martes, 16 de diciembre de 2014

Recusan a los operadores de Massot

Por D.M.

Las maniobras de funcionarios judiciales de Bahía Blanca a favor de la impunidad de Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, están en la mira del Consejo de la Magistratura. Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia recusaron por falta de imparcialidad en las causas de lesa humanidad al juez subrogante Santiago Martínez y a su secretario Mario Fernández Moreno, caras visibles del ardid que le permitió al defensor del empresario apartar al juez Alvaro Coleffi cuando debía pronunciarse sobre la situación de Massot y de Hugo Sierra, íntimo amigo de Martínez. También los recusaron la APDH e Hijos, entre otros organismos, que anoche marcharon para denunciar la negativa de la corporación judicial a investigar a los civiles partícipes del terrorismo de Estado. Familiares de Enrique Heinrich, dirigente gremial asesinado en 1976 tras enfrentar al multimedio, se presentarán hoy ante el Consejo para reclamar la designación de un juez ad hoc de otra jurisdicción.

Martínez, el alfil
   La recusación fue producto de “circunstancias falsificadas y distorsionadas” con “el único fin” de apartar a Coleffi, denunciaron los fiscales. La invocación de Fernández Moreno a la “violencia anímica” que le produjo verlos en la oficina del juez es “una maniobra deliberada y oportuna” para “obstruir los procesos”. “Es obvio que Fernández Moreno (como ladero implacable) coincide con el curso que siguen los trámites de Martínez”, sostuvo días atrás el propio Coleffi. Consideró “sugestivo” que al secretario no le haya generado violencia moral que horas antes de la indagatoria a Massot se hayan enterado por su radio de una denuncia en su contra. “Tampoco le causó abatimiento moral” que por decisión de Martínez hayan tenido que buscar otro edificio para indagarlo. “Tampoco lo vi moralmente desecho” cuando Martínez “evidenció su fastidio con la citación y el procesamiento de monseñor Guillermo José Garlatti, arzobispo de Bahía Blanca”, abundó.

   Los fiscales recusaron a Martínez por su “generalizada práctica de obstaculización que pone en riesgo los procesos”. Recordaron su “intento de fragmentar y descomponer” la causa en “expedientes aislados e inconexos”, revertido por la Cámara, y su rechazo a investigar delitos sexuales aun cuando la Cámara se lo ordenó. Las evidencias más claras surgen en los casos de civiles. En el de Sierra se inhibió por su “directa y estrecha relación”. También por amistad se apartó en el caso del ex juez Francisco Bentivegna. A Gloria Girotti, otra ex secretaria judicial, le dictó falta de mérito. Para fundarla dio por falso el relato de una víctima, ignoró la firma de la imputada en un acta y recurrió a “elucubraciones y falacias”, señalaron los fiscales. En el caso del capellán Aldo Vara rechazó la acusación y, cuando la Cámara le ordenó detenerlo, se apartó de la causa.

Sierra, el amigo
   En el caso de Massot, primero sugirió que el diario sólo había hecho uso de su libertad de expresión. La Cámara revocó la decisión, los fiscales lo recusaron y lo reemplazó Coleffi. El 11 de noviembre la indagatoria de Massot debió posponerse por “falta de espacio” (sic) en sus oficinas. En la segunda cita, 20 de noviembre, fue cuando la radio de Massot informó sobre su denuncia contra Coleffi por supuesta violación de secretos ocho meses antes. El 27 los fiscales ratificaron el pedido de detención y procesamiento. Horas después Fernández Moreno presentó el escrito en bandeja a Diskin. Resulta “patente la coordinación de las maniobras”, remarcaron, y recordaron sanciones al secretario por demorar apelaciones en beneficio de imputados. Su actuación, concluyeron, es “tan grave, intensa y maliciosa como la del juez subrogante al cual responde”.

jueves, 4 de diciembre de 2014

De Lagunas del Sol al penal de Ezeiza

El coronel Aldo Mario Alvarez estuvo prófugo siete años y medio. La Policía de Seguridad Aeroportuaria lo detuvo mientras intentaba escapar de una casa de Laguna del Sol, un barrio cerrado en Los Troncos del Talar. Integró la plana mayor del V Cuerpo en los primeros años de la dictadura.
 
