Por Diego Martínez
El coronel retirado Aldo Mario Alvarez, compañero de promoción y amigo de Ramón Camps y prófugo de la Justicia por delitos de lesa humanidad cometidos cuando era jefe de Inteligencia del Cuerpo V de Bahía Blanca, controla en las sombras una agencia de seguridad privada. Fue gerente de Alsina SRL hasta 1998 y dueño hasta marzo de 2000, cuando le cedió las acciones a su yerno. Nueve meses antes se había sancionado la Ley 12.297 que regula el negocio de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires e inhabilita a poseer o integrar las empresas a represores indultados o impunes por las leyes de impunidad. Alvarez se benefició con la Obediencia Debida, pero su caso nunca fue detectado. La Ley 1913 de la Ciudad de Buenos Aires es aún más generosa: sólo excluye a indultados y condenados. Las agencias fiscalizadoras no sólo carecen de mecanismos para detectar testaferros. Ante un pedido formal de Página/12, la Dirección General de Seguridad Privada (Dgspr) de la Ciudad respondió que la sociedad civil sólo puede conocer nombres de empresas y saber si están habilitadas, pero no quiénes son sus dueños. Mientras cientos de genocidas no han sido identificados, el Estado no dispone de una ley nacional que controle al millar de ejércitos privados que les da trabajo.
Las normas que regulan el funcionamiento de la seguridad privada excluyen al personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad y organismos de inteligencia. Ello explica por qué la mitad de los agentes que emplean los 850 empresas registradas en la provincia cobran en negro y no están inscriptos como exige la ley. El dato lo difundió el Ministerio de Seguridad hace un mes, cuando intervino la Dirección Fiscalizadora de Agencias de Seguridad Privada en respuesta al aumento de robos a personas que por propia voluntad se encierran en barrios privados. La cantidad de agentes registrados en la provincia llega a 45 mil hombres, apenas 6 mil menos que la Policía Bonaerense. En los partidos de alta concentración de vecinos enrejados como Pilar la cantidad de agentes supera 13 veces a la de policías. La ciudad de Buenos Aires es la segunda jurisdicción con mayor desarrollo. Según la Dgspr existen 435 agencias habilitadas, con 23.966 empleados.
Ninguna ley nacional impide que ex miembros de grupos de tareas de la guerra sucia tengan ejército propio, con uniforme y escudo, al servicio de quien esté dispuesto a contratarlo. Sólo el decreto 1002/99, con el que se buscó crear una instancia federal de control dependiente de la Secretaría de Seguridad Interior que nunca llegó a concretarse, permite que el Archivo Nacional de la Memoria objete a los candidatos a poseer o integrar las agencias. Pero su opinión no es vinculante para las direcciones fiscalizadoras.
Hace dos años, al cuestionar a la Dgspr por habilitar a ex policías y penitenciarios que se negaban a informar sus destinos durante la dictadura, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad le notificó a su titular que la Ley 1913 “no asegura que los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado sean excluidos de prestar estos servicios”. Agregó que la seguridad privada es “una actividad de interés público que desarrollan particulares”, es “complementaria, subsidiaria y subordinada a la seguridad pública” y consideró “de vital trascendencia para toda la sociedad la forma en que dicha actividad debe desarrollarse”. La respuesta fue contundente: la subsecretaría dejó de ser consultada.
Policía particular
Alsina SRL nació en 1948 bajo el nombre de “Policía Particular, empresa dedicada a la investigación y a la realización de informes comerciales y particulares”, según explica en su sitio. En 1958 hizo sus primeros servicios de vigilancia y seguridad. El año del golpe de Estado, 1976, la empresa “decide ampliar sus horizontes y comienza a brindar servicios en la provincia de Buenos Aires”. Alvarez era entonces jefe del Departamento II Inteligencia del Cuerpo V, que abarcaba el sur bonaerense y la Patagonia.
Como garantía de eficiencia, Alsina SRL informa que su personal es “retirado de las Fuerzas Armadas o fuerzas de seguridad” y cuenta con “armas de puño y armas largas”. Presta servicios de protección física, vigilancia, implementa “acciones preventivas en forma sistemática” y tiene una central de operaciones comunicada con cada uno de “nuestros objetivos” las 24 horas. Entre sus servicios adicionales ofrece “investigaciones y seguimientos” para “determinar los responsables de acciones cometidas en perjuicio de particulares, empresas y organizaciones de distinto tipo”. Su casa central funciona en Alsina 909, piso 3. Su sucursal bonaerense en Hipólito Yrigoyen 1526, Florida, Vicente López.
