martes, 15 de septiembre de 2015

Un arsenal en los tribunales bahienses

En el Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca se encontraron más de ochenta pistolas, revólveres y escopetas, muchos con municiones. También más de 40 panes de droga, además de indagatorias pendientes y ausencia de registros sobre detenidos.

Colección de armas en el juzgado federal de Bahía Blanca

Por Diego Martínez
Detenidos a quienes no se les tomaba declaración indagatoria durante meses. Indagados en el limbo, con situaciones procesales irresueltas durante años. Drogas y armas dispersas, sin identificar y sin las más elementales condiciones de seguridad y custodia. El diagnóstico sobre el estado del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca pertenece al juez federal Alejo Ramos Padilla, subrogante designado por el Consejo de la Magistratura ante la sumatoria de irregularidades documentadas por el Ministerio Público Fiscal, y forma parte de un informe presentado a la Comisión Interpoderes creada por la Corte Suprema para impulsar los juicios de lesa humanidad. La “grave situación institucional” que advirtió en junio el Consejo de la Magistratura tenía lugar con el visto bueno de la Cámara Federal de Bahía Blanca, que presidió hasta el jueves pasado Néstor Montezanti, suspendido por el Consejo e imputado en la causa Triple A, y en la que sólo sobrevive Pablo Candisano Mera, íntimo amigo de quien subrogó el juzgado del caos en los últimos años, Santiago Ulpiano Martínez.
Ex juez ad hoc Santiago Martínez

“En 33 años de labor judicial no recuerdo que se haya vivido en democracia una situación de conflicto tan intensa y prolongada como la de Bahía Blanca”, confesó meses atrás la jueza Gabriela Vázquez, presidenta del Consejo. Ramos Padilla describe en el informe el escenario con el que se encontró: infinitas indagatorias pendientes, “prisiones preventivas vencidas y no informadas al Consejo”, “droga –más de 40 panes– y armas” dispersas, “material estupefaciente a la intemperie en la terraza del juzgado”, ausencia de registros sobre cantidad de detenidos y menos aún sobre lugares de alojamiento, falta de control sobre arrestos domiciliarios (imputados con armas en sus casas) y sobre traslados, detenidos por delitos de lesa humanidad alojados en la seccional de la Policía Federal de la que se fugó el fallecido torturador Julián Corres, retrasos generalizados, “más de dos mil escritos por agregar” y “centenares de sentencias vencidas”.
Juez federal Alejo Ramos Padilla
Sobre las más de ochenta pistolas, revólveres y escopetas (muchos con municiones) desparramados en armarios, cajones e inclusive a la vista, en las últimas semanas se trabajó en la identificación de las causas a las que pertenecen, se procedió al desarme y se pidió al Registro Nacional de Armas (Renar) que las traslade en forma urgente a una dependencia con una custodia acorde a semejante arsenal. Un perito en explosivos convocado por el juez llamó la atención sobre un proyectil de un “arma antiaérea” catalogado como “material explosivo en condiciones de detonar”. Estaba en un sobre con la tranquilizante leyenda “Carátula 3-20636–OJO: ESTA ACTIVADO”.
Ramos Padilla advirtió también que “se borraron archivos y registros de utilidad de la Secretaría de Derechos Humanos” del juzgado, destacó que a los “conflictos internos” entre funcionarios se sumó el “temor a represalias” y la “falta de personal capacitado”, y reclamó a la comisión que encabeza el supremo Ricardo Lorenzetti que le provea recursos humanos para afrontar la ardua tarea en el juzgado, donde además de las causas comunes están radicadas dos megacausas por delitos de lesa humanidad con un universo de aproximadamente 750 víctimas y alrededor de 100 imputados, incluidos militares, policías, empresarios como Vicente Massot y ex magistrados como Hugo Sierra, Gloria Girotti y el propio Montezanti.
La Cámara Federal de Bahía Blanca, responsable por sus facultades de superintendencia de controlar el funcionamiento del juzgado que albergaba el arsenal, fue presidida hasta el jueves por Montezanti, quien será sometido a un jury en el Consejo de la Magistratura por sus “comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos”, por sus conductas “incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y su falta de “idoneidad moral y vocación democrática” para ser juez de la Nación. El mismo día, luego de resolver el caso del magistrado y ex agente del Destacamento de Inteligencia 181, la Comisión de Selección de Magistrados aconsejó al plenario del Consejo cubrir las cuatro vocalías vacantes con otros tantos camaristas federales. Los propuestos son Alberto Lugones, de San Martín; Alejandro Segura, de San Justo; Roberto Lemos Arias, de La Plata, y Jorge Ferro, camarista de Mar del Plata y juez subrogante en el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca que este año concluirá el juicio a represores de la Armada y Prefectura. El plenario podría designarlos en su próximo encuentro, el jueves 1º de octubre. Hasta entonces los empleados de la Cámara deberán seguir tragando saliva y compartiendo los pasillos con el abogado que según el Consejo “comulgó con el plan de exterminio sostenido por los genocidas y fue partícipe del accionar de la Triple A”, ya sin chances de usar el sello que consiguió durante el interinato del senador Eduardo Duhalde aunque con su estirpe calabresa intacta.

