Plaza "4 de Septiembre"

Ecodías

El Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó por unanimidad una ordenanza que bautizará una plaza de la ciudad con la fecha de uno de los fusilamientos del Cuerpo V de Ejército. La propuesta fue presentada por la hermana de una de las víctimas. Aquí la historia real detrás de la falacia militar encubierta por La Nueva Provincia y los jueces de la dictadura.

Por Diego Martínez
El 4 de septiembre de 1976 el Cuerpo V de Ejército informó que “por la población” había tomado conocimiento de una “reunión de delincuentes subversivos”. Cuando fueron a detenerlos “se generó un tiroteo durante el cual fueron abatidos”. Según el comunicado, firmado por el coronel Rafael Benjamín De Piano y publicitado por La Nueva Provincia (6-9-76), el operativo se desarrolló en una casa de Catriel 321 y concluyó con “cuatro abatidos”, dos identificados por sus documentos (Pablo Fornazari y Juan Carlos Castillo), más un hombre y una mujer desconocidos. En la supuesta casa de guerrilleros habrían encontrado un fusil, una escopeta, dos pistolas automáticas, un revólver y diez granadas. A pesar de contar con semejante arsenal, ningún militar había sufrido un rasguño.

Como muestra del óptimo trabajo de inteligencia previo detallaron el prontuario de los delincuentes y La Nueva Provincia publicó las fotos de Castillo y Fornazari suministradas por los verdugos. Como era costumbre, el mayor Juan Mario Bruzzone informó desde el Comando de Operaciones Tácticas a la Policía Federal para que se ocuparan de entregar los cadáveres y dieran intervención al juez federal Guillermo Federico Madueño.

Madueño inició la causa por “atentado y resistencia a la autoridad y muerte” y ordenó identificar los dos cadáveres. A la semana, la división Dactiloscopía y Rastros de la policía bonaerense aconsejó seccionar las manos “por no contar con los medios idóneos”. El juez dio luz verde y días después la Policía Federal le informó que el hombre se llamaba Manuel Tarchitzky pero que “el femenino no se pudo identificar”. Cuando trascendió la identificación de Tarchitzky, el padre de Zulma Matzkin intuyó que esa mujer era su hija y lo confirmó en la morgue. Manuel y Zulma eran amigos: juntos enseñaban a leer en los barrios Maldonado y Villa Nocito.

Fiel a su tradición, La Nueva Provincia publicó la falacia militar y ocultó la historia real, probada ante la justicia de Bahía Blanca en 1987, cuando la Cámara Federal identificó y procesó a varios de los asesinos, y reconstruida con mayor detalle durante los Juicios por la Verdad de 1999.

Castillo y Fornazari, militantes de la organización Montoneros, habían sido detenidos tres meses antes del falso enfrentamiento en la ruta 22, a la altura de Médanos, en una camioneta Fiat 125 Multicarga que luego usaría quien manejaba la picana eléctrica en La Escuelita, el teniente coronel Julián Oscar Corres, alias Laucha. Un día después los militares desvalijaron el negocio de repuestos de Castillo (Presión Sur, en San Martín 792) y secuestraron a su socio Héctor Rubén Sampini, quien continúa desaparecido. Antes de ser trasladado a la mesa de torturas de La Escuelita, Fornazari escribió una carta para sus padres en la cual les informó que había sido detenido por “el capitán Otero”, a quien había conocido durante el servicio militar, y que estaba en el Batallón de Comunicaciones 181 “en averiguación de antecedentes”. A Zulma Matzkin se la llevaron de la oficina donde trabajaba el 19 de julio al mediodía. Y Tarchitzky, físico nuclear egresado del Instituto Balseiro, fue secuestrado dos días después mientras dormía en la casa de su tío. Por el origen de su apellido su familia fue obligada a abandonar Bahía Blanca en 48 horas.

Antes de ser asesinados, los cuatro jóvenes padecieron su cautiverio en La Escuelita, el campo de concentración del Ejército a metros del camino La Carrindanga. Según la sobreviviente Alicia Partnoy, luego del secuestro Castillo y Fornazari “permanecieron durante horas con los ojos vendados, parados desnudos a la intemperie y rodeados de perros que no les permitían moverse”. Ya en La Escuelita “fueron torturados salvajemente”. En el caso de Castillo “después de ser torturado con picana eléctrica y estando sumamente débil era obligado a permanecer de pie, atado de los testículos a la reja de una de las ventanas de la habitación”.

Los hombres y mujeres que simularon ocupar cargos judiciales durante la dictadura también colaboraron con los sicarios. En octubre de 1976 la entonces fiscal María del Carmen Valdunciel de Moroni dictaminó a favor de sobreseer la causa y cinco días después el juez Madueño y su secretaria Gloria Girotti la cerraron y archivaron sin oír a los verdugos ni cuestionar la versión oficial. Durante décadas Madueño logró reciclarse en el aparato judicial. Cuando la prensa publicó la historia de su complicidad con el terrorismo de Estado en Bahía Blanca (ver Página/12 del 17-10-04, 29-05-05 y 30-05-05) el entonces juez del Tribunal Oral Federal 5 presentó su renuncia (Página/12, 02-07-05). Valdunciel de Moroni también logró reciclarse y aún actúa como defensora oficial ante la Cámara Federal de Bahía Blanca.


El homenaje de Susana Matzkin / recuadro
Fue necesario un cuarto de siglo para que Susana Matzkin lograra superar el terror internalizado en la sociedad bahiense desde la última dictadura y pudiera acercarse al lugar donde fue asesinada su hermana Zulma. “Desde entonces imaginé y soñé con ver allí una plaza con el nombre de los cuatro jóvenes fusilados”, recuerda.

El año pasado, como vecina de la ciudad y hermana de una víctima del terrorismo de Estado, presentó la propuesta al Concejo Deliberante. Su texto terminaba con la frase “yo buscaba la vida, nada más que la vida, pero me la han robado”. Esta semana y por unanimidad ese cuerpo legislativo aceptó construir y bautizar la plaza con la fecha del fusilamiento, hasta hoy conocido como “la masacre de calle Catriel”.

Susana Matzkin también contó a EcoDias que el artista bahiense Esteban González levantará una escultura alegórica con la figura de tres varones y una mujer que se emplazará alrededor de cuatro árboles y recordó que “en los 70 existía allí una villa miseria llamada barrio Palihue Chico, a la que se ingresaba por una calle de tierra, justamente Catriel, que no tenía salida porque terminaba en el arroyo. Años después esos vecinos fueron trasladados al barrio 18 de Agosto, se limpió el terreno y desde entonces un cartel indica ‘espacio para plaza’”. En pocos meses el baldío que fue testigo de la masacre será un espacio para la memoria y se llamará “4 de Septiembre”.