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jueves, 29 de noviembre de 2007

Watu ¿Sabés quién fue?

PRIMER DOCUMENTAL SOBRE UN CRIMEN DE LA TRIPLE A BAHIENSE

La Escuela Normal Superior “Vicente Fatone” invita a participar de la presentación del video documental “Watu ¿Sabés quién fue?” realizado por alumnos y docentes del nivel polimodal en el marco del Programa Jóvenes y Memoria. Recordamos para el futuro, a cargo de la Comisión Provincial por la Memoria.

El documental relata el asesinato del estudiante de ingeniería y dirigente político David Cilleruelo en los pasillos de la Universidad Nacional del Sur, en abril de 1975, en el marco del accionar de la Triple A en nuestra ciudad.

El video –que tiene una duración de 20 minutos- será presentado por sus realizadores el martes 4 de diciembre a las 19 horas en el Aula Magna de la UNS, Avda. Colón 80.


Desde ya contamos con su presencia y agradecemos su difusión.


Contacto: Tel. 4566136 (Escuela Normal)


Email:
proyectomemoria.bahia@hotmail.com

jueves, 3 de mayo de 2007

Con los puntos sobre las AAA


Página/12

Un juicio por calumnias e injurias que inició el presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca permitió que, por primera vez, se acreditara judicialmente la existencia de la Triple A en esa ciudad.

Por Diego Martínez
La Justicia consideró “convincentes y veraces” las declaraciones de cinco testigos que en 1974 vieron al actual presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca y profesor de la Universidad Nacional del Sur, Néstor Luis Montezanti, en medio de un grupo de matones que, a punta de pistola, ocupaban la Universidad Tecnológica Nacional y que –hasta fines de 1975– conformaron la Alianza Anticomunista Argentina bahiense. Así lo consignó el juez correccional José Luis Ares en la causa iniciada por Montezanti contra el ex estudiante de la UNS Alberto Rodríguez, testigo presencial en abril de 1975 del asesinato de su compañero David Cilleruelo en un pasillo de la universidad, quien lo había sindicado como “partícipe” del grupo paramilitar. Ares absolvió a Rodríguez por calumnias pero lo condenó por injurias por calificar al juez de “cómplice de los crímenes en esta universidad” y “hombre de la ‘misión Ivanisevich’”. Luego de conocerse el fallo decenas de vecinos bahienses se solidarizaron con el empleado bancario Rodríguez y organizaron una colecta para juntar los 6500 pesos con los que saldará el daño moral al camarista.


Gracias a la honra lacerada de Montezanti, a las convicciones de Rodríguez –que lejos de amedrentarse ratificó sus dichos– y a la férrea tarea del defensor oficial Jorge Sayago –que apelará el fallo–, la Justicia acreditó por primera vez la existencia de la Triple A de Bahía Blanca, cuyos crímenes permanecen impunes.

También dio por acreditada la existencia de un diploma en el estudio de Montezanti otorgado por una “Liga Anticomunista Argentina”, firmado por el comandante del Cuerpo V en 1975, general Guillermo Suárez Mason, “aunque de ello sólo se pueda extraer, a todo evento, una filiación ideológica” dado que “la Triple A no otorgaba diplomas”.

Aquella tarde de 1974, al enterarse de la toma de la UTN, más de 300 estudiantes de la UNS interrumpieron una asamblea y marcharon en solidaridad. Los testigos contaron que al llegar vieron al grupo armado y, en el medio, a “un hombre de traje y corbata” que resultó ser Montezanti. Pronto supieron que los ocupantes “eran trabajadores de la Junta Nacional de Granos y respondían al sindicalista Rodolfo Ponce”, diputado nacional, delegado de la CGT y cara visible de la AAA. Con el tiempo conocieron algunos nombres: Jorge Argibay, su hijo Pablo, Roberto Sañudo, Raúl Aceituno, Juan Carlos Curzio, Miguel Angel y Héctor Oscar Chisú (Argibay padre y Sañudo murieron. El resto nunca fue citado por la Justicia).

