
“No tengo presentación alguna de las otras órdenes, sí hubo algunas reiteraciones, incluso de tipo internacional. Lo que sí ha habido en el orden de tipo internacional, han pedido en el caso de Corres mayores precisiones para que se reúnan bien los requisitos internacionales para que Interpol puede actuar en consecuencia. Eso ya fue remitido primero a Interpol y por supuesto a la Cancillería argentina donde nosotros tenemos que, obligatoriamente, mandar los pedidos”, explicó el magistrado.
¿Cómo hago para interrogarlos?
“Estamos haciendo una especie de pirámide invertida: mayor jerarquía militar primero, y después vamos bajando porque es imposible material y humanamente tener a los 76 procesados juntos. Si yo los tuviera de esa forma, ¿cómo hago en diez días para interrogarlos?”, se preguntó el juez consultado acerca de los otros 70 militares involucrados en violaciones a los derechos humanos.
A su vez, aclaró que “el plazo va a ser exactamente igual (para todos). Puede haber excepciones por motivos, por supuesto, de enfermedad: alguien que se enferma en la audiencia, como pasaba a veces con Cruciani que aducía tener enfermedad, teníamos que interrumpir la audiencia. Primero, sea quien fuere, vamos a preservar el derecho a su vida y el derecho de salud”.
A esta altura, cabe preguntarse si en la Justicia en general caben tantos reparos y cuidados humanitarios para los llamados “ladrones de gallinas” o “giles” en la jerga popular, como para los represores acusados de crímenes de lesa humanidad.
viernes, 18 de mayo de 2007
viernes, 11 de mayo de 2007
Un represor prófugo menos
Página/12
DETUVIERON AL JEFE DEL GRUPO DE TAREAS DE EL OLIMPO
Es Enrique José del Pino, alias “Miguel”. Está acusado de 114 casos de secuestros. Fue arrestado en un restaurante.
Por Victoria Ginzberg
Estaba prófugo desde hacía un año y medio, pero ayer almorzó sin esconderse en un restaurante de Palermo. Cuando salía del lugar, fue detenido por personal de Interpol. Enrique José del Pino había sido jefe del grupo de tareas que operaba en los centros clandestinos El Banco y El Olimpo, donde era conocido con el alias de “Miguel”. “Participaba de los operativos de secuestros y de las torturas”, lo recordó Isabel Fernández Blanco, sobreviviente de esos campos.
El juez federal Daniel Rafecas, que investiga las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura en la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, había pedido la captura de Del Pino en septiembre de 2005. El represor estaba imputado del secuestro y torturas de, al menos, 114 víctimas. Su carrera había comenzado en 1975, bajo las órdenes de Antonio Domingo Bussi y Acdel Vilas, en Tucumán. De allí pasó a estar encargado del grupo de tareas de El Banco y El Olimpo. Además, Rafecas sumará a las acusaciones el secuestro y posible homicidio de Lucila Revora, que estaba embarazada de ocho meses, y el asesinato de Carlos Guillermo Fassano.
Los represores de El Olimpo que comandaba Del Pino hicieron un despliegue reservado para casos especiales para entrar a la casa de Revora y Fassano. El operativo del 11 de octubre de 1978 en Floresta duró más de una hora e incluyó bombas y hasta un helicóptero. Es que los militares le habían arrancado a un detenido en la tortura que allí había 150 mil dólares. Según el relato de un ex gendarme, los miembros de la patota se pelearon por el botín al punto tal que algunos de ellos tiraron una granada cuando un oficial de la Policía Federal, uno del Ejército y un oficial del Servicio Penitenciario estaban dentro de la casa. El policía murió y los otros dos resultaron heridos. El militar, que recibió un balazo en un brazo, era Del Pino.
El ex detenido-desaparecido Osvaldo Acosta narró en el Juicio a las Juntas que los represores discutieron fuertemente porque la plata de la casa de Floresta no aparecía. Como Acosta era abogado, le encargaron un sumario. “Me encontré en la particular situación de interrogar a mis secuestradores. Y hasta tenía facultad para dictar el sobreseimiento, lo que tuve que hacer al comprobar que no podía demostrar la existencia del dinero”, afirmó Acosta en 1985.
