Una cita en tribunales para una testigo muy particular

Página/12

La directora del diario de Bahía Blanca La Nueva Provincia, apologista de la última dictadura, fue citada en La Plata en el marco del Juicio por la Verdad. Es por el caso de una detenida -sobrina del abogado de la empresa- por la que intercedió ante Camps.

Por Diego Martínez
A sus 79 años, luego de casi medio siglo como directora del diario La Nueva Provincia y mientras siguen impunes los asesinatos de los obreros gráficos que en los años previos al golpe le paraban la rotativa, Diana Julio de Massot fue citada por primera vez ante la Justicia. Los jueces de la Cámara Federal de La Plata no le preguntarán sobre Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, que hasta la madrugada de sus secuestros trabajaron en su empresa, sino sobre la detenida desaparecida Susana Lebed, médica, militante de la Juventud Peronista y sobrina del abogado del multimedio naval, por quien la viuda de Massot intercedió en 1976 ante los generales Ramón Camps y Edmundo Ojeda, jefes de las policías Bonaerense y Federal. La cita es en los tribunales platenses en el marco del Juicio por la Verdad.

Lebed fue secuestrada en la casa de sus padres, en City Bell, la madrugada del 1º de octubre. “Soy un jefe de familia honorable, cristiano, católico nacionalista. Es un atropello”, reaccionó Aníbal Lebed.

- ¿Son de las fuerzas combinadas? Confío en el Ejército -agregó ingenuo.
- ¿Qué Ejército? Somos policías -le respondieron.

Susana se despertó con una ametralladora en la cabeza. Otra apuntó a su hermana Fátima, de 12 años. “Es una criatura, no pueden”, rogó su madre Nélida Jáuregui. En tres Torino cargaron a Susana y a tres compañeras de estudios con quienes había vivido hasta dos meses antes. La mujer quiso seguirlos pero Aníbal y Fátima la frenaron. Juntos rezaron un Padrenuestro.

Según relató Lebed en el Juicio a las Juntas, “desesperados hablamos a Bahía con mi cuñado, doctor [Néstor] Jáuregui, asesor letrado de La Nueva Provincia, para que interiorizara a la señora Diana Julio, amiga de la familia y vinculada con el gobierno, a efectos de que tratara de hacer lo posible”.

El pedido llegó en un momento particular: septiembre fue especialmente sangriento en Bahía Blanca. En tres enfrentamientos fraguados los militares habían fusilado a ocho personas previamente secuestradas en La Escuelita. El diario no se limitó a publicar los comunicados oficiales con información falsa. En esos días difundió cuatro notas tituladas “¿Qué pasa en Bahía Blanca? Radiografía de la subversión”.

“La señora, con toda decisión tomó el teléfono y habló con el coronel Camps –siguió Lebed–. Le contestó que aún no tenía los listados. Entonces se trasladó a Capital y se entrevistó entre otros con el jefe de la Policía Federal, general Ojeda, que le dijo: ‘Recomiéndele a Lebed que no se mueva porque lo van a chupar a él también y va a perjudicar a su hija. Trabaja en tres hospitales de la guerrilla’.” Católica como Lebed e integrante de la Liga Anticomunista Mundial, hoy la señora podrá detallar sus gestiones tras el diálogo con Ojeda.

El resto de la historia de Lebed se conoce por sus amigas, que declararon en el Juicio por la Verdad. A Mónica Salvarezza y Susana Ceci las encerraron en el baúl de un auto, desde donde escuchaban los gritos de Susana. Al llegar al centro clandestino les advirtieron “de acá no sale nadie”, contó Salvarezza. “Te vamos a dar con la verdulera”, le advirtieron. La desnudaron, la picanearon y la llevaron a otra habitación. “Ahí estaba Susi. No la veo pero la escucho. ‘Mónica me muero. Llamen a un médico porque me muero, se me cortan las manos’, gritaba. Se sentía olor a carne quemada y había un hombre que le hablaba en francés. Ella era profesora de francés. Fue la última vez que la escuché”, relató (paradójicamente Salvarezza es empleada de La Nueva Provincia, célebre por la apología de la verdulera de Vicente Massot, hijo de la señora).

