Página/12
En la mayor base naval del país funcionó un centro clandestino. Treinta años después, mientras en Bahía Blanca y Punta Alta se ignora su historia, Página/12 publica por primera vez el testimonio de una sobreviviente.
Por Diego Martínez
Puerto Belgrano, anochecer del 24 de diciembre de 1976. Los guardias del centro clandestino deciden celebrar Navidad con un grupo de secuestradas. Son unos quince marinos. Hay vino abundante y vitel thonné de entrada. De fondo suena un tocadiscos a todo volumen. Las cautivas se sientan a la mesa con vendas en los ojos y grilletes en los talones. Por caridad cristiana les quitan las esposas. A medianoche los represores escuchan los petardos de Punta Alta, descorchan sidra y las obligan a bailar. Mujeres cautivas, con vendas y cadenas, obligadas a danzar con sus verdugos, soldados de la Armada Argentina que no ocultan sus carcajadas por la dificultad de sus víctimas para moverse en ese infierno. La tortura psicológica complementa a la física. Sólo dos mujeres sobrevivieron para contarlo y una murió tiempo después. La otra confiesa: “Cada Navidad me quiero morir”. Y por primera vez en treinta años acepta hacer público su testimonio.
Puerto Belgrano, a 30 kilómetros de Bahía Blanca, es el mayor asentamiento naval del país. Cuna de los conspiradores que bombardearon Plaza de Mayo en 1955, símbolo de persecución ideológica durante el último medio siglo, no parece casual que su historia permanezca inédita. A diferencia de otros emblemas del terrorismo de Estado como la ESMA (reinaugurada en Puerto Belgrano el mes pasado, ahora como E.S.A., Escuela de Suboficiales de la Armada) o la base de Mar del Plata, sobre los cuales existen infinidad de testimonios y represores identificados, nunca hasta hoy trascendió el relato de un sobreviviente de Puerto Belgrano. Tampoco la justicia parece cercana. Pese a la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y tras una presentación de H.I.J.O.S. Capital como querellante, el juez federal Alcindo Alvarez Canale se excusó por su parentesco con un marino investigado y el conjuez Francisco Gros, elegido por el primero sin el sorteo que exige el Consejo de la Magistratura, lleva dos meses sin resolver un pedido de recusación en su contra.
En el pago chico apenas se sabe que en los días posteriores al golpe varios dirigentes peronistas fueron interrogados en el buque “9 de Julio”. Nada se conoce sobre otro barco, desmantelado, copado por ratas pero custodiado por marinos, que durante meses alojó a cautivos trasladados desde la ESMA y Mar del Plata. Mucho menos sobre el centro clandestino que funcionó en la séptima casamata (bóveda donde se guarda material bélico) de Baterías, la vecina base de los infantes de marina. Allí transcurre esta historia.
La foto de Evita
Martha Mantovani fue secuestrada en noviembre de 1976, en pleno centro bahiense, por una patota de marinos que ocultaron sus rostros con los cancanes de sus esposas. “Había caminado media cuadra desde la librería donde trabajaba cuando sentí un culatazo en la cabeza. Iba con mi hija y un muchacho, que quedaron paralizados. Me tiraron en el piso de un Falcon negro, me cubrieron con una manta y me pisotearon con borceguíes”, recuerda. Además de terror sintió risotadas y una botella de whisky que pasaba de mano en mano. Luego, capucha y media hora de viaje.
Al llegar a destino percibió un declive, una especie de cochera subterránea. “Me desnudaron y me llevaron a un corredor largo. Antes de sacarme la capucha encendieron una luz potente. Me hicieron abrir los ojos y entonces vi sobre una pared el escudo peronista, la foto de Evita y graffitis del ERP y Montoneros. Después volvieron a encapucharme, me colgaron con grilletes de los pies, cabeza abajo, y en esa posición me interrogaron durante tres horas.”
Al día siguiente reconoció la voz aterrada de Diana Diez, su compañera de trabajo en ENTEL y colaboradora de Cáritas, la otra sobreviviente de aquella Navidad. Ambas habían integrado un grupo de empleados que el año anterior había desplazado al histórico secretario de la FOETRA local. “Diana lloraba y rezaba todo el tiempo, le decían ‘la virgen’. Murió poco después de salir y declarar ante la Justicia.”
Desde el comienzo Martha supo que estaba en la base naval. “Por debajo de la venda pude ver las anclitas del escudo de la Marina de Guerra en los platos de lata, en los vasos, en los grilletes. También me dieron una ‘aspirina naval’, según leí en el sobre.” Reafirmaban su certeza las salidas al patio arbolado donde cada día se ensayaban simulacros de fusilamiento, o bien hacían parar a los secuestrados al sol hasta desvanecerse. “Era un espacio amplio, de arena gruesa, cascotitos y conchillas. Sentíamos el olor de los eucaliptos y el ruido de las hojas. Por el chillar de las gaviotas sabía que estábamos al lado del mar. Se sentía ruido de aviones, helicópteros y camiones. Pasaba un tren por la mañana y otro por la tarde.”
El edificio, dedujo pese a la capucha, tenía al menos tres niveles. “En el primero había un corredor largo. Al costado, boxes de paredes bajas, precarias, intuyo que levantadas sólo para separar a los secuestrados. Había una enfermería y, al costado de la galería, el baño químico con la ducha, una gran caja metálica que traían con un tractor. En el segundo se realizaban los interrogatorios y en el tercero se torturaba. A esa sala, donde aplicaban submarino y picana sobre un elástico de flejes, se llegaba por una escalera externa”, recuerda.
Misericordia dominical
A los caracteres comunes a la mayor parte de los centros clandestinos (secuestrados tirados en el piso, con esposas, grilletes y vendas), los represores de Baterías agregaron sus toques de distinción. Por ejemplo, la misericordia dominical: en la base de los infantes de Marina se torturaba todos los días excepto los domingos, tal vez por ser el día que la feligresía católica reserva para la misa.
Los distinguía también el esmero en confundir a los cautivos para que perdieran la noción del día, la noche y el paso del tiempo: “Al rato de dormirnos gritaban ‘a levantarse, es la mañana’. Después se reían, volvíamos a dormirnos y otra vez lo mismo. Pasaron treinta años y todavía no puedo dormir tres horas seguidas”.