viernes, 11 de septiembre de 2015

“Partícipe del accionar de la Triple A”

Por amplia mayoría, el Consejo de la Magistratura resolvió suspender e iniciar un jury Néstor Montezanti, juez de la Cámara Federal de Bahía Blanca, ex agente de Inteligencia del Ejército e imputado por su participación en delitos de lesa humanidad.

Por Diego Martínez
El Consejo de la Magistratura resolvió ayer por amplia mayoría la suspensión y la apertura del procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento deMagistrados de Néstor Luis Montezanti, juez de la Cámara Federal de Bahía Blanca, agente de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura y de probados vínculos con miembros de la Triple A local. A partir de su actuación durante el terrorismo de Estado pero también de sus “comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos” en democracia, de los que dan fe los empleados de la Cámara y los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, el plenario del Consejo concluyó que las conductas de Montezanti son “incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y que carece de la “idoneidad moral y la vocación democrática” indispensables para ser juez de la Nación.

Plenario del Consejo de la Magistratura. Foto Valeria Rossi.

El vínculo de Montezanti con la Triple A lo denunció en 2002 en una reunión del Consejo Superior de la UNS el ex estudiante Alberto Rodríguez, delegado de la Asociación Argentina de Actores y testigo en abril de 1975 del asesinato a sangre fría de su compañero David Cilleruelo, con quien militaba en la Federación Juvenil Comunista. El asesino –tal como informó Página/12 en 2007– fue el suboficial naval Jorge Oscar Argibay, ícono de la Triple A bahiense y custodio del rector interventor Remus Tetu, a quien Montezanti había asesorado cuando una asamblea de estudiantes promovió su destitución por usar textos filonazis. Detenido a fines de 1975 por un tiroteo en Puerto Quequén, cuando le informaron su derecho a designar un defensor, Argibay nombró al “doctor Néstor Luis Montezanti”.

Asumió como camarista a fines de 2002, ocultando al Senado su pasado en la inteligencia militar. En 2004 se sintió injuriado con efecto retardado y querelló a Rodríguez. Al dictar sentencia, el juez José Luis Ares consideró“convincentes y veraces” las declaraciones de cinco testigos que en 1974 vieron a Montezanti en medio de un grupo de matones de la Triple A que a punta depistola ocupaban la Universidad Tecnológica Nacional. La patota incluía a Argibay (fallecido), a Juan Carlos Curcio y a Héctor Chisu, ambos imputados este año en la causa Triple A. Chisu además fue en 1976 custodio del general Adel Vilas y agente del mismo Destacamento 181. El otro dato clave del juicio lo aportó el concejal y ex diputado radical Juan Pedro Tunessi: contó que en1984, de visita en el estudio de Montezanti, vio “un certificado o constancia de la Liga Anticomunista Argentina firmado por el general (Carlos) SuárezMason”, comandante del Cuerpo V en 1975.