Del Pino tenía su base de operaciones en el Batallón 601, de Viamonte y Callao. “Cuando nos dieron la libertad vigilada, los teléfonos a los que había que comunicarse eran de allá, donde estaba Del Pino. Y siempre nos citaban en Córdoba y Callao. El era de estatura mediana y tenía un acento cordobés muy marcado. Era joven, es decir, no mucho más grande que nosotros, tendría treinta años”, señaló a Página/12 Fernández Blanco, que tenía 22 años cuando fue secuestrada. Del Pino tiene actualmente 62 años y a partir de ahora quedará alojado en la cárcel de Marcos Paz, junto con el resto de los represores presos en esa causa. “Miguel” o “Colombres” –otro de sus alias– también será interrogado en los próximos días por el juez federal de Bahía Blanca Alcindo Alvarez Canale por el fusilamiento de Mónica Morán. En 1987, Vilas reconoció que “el jefe del operativo era el teniente primero José Enrique del Pino, destinado en el Batallón de Inteligencia 601 y el capitán José Luis Blanquet”.
El militar detenido ayer, luego de una investigación que incluyó escuchas telefónicas, se suma a los quince represores de El Atlético, El Banco y El Olimpo ya procesados por Rafecas. A ellos se sumó además Ricardo Taddei, alias “Cura” o “Padre”, que el 27 de abril pasado se convirtió en el primer represor extraditado desde España luego de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida y la reapertura de las causas sobre el terrorismo de Estado, en las que todavía hay cuarenta y dos prófugos.
DETUVIERON AL JEFE DEL GRUPO DE TAREAS DE EL OLIMPO
Es Enrique José del Pino, alias “Miguel”. Está acusado de 114 casos de secuestros. Fue arrestado en un restaurante.
Por Victoria Ginzberg
Estaba prófugo desde hacía un año y medio, pero ayer almorzó sin esconderse en un restaurante de Palermo. Cuando salía del lugar, fue detenido por personal de Interpol. Enrique José del Pino había sido jefe del grupo de tareas que operaba en los centros clandestinos El Banco y El Olimpo, donde era conocido con el alias de “Miguel”. “Participaba de los operativos de secuestros y de las torturas”, lo recordó Isabel Fernández Blanco, sobreviviente de esos campos.
El juez federal Daniel Rafecas, que investiga las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura en la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, había pedido la captura de Del Pino en septiembre de 2005. El represor estaba imputado del secuestro y torturas de, al menos, 114 víctimas. Su carrera había comenzado en 1975, bajo las órdenes de Antonio Domingo Bussi y Acdel Vilas, en Tucumán. De allí pasó a estar encargado del grupo de tareas de El Banco y El Olimpo. Además, Rafecas sumará a las acusaciones el secuestro y posible homicidio de Lucila Revora, que estaba embarazada de ocho meses, y el asesinato de Carlos Guillermo Fassano.
Los represores de El Olimpo que comandaba Del Pino hicieron un despliegue reservado para casos especiales para entrar a la casa de Revora y Fassano. El operativo del 11 de octubre de 1978 en Floresta duró más de una hora e incluyó bombas y hasta un helicóptero. Es que los militares le habían arrancado a un detenido en la tortura que allí había 150 mil dólares. Según el relato de un ex gendarme, los miembros de la patota se pelearon por el botín al punto tal que algunos de ellos tiraron una granada cuando un oficial de la Policía Federal, uno del Ejército y un oficial del Servicio Penitenciario estaban dentro de la casa. El policía murió y los otros dos resultaron heridos. El militar, que recibió un balazo en un brazo, era Del Pino.
El ex detenido-desaparecido Osvaldo Acosta narró en el Juicio a las Juntas que los represores discutieron fuertemente porque la plata de la casa de Floresta no aparecía. Como Acosta era abogado, le encargaron un sumario. “Me encontré en la particular situación de interrogar a mis secuestradores. Y hasta tenía facultad para dictar el sobreseimiento, lo que tuve que hacer al comprobar que no podía demostrar la existencia del dinero”, afirmó Acosta en 1985.
Del Pino tenía su base de operaciones en el Batallón 601, de Viamonte y Callao. “Cuando nos dieron la libertad vigilada, los teléfonos a los que había que comunicarse eran de allá, donde estaba Del Pino. Y siempre nos citaban en Córdoba y Callao. El era de estatura mediana y tenía un acento cordobés muy marcado. Era joven, es decir, no mucho más grande que nosotros, tendría treinta años”, señaló a Página/12 Fernández Blanco, que tenía 22 años cuando fue secuestrada. Del Pino tiene actualmente 62 años y a partir de ahora quedará alojado en la cárcel de Marcos Paz, junto con el resto de los represores presos en esa causa. “Miguel” o “Colombres” –otro de sus alias– también será interrogado en los próximos días por el juez federal de Bahía Blanca Alcindo Alvarez Canale por el fusilamiento de Mónica Morán. En 1987, Vilas reconoció que “el jefe del operativo era el teniente primero José Enrique del Pino, destinado en el Batallón de Inteligencia 601 y el capitán José Luis Blanquet”.
El militar detenido ayer, luego de una investigación que incluyó escuchas telefónicas, se suma a los quince represores de El Atlético, El Banco y El Olimpo ya procesados por Rafecas. A ellos se sumó además Ricardo Taddei, alias “Cura” o “Padre”, que el 27 de abril pasado se convirtió en el primer represor extraditado desde España luego de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida y la reapertura de las causas sobre el terrorismo de Estado, en las que todavía hay cuarenta y dos prófugos.
jueves, 10 de mayo de 2007
Los jerarcas de Bahía Blanca
Página/12
Por Diego Martínez
El juez federal Alcindo Alvarez Canale ordenó el lunes la detención de seis oficiales retirados para indagarlos como autores mediatos de secuestros, torturas, homicidios y desapariciones ocurridos durante la última dictadura, cuando integraban el Estado Mayor del Cuerpo V de Ejército. Se trata de los coroneles Aldo Mario Alvarez, Juan Manuel Bayón, Rafael Benjamín De Piano, Hugo Jorge Delmé, el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez y el mayor Jorge Guillermo Streich. Sus detenciones fueron solicitadas en enero de 2006 por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local e H.i.j.o.s Capital y reiteradas en octubre por los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño.
Alvarez fue jefe del Departamento II Inteligencia. En 1987 y 2000 declaró que desconocía el centro clandestino que funcionaba a 200 metros de su oficina porque se dedicaba a planear la guerra con Chile. Sin embargo, el teniente coronel Julián Oscar Corres, dueño de la picana en La Escuelita y actualmente prófugo, declaró en el Juicio por la Verdad que dependía “del coronel Alvarez, G2 del Cuerpo”.
Bayón y De Piano fueron jefes de Operaciones en 1976 y 1977 respectivamente. Bayón nunca fue citado por su actuación en Bahía Blanca. De Piano firmaba los comunicados sobre enfrentamientos fraguados. Aún integra la comisión directiva del Círculo Militar.
Páez fue jefe de la División Educación, Instrucción y Acción Cívica del Departamento Operaciones, encargada de desfiles y condecoraciones, y presidió en 1976 el autodenominado “Consejo de Guerra Especial” que parodió un juicio a tres secuestrados que el Ejército decidió no asesinar.
El “mayor Delmé” –como lo recuerdan las familias que lo padecieron– era el encargado de negarles información a quienes pedían explicaciones sobre los desaparecidos. Streich fue mencionado por sobrevivientes como uno de los médicos que los revisaba después de la tortura. En 1999 reconoció que concurría a La Escuelita con su arma reglamentaria.
Excepto Streich (San Martín de Los Andes) y Páez (San Rafael, Mendoza) el resto debería ser detenido en la Capital Federal. Si la policía no encuentra a Alvarez en su casa de Virrey del Pino, la segunda opción “que el juez omitió consignar” es en Coronel Encalada 1200 del barrio cerrado Laguna del Sol, Troncos del Talar, partido de Tigre.