Los guardias se intercambiaban los apodos para no ser reconocidos. Entre los interrogadores sobresalían Legui y Rubio, alias que ¿sólo en la ESMA? usaba Alfredo Astiz. Junto con Cacho (oficial culto con olor mezcla de perfume y tabaco fino), ambos tenían autoridad sobre el resto. Entre los torturadores se destacaban el Turco y Leona. “Los guardias eran unos quince y estaban siempre borrachos. Usaban alias como Jaime, Negro, Tierno, Laucha, García, Tornillo, Jimmy, Viejo, Pájaro y Carlitos. También iba un enfermero a limpiarnos las úlceras en los tobillos y a ponernos gotas en los ojos.”
Otra peculiaridad de Baterías fue que la música no se usaba para silenciar las torturas sino para amplificarlas. “Transmitían los gritos de los torturados por los mismos parlantes del tocadiscos, para que todos escucháramos.” La música día y noche fue una constante hasta el último día de cautiverio. “Recuerdo a los Quilapayún, a los hermanos Parra y un tema de Nino Bravo llamado ‘Libre’.” Esos discos eran parte del botín de guerra robado en la casa de Cora María Pioli, secuestrada días después de recibirse de profesora en Letras en la Universidad del Sur, aún desaparecida.
La tortura psicológica en manos de la Armada no tuvo límites, incluso con aquellos enemigos a quienes resolvieron dejar con vida. “Una mañana lluviosa que nunca voy a olvidar, un guardia leyó en voz alta los avisos fúnebres del diario y entre los fallecidos incluyó a mi padre. Nombró a toda mi familia, sabía los nombres. Cuando salí comprendí que era pura saña: mi padre estaba vivo.”
DEL BOMBARDEO DEL ’55 AL ESPIONAJE EN DEMOCRACIA
Una base con mucha historia
Por D. M.
En 1955 fue epicentro de la planificación y ejecución del bombardeo sobre Plaza de Mayo. Aportó ideólogos, pilotos, infantes de marina, aviones y bombas. Desde la vecina base aeronaval Comandante Espora despegaron tres Catalinas con la leyenda Cristo Vence en sus alas. Después del 16 de junio se improvisaron en sus talleres nuevas espoletas (Perón había ordenado conservar las existentes en la base de Zárate, que controlaba) por si en septiembre era necesario volver a bombardear la Casa Rosada.
Desde principios de los ’70 se ensayaron en sus entrañas secuestros breves con tormentos incluidos. Tampoco escatimaron picana cuando dudaron sobre la lealtad de algún miembro de la propia tropa.
En los primeros meses de 1975, cebados por el diario La Nueva Provincia y agazapados tras las figuras del integrista rumano Remus Tetu y del sindicalista Rodolfo Ponce, provocaron el desbande de profesores y alumnos de la Universidad Nacional del Sur y de un grupo de sacerdotes que se había convertido en referente de cientos de jóvenes militantes. Esos mismos jóvenes, en su mayoría cristianos que trabajaban en villas miseria de Bahía Blanca, fueron durante la dictadura su principal presa de caza.
En los días previos al golpe el contraalmirante Luis María Mendía eligió su sala de cine para informar a la oficialidad que se avecinaba una guerra sin uniformes, con torturas cotidianas y eliminación física de personas, que serían dopadas y arrojadas al mar desde aviones navales para preservar “la ideología occidental y cristiana”.
Ya en democracia, mientras la sociedad exigía justicia, cientos de camaradas se trasladaron hasta Espora para recibir con honores, de madrugada, a sus héroes de guerra Astiz, Donda, Pernías & Capdevilla.
En cada una de sus cruzadas contaron con el apoyo incondicional de sus capellanes castrenses y del diario de Diana Julio y su hijo Vicente Massot, nostálgicos de la capucha que en un acto militante sin precedentes en la historia del periodismo argentino llegaron a publicar en tapa un “informe oficial de la Armada” con datos obtenidos a fuerza de picana en la mazmorra de la ESMA.
Hasta hace al menos dos meses, cuando el cabo Carlos Alegre tuvo el coraje de acercarse a un organismo de derechos humanos para denunciar el espionaje ilegal en los destacamentos de inteligencia navales, en Puerto Belgrano se seguían almacenando día a día informes sobre los “factores internos”, es decir el trabajo cotidiano de partidos políticos, periodistas y organizaciones sociales de todo el país.
domingo, 25 de junio de 2006
sábado, 1 de abril de 2006
Plaza "4 de Septiembre"
Ecodías
El Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó por unanimidad una ordenanza que bautizará una plaza de la ciudad con la fecha de uno de los fusilamientos del Cuerpo V de Ejército. La propuesta fue presentada por la hermana de una de las víctimas. Aquí la historia real detrás de la falacia militar encubierta por La Nueva Provincia y los jueces de la dictadura.
Por Diego Martínez
El 4 de septiembre de 1976 el Cuerpo V de Ejército informó que “por la población” había tomado conocimiento de una “reunión de delincuentes subversivos”. Cuando fueron a detenerlos “se generó un tiroteo durante el cual fueron abatidos”. Según el comunicado, firmado por el coronel Rafael Benjamín De Piano y publicitado por La Nueva Provincia (6-9-76), el operativo se desarrolló en una casa de Catriel 321 y concluyó con “cuatro abatidos”, dos identificados por sus documentos (Pablo Fornazari y Juan Carlos Castillo), más un hombre y una mujer desconocidos. En la supuesta casa de guerrilleros habrían encontrado un fusil, una escopeta, dos pistolas automáticas, un revólver y diez granadas. A pesar de contar con semejante arsenal, ningún militar había sufrido un rasguño.
Como muestra del óptimo trabajo de inteligencia previo detallaron el prontuario de los delincuentes y La Nueva Provincia publicó las fotos de Castillo y Fornazari suministradas por los verdugos. Como era costumbre, el mayor Juan Mario Bruzzone informó desde el Comando de Operaciones Tácticas a la Policía Federal para que se ocuparan de entregar los cadáveres y dieran intervención al juez federal Guillermo Federico Madueño.
Madueño inició la causa por “atentado y resistencia a la autoridad y muerte” y ordenó identificar los dos cadáveres. A la semana, la división Dactiloscopía y Rastros de la policía bonaerense aconsejó seccionar las manos “por no contar con los medios idóneos”. El juez dio luz verde y días después la Policía Federal le informó que el hombre se llamaba Manuel Tarchitzky pero que “el femenino no se pudo identificar”. Cuando trascendió la identificación de Tarchitzky, el padre de Zulma Matzkin intuyó que esa mujer era su hija y lo confirmó en la morgue. Manuel y Zulma eran amigos: juntos enseñaban a leer en los barrios Maldonado y Villa Nocito.