Los siete fueron contratados en 1975 por el rector interventor de la UNS Remus Tetu como “personal de seguridad y vigilancia”. Montezanti “charlaba animadamente con ellos” aunque no portaba armas. Pese al esfuerzo del camarista por desacreditar a quienes consideró “perjuros” y “canallas”, para Ares los testigos fueron “convincentes y veraces”. Si bien un “único y aislado incidente” impide vincular, “en grado de certeza”, al juez con la Triple A, Ares absolvió a Rodríguez del delito de calumnias por considerar que incurrió en un error de tipo que excluye el dolo, es decir que señaló al magistrado como miembro de la Triple A “convencido de buena fe de la real autoría en torno de la comisión de un delito de acción pública”.

Un petiso laburante
Pese a la oposición del defensor Sayago, que objetó la conversión del querellante en testigo y le sugirió declarar en la causa Triple A que instruye Norberto Oyarbide, el juez autorizó a Montezanti a explayarse sobre las acusaciones en su contra y sobre los datos consignados el 9 de abril por Página/12.

Afirmó que desde 1969 fue abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), pero no tuvo “nada que ver con la Triple A ni con patotas”, pues se considera “un inútil redomado” en materia de armas. El secretario de la UOM bahiense Albertano Quiroga era enemigo de Rodolfo Ponce. “No se podían ver ni en figuritas. Nadie podía estar con ambos”, aclaró.

Durante la gestión en la UNS de Remus Tetu (profesor rumano que huyó a la Argentina luego de la Segunda Guerra Mundial, en la que formó parte del gobierno colaboracionista de la ocupación nazi, y que heredó al grupo de choque de Ponce) se consideraba “el último orejón del tarro, un petiso que laburaba”, a pesar de lo cual en 1975 le ofrecieron ser juez federal de Bahía Blanca.

“Deploro no haberme hecho cargo del juzgado porque el asesinato de Cilleruelo me hubiera tocado a mí”, lamentó, mientras su abogado Hugo Sierra –secretario del juzgado que tuvo una intervención simbólica en la causa– parpadeaba nervioso. Cilleruelo fue asesinado por el jefe de custodios de Tetu, suboficial de la Armada Jorge Argibay, y pese a las pruebas abrumadoras en su contra no estuvo un solo día preso por ese crimen.

Montezanti aclaró que no formuló ninguna presentación en favor del militante de Tacuara Néstor Beroch –tal como consignó este cronista– y explicó su fugaz relación con el general Adel Vilas, comandante del Cuerpo V en 1976. “En los primeros días del Proceso” el frío de un FAL entre sus piernas le interrumpió la siesta. “Eran tres milicos. Reventaron mi casa por algo que le adjudicaban a Quiroga. Indignado fui al correo y le escribí una carta documento a Vilas. Me llamó, me invitó a tomar un café, se disculpó y me pidió una tarjeta. Por eso me pidió que lo defendiera, cargo que extrañísimamente decliné.” El pedido de Vilas fue en 1987, es decir que conservó la tarjeta durante once años.

Sobre el médico acusado de asistir a secuestrados en La Escuelita, Humberto Adalberti tiene “el peor de los conceptos: ni honorarios me pagó”. Tomó su caso porque repudia los escraches, símbolos de “barbarie, salvajismo y primitivismo”. Pese a que vivió el juicio que impulsó como “un proceso de la Santa Inquisición” celebró haber tenido “mi día ante el tribunal”. “Ni nazi ni facho: demócrata convencido”, concluyó. Ares le creyó “pues las personas evolucionan y maduran”.