Hasta ayer el único detenido por los crímenes en esa zona era el suboficial Santiago Cruciani, trasladado esta semana al penal de Marcos Paz. Continúa prófuga la Laucha Corres. En octubre los fiscales solicitaron 75 detenciones que incluyen militares, policías, penitenciarios y civiles como el ex juez Guillermo Madueño. En seis meses Alvarez Canale apenas citó a nueve.
Por Diego Martínez
El juez federal Alcindo Alvarez Canale ordenó el lunes la detención de seis oficiales retirados para indagarlos como autores mediatos de secuestros, torturas, homicidios y desapariciones ocurridos durante la última dictadura, cuando integraban el Estado Mayor del Cuerpo V de Ejército. Se trata de los coroneles Aldo Mario Alvarez, Juan Manuel Bayón, Rafael Benjamín De Piano, Hugo Jorge Delmé, el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez y el mayor Jorge Guillermo Streich. Sus detenciones fueron solicitadas en enero de 2006 por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local e H.i.j.o.s Capital y reiteradas en octubre por los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño.
Alvarez fue jefe del Departamento II Inteligencia. En 1987 y 2000 declaró que desconocía el centro clandestino que funcionaba a 200 metros de su oficina porque se dedicaba a planear la guerra con Chile. Sin embargo, el teniente coronel Julián Oscar Corres, dueño de la picana en La Escuelita y actualmente prófugo, declaró en el Juicio por la Verdad que dependía “del coronel Alvarez, G2 del Cuerpo”.
Bayón y De Piano fueron jefes de Operaciones en 1976 y 1977 respectivamente. Bayón nunca fue citado por su actuación en Bahía Blanca. De Piano firmaba los comunicados sobre enfrentamientos fraguados. Aún integra la comisión directiva del Círculo Militar.
Páez fue jefe de la División Educación, Instrucción y Acción Cívica del Departamento Operaciones, encargada de desfiles y condecoraciones, y presidió en 1976 el autodenominado “Consejo de Guerra Especial” que parodió un juicio a tres secuestrados que el Ejército decidió no asesinar.
El “mayor Delmé” –como lo recuerdan las familias que lo padecieron– era el encargado de negarles información a quienes pedían explicaciones sobre los desaparecidos. Streich fue mencionado por sobrevivientes como uno de los médicos que los revisaba después de la tortura. En 1999 reconoció que concurría a La Escuelita con su arma reglamentaria.
Excepto Streich (San Martín de Los Andes) y Páez (San Rafael, Mendoza) el resto debería ser detenido en la Capital Federal. Si la policía no encuentra a Alvarez en su casa de Virrey del Pino, la segunda opción “que el juez omitió consignar” es en Coronel Encalada 1200 del barrio cerrado Laguna del Sol, Troncos del Talar, partido de Tigre.
Hasta ayer el único detenido por los crímenes en esa zona era el suboficial Santiago Cruciani, trasladado esta semana al penal de Marcos Paz. Continúa prófuga la Laucha Corres. En octubre los fiscales solicitaron 75 detenciones que incluyen militares, policías, penitenciarios y civiles como el ex juez Guillermo Madueño. En seis meses Alvarez Canale apenas citó a nueve.
jueves, 3 de mayo de 2007
Con los puntos sobre las AAA
Página/12
Un juicio por calumnias e injurias que inició el presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca permitió que, por primera vez, se acreditara judicialmente la existencia de la Triple A en esa ciudad.
Por Diego Martínez
La Justicia consideró “convincentes y veraces” las declaraciones de cinco testigos que en 1974 vieron al actual presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca y profesor de la Universidad Nacional del Sur, Néstor Luis Montezanti, en medio de un grupo de matones que, a punta de pistola, ocupaban la Universidad Tecnológica Nacional y que –hasta fines de 1975– conformaron la Alianza Anticomunista Argentina bahiense. Así lo consignó el juez correccional José Luis Ares en la causa iniciada por Montezanti contra el ex estudiante de la UNS Alberto Rodríguez, testigo presencial en abril de 1975 del asesinato de su compañero David Cilleruelo en un pasillo de la universidad, quien lo había sindicado como “partícipe” del grupo paramilitar. Ares absolvió a Rodríguez por calumnias pero lo condenó por injurias por calificar al juez de “cómplice de los crímenes en esta universidad” y “hombre de la ‘misión Ivanisevich’”. Luego de conocerse el fallo decenas de vecinos bahienses se solidarizaron con el empleado bancario Rodríguez y organizaron una colecta para juntar los 6500 pesos con los que saldará el daño moral al camarista.