Fiel a su tradición, La Nueva Provincia publicó la falacia militar y ocultó la historia real, probada ante la justicia de Bahía Blanca en 1987, cuando la Cámara Federal identificó y procesó a varios de los asesinos, y reconstruida con mayor detalle durante los Juicios por la Verdad de 1999.
Castillo y Fornazari, militantes de la organización Montoneros, habían sido detenidos tres meses antes del falso enfrentamiento en la ruta 22, a la altura de Médanos, en una camioneta Fiat 125 Multicarga que luego usaría quien manejaba la picana eléctrica en La Escuelita, el teniente coronel Julián Oscar Corres, alias Laucha. Un día después los militares desvalijaron el negocio de repuestos de Castillo (Presión Sur, en San Martín 792) y secuestraron a su socio Héctor Rubén Sampini, quien continúa desaparecido. Antes de ser trasladado a la mesa de torturas de La Escuelita, Fornazari escribió una carta para sus padres en la cual les informó que había sido detenido por “el capitán Otero”, a quien había conocido durante el servicio militar, y que estaba en el Batallón de Comunicaciones 181 “en averiguación de antecedentes”. A Zulma Matzkin se la llevaron de la oficina donde trabajaba el 19 de julio al mediodía. Y Tarchitzky, físico nuclear egresado del Instituto Balseiro, fue secuestrado dos días después mientras dormía en la casa de su tío. Por el origen de su apellido su familia fue obligada a abandonar Bahía Blanca en 48 horas.
Antes de ser asesinados, los cuatro jóvenes padecieron su cautiverio en La Escuelita, el campo de concentración del Ejército a metros del camino La Carrindanga. Según la sobreviviente Alicia Partnoy, luego del secuestro Castillo y Fornazari “permanecieron durante horas con los ojos vendados, parados desnudos a la intemperie y rodeados de perros que no les permitían moverse”. Ya en La Escuelita “fueron torturados salvajemente”. En el caso de Castillo “después de ser torturado con picana eléctrica y estando sumamente débil era obligado a permanecer de pie, atado de los testículos a la reja de una de las ventanas de la habitación”.
Los hombres y mujeres que simularon ocupar cargos judiciales durante la dictadura también colaboraron con los sicarios. En octubre de 1976 la entonces fiscal María del Carmen Valdunciel de Moroni dictaminó a favor de sobreseer la causa y cinco días después el juez Madueño y su secretaria Gloria Girotti la cerraron y archivaron sin oír a los verdugos ni cuestionar la versión oficial. Durante décadas Madueño logró reciclarse en el aparato judicial. Cuando la prensa publicó la historia de su complicidad con el terrorismo de Estado en Bahía Blanca (ver Página/12 del 17-10-04, 29-05-05 y 30-05-05) el entonces juez del Tribunal Oral Federal 5 presentó su renuncia (Página/12, 02-07-05). Valdunciel de Moroni también logró reciclarse y aún actúa como defensora oficial ante la Cámara Federal de Bahía Blanca.
El homenaje de Susana Matzkin / recuadro
Fue necesario un cuarto de siglo para que Susana Matzkin lograra superar el terror internalizado en la sociedad bahiense desde la última dictadura y pudiera acercarse al lugar donde fue asesinada su hermana Zulma. “Desde entonces imaginé y soñé con ver allí una plaza con el nombre de los cuatro jóvenes fusilados”, recuerda.
El año pasado, como vecina de la ciudad y hermana de una víctima del terrorismo de Estado, presentó la propuesta al Concejo Deliberante. Su texto terminaba con la frase “yo buscaba la vida, nada más que la vida, pero me la han robado”. Esta semana y por unanimidad ese cuerpo legislativo aceptó construir y bautizar la plaza con la fecha del fusilamiento, hasta hoy conocido como “la masacre de calle Catriel”.
Susana Matzkin también contó a EcoDias que el artista bahiense Esteban González levantará una escultura alegórica con la figura de tres varones y una mujer que se emplazará alrededor de cuatro árboles y recordó que “en los 70 existía allí una villa miseria llamada barrio Palihue Chico, a la que se ingresaba por una calle de tierra, justamente Catriel, que no tenía salida porque terminaba en el arroyo. Años después esos vecinos fueron trasladados al barrio 18 de Agosto, se limpió el terreno y desde entonces un cartel indica ‘espacio para plaza’”. En pocos meses el baldío que fue testigo de la masacre será un espacio para la memoria y se llamará “4 de Septiembre”.
El Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó por unanimidad una ordenanza que bautizará una plaza de la ciudad con la fecha de uno de los fusilamientos del Cuerpo V de Ejército. La propuesta fue presentada por la hermana de una de las víctimas. Aquí la historia real detrás de la falacia militar encubierta por La Nueva Provincia y los jueces de la dictadura.
Por Diego Martínez
El 4 de septiembre de 1976 el Cuerpo V de Ejército informó que “por la población” había tomado conocimiento de una “reunión de delincuentes subversivos”. Cuando fueron a detenerlos “se generó un tiroteo durante el cual fueron abatidos”. Según el comunicado, firmado por el coronel Rafael Benjamín De Piano y publicitado por La Nueva Provincia (6-9-76), el operativo se desarrolló en una casa de Catriel 321 y concluyó con “cuatro abatidos”, dos identificados por sus documentos (Pablo Fornazari y Juan Carlos Castillo), más un hombre y una mujer desconocidos. En la supuesta casa de guerrilleros habrían encontrado un fusil, una escopeta, dos pistolas automáticas, un revólver y diez granadas. A pesar de contar con semejante arsenal, ningún militar había sufrido un rasguño.
Como muestra del óptimo trabajo de inteligencia previo detallaron el prontuario de los delincuentes y La Nueva Provincia publicó las fotos de Castillo y Fornazari suministradas por los verdugos. Como era costumbre, el mayor Juan Mario Bruzzone informó desde el Comando de Operaciones Tácticas a la Policía Federal para que se ocuparan de entregar los cadáveres y dieran intervención al juez federal Guillermo Federico Madueño.
Madueño inició la causa por “atentado y resistencia a la autoridad y muerte” y ordenó identificar los dos cadáveres. A la semana, la división Dactiloscopía y Rastros de la policía bonaerense aconsejó seccionar las manos “por no contar con los medios idóneos”. El juez dio luz verde y días después la Policía Federal le informó que el hombre se llamaba Manuel Tarchitzky pero que “el femenino no se pudo identificar”. Cuando trascendió la identificación de Tarchitzky, el padre de Zulma Matzkin intuyó que esa mujer era su hija y lo confirmó en la morgue. Manuel y Zulma eran amigos: juntos enseñaban a leer en los barrios Maldonado y Villa Nocito.