La psicóloga Liliana Polenta, que trabajaba en el mismo hospital de Florencio Varela que Lebed, contó que al llegar al centro clandestino la encandilaron y le mostraron fotos de compañeros de estudios de Susana. Consultada sobre el médico Enrique Oscar Rosón, jefe de Lebed en la guardia de los viernes, recordó que “era más bien fascista” y destacó su “enemistad marcada hacia Susana”, quien “defendía sus ideales, no se callaba, discutía”. Rosón habría admitido en un sumario interno del hospital haber dicho “los mocosos me quieren embromar, los voy a hacer reventar con la SIDE”.

Las tres jóvenes fueron tiradas al costado de una ruta el 10 de octubre. “En media hora sáquense las vendas”, ordenaron los militares. “¿Cómo calculo media hora si me robaron el reloj?”, preguntó Salvarezza. Como respuesta le quebraron el tabique.

Una semana después del secuestro de Lebed, el diario de Diana Julio aseguró que “en la Argentina no hay crímenes como no sean los perpetrados por las bandas marxistas y peronistas; no hay torturas como no sean las del ERP y Montoneros”. Hoy podrá ampliar el porqué de semejante certeza.

Alvarez Canale desde su sillón

Ecodías

Luego de librar una orden de detención contra seis represores que prestaron funciones en el V Cuerpo de Ejército, con asiento en nuestra ciudad, durante la última dictadura militar, el juez federal Alcindo Álvarez Canale brindó una conferencia de prensa para anunciar el arresto en San Rafael, Mendoza, del coronel Osvaldo Bernardino Páez.

Del listado de 76 represores que se investigan por su participación en violaciones a los Derechos Humanos en la causa por los delitos de `Lesa Humanidad´ cometidos bajo el control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército, el Juzgado federal a cargo de Álvarez Canale libró orden de detención de seis.

Además de Páez, los otros cinco militares buscados son coronel Aldo Mario Álvarez, general de brigada Juan Manuel Bayón, coronel Rafael Benjamín Depiano, mayor del Ejército Hugo Jorge Delmé y capitán médico Jorge Streich, de quienes el juez daba a conocer que “todas estas personas son mayores de 70 años. En esta oportunidad ha sido detenido el entonces teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez, actualmente de 76 años de edad, quien se retiró como teniente coronel, y que era oficial del departamento III, es decir Operaciones del Comando V Cuerpo, hasta diciembre de 1976 en que fue trasladado a la ciudad de Buenos Aires”, anunció Álvarez Canale.

Páez fue arrestado por la Policía Federal en San Rafael y su caso quedó en manos del juez federal Raúl Héctor Acosta, conocido mediáticamente por intentar procesar a Isabel Perón en la causa contra la Triple A.

Igualmente, según Canale, Páez “ha de ser remitido a esta ciudad a efectos de que preste la declaración indagatoria pertinente, si él (el juez) así lo cree. Con esto quiero decir que en la declaración indagatoria se puede negar a prestar declaraciones, (pero) no se puede negar al acto de indagatoria (al) que tiene que concurrir así sea por la fuerza”.

“No tengo presentación alguna de las otras órdenes, sí hubo algunas reiteraciones, incluso de tipo internacional. Lo que sí ha habido en el orden de tipo internacional, han pedido en el caso de Corres mayores precisiones para que se reúnan bien los requisitos internacionales para que Interpol puede actuar en consecuencia. Eso ya fue remitido primero a Interpol y por supuesto a la Cancillería argentina donde nosotros tenemos que, obligatoriamente, mandar los pedidos”, explicó el magistrado.

¿Cómo hago para interrogarlos?

“Estamos haciendo una especie de pirámide invertida: mayor jerarquía militar primero, y después vamos bajando porque es imposible material y humanamente tener a los 76 procesados juntos. Si yo los tuviera de esa forma, ¿cómo hago en diez días para interrogarlos?”, se preguntó el juez consultado acerca de los otros 70 militares involucrados en violaciones a los derechos humanos.

A su vez, aclaró que “el plazo va a ser exactamente igual (para todos). Puede haber excepciones por motivos, por supuesto, de enfermedad: alguien que se enferma en la audiencia, como pasaba a veces con Cruciani que aducía tener enfermedad, teníamos que interrumpir la audiencia. Primero, sea quien fuere, vamos a preservar el derecho a su vida y el derecho de salud”.

A esta altura, cabe preguntarse si en la Justicia en general caben tantos reparos y cuidados humanitarios para los llamados “ladrones de gallinas” o “giles” en la jerga popular, como para los represores acusados de crímenes de lesa humanidad.

Un represor prófugo menos

Página/12
DETUVIERON AL JEFE DEL GRUPO DE TAREAS DE EL OLIMPO

Es Enrique José del Pino, alias “Miguel”. Está acusado de 114 casos de secuestros. Fue arrestado en un restaurante.

Por Victoria Ginzberg

Estaba prófugo desde hacía un año y medio, pero ayer almorzó sin esconderse en un restaurante de Palermo. Cuando salía del lugar, fue detenido por personal de Interpol. Enrique José del Pino había sido jefe del grupo de tareas que operaba en los centros clandestinos El Banco y El Olimpo, donde era conocido con el alias de “Miguel”. “Participaba de los operativos de secuestros y de las torturas”, lo recordó Isabel Fernández Blanco, sobreviviente de esos campos.

El juez federal Daniel Rafecas, que investiga las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura en la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, había pedido la captura de Del Pino en septiembre de 2005. El represor estaba imputado del secuestro y torturas de, al menos, 114 víctimas. Su carrera había comenzado en 1975, bajo las órdenes de Antonio Domingo Bussi y Acdel Vilas, en Tucumán. De allí pasó a estar encargado del grupo de tareas de El Banco y El Olimpo. Además, Rafecas sumará a las acusaciones el secuestro y posible homicidio de Lucila Revora, que estaba embarazada de ocho meses, y el asesinato de Carlos Guillermo Fassano.

Los represores de El Olimpo que comandaba Del Pino hicieron un despliegue reservado para casos especiales para entrar a la casa de Revora y Fassano. El operativo del 11 de octubre de 1978 en Floresta duró más de una hora e incluyó bombas y hasta un helicóptero. Es que los militares le habían arrancado a un detenido en la tortura que allí había 150 mil dólares. Según el relato de un ex gendarme, los miembros de la patota se pelearon por el botín al punto tal que algunos de ellos tiraron una granada cuando un oficial de la Policía Federal, uno del Ejército y un oficial del Servicio Penitenciario estaban dentro de la casa. El policía murió y los otros dos resultaron heridos. El militar, que recibió un balazo en un brazo, era Del Pino.

El ex detenido-desaparecido Osvaldo Acosta narró en el Juicio a las Juntas que los represores discutieron fuertemente porque la plata de la casa de Floresta no aparecía. Como Acosta era abogado, le encargaron un sumario. “Me encontré en la particular situación de interrogar a mis secuestradores. Y hasta tenía facultad para dictar el sobreseimiento, lo que tuve que hacer al comprobar que no podía demostrar la existencia del dinero”, afirmó Acosta en 1985.

Del Pino tenía su base de operaciones en el Batallón 601, de Viamonte y Callao. “Cuando nos dieron la libertad vigilada, los teléfonos a los que había que comunicarse eran de allá, donde estaba Del Pino. Y siempre nos citaban en Córdoba y Callao. El era de estatura mediana y tenía un acento cordobés muy marcado. Era joven, es decir, no mucho más grande que nosotros, tendría treinta años”, señaló a Página/12 Fernández Blanco, que tenía 22 años cuando fue secuestrada. Del Pino tiene actualmente 62 años y a partir de ahora quedará alojado en la cárcel de Marcos Paz, junto con el resto de los represores presos en esa causa. “Miguel” o “Colombres” –otro de sus alias– también será interrogado en los próximos días por el juez federal de Bahía Blanca Alcindo Alvarez Canale por el fusilamiento de Mónica Morán. En 1987, Vilas reconoció que “el jefe del operativo era el teniente primero José Enrique del Pino, destinado en el Batallón de Inteligencia 601 y el capitán José Luis Blanquet”.

El militar detenido ayer, luego de una investigación que incluyó escuchas telefónicas, se suma a los quince represores de El Atlético, El Banco y El Olimpo ya procesados por Rafecas. A ellos se sumó además Ricardo Taddei, alias “Cura” o “Padre”, que el 27 de abril pasado se convirtió en el primer represor extraditado desde España luego de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida y la reapertura de las causas sobre el terrorismo de Estado, en las que todavía hay cuarenta y dos prófugos.

Los jerarcas de Bahía Blanca

Página/12

Por Diego Martínez
El juez federal Alcindo Alvarez Canale ordenó el lunes la detención de seis oficiales retirados para indagarlos como autores mediatos de secuestros, torturas, homicidios y desapariciones ocurridos durante la última dictadura, cuando integraban el Estado Mayor del Cuerpo V de Ejército. Se trata de los coroneles Aldo Mario Alvarez, Juan Manuel Bayón, Rafael Benjamín De Piano, Hugo Jorge Delmé, el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez y el mayor Jorge Guillermo Streich. Sus detenciones fueron solicitadas en enero de 2006 por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local e H.i.j.o.s Capital y reiteradas en octubre por los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño.

Alvarez fue jefe del Departamento II Inteligencia. En 1987 y 2000 declaró que desconocía el centro clandestino que funcionaba a 200 metros de su oficina porque se dedicaba a planear la guerra con Chile. Sin embargo, el teniente coronel Julián Oscar Corres, dueño de la picana en La Escuelita y actualmente prófugo, declaró en el Juicio por la Verdad que dependía “del coronel Alvarez, G2 del Cuerpo”.

Bayón y De Piano fueron jefes de Operaciones en 1976 y 1977 respectivamente. Bayón nunca fue citado por su actuación en Bahía Blanca. De Piano firmaba los comunicados sobre enfrentamientos fraguados. Aún integra la comisión directiva del Círculo Militar.

Páez fue jefe de la División Educación, Instrucción y Acción Cívica del Departamento Operaciones, encargada de desfiles y condecoraciones, y presidió en 1976 el autodenominado “Consejo de Guerra Especial” que parodió un juicio a tres secuestrados que el Ejército decidió no asesinar.

El “mayor Delmé” –como lo recuerdan las familias que lo padecieron– era el encargado de negarles información a quienes pedían explicaciones sobre los desaparecidos. Streich fue mencionado por sobrevivientes como uno de los médicos que los revisaba después de la tortura. En 1999 reconoció que concurría a La Escuelita con su arma reglamentaria.

Excepto Streich (San Martín de Los Andes) y Páez (San Rafael, Mendoza) el resto debería ser detenido en la Capital Federal. Si la policía no encuentra a Alvarez en su casa de Virrey del Pino, la segunda opción “que el juez omitió consignar” es en Coronel Encalada 1200 del barrio cerrado Laguna del Sol, Troncos del Talar, partido de Tigre.

Hasta ayer el único detenido por los crímenes en esa zona era el suboficial Santiago Cruciani, trasladado esta semana al penal de Marcos Paz. Continúa prófuga la Laucha Corres. En octubre los fiscales solicitaron 75 detenciones que incluyen militares, policías, penitenciarios y civiles como el ex juez Guillermo Madueño. En seis meses Alvarez Canale apenas citó a nueve.

Con los puntos sobre las AAA

Página/12

Un juicio por calumnias e injurias que inició el presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca permitió que, por primera vez, se acreditara judicialmente la existencia de la Triple A en esa ciudad.

Por Diego Martínez
La Justicia consideró “convincentes y veraces” las declaraciones de cinco testigos que en 1974 vieron al actual presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca y profesor de la Universidad Nacional del Sur, Néstor Luis Montezanti, en medio de un grupo de matones que, a punta de pistola, ocupaban la Universidad Tecnológica Nacional y que –hasta fines de 1975– conformaron la Alianza Anticomunista Argentina bahiense. Así lo consignó el juez correccional José Luis Ares en la causa iniciada por Montezanti contra el ex estudiante de la UNS Alberto Rodríguez, testigo presencial en abril de 1975 del asesinato de su compañero David Cilleruelo en un pasillo de la universidad, quien lo había sindicado como “partícipe” del grupo paramilitar. Ares absolvió a Rodríguez por calumnias pero lo condenó por injurias por calificar al juez de “cómplice de los crímenes en esta universidad” y “hombre de la ‘misión Ivanisevich’”. Luego de conocerse el fallo decenas de vecinos bahienses se solidarizaron con el empleado bancario Rodríguez y organizaron una colecta para juntar los 6500 pesos con los que saldará el daño moral al camarista.

Gracias a la honra lacerada de Montezanti, a las convicciones de Rodríguez –que lejos de amedrentarse ratificó sus dichos– y a la férrea tarea del defensor oficial Jorge Sayago –que apelará el fallo–, la Justicia acreditó por primera vez la existencia de la Triple A de Bahía Blanca, cuyos crímenes permanecen impunes.

También dio por acreditada la existencia de un diploma en el estudio de Montezanti otorgado por una “Liga Anticomunista Argentina”, firmado por el comandante del Cuerpo V en 1975, general Guillermo Suárez Mason, “aunque de ello sólo se pueda extraer, a todo evento, una filiación ideológica” dado que “la Triple A no otorgaba diplomas”.

Aquella tarde de 1974, al enterarse de la toma de la UTN, más de 300 estudiantes de la UNS interrumpieron una asamblea y marcharon en solidaridad. Los testigos contaron que al llegar vieron al grupo armado y, en el medio, a “un hombre de traje y corbata” que resultó ser Montezanti. Pronto supieron que los ocupantes “eran trabajadores de la Junta Nacional de Granos y respondían al sindicalista Rodolfo Ponce”, diputado nacional, delegado de la CGT y cara visible de la AAA. Con el tiempo conocieron algunos nombres: Jorge Argibay, su hijo Pablo, Roberto Sañudo, Raúl Aceituno, Juan Carlos Curzio, Miguel Angel y Héctor Oscar Chisú (Argibay padre y Sañudo murieron. El resto nunca fue citado por la Justicia).

Los siete fueron contratados en 1975 por el rector interventor de la UNS Remus Tetu como “personal de seguridad y vigilancia”. Montezanti “charlaba animadamente con ellos” aunque no portaba armas. Pese al esfuerzo del camarista por desacreditar a quienes consideró “perjuros” y “canallas”, para Ares los testigos fueron “convincentes y veraces”. Si bien un “único y aislado incidente” impide vincular, “en grado de certeza”, al juez con la Triple A, Ares absolvió a Rodríguez del delito de calumnias por considerar que incurrió en un error de tipo que excluye el dolo, es decir que señaló al magistrado como miembro de la Triple A “convencido de buena fe de la real autoría en torno de la comisión de un delito de acción pública”.

Un petiso laburante
Pese a la oposición del defensor Sayago, que objetó la conversión del querellante en testigo y le sugirió declarar en la causa Triple A que instruye Norberto Oyarbide, el juez autorizó a Montezanti a explayarse sobre las acusaciones en su contra y sobre los datos consignados el 9 de abril por Página/12.

Afirmó que desde 1969 fue abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), pero no tuvo “nada que ver con la Triple A ni con patotas”, pues se considera “un inútil redomado” en materia de armas. El secretario de la UOM bahiense Albertano Quiroga era enemigo de Rodolfo Ponce. “No se podían ver ni en figuritas. Nadie podía estar con ambos”, aclaró.

Durante la gestión en la UNS de Remus Tetu (profesor rumano que huyó a la Argentina luego de la Segunda Guerra Mundial, en la que formó parte del gobierno colaboracionista de la ocupación nazi, y que heredó al grupo de choque de Ponce) se consideraba “el último orejón del tarro, un petiso que laburaba”, a pesar de lo cual en 1975 le ofrecieron ser juez federal de Bahía Blanca.

“Deploro no haberme hecho cargo del juzgado porque el asesinato de Cilleruelo me hubiera tocado a mí”, lamentó, mientras su abogado Hugo Sierra –secretario del juzgado que tuvo una intervención simbólica en la causa– parpadeaba nervioso. Cilleruelo fue asesinado por el jefe de custodios de Tetu, suboficial de la Armada Jorge Argibay, y pese a las pruebas abrumadoras en su contra no estuvo un solo día preso por ese crimen.

Montezanti aclaró que no formuló ninguna presentación en favor del militante de Tacuara Néstor Beroch –tal como consignó este cronista– y explicó su fugaz relación con el general Adel Vilas, comandante del Cuerpo V en 1976. “En los primeros días del Proceso” el frío de un FAL entre sus piernas le interrumpió la siesta. “Eran tres milicos. Reventaron mi casa por algo que le adjudicaban a Quiroga. Indignado fui al correo y le escribí una carta documento a Vilas. Me llamó, me invitó a tomar un café, se disculpó y me pidió una tarjeta. Por eso me pidió que lo defendiera, cargo que extrañísimamente decliné.” El pedido de Vilas fue en 1987, es decir que conservó la tarjeta durante once años.

Sobre el médico acusado de asistir a secuestrados en La Escuelita, Humberto Adalberti tiene “el peor de los conceptos: ni honorarios me pagó”. Tomó su caso porque repudia los escraches, símbolos de “barbarie, salvajismo y primitivismo”. Pese a que vivió el juicio que impulsó como “un proceso de la Santa Inquisición” celebró haber tenido “mi día ante el tribunal”. “Ni nazi ni facho: demócrata convencido”, concluyó. Ares le creyó “pues las personas evolucionan y maduran”.

Cuando Rodríguez afirmó que en sus clases Montezanti adjudicaba la muerte de Cilleruelo a “un arreglo de cuentas en su organización”, este cronista –a un metro y medio del querellante– lo escuchó decir “hijo de mil puta” y vio su rostro desencajado. Un día antes había llamado “patoteros baratos” a quienes presenciaban la audiencia, incluidas dos Madres de Plaza de Mayo. “¿Quién se anima a colgar un cuadro firmado por Suárez Mason?”, preguntó Rodríguez. “No fue un filósofo, fue un criminal que repudian las propias Fuerzas Armadas”, explicó. El imputado agradeció a Montezanti la querella porque “gane o pierda pude decir toda la verdad”, leyó el listado de víctimas de la Triple A que “hoy vivirían felices” y se declaró orgulloso “porque no renuncio a mi pasado”. La sala lo aplaudió de pie.

- ¿Por qué en virtud del momento (en 2002 era candidato a camarista) no se dirigió al Senado o al Consejo de la Magistratura? -preguntó Montezanti.
- Por ignorante -se sinceró Rodríguez-. Así me lo explicó un abogado. Esto debió tratarse en el poder público.