Gracias a la honra lacerada de Montezanti, a las convicciones de Rodríguez –que lejos de amedrentarse ratificó sus dichos– y a la férrea tarea del defensor oficial Jorge Sayago –que apelará el fallo–, la Justicia acreditó por primera vez la existencia de la Triple A de Bahía Blanca, cuyos crímenes permanecen impunes.
También dio por acreditada la existencia de un diploma en el estudio de Montezanti otorgado por una “Liga Anticomunista Argentina”, firmado por el comandante del Cuerpo V en 1975, general Guillermo Suárez Mason, “aunque de ello sólo se pueda extraer, a todo evento, una filiación ideológica” dado que “la Triple A no otorgaba diplomas”.
Aquella tarde de 1974, al enterarse de la toma de la UTN, más de 300 estudiantes de la UNS interrumpieron una asamblea y marcharon en solidaridad. Los testigos contaron que al llegar vieron al grupo armado y, en el medio, a “un hombre de traje y corbata” que resultó ser Montezanti. Pronto supieron que los ocupantes “eran trabajadores de la Junta Nacional de Granos y respondían al sindicalista Rodolfo Ponce”, diputado nacional, delegado de la CGT y cara visible de la AAA. Con el tiempo conocieron algunos nombres: Jorge Argibay, su hijo Pablo, Roberto Sañudo, Raúl Aceituno, Juan Carlos Curzio, Miguel Angel y Héctor Oscar Chisú (Argibay padre y Sañudo murieron. El resto nunca fue citado por la Justicia).
Los siete fueron contratados en 1975 por el rector interventor de la UNS Remus Tetu como “personal de seguridad y vigilancia”. Montezanti “charlaba animadamente con ellos” aunque no portaba armas. Pese al esfuerzo del camarista por desacreditar a quienes consideró “perjuros” y “canallas”, para Ares los testigos fueron “convincentes y veraces”. Si bien un “único y aislado incidente” impide vincular, “en grado de certeza”, al juez con la Triple A, Ares absolvió a Rodríguez del delito de calumnias por considerar que incurrió en un error de tipo que excluye el dolo, es decir que señaló al magistrado como miembro de la Triple A “convencido de buena fe de la real autoría en torno de la comisión de un delito de acción pública”.
Un petiso laburante
Pese a la oposición del defensor Sayago, que objetó la conversión del querellante en testigo y le sugirió declarar en la causa Triple A que instruye Norberto Oyarbide, el juez autorizó a Montezanti a explayarse sobre las acusaciones en su contra y sobre los datos consignados el 9 de abril por Página/12.
Afirmó que desde 1969 fue abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), pero no tuvo “nada que ver con la Triple A ni con patotas”, pues se considera “un inútil redomado” en materia de armas. El secretario de la UOM bahiense Albertano Quiroga era enemigo de Rodolfo Ponce. “No se podían ver ni en figuritas. Nadie podía estar con ambos”, aclaró.
Durante la gestión en la UNS de Remus Tetu (profesor rumano que huyó a la Argentina luego de la Segunda Guerra Mundial, en la que formó parte del gobierno colaboracionista de la ocupación nazi, y que heredó al grupo de choque de Ponce) se consideraba “el último orejón del tarro, un petiso que laburaba”, a pesar de lo cual en 1975 le ofrecieron ser juez federal de Bahía Blanca.
“Deploro no haberme hecho cargo del juzgado porque el asesinato de Cilleruelo me hubiera tocado a mí”, lamentó, mientras su abogado Hugo Sierra –secretario del juzgado que tuvo una intervención simbólica en la causa– parpadeaba nervioso. Cilleruelo fue asesinado por el jefe de custodios de Tetu, suboficial de la Armada Jorge Argibay, y pese a las pruebas abrumadoras en su contra no estuvo un solo día preso por ese crimen.