Alvarez detenido por la PSA, 2 de diciembre de 2014. Foto PSA/Infobae.
 Por D.M.
El coronel retirado Aldo Mario Alvarez, ex jefe de Inteligencia del Cuerpo V de Ejército, prófugo durante siete años y medio, fue detenido el martes por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) mientras intentaba escapar de su refugio en Laguna del Sol, un barrio cerrado en Los Troncos del Talar, al norte del Gran Buenos Aires. El traslado frustrado de uno de los principales responsables de la represión ilegal en Bahía Blanca, que había huido a tiempo ante operativos similares en 2011 y 2013, tenía lugar semanas después de que su ex esposa y una amiga de su hija fueran indagadas por el posible delito de encubrimiento. El ex militar de 88 años fue trasladado al hospital del penal de Ezeiza y en los próximos días deberá prestar declaración indagatoria por secuestros, torturas y homicidios cometidos desde antes del golpe de Estado hasta fines de 1977.
Alvarez en La Nueva Provincia, diciembre de 1974
Egresado del Colegio Militar como oficial de informaciones, Alvarez fue jefe del departamento Actividades Psicológicas de Ejército durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Pasó por la SIDE y llegó a Bahía Blanca en 1974 como jefe del Departamento II Inteligencia. Junto con el general Juan Manuel Bayón, jefe de operaciones, y el coronel Hugo Fantoni, de personal, ambos condenados, Alvarez integró la plana mayor del Cuerpo V en los primeros años de la dictadura. Sólo rendía cuentas al comandante, general Osvaldo Azpitarte, y a los segundos, Adel Vilas en 1976 y Abel Catuzzi en 1977, que murieron impunes. De Inteligencia dependía la estructura encargada de juntar información, infiltrarse en todos los ámbitos de la sociedad civil, interrogar a secuestrados y montar operaciones de acción psicológica para encubrir desapariciones y manipular a la opinión pública con la colaboración del diario La Nueva Provincia.
Alvarez en el Juicio por la Verdad, año 2000.
Citado a indagatoria en 1987, Alvarez dijo que “la información que se producía en los LRD (lugar de reunión de detenidos, nombre técnico de los centros clandestinos) nunca llegó a mi departamento porque no era de mi interés ni hacía a mi función”. Afirmó que se dedicó de lleno a plantear la guerra con Chile por el Beagle. La Cámara Federal de Bahía Blanca lo procesó, pero poco después se benefició con la ley de obediencia debida. En 2000, en el Juicio por la Verdad, reiteró sus dichos y dijo que “todo lo referido a la tarea antisubversiva estaba a cargo del Destacamento de Inteligencia que presidía (el coronel Antonio) Losardo”. Sus propios subordinados pusieron al descubierto la falacia. Julián Corres, que administraba la picana en La Escuelita, dijo que dependía “del coronel Alvarez, G2 del Cuerpo V”. Emilio Ibarra, jefe del “equipo contra la subversión”, declaró que “las informaciones (para los operativos) las suministraba el G2”. En el primer juicio a represores bahienses fueron condenados el segundo de Alvarez, coronel Walter Tejada, y los oficiales de Inteligencia Carlos Taffarel, Norberto Condal y Jorge Granada.
Los Troncos del Talar, último refugio del represor.
En 2006 los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño pidieron su detención por todos los delitos del Cuerpo V entre 1975 y 1977. El juez Alcindo Alvarez Canale la ordenó en mayo del año siguiente. Cuando fueron a buscarlo ya no estaba. Como informó Página/12 en 2008, Alvarez fue gerente de la Agencia de Investigaciones Alsina SRL hasta 1998 y dueño hasta 2000, cuando le cedió dos tercios de las acciones a su yerno Rubén Héctor Burgos. Como socio con el otro tercio se sumó Juan Balanesco, dado de baja de la Policía Federal. Después, Burgos le cedió la mitad de su capital en Alsina a la esposa del coronel, Elizabeth María Icazatti, quien en 2007, cuando Alvarez iniciaba su vida de prófugo, le devolvió las acciones y el cargo de gerente. Alvarez y el cuñado Burgos eran además vecinos en Laguna del Sol. El country fue allanado en 2011 a pedido del fiscal Abel Córdoba. El coronel alcanzó a huir y olvidó la billetera. El año pasado, a pedido de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, se reiteraron los allanamientos sin suerte. El martes se habían librado las órdenes de allanar, los hombres del coronel intentaron sacarlo, pero la PSA les ganó de mano y lo detuvo en la puerta del selecto country Laguna del Sol.

Aldo Mario Alvarez, 2 de diciembre de 2014. Foto PSA/Infobae.


miércoles, 3 de diciembre de 2014

Los alfiles de Massot


Por D.M.
El avance de la investigación sobre la actuación del empresario Vicente Massot durante el terrorismo de Estado genera resistencias cada vez menos sutiles de la corporación judicial de Bahía Blanca. Los fiscales federales Miguel Palazzani y José Nebbia denunciaron el lunes una “burda maniobra” que “tiene por fin último” impedir que el juez federal subrogante Alvaro Coleffi se pronuncie sobre la situación procesal del dueño y director del diario La Nueva Provincia, a quien indagó en dos oportunidades. Las caras visibles de la jugada denunciada por los representantes del Ministerio Público Fiscal, que enviaron copia al Consejo de la Magistratura, son el secretario del juzgado penal Mario Fernández y el juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez, ambos con antecedentes en la materia. El próximo paso correría por cuenta del abogado de Massot, Rubén Diskin, quien necesita imperiosamente un argumento para recusar a Coleffi.
Santiago Martínez
   Palazzani y Nebbia llegaron a Bahía Blanca el año pasado en reemplazo de Abel Córdoba, actual titular de la Procuraduría de Violencia Institucional. A diferencia de quienes operaron en distintas épocas a favor de la impunidad, los tres fiscales son foráneos en la ciudad de Massot, igual que los jueces del Tribunal Oral que en su sentencia ordenaron investigar a los directivos del multimedio por su “campaña de desinformación y propaganda negra” antes, durante y después de la dictadura.
   El avance de las causas sobre civiles vinculados con el Estado terrorista generó resistencias desde el comienzo y en todo el país. Ocurrió con los jueces de Mendoza que hoy están en el banquillo, con los abogados de la CNU de Mar del Plata y con el empresario Pedro Blaquier, entre otros. En Bahía Blanca, el antecedente más lejano es el del ex juez Guillermo Madueño, que primero se fugó y luego murió sin ser procesado gracias a los oficios de varios colegas. Sus ex secretarios Hugo Sierra y Gloria Girotti dan pelea con relativo éxito. El ex capellán Aldo Vara se benefició por la vista gorda de Martínez, que no encontró elementos para imputarlo, y cuando la Cámara Federal revirtió esa decisión ya estaba escondido en una parroquia de Paraguay, donde murió días después de ser detenido. Si Vara contaba con hospedaje y financiamiento de la Iglesia Católica, servicios por los que fue procesado el obispo bahiense Guillermo Garlatti, ningún caso inquieta tanto como el de Massot, dueño del diario centenario de Bahía Blanca y eterno operador político en las sombras.
   Las primeras negativas al intento de investigar a La Nueva Provincia (LNP) las recibió el fiscal Córdoba: el entonces juez Alcindo Alvarez Canale y el subrogante Eduardo Tentoni no se animaron a allanar la empresa. Cuando Palazzani y Nebbia tomaron la posta de Córdoba, tras la sentencia que ordenó avanzar sobre el rol criminal de LNP, se toparon otra vez con Martínez, que en una carilla y sin mayores fundamentos rechazó la imputación de Massot. Igual que en el caso de Vara, la Cámara revirtió esa resolución. Entonces asumió como juez subrogante Coleffi, quien primero se animó a allanar el diario y luego a indagar al empresario.
Fernandez padre, desafiando a la dictadura.
   El viernes pasado, horas después de que los fiscales presentaran un documento de 600 páginas para reforzar la acusación contra Massot, entró en escena el secretario Fernández. Se trata del hijo de Augusto Fernández, un ex camarista que antes de jubilarse excarceló a 36 represores y que llegó a marchar por las calles bahienses con una bandera argentina y un cartel que imploraba “¡Basta de Kdenas!”, no en 1976 sino en 2012. La propia Cámara, tras la partida del padre, le llamó la atención al hijo por hacer tareas de inteligencia sobre víctimas de la dictadura en el contexto de una frustrada operación para ensuciar al fiscal Córdoba. “Indebido escrutinio e individualización de personas”, le advirtieron entonces los camaristas Pablo Candisano y Angel Argañaraz.
    En su escrito, Fernández no denunció nada: sólo dijo que le produce “violencia anímica y moral” que Coleffi haya recibido a los fiscales en su despacho, un modo de prepararle el terreno al defensor formal de Massot. Palazzani y Nebbia, obligados a pronunciarse, advirtieron que no están “para contestar cinismos ni hipocresías”, recordaron que por cuestiones operativas esas reuniones son normales y destacaron que la “preocupación” del secretario es “la evidencia más cabal –ahora visibilizada por no quedarles otro remedio– de una estrategia defensista de Vicente Massot y Hugo Sierra”. Agregaron que Martínez es “parte de la maniobra” aunque “desde las sombras” (porque fue apartado en la causa Massot y se excusó en la de Sierra porque es su amigo) y recordaron que Fernández es su secretario. “¿Fernández actúa de igual manera en todas las causas donde ve o se entera de que algún defensor, fiscal o juez de otra instancia dialogan entre sí?”, plantearon. La respuesta es no. La evidencia es que Martínez “ha vacacionado con un juez de Cámara y un fiscal en Europa” (en referencia a Candisano y a Alejandro Cantaro, que difunden en las redes sociales fotos de sus viajes) y esos tours entre íntimos que son jueces y partes “no le han movido un pelo”. Calificaron a Fernández como “un simple alfil, seguramente movido por otros designios”, y llamaron la atención sobre la Cámara, que dejó de asignarle causas a Coleffi desde que procesó al obispo Garlatti por encubrimiento. Concluyeron con una sugerencia a Fernández: que “para salvaguardar algo de su dignidad” se excuse y “deje de ser parte de las urdimbres defensivas de los imputados”.

Diario La Nueva Provincia.