Cuando Rodríguez afirmó que en sus clases Montezanti adjudicaba la muerte de Cilleruelo a “un arreglo de cuentas en su organización”, este cronista –a un metro y medio del querellante– lo escuchó decir “hijo de mil puta” y vio su rostro desencajado. Un día antes había llamado “patoteros baratos” a quienes presenciaban la audiencia, incluidas dos Madres de Plaza de Mayo. “¿Quién se anima a colgar un cuadro firmado por Suárez Mason?”, preguntó Rodríguez. “No fue un filósofo, fue un criminal que repudian las propias Fuerzas Armadas”, explicó. El imputado agradeció a Montezanti la querella porque “gane o pierda pude decir toda la verdad”, leyó el listado de víctimas de la Triple A que “hoy vivirían felices” y se declaró orgulloso “porque no renuncio a mi pasado”. La sala lo aplaudió de pie.

- ¿Por qué en virtud del momento (en 2002 era candidato a camarista) no se dirigió al Senado o al Consejo de la Magistratura? -preguntó Montezanti.
- Por ignorante -se sinceró Rodríguez-. Así me lo explicó un abogado. Esto debió tratarse en el poder público.

miércoles, 18 de abril de 2007

Primero acusado y después acusador

Página/12

Por Diego Martínez
Desde Bahía Blanca


El presidente del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, ex diputado nacional y ex miembro de la Conadep, Juan Pedro Tunessi, admitió haber visto en 1984 en el estudio del actual presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca Néstor Luis Montezanti “un certificado o constancia de la Liga Anticomunista Argentina firmado por el general Suárez Mason”, comandante del V Cuerpo de Bahía Blanca durante el segundo semestre de 1975. La declaración tuvo lugar durante la primera audiencia del juicio por calumnias e injurias que Montezanti promovió contra el ex estudiante de la Universidad Nacional del Sur Alberto Rodríguez, quien lo sindicó como “partícipe de la Alianza Anticomunista Argentina” durante una reunión del Consejo Superior de la UNS en 2002. Rodríguez fue uno de los pocos testigos que el 3 de abril de 1975 denunció a Jorge Argibay, custodio del interventor de la UNS Remus Tetu, como el asesino del estudiante David Cilleruelo en los pasillos de la universidad bahiense, relato que en marzo pasado reiteró ante el juez federal Norberto Oyarbide.


Por su parte, el ex rector de la UNS durante la presidencia de Héctor Cámpora, Víctor Benamo, se presentó como “delegado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Bahía Blanca” y relató que fue Montezanti quien luego de su exilio le abrió las puertas de la universidad para dictar una conferencia sobre derecho comunitario. “Fue la única vez que alguien me permitió enseñar lo aprendido en Bruselas”, agradeció. Dijo ignorar la declaración del secretario Eduardo Luis Duhalde ante el juez Oyarbide en la causa Triple A (publicada en todos los diarios del país el 17 de enero) y también que Montezanti tuviera relación con esa organización paramilitar. “Reconozco sus estudios revisionistas en las filas del nacionalismo, pero queda en el querellado probar si con C o con Z”, dijo. Cuando Montezanti le preguntó si la UOM o el gremio de camioneros a los que asesoraba eran afines a la CGT de Rodolfo Ponce, cara visible de la Triple A, Benamo respondió: “Tengo entendido que era al revés, que Ponce y [el secretario de la UOM Albertano] Quiroga no se llevaban bien”.

El segundo testigo ofrecido por el camarista, Raúl José Hernández, ex empleado de la UOM durante 25 años, admitió haber sido cliente de Montezanti y aseguró que el gremio metalúrgico “sufrió varios atentados de la Triple A”. Finalmente, el abogado Miguel Asad relató haber sido quien le propuso a Montezanti redactar el pedido de amnistía para Dardo Cabo tras el Operativo Cóndor (el desvío de un avión comercial hacia las islas Malvinas por parte de un comando peronista en 1966). “No creo que la Triple A hubiera estado contenta con Montezanti en sus filas si defendió a Dardo Cabo”, sugirió Asad, quien omitió distinguir el Movimiento Nueva Argentina (desprendimiento de Tacuara en el que Cabo militaba en ese entonces) de la organización Montoneros, donde Cabo militaría años más tarde.