Montezanti aclaró que no formuló ninguna presentación en favor del militante de Tacuara Néstor Beroch –tal como consignó este cronista– y explicó su fugaz relación con el general Adel Vilas, comandante del Cuerpo V en 1976. “En los primeros días del Proceso” el frío de un FAL entre sus piernas le interrumpió la siesta. “Eran tres milicos. Reventaron mi casa por algo que le adjudicaban a Quiroga. Indignado fui al correo y le escribí una carta documento a Vilas. Me llamó, me invitó a tomar un café, se disculpó y me pidió una tarjeta. Por eso me pidió que lo defendiera, cargo que extrañísimamente decliné.” El pedido de Vilas fue en 1987, es decir que conservó la tarjeta durante once años.
Sobre el médico acusado de asistir a secuestrados en La Escuelita, Humberto Adalberti tiene “el peor de los conceptos: ni honorarios me pagó”. Tomó su caso porque repudia los escraches, símbolos de “barbarie, salvajismo y primitivismo”. Pese a que vivió el juicio que impulsó como “un proceso de la Santa Inquisición” celebró haber tenido “mi día ante el tribunal”. “Ni nazi ni facho: demócrata convencido”, concluyó. Ares le creyó “pues las personas evolucionan y maduran”.
Cuando Rodríguez afirmó que en sus clases Montezanti adjudicaba la muerte de Cilleruelo a “un arreglo de cuentas en su organización”, este cronista –a un metro y medio del querellante– lo escuchó decir “hijo de mil puta” y vio su rostro desencajado. Un día antes había llamado “patoteros baratos” a quienes presenciaban la audiencia, incluidas dos Madres de Plaza de Mayo. “¿Quién se anima a colgar un cuadro firmado por Suárez Mason?”, preguntó Rodríguez. “No fue un filósofo, fue un criminal que repudian las propias Fuerzas Armadas”, explicó. El imputado agradeció a Montezanti la querella porque “gane o pierda pude decir toda la verdad”, leyó el listado de víctimas de la Triple A que “hoy vivirían felices” y se declaró orgulloso “porque no renuncio a mi pasado”. La sala lo aplaudió de pie.
- ¿Por qué en virtud del momento (en 2002 era candidato a camarista) no se dirigió al Senado o al Consejo de la Magistratura? -preguntó Montezanti.
- Por ignorante -se sinceró Rodríguez-. Así me lo explicó un abogado. Esto debió tratarse en el poder público.
martes, 24 de abril de 2007
El hogar de la Marina
Página/12
Por Diego Martínez
Luego de treinta años de absoluta impunidad la Justicia Federal de Bahía Blanca investigará por primera vez los delitos de lesa humanidad cometidos en la base naval de Puerto Belgrano y su vecina base de infantería de marina Baterías. Los primeros ocho imputados son oficiales superiores de la Armada que la Cámara Federal local citó a indagatoria en 1988 por 42 casos de secuestros y torturas, indultados por el ex presidente Carlos Menem por decreto 1002 de 1989. Entre ellos, se destacan el contraalmirante Luis María Mendía y los vicealmirantes Julio Antonio Torti y Antonio Vañek, hoy procesados con arresto domiciliario en la causa ESMA. Vañek será juzgado además por robo sistemático de bebés, causa que ayer elevó a juicio oral el juez federal Guillermo Montenegro.
Puerto Belgrano es el mayor asentamiento naval del país. Cuna de los conspiradores que bombardearon Plaza de Mayo en 1955 y símbolo de persecución ideológica durante el último medio siglo, la historia de los secuestros, torturas y asesinatos cometidos en sus bases de Punta Alta es poco conocida. En los ’80, diferencias de criterio sobre el departamento judicial que debía investigar sus centros clandestinos postergaron el comienzo de la instrucción. En julio de 1988 la Cámara Federal bahiense citó a indagatoria a los ex comandantes de operaciones navales Mendía y Torti al jefe de Estado Mayor de Operaciones Navales Vañek, al comandante de la fuerza de submarinos vicealmirante Juan José Lombardo, al comandante de Puerto Belgrano, capitán de navío Zenón Saúl Bolino; a los ex jefes de la Base Naval de Mar del Plata contraalmirantes Juan Carlos Malugani (actualmente alojado en dependencias de la Policía Federal de esa ciudad por su responsabilidad como jefe de la base) y Raúl Alberto Marino, y el capitán de navío Edmundo Núñez. Gracias a los artilugios de sus defensores y a los indultos menemistas no llegaron a ser procesados.
Por pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local e H.I.J.O.S. Capital, en diciembre de 2005 el juez federal Alcindo Alvarez Canale declaró inconstitucionales las leyes de impunidad, pero se excusó de intervenir en causas de la Armada por su parentesco con el contraalmirante Marino. Durante más de un año se excusaron o fueron recusados una docena de abogados, en algunos casos por su identificación “con los postulados del Proceso de Reorganización Nacional”. En junio –mientras Página/12 publicaba por primera vez el testimonio de una sobreviviente de Puerto Belgrano–, el fiscal federal Antonio Castaño solicitó la inconstitucionalidad del decreto de indulto que benefició a los ocho marinos, su detención y alojamiento “en el Servicio Penitenciario Federal, con el objeto de ser citados a prestar indagatoria”. Pero la causa seguía sin juez.
Recién en febrero se declaró competente Eduardo Tentoni, abogado de reconocida trayectoria en el Colegio de Abogados bahiense, quien de inmediato aceptó las excusaciones, solicitó documentación oficial de la Armada y notificó a los imputados del pedido de inconstitucionalidad de las querellas. Si bien Tentoni no tiene despacho en tribunales, en teoría dispone –igual que Alvarez Canale– de los seis secretarios y ayudantes que el Estado designó para colaborar con causas por delitos de lesa humanidad.
En Punta Alta hubo al menos dos centros clandestinos. Uno en Baterías, probablemente en el ex Batallón de Infantería de Artillería Antiaérea, contra la costa, más conocido como séptima batería, edificio viejo y húmedo que se inundaba cuando llovía. Los secuestrados pasaban día y noche en colchonetas inmundas, sobre piso de portland, vendados y encapuchados. Desde allí escuchaban a gente distendida en una playa. El otro funcionó en un barco desmantelado, copado por ratas, amarrado a un muelle, aparentemente frente a la plaza del comando anfibios en Baterías, aunque otras fuentes creen que estaba adentro de Puerto Belgrano.
Los guardias se intercambiaban los apodos para no ser reconocidos. Entre los interrogadores sobresalían Legui y Rubio. Junto con Cacho (oficial culto con olor mezcla de perfume y tabaco fino) ambos tenían autoridad sobre el resto. Entre los torturadores se destacaban el Turco y Leona. Del testimonio de sobrevivientes se sabe que los guardias eran unos quince, estaban siempre borrachos y usaban alias como Jaime, Negro, Tierno, Laucha, García, Tornillo, Jimmy, Viejo, Pájaro y Carlitos. También un enfermero concurría a limpiarles las úlceras en los tobillos y a ponerles gotas en los ojos. De la Justicia depende saber quiénes de los miles de oficiales y suboficiales que caminan impunes por Bahía Blanca y Punta Alta usaban esos apodos en las mesas de torturas.
Por Diego Martínez
Luego de treinta años de absoluta impunidad la Justicia Federal de Bahía Blanca investigará por primera vez los delitos de lesa humanidad cometidos en la base naval de Puerto Belgrano y su vecina base de infantería de marina Baterías. Los primeros ocho imputados son oficiales superiores de la Armada que la Cámara Federal local citó a indagatoria en 1988 por 42 casos de secuestros y torturas, indultados por el ex presidente Carlos Menem por decreto 1002 de 1989. Entre ellos, se destacan el contraalmirante Luis María Mendía y los vicealmirantes Julio Antonio Torti y Antonio Vañek, hoy procesados con arresto domiciliario en la causa ESMA. Vañek será juzgado además por robo sistemático de bebés, causa que ayer elevó a juicio oral el juez federal Guillermo Montenegro.