Fiel a su tradición, La Nueva Provincia publicó la falacia militar y ocultó la historia real, probada ante la justicia de Bahía Blanca en 1987, cuando la Cámara Federal identificó y procesó a varios de los asesinos, y reconstruida con mayor detalle durante los Juicios por la Verdad de 1999.
Castillo y Fornazari, militantes de la organización Montoneros, habían sido detenidos tres meses antes del falso enfrentamiento en la ruta 22, a la altura de Médanos, en una camioneta Fiat 125 Multicarga que luego usaría quien manejaba la picana eléctrica en La Escuelita, el teniente coronel Julián Oscar Corres, alias Laucha. Un día después los militares desvalijaron el negocio de repuestos de Castillo (Presión Sur, en San Martín 792) y secuestraron a su socio Héctor Rubén Sampini, quien continúa desaparecido. Antes de ser trasladado a la mesa de torturas de La Escuelita, Fornazari escribió una carta para sus padres en la cual les informó que había sido detenido por “el capitán Otero”, a quien había conocido durante el servicio militar, y que estaba en el Batallón de Comunicaciones 181 “en averiguación de antecedentes”. A Zulma Matzkin se la llevaron de la oficina donde trabajaba el 19 de julio al mediodía. Y Tarchitzky, físico nuclear egresado del Instituto Balseiro, fue secuestrado dos días después mientras dormía en la casa de su tío. Por el origen de su apellido su familia fue obligada a abandonar Bahía Blanca en 48 horas.
Antes de ser asesinados, los cuatro jóvenes padecieron su cautiverio en La Escuelita, el campo de concentración del Ejército a metros del camino La Carrindanga. Según la sobreviviente Alicia Partnoy, luego del secuestro Castillo y Fornazari “permanecieron durante horas con los ojos vendados, parados desnudos a la intemperie y rodeados de perros que no les permitían moverse”. Ya en La Escuelita “fueron torturados salvajemente”. En el caso de Castillo “después de ser torturado con picana eléctrica y estando sumamente débil era obligado a permanecer de pie, atado de los testículos a la reja de una de las ventanas de la habitación”.
Los hombres y mujeres que simularon ocupar cargos judiciales durante la dictadura también colaboraron con los sicarios. En octubre de 1976 la entonces fiscal María del Carmen Valdunciel de Moroni dictaminó a favor de sobreseer la causa y cinco días después el juez Madueño y su secretaria Gloria Girotti la cerraron y archivaron sin oír a los verdugos ni cuestionar la versión oficial. Durante décadas Madueño logró reciclarse en el aparato judicial. Cuando la prensa publicó la historia de su complicidad con el terrorismo de Estado en Bahía Blanca (ver Página/12 del 17-10-04, 29-05-05 y 30-05-05) el entonces juez del Tribunal Oral Federal 5 presentó su renuncia (Página/12, 02-07-05). Valdunciel de Moroni también logró reciclarse y aún actúa como defensora oficial ante la Cámara Federal de Bahía Blanca.
El homenaje de Susana Matzkin / recuadro
Fue necesario un cuarto de siglo para que Susana Matzkin lograra superar el terror internalizado en la sociedad bahiense desde la última dictadura y pudiera acercarse al lugar donde fue asesinada su hermana Zulma. “Desde entonces imaginé y soñé con ver allí una plaza con el nombre de los cuatro jóvenes fusilados”, recuerda.
El año pasado, como vecina de la ciudad y hermana de una víctima del terrorismo de Estado, presentó la propuesta al Concejo Deliberante. Su texto terminaba con la frase “yo buscaba la vida, nada más que la vida, pero me la han robado”. Esta semana y por unanimidad ese cuerpo legislativo aceptó construir y bautizar la plaza con la fecha del fusilamiento, hasta hoy conocido como “la masacre de calle Catriel”.
Susana Matzkin también contó a EcoDias que el artista bahiense Esteban González levantará una escultura alegórica con la figura de tres varones y una mujer que se emplazará alrededor de cuatro árboles y recordó que “en los 70 existía allí una villa miseria llamada barrio Palihue Chico, a la que se ingresaba por una calle de tierra, justamente Catriel, que no tenía salida porque terminaba en el arroyo. Años después esos vecinos fueron trasladados al barrio 18 de Agosto, se limpió el terreno y desde entonces un cartel indica ‘espacio para plaza’”. En pocos meses el baldío que fue testigo de la masacre será un espacio para la memoria y se llamará “4 de Septiembre”.
viernes, 31 de marzo de 2006
"Aunque me llamen genocida"
Página/12
Por Diego Martínez
Un ex marino “orgulloso” de haber sido funcionario de la última dictadura “aunque nos llamen genocidas” pretende dirigir la principal biblioteca popular de Bahía Blanca, que hoy renueva sus autoridades. Para optimizar sus chances le propuso integrar su lista a un ex preso político del tristemente célebre juicio por “infiltración ideológica marxista” contra los profesores de la Universidad Nacional del Sur. “A nuestra lista le vendría muy bien tener un izquierdista notorio para que no nos acusen de fascistas”, se sinceró.
Orlando Enrique Bolognani es capitán de navío retirado, tiene 71 años y mucho tiempo ocioso, que ostenta como principal capital “para sacar a flote” a la biblioteca Bernardino Rivadavia. Una semana después del golpe de Estado, “la toma del poder” en sus palabras, fue designado interventor de la Asociación Obrera Textil “para regularizar anomalías que se observan en el movimiento sindical argentino”. El abogado de la AOL hasta la intervención fue el doctor Norberto Centeno, secuestrado el 6 de julio de 1977 en el operativo conocido como La Noche de las Corbatas, visto en el centro de detención La Cueva (Base Aérea de Mar del Plata) y cuyo cadáver torturado apareció días más tarde.
Dos días después de su nombramiento Bolognani nombró como tesorero al capitán de corbeta y miembro del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, Jorge Radice, actualmente procesado, en prisión preventiva y embargado por el juez federal Sergio Torres por los delitos de robo y extorsión contra el ex detenido desaparecido Conrado Gómez. Según el relato del secretario del obispado castrense Emilio Grasselli a la hermana de Gómez, el contador “vivió mientras tuvo bienes para negociar, después lo trasladaron”, en referencia a los vuelos de la muerte. Ante la justicia la mujer relató que uno de los cheques arrancados bajo extorsión durante el cautiverio de su hermano estaba firmado “a la orden de la Asociación Obrera Textil, endosado a favor de José Héctor Ríos”, alias utilizado por Radice en las operaciones inmobiliarias de los marinos. El cheque fue rechazado y nunca llegó a la cuenta del gremio intervenido por Bolognani sólo porque la cifra que los marinos pretendían cobrar era superior a la depositada.