Laprimera denuncia contra Montezanti en el Consejo la presentó en 2008 la Unión de Empleados Judiciales de Julio Piumato, que remarcó su “clara actitud antisindical” sumada a “condiciones de trabajo humillantes y vejatorias”, abuso de autoridad, trato despectivo y discriminatorio. En 2010, cuando la presidenta Cristina Kirchner firmó el decreto que permitió conocer la nómina del personal civil de inteligencia de la dictadura, se supo con certeza que había integrado el Destacamento 181 como “asesor universitario”. Entonces fue el profesor de la UNS Dante Patrignani quien denunció ante el Consejo la complicidad de Montezanti con la dictadura y pidió su destitución. Patrignani pidió además el juicio académico en la UNS, que los amigos del acusado en la Facultad de Derecho se encargaron de cajonear y que recién se destrabó tras la citación a indagatoria. El mes pasado el Consejo Superior de la UNS admitió la “falta de ética en el ámbito universitario” del entonces profesor Montezanti y resolvióel inicio del juicio académico.

En ese contexto, a partir de un dictamen del secretario de Justicia, Julián Alvarez, se activó el Consejo de la Magistratura. La semana pasada la Comisión de Acusación y Disciplina aprobó la apertura del proceso de remoción, que ayer avaló el plenario. El dictamen fue aprobado por once de los trece consejeros, dos más de los necesarios para alcanzar los dos tercios requeridos para el jury. “Como jueza lamento que no me acompañen mis colegas”, destacó Gabriela Vázquez en referencia a Leónidas Moldes y Luis María Cabral. “Montezanti tenía conductas propias de personal castrense con los empleados judiciales”, remarcó la jueza. Moldes fundó su negativa en que “cuestiones de procedimiento que están siendo vulneradas”. Cabral acompañó en silencio, con silbidos de fondo de militantes del Sitraju con carteles que reclaman “Una justicia al servicio del pueblo”.

La diputada Anabel Fernández Sagasti recordó que en Mendoza se está juzgando a ex camaristas por acusaciones similares. “Queremos jueces imparciales, con espíritu y valores democráticos”, dijo. “No podemos tapar el sol con la mano, todos conocemos la situación de Bahía Blanca. Estamos trabajando con éxito y responsabilidad para normalizar la situación de esa jurisdicción. Es un día histórico para que la sociedad conozca el entramado de lo que sucedió en Bahía Blanca, donde hubo complicidad civil, judicial y eclesiástica”, recordó. El diputado Héctor Recalde, quien junto al abogado Miguel Piedecasas tendrá la responsabilidad de la acusación en el jury, remarcó que “fueron muchos los trabajadores que sufrieron la persecución en Bahía Blanca y merecemos conocer la verdad y que se haga justicia por ellos”. “Pedimos también que se aceleren los juicios por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca”, reclamó.

Consejeros Héctor Recalde y Julián Alvarez
Además de faltar a las citaciones de Ramos Padilla, Montezanti prefirió no dar la cara cuando lo citó el Consejo. Su única aparición pública en los últimos meses fue un autorreportaje publicado el martes en La Nueva Provincia, el diario de su amigo Vicente Massot, imputado ycon falta de mérito gracias a una maniobra del propio Montezanti, quien ideó unsumario para apartar por “pérdida insalvable de confianza” al juez federal ad hoc Alvaro Coleffi. Paradójicamente, en las dos oportunidades en que se refirió a su pasado en el Destacamento 181 el ahora juez suspendido dio dos versiones distintas. En 2013, en una radio bahiense, explicó que “trabajaba de abogado”. “Los empleados cometen infidelidades, se separan, no pagan deudas” y “todo eso requiere de un enfoque por parte de alguien especializado”. “Iba (al destacamento) a diario, no más de una hora” y “ni siquiera máquina de escribir tenía: pedía una, hacía un informe, se lo dejaba al jefe y me iba”. Esta semana Montezanti refutó a Montezanti: aseguró que “las consultas que evacué” fueron “respecto del diferendo con Chile” y por la guerra de Malvinas. El dictamen del Consejo no deja dudas: “resulta a todas luces evidente que el Dr. Montezanti comulgó con el plan de exterminio sostenido por los genocidas y fue partícipe del accionar de la Triple A”.