A 36 años de los asesinatos de los obreros gráficos
Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, dirigentes del Sindicato de Artes
Gráficas y delegados de los trabajadores de La Nueva Provincia, la Cámara
Federal de Bahía Blanca confirmó los procesamientos de siete marinos y
prefectos. El único imputado del Ejército, que en la hipótesis judicial liberó
la zona a los hombres de mar, es por el momento el general Juan Manuel Bayón,
que se apresta a recibir su primera condena. Mientras los represores se
retuercen ante el alegato del fiscal Abel Córdoba y la sociedad bahiense se
resiste a salir de su letargo, el diario de Vicente Massot guarda un silencio
atronador.
Por Diego Martínez
Desde Bahía Blanca
bahiagris.blogspot.com
Tres oficiales retirados de la Armada y cuatro ex
miembros de Prefectura deberán rendir cuentas ante la justicia por los
asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, los delegados de los
trabajadores del diario La Nueva Provincia que fueron secuestrados, torturados
y asesinados en julio de 1976. A 36 años de los crímenes de los gráficos que
osaron enfrentar a la familia Massot, la Cámara Federal confirmó los
procesamientos del contralmirante Manuel Jacinto García Tallada (condenado a 25
años de prisión en la causa ESMA) y de los capitanes de navío Guillermo Félix
Botto y Oscar Alfredo Castro, como coautores mediatos de privaciones ilegales
de la libertad, tormentos y homicidios agravados. La medida alcanza a los prefectos
Félix Ovidio Cornelli y Francisco Manuel Martínez Loydi, responsables del
informe de inteligencia que calificó a las víctimas como “personal a ser
raleado de un medio de difusión fundamental” a los fines del terrorismo de
Estado, y a sus subordinados Néstor Alberto Nogués y Luis Angel Bustos. Los
últimos dos integraron la sección informaciones de la Prefectura zona Atlántico
Norte que la inteligencia naval calificaba como “avanzada” de la Armada en la
“lucha contra la subversión” y “ojo y vida” del Comando de Operaciones Navales
(CON) a cargo del vicealmirante Luis María Mendía, el hombre que “en horas
nocturnas” se encerraba a departir con la directora del diario, Diana Julio de
Massot, quien murió impune en 2009. Bustos fue reconocido además en el
secuestro de Gerardo Carcedo, un ex concejal del Frejuli visto por última vez
en cautiverio en el centro clandestino que funcionó en la base de infantería de
marina Baterías, en Punta Alta. Bustos admitió en privado que secuestró a Carcedo
por orden de la Armada y agregó que fue asesinado en un vuelo de la muerte.
La relación de la familia Massot con la Armada data de
mediados del siglo pasado. El 17 de septiembre de 1955, un día después del
golpe de Estado que derrocó a Perón, el autodenominado “Comando Naval
Revolucionario” designó a Federico Ezequiel Massot como interventor del diario
que había heredado su esposa Diana, nieta del fundador. El capitán de fragata
Raúl González Vergara, a cargo de la Aviación Naval que bombardeó Buenos Aires,
comenzó entonces las gestiones para que su amigo fuera reintegrado al cuerpo
diplomático. Perón había declarado cesante a Massot en mayo de 1952 por las deudas
personales que contrajo como encargado de negocios en Manila, Filipinas, donde
un mes antes había nacido su hijo Vicente, actual director y célebre apologista
de la tortura. Como cartas de presentación para poder retornar al servicio
exterior, Massot padre ofreció a dos marinos de la familia: su cuñado Alberto
Antonini y su primo Juan Carlos Argerich, el capitán que al frente de 250
infantes de marina rodeó la Casa Rosada para tomarla luego del bombardeo. El
lobby rindió frutos no sólo para Federico, que se convirtió en encargado de
prensa de la embajada en Londres, sino también para su padre homónimo, un
traductor y profesor de secundario a quien Aramburu designó en 1956 como cónsul
general en Gotemburgo, Suecia.
La relación durante la última dictadura es más conocida. A
mediados de los ’70, sotanas y uniformes blancos saturaban tapas y páginas de
La Nueva Provincia. En mayo de 1975, cuando en teoría los marinos estaban en los
cuarteles y las ejecuciones las firmaba la Triple A, Massera declaró en Puerto
Belgrano que “la Armada vive en guerra y participa con la energía y decisión
clásicas de su patrimonio histórico”. El almirante que derrocaría a Isabel
Perón habló de su “vocación democrática” pero diferenció a “los subversivos” y
dijo que la Armada estaba “segura en fuerza y en derechos para enfrentarlos y
destruirlos”. El mismo día los Massot elogiaron sus palabras como “una de las
más claras y precisas manifestaciones castrenses sobre el sentido del proceso
que el país protagoniza”, en tiempo presente (LNP, 17.5.75). En noviembre,
mientras Prefectura pulía su informe sobre “guerrilla sindical” en el diario, Massera
contaba que “hace tiempo la Armada está actuando contra la subversión” aunque
“en una forma más silenciosa” que el Ejército (LNP, 30.11.75). Mendía arengaba
a sus soldados a avanzar en “el exterminio de la subversión apátrida que, como
mala cizaña, debe ser eliminada de la tierra de los argentinos” (LNP, 8.11.75).
“No habrá pausa contra la guerrilla”, advertía un mes antes del golpe (LNP
17.2.76).
El contralmirante García Tallada era al tiempo de los crímenes
el jefe de Estado Mayor del CON a cargo a de Mendía (foto), el hombre que por las noches se encerraba en la
dirección del diario según escribió el ex capitán Scilingo, y que murió sin
condena igual que su anfitriona. Del
comando dependían once fuerzas de tareas, incluida la célebre FT3 de la ESMA.
Cuatro de esas fuerzas estaban en el “Área de Interés Bahía Blanca-Punta Alta”,
según la terminología del Plan de Capacidades (Placintara) elaborado para
“aniquilar a la subversión”. De la Fuerza de Tareas 2 que comandaba el capitán
de navío Oscar Alfredo Castro dependía la Prefectura Zona Atlántico Norte,
responsable del informe “estrictamente secreto y confidencial” con la sentencia
de muerte de Heinrich y Loyola.
“Heinrich y Loyola eran objeto de actividades de
inteligencia en razón de integrar uno de los Elementos Esenciales de
Información (EEI-2) establecidos por el Placintara”, explican en su resolución
los camaristas Pablo Candisano Mera y Ángel Argañaraz. El EEI-2 se refería a “la
actividad gremial o sindical obrera en fábricas” y “su principal ejecutor es el
Departamento de Inteligencia del CON”, de donde “partían los requerimientos a
las agencias colectoras y secciones o divisiones de inteligencia subordinadas”,
como la sección a cargo de Martínez Loydi. El teniente de navío Guillermo Félix
Botto estaba a cargo de la divisiones “Contrainteligencia” y “Obtención” del
CON, subordinado directo del departamento Inteligencia que encabezaron Eduardo
Morris Girling y Guillermo Obiglio, que también murió impune. Era “el enlace no
sólo con la Prefectura sino con el resto de la comunidad informativa local”,
explican los jueces. La FT2 a cargo de Castro “era la Fuerza de Tareas
responsable del Área de Interés Principal Punta Alta-Bahía Blanca”. En la causa
“quedó acreditado que era plenamente operativa en su jurisdicción y que fuerzas
subordinadas, como Prefectura, detenían personas con destino COFUERTAR 2”.
De sanear,
ralear y matar
El documento que este cronista publicó hace un lustro y sobre
el que Vicente Massot nunca informó a los lectores de La Nueva Provincia se
titula “Estudio realizado sobre el diario La Nueva Provincia de esta ciudad” y,
entre paréntesis, “guerrilla sindical”. Elaborado en base a información “propia
y de Policía Federal”, el informe detalla la supuesta “infiltración que,
manejada desde la Universidad Nacional del Sur y grupos marxistas del
peronismo, se llevó a cabo entre el personal” de la empresa. Menciona actos de
sabotaje pero minimiza la importancia de detallarlos porque los Massot ya lo
habían documentado, no ante el Ministerio de Trabajo sino ante “los comandos
militares y navales de la zona”. El objetivo del informe es consignar datos
sobre el “personal a SER REALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSIÓN FUNDAMENTAL (en
mayúsculas) tal cual lo marca una efectiva acción ‘contrarrevolucionaria’ que
tienda a sanear los medios preferidos por la revolución mundial para su labor
de infiltración, subversión cultural y posterior victoria”. Luego enumeran 17
“activistas”. Heinrich y Loyola encabezan la lista y en ambos casos figuran las
direcciones de sus casas, donde fueron secuestrados en la madrugada del 1º de
julio de 1976.
Los camaristas distinguen las etapas de adquisición,
concreción y ejecución del blanco. La primera, de recolección de información
adentro de la empresa, se trabajó durante 1975, ya que el primer borrador que
rescató el ex fiscal general Hugo Cañón data del 6 de diciembre de ese año. La Prefectura
Zona Atlántico Norte estaba entonces a cargo del prefecto mayor Julio Benjamín
Baeza y la sección informaciones del prefecto Bernardino Miguel Nieto (murió
impune). La versión final está fechada el 22 de marzo de 1976, el mismo día que
en el cine de Puerto Belgrano el vicealmirante Mendía informaba a 900 oficiales
sobre la “muerte cristiana” que se aplicaría para preservar “la ideología
occidental y cristiana”. Al tiempo de la “ejecución del blanco” la Prefectura
estaba a cargo de Cornelli, que a fin de año pasó a despedirse en persona de
Diana Julio y reafirmo su decisión de “aniquilar a las huestes de la
delincuencia ideológica” (LNP, 11.12.76); la sección informaciones la
encabezaba Martínez Loydi, que hace cinco años, consultado por el cronista,
tradujo “raleado” como “movido, sacado”. “No creo que Prefectura se haya metido
en la parte gremial”, dijo, sin saber que el fiscal Cañón había recuperado un
archivo con cientos de documentos que prueban lo contrario.
--¿Alguna fuerza en particular se ocupaba de la seguridad
de esa empresa?
--Pudo haber sido la SIPBA –dijo Martínez Loydi (foto), de buena
memoria: el informe que había firmado 31 años antes destaca la “labor de esclarecimiento”
sobre el supuesto sabotaje en La Nueva Provincia del comisario Héctor José
Ramos, segundo jefe del Servicio de Informaciones de la policía de la Provincia
de Buenos Aires (SIPBA). Montoneros asesinó a Ramos el 20 de marzo de 1975 y se
adjudicó el hecho en un comunicado, en el que explicó que era “el más eficiente
torturador que conociera nuestra ciudad”. El dato de Ramos como “uno de los
jefes de seguridad” de La Nueva Provincia estaba en el borrador de Prefectura
pero fue eliminado en la versión final.
La sección informaciones de PZAN “tuvo una actuación
excluyente en el proceso de adquisición de blancos dentro del ciclo de
inteligencia”, que “posibilitó el secuestro y posterior homicidio” de Heinrich
y Loyola, afirman Candisano Mera y Argañaraz. El trabajo del grupo de personas
que conducía Martínez Loydi fue elogiado en 1977 por el jefe del departamento
Inteligencia del comando de operaciones navales, capitán de navío Juan Iglesias,
quien la calificó como el “ojo y vida” del comando a cargo de Mendía y la
“avanzada” de la Armada en Bahía Blanca.
La confesión de
Bustos
Néstor Alberto Nogués y Luis Angel Bustos eran dos de los
nueve integrantes de la sección informaciones a cargo de Martínez Loydi. Bustos
fue exonerado de Prefectura en plena dictadura luego de ser condenado por la
justicia por la privación ilegal de la libertad de dos hermanas de catorce y
quince años que protagonizó junto con su compañero Rodolfo Orlando García, quien
violó a una de las adolescentes a punta de pistola en el mismo Falcon verde
metalizado patente B1-106.521 que usaban para los secuestros. Los hechos
ocurrieron el 26 de marzo de 1977 y comenzaron a esclarecerse un día después,
cuando la policía los detuvo con otra mujer secuestrada a quien extorsionaban
para tener sexo. Los prefectos intentaron explicar que estaban en “misión
secreta” e interrogaban a una mujer “fichada en la comunidad informativa como comunista”,
pero no convencieron y terminaron encerrados en dos calabozos. En septiembre de
1978, cuando se dictaron las condenas, ambos se habían fugado.
Durante los meses que estuvo preso, Bustos fue reconocido
por un testigo del secuestro de Carcedo (foto), concejal de Bahía Blanca hasta el día
del golpe de Estado. Eugenio Senesi, vecino del concejal peronista, declaró que
vio cuando personas de civil forcejearon
con Carcedo y lo cargaron en un Falcon verde, en la madrugada del 17 de octubre
de 1976, en la puerta de una confitería en Avenida Colón 220.. “Pude ver a un
solo de ellos. Esa persona me miró”, dijo ante la justicia. Meses después, en
1977, Senesi estaba detenido en la cárcel de Villa Floresta cuando Bustos y
García llegaron a la Unidad 4 acusados de violación. Lo contactó por medio de un
enfermero del penal y le preguntó por Carcedo. “Cuando te encuentre en la calle
te voy a contar”, prometió el prefecto. Se reencontraron tres años después en
la confitería del hotel Comahue, en Viedma. Bustos, ya exonerado y en teoría prófugo,
admitió que él y García habían participado del secuestro de Carcedo, dijo que
el operativo había sido ordenado por la Armada y que tiempo después el
dirigente peronista fue arrojado desde un avión naval al Río de la Plata.
El octavo acusado por los asesinatos de los empleados de
La Nueva Provincia es el general Bayón (foto), el militar de mayor jerarquía de los
acusados en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. La
Cámara Federal explicó en su resolución que para secuestrar y matar a Heinrich
y Loyola fue necesario “un operativo conjunto conducido por elementos de
Ejército y de Marina”, ya que “debió coordinarse entre las dos autoridades de
ambas Fuerzas: Comando del V Cuerpo de Ejército y Comando de Operaciones
Navales”. La coordinación implicaba liberar la zona: los secuestradores
esperaron a Loyola en su casa durante siete horas y con sus vehículos en la
calle, un operativo impensable sin el visto bueno del Estado Mayor del Cuerpo V
que integraba Bayón.
Los camaristas cuestionan en su resolución al juez ad
hoc Eduardo Tentoni por elaborar “una hipótesis que vincula casi exclusivamente
(con los crímenes) al Ejército” y que consideran “forzada”, lo critican por sus
“vicios de fundamentación”, “difícil y oscura lectura”, “repetición
hasta el hartazgo de la transcripción de algunas pruebas”, “extenso desarrollo
histórico a través del cual se hace hincapié con gran detalle en aspectos de
poca incidencia sobre las cuestiones a decidir”, en tanto lo dedicado a la
prueba “es realmente parco”. A pedido del fiscal Córdoba, la Cámara incorpora
además el procesamiento por asociación ilícita que Tentoni omitió.