Alvarez renunció a su cargo de gerente en 1998, una década después de obtener su impunidad gracias a la ley de Obediencia Debida. En marzo de 2000, ante la posibilidad de que la agencia fiscalizadora lo descubriera, le cedió a su yerno Rubén Héctor Burgos sus 12 mil cuotas parte, el equivalente a dos tercios del capital de la empresa. Como socio con el otro tercio asumió Juan Balanesco, un principal dado de baja de la Policía Federal. En 2002, Burgos le cedió la mitad de sus acciones a la esposa del coronel, Elizabeth María Icazatti.
A fines de 2005 se reabrió la causa por los crímenes en La Escuelita bahiense, que funcionaba a 200 metros de la oficina de Alvarez. El 8 de mayo pasado, el juez federal de Bahía Blanca, Alcindo Alvarez Canale, ordenó su detención. Cuando fueron a buscarlo a su departamento de Virrey del Pino 1875, ya no estaba. El 15 de junio, el juez pidió su captura. El 19 de julio, cuando el coronel llevaba un mes prófugo, su esposa volvió a cederle las acciones y el cargo de gerente al marido de su hija.
Alvarez y Burgos también son vecinos en Laguna del Sol, un barrio cerrado de General Pacheco que cuenta con una laguna de agua transparente de ocho hectáreas para pescar y practicar deportes náuticos, 750 lotes de mil metros cuadrados y “un servicio de seguridad privada las 24 horas que les permitirá vivir con la tranquilidad necesaria que usted y su familia merecen”. Ambos tienen domicilio en Coronel Encalada al 1200: el militar en el lote 229; su hija y su yerno, en el 19. Cuando la policía lo buscó allí, Elizabeth María Alvarez Icazatti explicó que sus padres se habían esfumado.
En la administración del country responden que “no hay ningún Alvarez registrado”. Allegados a la familia aseguran que, cuando dejó el barrio cerrado, el coronel se siguió reuniendo con Burgos y Balanesco, y que su último refugio fue en Picaflores 75 de Pinamar. Esa casa figura en la guía a nombre de su esposa y –según la mujer que atiende el teléfono– está alquilada por la temporada. Cuando este cronista tocó el portero eléctrico de Alsina SRL le respondieron que Balanesco estaba de licencia y Burgos había salido. El yerno del coronel no respondió los mensajes de Página/12 que recibió en la empresa y en su casa.
Otras joyas
El caso de Alvarez es el primero que se conoce sobre un responsable de delitos de lesa humanidad prófugo con ejército propio. Pero nada sugiere que sea el único. Los ex represores o civiles vinculados con el terrorismo de Estado dueños de empresas de seguridad son más bien regla que excepción:
- El teniente coronel Héctor Schwab, subordinado de Antonio Bussi en la Brigada de Infantería V de Tucumán, fundó en 1998 la agencia Scanner SA. Allí acogió a la apologista del genocidio Cecilia Pando, quien junto con su hija María Pía fue cara visible de una autodenominada Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina. En 2003, Schwab estuvo preso por orden del juez español Baltasar Garzón. En 2006 fue procesado por hostilizar a empleados tercerizados de Movicom y Telefónica. En Tucumán está acusado por un secuestro extorsivo y por la desaparición de un subordinado.
- El coronel (R) Jorge Luis Toccalino, detenido desde septiembre por la Justicia federal de Necochea por secuestros y torturas en esa ciudad, además de tener empresa propia preside la Cámara de Empresas Líderes de Seguridad e integra el tribunal de honor de la Asociación Argentina de Seguridad Privada.
- Félix Alejandro Alais, acusado de haber integrado la Triple A de Bahía Blanca cuando era subcomisario de la Policía Federal, figuró hasta 2004 como socio de Fast Cooperativa de Trabajo Limitada. En 1976 torturó a profesores de la Universidad Nacional del Sur detenidos en el marco de una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista”. En 2004, Fast ganó una licitación en el rectorado de la UBA. Un gremialista lo escuchó presentarse como “comisario Alais”, investigó su prontuario, lo denunció y el rectorado revocó la adjudicación. Cuando la noticia trascendió varios camaradas pusieron sus empresas a nombre de esposas y yernos. En Bahía Blanca le fue mejor: hasta el año pasado prestó servicios en el departamento de agronomía de la UNS y la Justicia nunca lo citó.
- El director ejecutivo del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, creó en 1997 la empresa Megatrans. Se especializa en localizar vehículos y transmitir datos móviles. Desde 2001 controla 150 patrulleros de la Policía Federal y 1500 de la Bonaerense. En plena dictadura, Massot visitaba en la ESMA a su director, almirante Jacinto Chamorro. Tres meses después del golpe de Estado, dos obreros gráficos de sus talleres, que durante los años previos habían encabezado reivindicaciones laborales, fueron secuestrados, torturados y asesinados. El juez Alcindo Alvarez Canale considera que son crímenes imprescriptibles, pero nunca investigó, ni citó a declarar a los dueños de La Nueva Provincia.
Los fiscalizadores no detectan testaferros
Las direcciones fiscalizadoras de agencias privadas son incapaces de detectar testaferros de genocidas pero sí de obstaculizar el trabajo de los medios que investigan el tema. En noviembre Página/12 solicitó a la Dgspr de la ciudad de Buenos Aires información sobre socios y personal de Alsina SRL. Su titular Marcelo Martínez respondió que la ley 1913 sólo lo obliga a informar si está o no habilitada. Sugirió una incompatibilidad con las leyes y tratados que obligan al Estado a brindar información y solicitó la opinión de la Procuración General, que dictaminó que no se debía informar a la prensa. Invocó los límites previstos en la ley 104 de acceso a la información y la 1845 de protección de datos personales. Martínez agregó que algunos datos “no registran dentro de la órbita de esta administración”.
La ley 1913 obliga a la Dgspr a registrar los datos solicitados. Si no lo hace incumple la norma que regula su actuación. La ley también obliga a la Dgspr a publicar el listado de prestadores y las condiciones de habilitación, pero no la faculta a ocultar a la sociedad información de evidente interés público. Las limitaciones previstas en la ley 104 protegen “la intimidad de las personas”, sus “declaraciones juradas patrimoniales”, datos que el Estado obtenga “en carácter confidencial” o protegidos por “secreto bancario”. La 1845 apunta a garantizar “el derecho al honor, la intimidad y la autodeterminación informativa”. Pero ninguna de esas normas está prevista para encubrir a represores ni a quienes los protegen mientras huyen de la justicia. El expediente está ahora en manos del jefe de gobierno Mauricio Macri. De su respuesta depende que el caso llegue o no a la Justicia.
Jefe de Inteligencia del V Cuerpo y amigo del general Ramón Camps
Aldo Mario Alvarez declaró que no estaba a cargo de “la guerra contra la subversión”, pero varios de sus subordinados lo desmintieron. Un ex comisario lo responsabilizó del secuestro y la tortura de su yerno. Alvarez sonreía al escuchar la acusación.
Por D. M.
Aldo Mario Alvarez fue jefe del Departamento II Inteligencia del Cuerpo V de Ejército entre 1974 y diciembre de 1977. Ante la Justicia declaró que estuvo abocado a la guerra frustrada con Chile y permaneció ajeno a “la tarea antisubversiva”. Sin embargo, el oficial que manejaba la picana eléctrica en La Escuelita admitió que dependía “del coronel Alvarez” y el que comandaba a los grupos de secuestradores confesó que las informaciones sobre los blancos las suministraba el G2 o jefatura II.
Alvarez egresó del Colegio Militar de la Nación como oficial de informaciones. Cuando se produjo el golpe de Estado de Juan Carlos Onganía ya era jefe del departamento “Actividades Psicológicas” del Estado Mayor del Ejército. Pasó por la SIDE y en 1974 fue destinado a Bahía Blanca hasta diciembre de 1977. Tres meses después se retiró.
Durante los años en que el Cuerpo V secuestró, torturó y fusiló a gusto, sus subordinados fueron –entre otros– el teniente coronel Walter Bartolomé Tejada, los mayores Osvaldo Lucio Sierra y Neil Lorenzo Blázquez, y los sargentos Almirón, Martín y Villalba. Comisionados por el Batallón de Inteligencia 601 actuaron bajo su mando el sargento ayudante Alfredo Omar Feito y el teniente primero Enrique José Del Pino, presos por crímenes en campos de exterminio porteños después de varios años como prófugos. En Bahía Blanca ninguno de ellos fue aún citado.
Por su actuación durante la dictadura, Alvarez declaró ante la Cámara Federal de Bahía Blanca en 1987 y trece años después durante el Juicio por la Verdad. Cuando no existían las leyes de impunidad afirmó que “la información que se producía en los LRD (lugar de reunión de detenidos en la jerga castrense, centros clandestinos para la sociedad) nunca llegó a mi departamento porque no era de mi interés ni hacía a mi función”. En 2000 reiteró que se dedicaba a planear la guerra por el canal de Beagle. “Todo lo referido a la tarea antisubversiva estaba a cargo del Destacamento de Inteligencia que presidía [el fallecido coronel Antonio] Losardo”, agregó.
Sus propios subordinados revelaron la falacia. El teniente coronel Julián Oscar Corres, que administraba la picana en La Escuelita, declaró en el Juicio por la Verdad que dependía “del coronel Alvarez, G2 del Cuerpo”. Corres también está prófugo. El teniente coronel Emilio Jorge Ibarra, jefe del “equipo de combate contra la subversión”, como llamó a los grupos de secuestradores a su cargo, declaró que “las informaciones [para los operativos] las suministraba el G2” y los secuestrados “los entregaba a personal de inteligencia”. Ibarra murió sin ser citado. El mayor Osvaldo Lucio Sierra firmaba pedidos de antecedentes a servicios amigos mientras los detenidos-desaparecidos aún estaban vivos en La Escuelita. Sierra es vocal del Centro de Residentes Salteños en Buenos Aires. El juez Alvarez Canale tampoco le pidió explicaciones.