Los testigos Miguel Angel Pereyra, Marcos Canova, José Patrignani y Juan Larrea admitieron haber visto a Montezanti en medio de una patota armada que a mediados de 1974, por orden del delegado regional de la CGT Rodolfo Ponce, ocupó la Universidad Tecnológica Nacional con armas cortas y largas para impedir el ingreso de estudiantes que cuestionaban la gestión del interventor Emilio Garófoli. Larrea dijo que conocía desde años antes la “concepción fascista del mundo” del camarista pero que lo sorprendió verlo en medio de los matones porque “era un hombre de ideas, y esa era gente de acción”. Montezanti silenció una vez más a su defensor Hugo Sierra para mostrar sus dotes de interrogador:
–¿Usted adscribe a la concepción comunista del mundo, no? –preguntó.
Larrea consultó al juez si era relevante responder y ante el visto bueno aclaró:
–Soy marxista, sí.
–¿Comunista también? –retrucó el juez.
–Sí, comunista también.
–Ah, suficiente, ya está –concluyó Montezanti, quien perdió la compostura en reiteradas oportunidades, calificó de “mentiroso y farsante” a un testigo y a los gritos ordenó “cállense, patoteros baratos” a quienes presenciaban la audiencia, incluidas dos Madres de Plaza de Mayo.

lunes, 9 de abril de 2007

Una historia olvidada que se reabre

Página/12

Un ex estudiante de la Universidad Nacional del Sur deberá afrontar un juicio por calumnias e injurias que le inició el presidente de la Cámara Federal, a quien vinculó con la Triple A.

Por Diego Martínez

Mientras torturadores y asesinos caminan impunes por Bahía Blanca con el visto bueno de la justicia federal, un ex estudiante de la Universidad Nacional del Sur deberá afrontar un juicio por calumnias e injurias por haber denunciado como partícipe de la Alianza Anticomunista Argentina al actual presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca doctor Néstor Luis Montezanti. Apoderado de la Unión Obrera Metalúrgica desde la década del ’60 y profesor de la UNS desde 1971, a lo largo de su carrera Montezanti defendió y/o asesoró al militante de la Concentración Nacionalista Universitaria Néstor Beroch, al fascista interventor de la UNS Remus Tetu, al dueño de la vida y la muerte de La Escuelita general Adel Vilas y al médico acusado de prestar servicios en ese centro clandestino Humberto Adalberti. Si el juez José Luis Ares comprende de antemano que la Triple A no entregaba carnet de socios a sus sicarios ni a sus referentes intelectuales, será menos complejo para el denunciado demostrar que su acusación no es caprichosa que para el juez justificar ante sus alumnos la férrea indiferencia de la corporacion judicial bahiense frente a la masacre cometida por las Fuerzas Armadas antes y después del último golpe de Estado.


La historia comenzó en octubre de 2002, mientras los estudiantes de la UNS se movilizaban en contra de los exámenes de ingreso. Alberto Rodríguez participaba de la reunión del Consejo Superior como delegado de la Asociación Argentina de Actores. “En lugar de poner trabas al ingreso de alumnos habría que analizar de una buena vez el plantel de docentes. Aún hay personajes de la misión Ivanissevich que fueron cómplices de crímenes ocurridos en esta universidad”, dijo. Citó como ejemplo a Montezanti, “impulsor de la pena de muerte y partícipe de la Triple A”. Un mes después el Senado aprobó su designación como camarista y en octubre de 2004, con efecto retardado, Montezanti se sintió injuriado, querelló a Rodríguez y pidió un resarcimiento de 10.000 pesos más intereses.

Credencial para matar
A Rodríguez no le contaron la historia. El 3 de abril de 1975, en un pasillo de la UNS, fue testigo del asesinato de David Cilleruelo, secretario de la Federación Universitaria del Sur con quien militaba en la Federación Juvenil Comunista. El asesino, Jorge Oscar Argibay, suboficial de la Armada, era el custodio de máxima confianza del flamante rector Remus Tetu, cuya primera medida de gobierno fue contratar bajo el rubro “seguridad y vigilancia” a un ejército de matones sindicales y “ex integrantes de fuerzas armadas y de seguridad” que le proveyó “uno de los servicios de inteligencia”, según admitió ante la justicia en 1980. Cilleruelo acababa de acusar a Tetu durante una asamblea de representar “a la misión Ivanissevich, que no es otra cosa que implantar el imperialismo con el apoyo de la Marina de Guerra, única arma del país que bombardeó a un pueblo indefenso”. Cuando Rodríguez fue a la seccional a denunciar el crimen un sargento intentó disuadirlo. Argibay “tiene credencial de la Federal, arréglenlo con sus propias manos”, sugirió. Pese a que varios testigos reiteraron que vieron a Argibay disparar a quemarropa y huir en el Falcon verde con patente dorada del rectorado, la policía no asentó su apellido en el acta. La Nueva Provincia omitió el dato del auto oficial y la relación del sicario con Tetu, editorialista del diario naval.

Durante 1975, con contratos rubricados por el rectorado, la patota de Tetu tuvo vía libre para matar. Recién el 10 de diciembre Argibay fue detenido por Prefectura de Puerto Quequén, no por orden de la justicia sino herido en un tiroteo en la Junta Nacional de Granos. Un mes depués del golpe el juez federal Guillermo Madueño le tomó declaración en el penal de Olmos. Cuando le informó su derecho a ser defendido Argibay nombró al “doctor Néstor Luis Montezanti”, viejo conocido de Tetu (en agosto de 1973, cuando una asamblea de estudiantes de Humanidades promovió la destitución del profesor Tetu por utilizar textos filonazis, Montezanti lo acompañó al juzgado para exigir la suspención del juicio académico). Pese a los 700 kilómetros recorridos el interrogatorio entró en una carilla. En la causa no consta que Montezanti haya sido notificado ni que haya actuado en defensa de Argibay, quien pese a las abrumadoras evidencias en su contra no estuvo un solo día preso por la muerte de Cilleruelo. En noviembre de 1977, cuando un juez marplantense dispuso liberarlo por el tiroteo en la JNG y consultó a su par bahiense, Madueño respondió que “por ahora no interesa a este juzgado la detención de Argibay” (el secretario del juez federal era el doctor Hugo Sierra, hoy profesor de derecho en la UNS y abogado de Montezanti). En 1980 el juez Jorge Suter pidió su captura, sin éxito: el marino murió prófugo dos años después. Desde el jueves este cronista intentó comunicarse con el señor juez para consultarlo sobre su relación con Argibay, pero no logró ser atendido.

De Beroch a Adalberti
Temido por sus pares, poco apreciado entre sus alumnos pero respetado por las corporaciones de poder locales (es uno de los principales referentes intelectuales del intendente Cristian Breitenstein), Montezanti nunca ocultó su ideología. A principios de los 60 viejos peronistas lo ubican como referente de la Guardia Restauradora Nacionalista, desprendimiento ultracatólico de Tacuara encabezado por el sacerdote Julio Meinvielle que adoptó por lema Dios, Patria y Hogar. En julio de 1965, en pleno brote antisemita de esa organización, el comando regional bahiense respaldado por el platense Néstor Beroch ingresó al domicilio del gerente de Casa Muñiz, durmió a la familia con cloroformo y robó 1.596.000 pesos. Al ser detenido su jefe local Sebastián Avale definió al grupo como “católico nacionalista, anticomunista”, admitió “cierta afinidad con el nacionalsocialismo”, con principios “basados en la doctrina católica” (La Nueva Provincia 13-10-65). Mientras sus compañeros cumplían condenas Beroch se mantuvo prófugo. En 1972, según coincidieron dos abogados y un ex militante de Tacuara, Montezanti solicitó en representación de Beroch la prescripción de la causa. Cuatro años después Beroch colaboraría con los grupos de tareas que secuestraron a los militantes de la UES durante la famosa “Noche de los lápices”.