Tres décadas después de la dictadura que más libros robó y quemó en la historia argentina, el ex marino intenta reciclarse en la biblioteca local. Dos años atrás su lista fue impugnada por no reunir los requisitos legales. El año pasado fracasó: obtuvo apenas un 18 por ciento de los votos. Para mejorar sus posibilidades consiguió domicilios y mails de los socios, a quienes en varios casos dirigió cartas personales. Una de ellas la recibió por correo postal el sociólogo e historiador Victorio Schillizzi, cesanteado en 1975 por el interventor integrista de la UNS y cara visible de la Triple A bahiense, el rumano Remus Tetu, y preso durante un año y medio por un simulacro de juicio promovido por las Fuerzas Armadas y el diario naval La Nueva Provincia contra “los responsables de la infiltración marxista en los claustros”.
“Con o sin derechos humanos”, ironizó Bolognani, “la biblioteca anda muy mal, nosotros podemos arreglarla y usted puede contribuir”. Le propuso no hacerse eco “de las calumnias que andan circulando, que soy un genocida”, le aclaró que en su lista “Amigos de la Biblioteca” son “todos civiles excepto yo” (además de su esposa Ana Marría Collina lo acompañan Juan Manuel Valea, Ricardo Castro, Alejandro Videgaray, Maricel Albertino, Jorgelina Figini, Marcos Moral, Viviana Sgavetti y Pablo De Biestégui) y le propuso integrarla “para que no nos acusen de fascistas”.
Consultado por Página/12, Schillizzi consideró que “es una afrenta personal que no merezco, una ostensible provocación, sobre todo en estos días”, en referencia a los actos por los 30 años del golpe, que culminaron el miércoles cuando el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel recorrió el terreno del Cuerpo V donde funcionó el centro de detención La Escuelita, fue distinguido por la UNS con un doctorado honoris causa y por el Concejo Deliberante local con un nombramiento unánime como “Huésped de Honor”, noticias que fiel a su tradición el diario La Nueva Provincia ocultó a sus lectores.
Por Diego Martínez
Un ex marino “orgulloso” de haber sido funcionario de la última dictadura “aunque nos llamen genocidas” pretende dirigir la principal biblioteca popular de Bahía Blanca, que hoy renueva sus autoridades. Para optimizar sus chances le propuso integrar su lista a un ex preso político del tristemente célebre juicio por “infiltración ideológica marxista” contra los profesores de la Universidad Nacional del Sur. “A nuestra lista le vendría muy bien tener un izquierdista notorio para que no nos acusen de fascistas”, se sinceró.
Orlando Enrique Bolognani es capitán de navío retirado, tiene 71 años y mucho tiempo ocioso, que ostenta como principal capital “para sacar a flote” a la biblioteca Bernardino Rivadavia. Una semana después del golpe de Estado, “la toma del poder” en sus palabras, fue designado interventor de la Asociación Obrera Textil “para regularizar anomalías que se observan en el movimiento sindical argentino”. El abogado de la AOL hasta la intervención fue el doctor Norberto Centeno, secuestrado el 6 de julio de 1977 en el operativo conocido como La Noche de las Corbatas, visto en el centro de detención La Cueva (Base Aérea de Mar del Plata) y cuyo cadáver torturado apareció días más tarde.
Dos días después de su nombramiento Bolognani nombró como tesorero al capitán de corbeta y miembro del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, Jorge Radice, actualmente procesado, en prisión preventiva y embargado por el juez federal Sergio Torres por los delitos de robo y extorsión contra el ex detenido desaparecido Conrado Gómez. Según el relato del secretario del obispado castrense Emilio Grasselli a la hermana de Gómez, el contador “vivió mientras tuvo bienes para negociar, después lo trasladaron”, en referencia a los vuelos de la muerte. Ante la justicia la mujer relató que uno de los cheques arrancados bajo extorsión durante el cautiverio de su hermano estaba firmado “a la orden de la Asociación Obrera Textil, endosado a favor de José Héctor Ríos”, alias utilizado por Radice en las operaciones inmobiliarias de los marinos. El cheque fue rechazado y nunca llegó a la cuenta del gremio intervenido por Bolognani sólo porque la cifra que los marinos pretendían cobrar era superior a la depositada.
Tres décadas después de la dictadura que más libros robó y quemó en la historia argentina, el ex marino intenta reciclarse en la biblioteca local. Dos años atrás su lista fue impugnada por no reunir los requisitos legales. El año pasado fracasó: obtuvo apenas un 18 por ciento de los votos. Para mejorar sus posibilidades consiguió domicilios y mails de los socios, a quienes en varios casos dirigió cartas personales. Una de ellas la recibió por correo postal el sociólogo e historiador Victorio Schillizzi, cesanteado en 1975 por el interventor integrista de la UNS y cara visible de la Triple A bahiense, el rumano Remus Tetu, y preso durante un año y medio por un simulacro de juicio promovido por las Fuerzas Armadas y el diario naval La Nueva Provincia contra “los responsables de la infiltración marxista en los claustros”.
“Con o sin derechos humanos”, ironizó Bolognani, “la biblioteca anda muy mal, nosotros podemos arreglarla y usted puede contribuir”. Le propuso no hacerse eco “de las calumnias que andan circulando, que soy un genocida”, le aclaró que en su lista “Amigos de la Biblioteca” son “todos civiles excepto yo” (además de su esposa Ana Marría Collina lo acompañan Juan Manuel Valea, Ricardo Castro, Alejandro Videgaray, Maricel Albertino, Jorgelina Figini, Marcos Moral, Viviana Sgavetti y Pablo De Biestégui) y le propuso integrarla “para que no nos acusen de fascistas”.
Consultado por Página/12, Schillizzi consideró que “es una afrenta personal que no merezco, una ostensible provocación, sobre todo en estos días”, en referencia a los actos por los 30 años del golpe, que culminaron el miércoles cuando el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel recorrió el terreno del Cuerpo V donde funcionó el centro de detención La Escuelita, fue distinguido por la UNS con un doctorado honoris causa y por el Concejo Deliberante local con un nombramiento unánime como “Huésped de Honor”, noticias que fiel a su tradición el diario La Nueva Provincia ocultó a sus lectores.
sábado, 25 de marzo de 2006
La página más negra de La Nueva Provincia
Ecodías
A 30 años del comienzo del genocidio argentino, EcoDias publica por primera vez la historia del secuestro y asesinato de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados de los obreros gráficos del diario La Nueva Provincia. Por impulsar medidas gremiales la directora Diana Julio de Massot los acusó de integrar un “soviet” infiltrado en la empresa. Con idéntico método al aplicado con los desaparecidos que la Armada Argentina arrojaba vivos al Río de la Plata, los sicarios locales inyectaron drogas para adormecer a los testigos de sus secuestros.