Algunos sobrevivientes también supieron de la existencia de Alvarez. Orlando Stirneman, ex diputado provincial de Santa Cruz, estuvo más de un mes secuestrado en un galpón del Batallón de Comunicaciones 181 mientras se acondicionaba La Escuelita. Ante la Justicia recordó apodos de torturadores como Pato o Caburé y a “un hombre de apellido Alvarez, coronel o teniente coronel”. Además de la tradicional picana, Stirneman contó que los oficiales de inteligencia les metían un gato debajo de la ropa y le daban electricidad para que los lastimara.
Unos panfletitos
Cuando supo que el Cuerpo V lo buscaba, Mario Crespo llamó a su suegro, comisario Jorge Atilio Rosas, segundo jefe de la Unidad Regional 5 de Bahía Blanca. Rosas consultó a Alvarez, quien le confirmó su interés “para hacerle un par de preguntas por unos panfletitos”. El policía creyó en su palabra y el 18 de noviembre de 1976 se presentó con su yerno.
–Déjemelo, le vamos a tomar una simple declaración –lo palmeó Alvarez.
Cuando salió de su despacho dos hombres de civil encapucharon a Crespo y lo llevaron a La Escuelita. Lo torturaron un mes seguido. En enero lo blanquearon.
Un cuarto de siglo después, militar y policía se cruzaron en un careo.
–Vino con un pariente que tenía un problemita y como no podía solucionarlo lo derivé al comandante. Nunca más lo vi –resumió el militar.
–¡Miente! ¡No tiene la valentía de decir la verdad! –reaccionó el policía, que nunca había hablado con el comandante Osvaldo Azpitarte.
El coronel se limitó a sonreír.
Cuando su yerno fue trasladado al penal de Rawson, Rosas pidió a las autoridades militares si podían devolverlo a la cárcel de Bahía Blanca porque su hija estaba con tratamiento psiquiátrico desde la desaparición de su marido. En ese contexto se encontró con Alvarez.
–Necesito conversar unas palabras con su hija –dijo el coronel.
–Ni remotamente viene acá. Y no le vaya a tocar un dedo porque yo mismo lo voy a matar.
Durante una visita a Bahía Blanca, el coronel Ramón Camps -–jefe de la policía bonaerense-– le anunció a Rosas que sería ascendido a comisario mayor. Después de almorzar con Diana Julio de Massot, directora del diario La Nueva Provincia, Camps le pidió que lo llevara a la casa de su amigo y compañero de promoción Alvarez. “Al volver era otra persona”, contó Rosas. Su asistente, comisario Miguel Etchecolatz, le informó la mala nueva: “Me parece que su ascenso desapareció”. Así fue.
La indagatoria de Alvarez en 1987 duró cinco días. Miente el coronel cuando dice que fue sobreseído. La Cámara Federal lo procesó por privaciones ilegales de la libertad calificadas y agravadas, y le dictó falta de mérito por homicidios, lesiones y tormentos mientras seguía acumulando pruebas. En 1988 la Corte Suprema de Justicia lo benefició con la ley de obediencia debida.
En 2006 los fiscales Antonio Castaño y Hugo Cañón pidieron su detención por todos los delitos de lesa humanidad cometidos por el Cuerpo V entre 1975 y 1977. Gracias a sus 81 años el coronel Alvarez tiene derecho a gozar de prisión domiciliaria. Después de siete meses prófugo, en cambio, sólo una buena agencia de seguridad privada puede evitarle la cárcel.
Inaugurando monumentos
Hombre de inteligencia, sólo por excepción el coronel Alvarez se expuso en público. La imagen que ilustra esta página es de diciembre de 1974, cuando ya conducía el departamento homónimo del Cuerpo V. El motivo: la inauguración del “Monumento al fortinero y su compañera” (sic), informó el diario La Nueva Provincia. Rodeado de celebridades, capellán a la cabeza, Alvarez se explayó sobre “aquellos esforzados y heroicos expedicionarios de una lucha secular con los nativos bravíos de estas tierras, que con su valentía, abnegación y sacrificio grabaron páginas inmortales para nuestra historia”. Se emocionó al recordar “a la mujer que acompañó al soldado, que estuvo presente en los fortines, aquella genuina criolla que desde nuestra independencia acompañó con constancia sin igual a batallones y regimientos”. Y celebró que “aquellas gestas heroicas” lograron “brindar a la obra posterior de la civilización enormes extensiones de fértiles tierras vírgenes”.