También en los ’60 –según confirmó su abogado Sierra- pidió la amnistía para los miembros del grupo comando peronista que el 28 de septiembre de 1966, en el denominado Operativo Cóndor, desvió un avión comercial hacia Malvinas, donde antes de ser detenidos cantaron el himno y desplegaron siete banderas argentinas. Comandaba el grupo el entonces joven Dardo Cabo, hijo de un legendario dirigente de la UOM y entonces miembro del Movimiento Nueva Argentina, otro desprendimiento de Tacuara.

Montezanti no sólo dio batalla en tribunales. El 20 de noviembre de 1973, durante un acto por el aniversario del combate de Vuelta de Obligado organizado por la Agrupación de Suboficiales Justicialistas bahienses del que participó la UOM, la Juventud Sindical Peronista y el comando local de la “Juventud Peronista Juan Manuel de Rosas”, tomó la palabra para anunciar que “hoy tendremos que librar nuestra batalla de Obligado, porque si en 1845 la soberanía estaba en peligro, hoy también lo está”. No se refería a ningún enemigo externo.

En 1975 a priori trabajó como abogado de la UOM, profesor de la UNS y de la Universidad Tecnológica Nacional. Sin embargo, un abogado radical que aspira a ser intendente y analiza en este momento costos y beneficios de declarar contra el presidente de la Cámara Federal le aseguró a Rodríguez que en su buffet de abogado Montezanti tiene una nota de agradecimiento del ex general Guillermo Suárez Mason, se ignora a cambio de qué servicio/s. Entre mayo de 1975 y enero de 1976 el célebre Pajarito fue comandante del Cuerpo V bahiense. Bajo su mando actuaron los “grupos antisubversivos” clandestinos, cuyo trabajo sucio la justicia nunca investigó. Según ex militantes católicos que debieron huir de las garras de la AAA ese mismo año Montezanti forjó un fuerte vínculo con el sacerdote Emilio Ogñenovich, entonces vicario general del arzobispado de Bahía Blanca, formador de cursillisas del Cuerpo V y recordado por los familiares de detenidos-desaparecidos locales (al padre de Daniel Gastaldi, recién secuestrado, sin inmutarse le dijo: “a su hijo en este momento lo están haciendo cantar”).

En la elección interna del PJ bahiense de 1983 Montezanti integró la triunfante lista Azul y Blanca que encabezaba Rodolfo Ponce, quien antes de ser delegado regional de la CGT e indiscutida cara visible de la Triple A bahiense había disputado –a comienzos de los años ’70- espacios de poder con la UOM de Albertano Quiroga. Un veterano militante nacionalista local afirma que varios de los matones sindicales de la UOM nutrieron las filas de la Triple A.

En 1987 el general Adel Vilas le propuso hacerse cargo de su defensa. Montezanti declinó la oferta pero le impartió “algunos consejos técnicos profesionales”, según escribió al excusarse en la causa que investiga los crímenes de la dictadura. La Cámara Federal procesó a Vilas por 12 homicidios, 61 privaciones ilegales de la libertad calificadas y 41 casos de torturas. Una década después, cuando la agrupación Hijos bahiense anunció un escrache contra el médico Humberto Adalberti (acusado de asistir a secuestrados en La Escuelita y beneficiado con una declaración de falta de mérito) Montezanti presentó una medida cautelar para impedir la manifestación. Al fracasar demandó a los organizadores por daños y perjuicios, denuncia que la justicia rechazó por razones formales. Entre los dilectos amigos a quienes despidió públicamente se destacan el oficial naval Julio Rodolfo Comadira, jefe de división en la asesoría jurídica de la Armada durante la dictadura, y Martín Gregorio Allica, pluma de La Nueva Provincia denunciada por Madres de Plaza de Mayo como agente del Batallón de Inteligencia 601. Desde la creación de la carrera de derecho en la UNS su mayor logro es haber resistido la formación de una cátedra sobre Derechos Humanos.