Puerto Belgrano es el mayor asentamiento naval del país. Cuna de los conspiradores que bombardearon Plaza de Mayo en 1955 y símbolo de persecución ideológica durante el último medio siglo, la historia de los secuestros, torturas y asesinatos cometidos en sus bases de Punta Alta es poco conocida. En los ’80, diferencias de criterio sobre el departamento judicial que debía investigar sus centros clandestinos postergaron el comienzo de la instrucción. En julio de 1988 la Cámara Federal bahiense citó a indagatoria a los ex comandantes de operaciones navales Mendía y Torti al jefe de Estado Mayor de Operaciones Navales Vañek, al comandante de la fuerza de submarinos vicealmirante Juan José Lombardo, al comandante de Puerto Belgrano, capitán de navío Zenón Saúl Bolino; a los ex jefes de la Base Naval de Mar del Plata contraalmirantes Juan Carlos Malugani (actualmente alojado en dependencias de la Policía Federal de esa ciudad por su responsabilidad como jefe de la base) y Raúl Alberto Marino, y el capitán de navío Edmundo Núñez. Gracias a los artilugios de sus defensores y a los indultos menemistas no llegaron a ser procesados.
Por pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local e H.I.J.O.S. Capital, en diciembre de 2005 el juez federal Alcindo Alvarez Canale declaró inconstitucionales las leyes de impunidad, pero se excusó de intervenir en causas de la Armada por su parentesco con el contraalmirante Marino. Durante más de un año se excusaron o fueron recusados una docena de abogados, en algunos casos por su identificación “con los postulados del Proceso de Reorganización Nacional”. En junio –mientras Página/12 publicaba por primera vez el testimonio de una sobreviviente de Puerto Belgrano–, el fiscal federal Antonio Castaño solicitó la inconstitucionalidad del decreto de indulto que benefició a los ocho marinos, su detención y alojamiento “en el Servicio Penitenciario Federal, con el objeto de ser citados a prestar indagatoria”. Pero la causa seguía sin juez.
Recién en febrero se declaró competente Eduardo Tentoni, abogado de reconocida trayectoria en el Colegio de Abogados bahiense, quien de inmediato aceptó las excusaciones, solicitó documentación oficial de la Armada y notificó a los imputados del pedido de inconstitucionalidad de las querellas. Si bien Tentoni no tiene despacho en tribunales, en teoría dispone –igual que Alvarez Canale– de los seis secretarios y ayudantes que el Estado designó para colaborar con causas por delitos de lesa humanidad.
En Punta Alta hubo al menos dos centros clandestinos. Uno en Baterías, probablemente en el ex Batallón de Infantería de Artillería Antiaérea, contra la costa, más conocido como séptima batería, edificio viejo y húmedo que se inundaba cuando llovía. Los secuestrados pasaban día y noche en colchonetas inmundas, sobre piso de portland, vendados y encapuchados. Desde allí escuchaban a gente distendida en una playa. El otro funcionó en un barco desmantelado, copado por ratas, amarrado a un muelle, aparentemente frente a la plaza del comando anfibios en Baterías, aunque otras fuentes creen que estaba adentro de Puerto Belgrano.
Los guardias se intercambiaban los apodos para no ser reconocidos. Entre los interrogadores sobresalían Legui y Rubio. Junto con Cacho (oficial culto con olor mezcla de perfume y tabaco fino) ambos tenían autoridad sobre el resto. Entre los torturadores se destacaban el Turco y Leona. Del testimonio de sobrevivientes se sabe que los guardias eran unos quince, estaban siempre borrachos y usaban alias como Jaime, Negro, Tierno, Laucha, García, Tornillo, Jimmy, Viejo, Pájaro y Carlitos. También un enfermero concurría a limpiarles las úlceras en los tobillos y a ponerles gotas en los ojos. De la Justicia depende saber quiénes de los miles de oficiales y suboficiales que caminan impunes por Bahía Blanca y Punta Alta usaban esos apodos en las mesas de torturas.
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