La Cámara Federal desprocesó al obispo Garlatti. La
corporación judicial logró frenar las causas que investigan la participación de
civiles en el terrorismo de Estado. La causa Massot cumple 80 días sin juez,
ante el silencio del Consejo de la Magistratura.
.jpg) |
| Vicente Massot, dueño de La Nueva Provincia, después de la última indagatoria. |
Por Diego Martínez
La Cámara Federal de Bahía Blanca revocó el
procesamiento del obispo Guillermo Garlatti, imputado por encubrir al fallecido
ex capellán Aldo Vara mientras estaba prófugo en Paraguay. Los jueces Pablo
Candisano Mera y Ricardo Planes consideraron una “inconsecuencia” que ante el
pedido de un juez no informara sobre el subsidio que la Conferencia Episcopal
le pagaba al reo, pero prefirieron confiar en su palabra durante la
indagatoria, cuando dijo que "nunca imaginó" que el dato fuera
relevante para encontrarlo. El fallo se da en un contexto de parálisis de las
causas locales contra civiles acusados por delitos de lesa humanidad, producto
de la artera maniobra que tuvo por caras visibles a los secretarios Santiago
Ulpiano Martínez y Mario Fernández Moreno, y como beneficiarios al empresario
Vicente Massot y al abogado Hugo Sierra. El ardid le permitió al director de La
Nueva Provincia apartar al juez que debía pronunciarse sobre su situación
procesal, Alvaro Coleffi, confinado desde entonces al ostracismo y con un
sumario a cargo del camarista Néstor Montezanti, activo ex agente del
Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército. El proceso que prolonga la
impunidad de Massot es posible además por la indiferencia del Consejo de la
Magistratura, órgano al que los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani
informaron a principios de diciembre de la "gravedad institucional"
del caso y que ya lleva casi tres meses de silencio sobre una causa penal que
no tiene juez y tiene como imputado a uno de los mayores íconos de la
participación civil en el terrorismo de Estado.
 |
| Obispo Guillermo Garlatti. |
Garlatti y el
empresario Leopoldo Bochile, apoderado de Vara, habían sido procesados por
Coleffi, el primer magistrado de Bahía Blanca que se animó a avanzar contra los
civiles que actuaron a la par de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. La
Cámara, al revertir esa resolución, le concedió al obispo que el dato sobre el
subsidio "no fue requerido expresamente", que Vara ya lo recibía
cuando Garlatti asumió y que no tiene “injerencia" en su "manejo u
otorgamiento". En el caso de Bochile, que mes a mes cobraba en nombre de
Vara, argumentó que no se acreditó "el destino de lo percibido",
léase que la plata llegara al ex capellán, a quien la Iglesia católica daba cobijo
en una parroquia de Asunción. El fiscal Alejandro Cantaro anticipó a
fiscales.gob que apelará ambas faltas de mérito.
A diferencia
de la causa Vara, que concluyó con la muerte del capellán cuando comenzaba el
proceso de extradición, la que investiga el rol de los dueños de La Nueva
Provincia al servicio del genocidio y en los asesinatos de los dirigentes
gremiales que osaron enfrentarlos sorteó infinitos obstáculos y llegó hasta la
indagatoria de Massot. El 28 de noviembre, un día después de que los fiscales
aportaran 600 páginas con nuevas pruebas y ratificaran el pedido de detención y
procesamiento, sobre el que debía pronunciarse Coleffi, Fernández Moreno
presentó un oportuno escrito que le permitió al abogado del empresario recusar
al juez. El secretario no denunció nada: sólo escribió que le producían
“violencia anímica y moral” las reuniones del juez con los fiscales pese a que
se hacían en su despacho, en horario judicial, a la vista de los empleados,
anunciándose en mesa de entradas y de las que él mismo participó, un original
modo de sembrar sospechas a partir de actos lícitos y habituales para prepararle
el terreno al defensor formal de Massot.
 |
| Cantaro, Candisano y Martínez |
Obligados a
pronunciarse, Nebbia y Palazzani advirtieron que no responderían “cinismos ni
hipocresías”, denunciaron que la alegada “preocupación” de Fernández Moreno era
“la evidencia más cabal --ahora visibilizada por no quedarles otro remedio-- de
una estrategia defensista de Massot y Sierra”, y llamaron la atención sobre la
doble vara del secretario, a quien no perturban los tours enófilos de Martínez
con el camarista Candisano y el fiscal Cantaro, que difunden sus fotos en
Facebook pese a que son jueces y partes. Tanto los fiscales como Coleffi al
aceptar la recusación no dudaron en asociar la maniobra con Martínez, quien
como juez subrogante jugó a favor de todos los acusados. En los casos de Sierra
y del ex juez Francisco Bentivegna se apartó por ser amigos (con Sierra toma
mate en su oficina). En los de Vara y La Nueva Provincia no encontró delitos y
rechazó las acusaciones. También se negó a investigar delitos sexuales en
cautiverio alegando que no fueron “parte o finalidad esencial” de la empresa
genocida. Cuando la Cámara revirtió sus resoluciones debió apartarse y entró en
juego Fernández Moreno, hijo del ex camarista Augusto Fernández, quien antes de
jubilarse excarceló a 36 represores. Como premio al esfuerzo, el diario La
Nación le obsequió espacio al servicial Martínez, quien elogió su “actividad
proactiva” (sic) y la contrastó con el “entorpecimiento de la investigación” por
parte de los fiscales, no sólo los actuales sino también el antecesor Abel
Córdoba y hasta al ex fiscal Hugo Cañón, el único del país que exigió la
inconstitucionalidad de la obediencia debida y los indultos.
 |
| El diario de Massot. |
Pero no por
obscena la jugada dejó de ser eficaz: Coleffi no pudo pronunciarse sobre la
responsabilidad de Massot, que sigue libre e impune, y la causa quedó sin juez.
En diciembre la Cámara eligió por sorteo de una lista de abogados a Claudio
David Pontet. Los fiscales cuestionaron su nombramiento como juez ad hoc por
contrariar la ley que establece
que en caso de subrogancia prolongada debe ser el Consejo de la Magistratura el
encargado de la designación y por antecedentes que permiten dudar de su
imparcialidad: fue compañero de trabajo de Gloria Girotti (imputada por los
mismos hechos que Sierra, sobre cuyo caso debía pronunciarse), fue durante ocho
años asesor del municipio, desde donde benefició a Massot con una pauta de
publicidad desproporcionada respecto al resto de los medios locales, y defiende
a su tío ginecólogo Jorge Rubén Pontet, acusado por un joven nacido en 1976 de
haber intervenido en su venta cuando era un bebé.
Tanto el Consejo de la Magistratura como la
Cámara Federal de Casación Penal y la secretaría de derechos humanos de la
Corte Suprema de Justicia están al tanto de la multiplicación de obstáculos en
las causas de Bahía Blanca a partir de la imputación contra Massot. El 3 de
diciembre último el Ministerio Público detalló al Consejo “la coordinación” entre
Martínez y Fernández Moreno para obstruir las investigaciones y alertó que
ponían “en peligro el proceso de investigación y juzgamiento”. Luego lo anoticiaron
de la recusación de ambos, de una denuncia penal contra Martínez por negarse a
indagar a represores que para peor están libres, del pedido de nulidad de la
designación de Pontet y de la necesidad de que el Consejo asuma su
responsabilidad de designar a un juez subrogante. Transcurridos casi tres meses,
el Consejo de la Magistratura guarda silencio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario