En las malas se ven los amigos

Página/12
LOS JUICIOS POR LA VERDAD EN MENDOZA Y BAHIA BLANCA

Recusan a la Cámara Federal de Mendoza, por amistad con el general Juan Pablo Sáa, jefe de la represión en Cuyo. La Corte Suprema devolvió el expediente a Bahía Blanca, que podrá reanudar las audiencias de la verdad.

Por Horacio Verbitsky
Familiares de 39 detenidos-desaparecidos solicitaron ayer a la Cámara Nacional de Casación Penal que aparte de los juicios por la verdad a todos los miembros de la Cámara Federal de Mendoza, dada la admitida amistad de su presidente, Luis Francisco Miret, con el general Juan Pablo Sáa, ex jefe de la Subzona de Seguridad 33. En 1987, Miret se había excusado de intervenir en los procesos contra Sáa por el secuestro y la desaparición de 21 personas, pero ahora rechazó la recusación presentada por los familiares de las víctimas y fue respaldado por sus colegas. El juicio de la verdad está suspendido desde hace tres meses.

Ayer se conoció también la resolución firmada por la Corte Suprema de Justicia el 21 de mayo, que convalidó la intervención de la Cámara de Casación en los juicios de la verdad de Bahía Blanca. Esas actuaciones, interrumpidas desde hace un año podrán reiniciarse ahora pero en las condiciones fijadas por la Cámara de Casación a instancias del Ejército: los militares no jurarán decir la verdad y no podrán ser arrestados si se niegan a responder preguntas del tribunal.

El general Sáa fue comandante de la Brigada de Infantería VIII de Mendoza desde el 3 de diciembre de 1977 hasta el 2 de febrero de 1979, y responsable de los centros clandestinos de detención que funcionaron en el Liceo Militar General Espejo, la Penitenciaría Provincial, la Compañía de Telecomunicaciones 141, el Campo de Los Andes, las sedes de la Policía Federal y de la Policía de San Luis. A partir de 1979 fue jefe de la Subzona 11, Buenos Aires, que incluía centros clandestinos de 23 partidos. Procesado en Mendoza, Carlos Menem lo indultó el 8 de octubre de 1989. En 1987, en la causa por la desaparición de Daniel Romero, Miret explicó que era amigo íntimo de toda la familia Sáa desde 1973, cuando era Procurador Fiscal Federal de San Luis, y se excusó de seguir investigando. Alegó que por ello carecía “de la objetividad necesaria para intervenir en el juzgamiento de la participación que pudiera atribuírsele en la comisión de delitos a mi amigo el general Juan Sáa”. Este año, en cambio, Miret no sólo no se excusó sino que dirigió el interrogatorio de su amigo Sáa el 23 de marzo. La recusación fue presentada por los familiares de las víctimas, representadas por los abogados Pablo Salinas y Alfredo Guevara, padre e hijo. La Cámara Federal rechazó la recusación de su presidente aduciendo que “el limitado objeto que tienen los llamados juicios por la verdad” es “la búsqueda del destino de personas desaparecidas” y que aunque se aplique el Código Procesal Penal, el procedimiento carece de “naturaleza penal”. Al recurrir en queja a la Casación, Salinas y Guevara consideran que el rechazo de la recusación fue arbitrario y que se encuentran comprometidas las garantías constitucionales de imparcialidad de los jueces y el principio de doble instancia. A su juicio los camaristas prejuzgaron, ya que “el objeto procesal de los juicios es amplio y comprende la búsqueda del destino de las personas desaparecidas, de los menores nacidos en cautiverio y la identificación de los responsables”. En cuanto a Sáa, las investigaciones podrían comprometerlo por delitos imprescriptibles como el la desaparición forzosa, la apropiación y sustitución de identidad de menores. Los abogados anunciaron que de ser necesario recurrirán a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Con el voto de los jueces Julio Nazareno, Eduardo Moliné, Adolfo Vázquez, Guillermo López, Antonio Boggiano, Carlos Fayt y Augusto Belluscio, la Corte Suprema de Justicia devolvió las actuaciones por el juicio de la verdad a la Cámara Federal de Bahía Blanca y declaró que la intervención de la de Casación Penal se ajustó a lo que prevé la ley procesal 23.984, que creó ese tribunal. La Cámara bahiense había sostenido que la Casación carecía de competencia para disponer la libertad de los suboficiales Santiago Cruciani y Armando Barrera. Por el voto de los miembros de su sala IV, Gustavo Hornos, Ana María Capolupo y Amelia Berraz de Vidal, la Cámara de Casación prohibió tomar juramento a todo militar convocado en los juicios de la verdad, de modo que “cuanto tenga que manifestar emane de su libre voluntad, guiado por los dictados de su conciencia y el respeto por las obligaciones que a la sociedad toda adeuda”. La resolución que impide interrogar como testigo a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas equivale a poner una vez más bajo sospecha a todos los militares, consecuencia buscada por el actual jefe del Estado Mayor del Ejército, Ricardo Brinzoni, quien así se siente mucho más acompañado. Los obstáculos puestos por Brinzoni a los juicios por la verdad, indujeron al CELS a solicitar la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida y la reapertura de las causas penales.