Por Diego Martínez
La señora se enardecía cada vez que una medida gremial afectaba al monopolio naval. Hacía quince años que Diana Julio de Massot dirigía con mano de hierro La Nueva Provincia, Canal 9 y LU2 Radio Bahía Blanca y le resultaba inadmisible que en su propia casa funcionara un sindicalismo auténtico, combativo, capaz de paralizar el taller en respaldo de reivindicaciones laborales. Sus principales promotores eran tres obreros de la rotativa: el maquinista Enrique Heinrich, secretario general del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca, el esterotipista Miguel Angel Loyola, tesorero, y el armador Manuel Jorge Molina, vocal. El 30 de junio de 1976, dos semanas después de ser advertidos por el Cuerpo V de Ejército para que se dejaran “de romper las pelotas”, los dos primeros fueron secuestrados por hombres de civil que se movilizaban en vehículos militares. El diario no denunció los secuestros, informó en apenas veinte líneas la aparición de los cadáveres y nunca más recordó el caso. Cuando dos periodistas locales consultaron sobre esos asesinatos al dueño de la vida y la muerte del Cuerpo V, el general Adel Vilas fue contundente: “Hay empresas que prefieren matar a sus empleados antes que indemnizarlos. Pero soy peronista, no mato sindicalistas”. También el arzobispo Jorge Mayer prefirió criminalizar a las víctimas para negar su ayuda cristiana y la justicia archivó la causa sin investigar.
La primera tarea de Heinrich y Loyola fue a fines de 1971, como delegados del taller, cuando lograron reafiliar a varios compañeros expulsados cinco años antes. El 25 de mayo de 1973, furiosa ante el retorno de “un sistema que la ciencia política llama democracia” (LNP 25-5-73), la nieta del fundador dejó en claro que hacia el interior de su empresa el régimen castrense continuaba: Héctor Morelli, obrero de la rotativa, peronista acérrimo y tío de Heinrich, fue despedido por marchar frente al diario para festejar el triunfo de Héctor Cámpora.
A fines de 1973 los quites de colaboración en demanda de aumentos salariales retrasaron la salida del matutino, que se publicó con menos páginas de las habituales. El primer día de 1974 el acatamiento masivo a un paro de los gráficos provocó un ataque de ira de la patrona, que días después envió 40 telegramas de despido compulsivo y sin indemnización. Para peor, tras la intervención del Ministerio de Trabajo debió reintegrarlos.
A mediados de 1975 los seis gremios que representaban a los trabajadores del monopolio resolvieron en asamblea un paro por tiempo indeterminado. La medida “rompe el intento de diálogo”, explicó el asistente de dirección Federico Massot (hijo ya fallecido de la directora) al delegado del Ministerio de Trabajo. Tan abierto era el diálogo que la señora se negaba a compartir una oficina con sindicalistas.
Los gráficos exigían la aplicación de un franco cada cuatro días, como establecía el convenio de trabajo. La medida tuvo alta adhesión, el diario no apareció durante tres semanas y debió acceder al reclamo. En esos días Molina fue baleado al llegar a su casa desde un Ami 8 gris que usaba el personal de seguridad de la empresa.
El día que La Nueva Provincia (LNP) reapareció, la directora denunció la “labor disociadora de algunos delegados obreros cuyos fueros parecieran hacerles creer, temerariamente, que constituyen en verdad una nueva raza invulnerable de por vida” (LNP 1-9-75). Sugirió que pretendían intervenir el diario “a efectos de cooperativizarlo o crear alguna otra forma de autogestión sovietizante”, insistió con que “la infiltración más radicalizada ha hecho presa del movimiento obrero argentino” y anunció que “esta empresa también conoce el ‘soviet’ que aún usufructúa y aprovecha dentro de nuestra propia casa el desorden generado por un estado en descomposición”. Semejante acusación en 1975, en boca de un diario militarizado, desbordante de obsecuentes y de lectura obligatoria en el Cuerpo V y en la base naval de Puerto Belgrano, era una virtual condena a muerte.
Días después la directora condicionó el ingreso de los obreros a sus puestos de trabajo a la firma de un “acta de conformidad”, por la cual se comprometían a colaborar con la empresa y, en caso de incumplimiento, aceptaban el despido sin indemnización. Los 30 que se negaron fueron suspendidos por 5 días. Mientras Heinrich y el secretario de actas Luis Martínez denunciaron ante el Ministerio de Trabajo “una nueva maniobra empresaria de evidente lock-out”, el Sindicato de Prensa local, con las firmas de su secretario general Carlos Armero Sixto y del de la obra social Luis Andueza, denunciaron que “la obcecada, reaccionaria y antisocial política” del diario “condena al hambre y a la desesperación a 150 familias”.
Días de gloria
Al anochecer del 24 de marzo de 1976 mamá Diana y un veinteañero Vicente Massot desfilaron eufóricos con una bandera argentina alrededor de la rotativa. “¿A que no se animan a hacer huelga ahora?”, desafió la mujer al secretario de actas, mientras su hijo envalentonado le pateaba la bicicleta a un empleado. En aquellos días de euforia cesanteó a 17 obreros gráficos, medida que excluyó a quienes tenían fueros sindicales.
A mediados de junio, mientras reclamaban el pago de los días de paro descontados, Heinrich, Loyola y Molina fueron citados al Cuerpo V. “Nos recibió un capitán, no recuerdo el nombre -relata Molina-. Nos dijo ‘Muchachos, déjense de romper las pelotas, la mano viene dura’. No tomamos esa advertencia como una amenaza. No medimos qué había detrás de esas palabras”.
Dos semanas después, al atardecer del 30 de junio, una patota de civil se instaló en la casa de Loyola. Lo esperaron hasta las cuatro de la madrugada, cuando terminó su trabajo en la rotativa. A medida que llegaban, familiares y allegados fueron maniatados y vendados. “Algunos usaban guantes y todos, por su manera de expresarse, denotaban cierta cultura”, declaró la mujer de Loyola en el sumario policial. Los vecinos vieron vehículos militares cortando la cuadra durante casi 7 horas. Cuando al fin cayó la presa, los 7 testigos del secuestro, incluida su mujer embarazada, fueron inyectados en sus brazos con una droga que los durmió en segundos, marca registrada de la Armada Argentina en sus célebres vuelos de la muerte.
Desde allí fueron a buscar a Heinrich, recién llegado del diario. Vivía con su esposa y cinco hijos en una casa de un dormitorio. Rompieron la puerta con un golpe seco y antes de que la familia alcanzara a moverse ya estaban en la habitación, encandilándolos con linternas. Heinrich atinó a pedir que se identificaran. Dijeron “somos de la Federal” y lo encañonaron. Mientras los chicos lloraban y la mujer intentaba detenerlos, Heinrich pidió que no le pegaran delante de sus hijos. Le ordenaron vestirse y se lo llevaron.
Monseñor Mayer: “En algo andarán”
Durante 4 días estuvieron desaparecidos. Molina, junto con un ex maestro del colegio La Piedad, donde también había estudiado Loyola, fueron a la Curia a pedirle ayuda al arzobispo bahiense, monseñor Jorge Mayer. La respuesta de Mayer fue la misma que escucharon todos los padres desesperados que lo consultaron por sus hijos secuestrados: “En algo andarán”. La noticia circulaba en los pasillos de La Nueva Provincia pero no apareció en sus páginas.
El domingo 4 de julio una familia que mateaba en la “Cueva de los Leones”, paraje a 17 kilómetros de Bahía Blanca, encontró los cadáveres maniatados por la espalda, con signos de torturas y destrozados a tiros. Alrededor había 52 vainas calibre 9 milímetros. Nunca se supo dónde transcurrieron sus cautiverios. Ningún directivo ni periodista de La Nueva Provincia fue al velorio ni se solidarizó con el dolor de las familias.
Dos días después, bajo el título “Son investigados dos homicidios”, algún plumífero obediente redactó la noticia en veinte líneas, perdidas en una hoja tamaño sábana. Como quien informa sobre muertes insignificantes en algún rincón remoto del mundo apuntó que “se desempeñaban en la sección talleres de este diario”. Fue la primera y la última referencia de La Nueva Provincia al asesinato de los obreros que más disgustos le habían provocado. Un día después de recibir el sumario policial el juez penal de turno Francisco Bentivegna se inhibió de actuar y remitió la causa a su colega Juan Alberto Graziani, que al mes siguiente la archivó para siempre.
En 1997 Jorge Molina consiguió que dos calles de la periferia bahiense recordaran a sus compañeros. Paradójicamente, están a pocas cuadras del barrio Federico Massot.
La amnesia bahiense / recuadro
“Con su coherencia y honestidad Heinrich y Loyola se habían ganado el respeto de sus compañeros”, recuerda Carlos Iaquinandi, miembro del Sindicato de Prensa bahiense hasta su exilio en 1976 y actual director en España del Servicio de Prensa Alternativo, SERPAL. “A pesar del miedo y las amenazas consiguieron organizar sindicalmente el taller de La Nueva Provincia. Creían en lo que hacían. No usaron el sindicato para enriquecerse ni para colocarse en ningún cargo. Al contrario, eligieron el camino más difícil. El que significó muerte, cárcel, tortura o exilio. Y por eso murieron. Por ser honestos en un tiempo donde para muchos hacer sindicalismo era llenarse los bolsillos, sacar provecho o a lo sumo pasar inadvertidos y tener buenas relaciones con las patronales. Esos quedaron vivos y libres, disfrutando de lo robado, ocupando cargos públicos y privados. Bahía Blanca sigue siendo un feudo de la amnesia colectiva impuesta y aceptada. Sólo una fenomenal hipocresía explica que casi treinta años después de aquellos terribles crímenes no haya una reivindicación amplia y colectiva de Heinrich y Loyola como personas y como sindicalistas”.
A 30 años del comienzo del genocidio argentino, EcoDias publica por primera vez la historia del secuestro y asesinato de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados de los obreros gráficos del diario La Nueva Provincia. Por impulsar medidas gremiales la directora Diana Julio de Massot los acusó de integrar un “soviet” infiltrado en la empresa. Con idéntico método al aplicado con los desaparecidos que la Armada Argentina arrojaba vivos al Río de la Plata, los sicarios locales inyectaron drogas para adormecer a los testigos de sus secuestros.
Por Diego Martínez
La señora se enardecía cada vez que una medida gremial afectaba al monopolio naval. Hacía quince años que Diana Julio de Massot dirigía con mano de hierro La Nueva Provincia, Canal 9 y LU2 Radio Bahía Blanca y le resultaba inadmisible que en su propia casa funcionara un sindicalismo auténtico, combativo, capaz de paralizar el taller en respaldo de reivindicaciones laborales. Sus principales promotores eran tres obreros de la rotativa: el maquinista Enrique Heinrich, secretario general del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca, el esterotipista Miguel Angel Loyola, tesorero, y el armador Manuel Jorge Molina, vocal. El 30 de junio de 1976, dos semanas después de ser advertidos por el Cuerpo V de Ejército para que se dejaran “de romper las pelotas”, los dos primeros fueron secuestrados por hombres de civil que se movilizaban en vehículos militares. El diario no denunció los secuestros, informó en apenas veinte líneas la aparición de los cadáveres y nunca más recordó el caso. Cuando dos periodistas locales consultaron sobre esos asesinatos al dueño de la vida y la muerte del Cuerpo V, el general Adel Vilas fue contundente: “Hay empresas que prefieren matar a sus empleados antes que indemnizarlos. Pero soy peronista, no mato sindicalistas”. También el arzobispo Jorge Mayer prefirió criminalizar a las víctimas para negar su ayuda cristiana y la justicia archivó la causa sin investigar.
La primera tarea de Heinrich y Loyola fue a fines de 1971, como delegados del taller, cuando lograron reafiliar a varios compañeros expulsados cinco años antes. El 25 de mayo de 1973, furiosa ante el retorno de “un sistema que la ciencia política llama democracia” (LNP 25-5-73), la nieta del fundador dejó en claro que hacia el interior de su empresa el régimen castrense continuaba: Héctor Morelli, obrero de la rotativa, peronista acérrimo y tío de Heinrich, fue despedido por marchar frente al diario para festejar el triunfo de Héctor Cámpora.
A fines de 1973 los quites de colaboración en demanda de aumentos salariales retrasaron la salida del matutino, que se publicó con menos páginas de las habituales. El primer día de 1974 el acatamiento masivo a un paro de los gráficos provocó un ataque de ira de la patrona, que días después envió 40 telegramas de despido compulsivo y sin indemnización. Para peor, tras la intervención del Ministerio de Trabajo debió reintegrarlos.
A mediados de 1975 los seis gremios que representaban a los trabajadores del monopolio resolvieron en asamblea un paro por tiempo indeterminado. La medida “rompe el intento de diálogo”, explicó el asistente de dirección Federico Massot (hijo ya fallecido de la directora) al delegado del Ministerio de Trabajo. Tan abierto era el diálogo que la señora se negaba a compartir una oficina con sindicalistas.
Los gráficos exigían la aplicación de un franco cada cuatro días, como establecía el convenio de trabajo. La medida tuvo alta adhesión, el diario no apareció durante tres semanas y debió acceder al reclamo. En esos días Molina fue baleado al llegar a su casa desde un Ami 8 gris que usaba el personal de seguridad de la empresa.
El día que La Nueva Provincia (LNP) reapareció, la directora denunció la “labor disociadora de algunos delegados obreros cuyos fueros parecieran hacerles creer, temerariamente, que constituyen en verdad una nueva raza invulnerable de por vida” (LNP 1-9-75). Sugirió que pretendían intervenir el diario “a efectos de cooperativizarlo o crear alguna otra forma de autogestión sovietizante”, insistió con que “la infiltración más radicalizada ha hecho presa del movimiento obrero argentino” y anunció que “esta empresa también conoce el ‘soviet’ que aún usufructúa y aprovecha dentro de nuestra propia casa el desorden generado por un estado en descomposición”. Semejante acusación en 1975, en boca de un diario militarizado, desbordante de obsecuentes y de lectura obligatoria en el Cuerpo V y en la base naval de Puerto Belgrano, era una virtual condena a muerte.
Días después la directora condicionó el ingreso de los obreros a sus puestos de trabajo a la firma de un “acta de conformidad”, por la cual se comprometían a colaborar con la empresa y, en caso de incumplimiento, aceptaban el despido sin indemnización. Los 30 que se negaron fueron suspendidos por 5 días. Mientras Heinrich y el secretario de actas Luis Martínez denunciaron ante el Ministerio de Trabajo “una nueva maniobra empresaria de evidente lock-out”, el Sindicato de Prensa local, con las firmas de su secretario general Carlos Armero Sixto y del de la obra social Luis Andueza, denunciaron que “la obcecada, reaccionaria y antisocial política” del diario “condena al hambre y a la desesperación a 150 familias”.
Días de gloria
Al anochecer del 24 de marzo de 1976 mamá Diana y un veinteañero Vicente Massot desfilaron eufóricos con una bandera argentina alrededor de la rotativa. “¿A que no se animan a hacer huelga ahora?”, desafió la mujer al secretario de actas, mientras su hijo envalentonado le pateaba la bicicleta a un empleado. En aquellos días de euforia cesanteó a 17 obreros gráficos, medida que excluyó a quienes tenían fueros sindicales.
A mediados de junio, mientras reclamaban el pago de los días de paro descontados, Heinrich, Loyola y Molina fueron citados al Cuerpo V. “Nos recibió un capitán, no recuerdo el nombre -relata Molina-. Nos dijo ‘Muchachos, déjense de romper las pelotas, la mano viene dura’. No tomamos esa advertencia como una amenaza. No medimos qué había detrás de esas palabras”.
Dos semanas después, al atardecer del 30 de junio, una patota de civil se instaló en la casa de Loyola. Lo esperaron hasta las cuatro de la madrugada, cuando terminó su trabajo en la rotativa. A medida que llegaban, familiares y allegados fueron maniatados y vendados. “Algunos usaban guantes y todos, por su manera de expresarse, denotaban cierta cultura”, declaró la mujer de Loyola en el sumario policial. Los vecinos vieron vehículos militares cortando la cuadra durante casi 7 horas. Cuando al fin cayó la presa, los 7 testigos del secuestro, incluida su mujer embarazada, fueron inyectados en sus brazos con una droga que los durmió en segundos, marca registrada de la Armada Argentina en sus célebres vuelos de la muerte.
Desde allí fueron a buscar a Heinrich, recién llegado del diario. Vivía con su esposa y cinco hijos en una casa de un dormitorio. Rompieron la puerta con un golpe seco y antes de que la familia alcanzara a moverse ya estaban en la habitación, encandilándolos con linternas. Heinrich atinó a pedir que se identificaran. Dijeron “somos de la Federal” y lo encañonaron. Mientras los chicos lloraban y la mujer intentaba detenerlos, Heinrich pidió que no le pegaran delante de sus hijos. Le ordenaron vestirse y se lo llevaron.
Monseñor Mayer: “En algo andarán”
Durante 4 días estuvieron desaparecidos. Molina, junto con un ex maestro del colegio La Piedad, donde también había estudiado Loyola, fueron a la Curia a pedirle ayuda al arzobispo bahiense, monseñor Jorge Mayer. La respuesta de Mayer fue la misma que escucharon todos los padres desesperados que lo consultaron por sus hijos secuestrados: “En algo andarán”. La noticia circulaba en los pasillos de La Nueva Provincia pero no apareció en sus páginas.
El domingo 4 de julio una familia que mateaba en la “Cueva de los Leones”, paraje a 17 kilómetros de Bahía Blanca, encontró los cadáveres maniatados por la espalda, con signos de torturas y destrozados a tiros. Alrededor había 52 vainas calibre 9 milímetros. Nunca se supo dónde transcurrieron sus cautiverios. Ningún directivo ni periodista de La Nueva Provincia fue al velorio ni se solidarizó con el dolor de las familias.
Dos días después, bajo el título “Son investigados dos homicidios”, algún plumífero obediente redactó la noticia en veinte líneas, perdidas en una hoja tamaño sábana. Como quien informa sobre muertes insignificantes en algún rincón remoto del mundo apuntó que “se desempeñaban en la sección talleres de este diario”. Fue la primera y la última referencia de La Nueva Provincia al asesinato de los obreros que más disgustos le habían provocado. Un día después de recibir el sumario policial el juez penal de turno Francisco Bentivegna se inhibió de actuar y remitió la causa a su colega Juan Alberto Graziani, que al mes siguiente la archivó para siempre.
En 1997 Jorge Molina consiguió que dos calles de la periferia bahiense recordaran a sus compañeros. Paradójicamente, están a pocas cuadras del barrio Federico Massot.
La amnesia bahiense / recuadro
“Con su coherencia y honestidad Heinrich y Loyola se habían ganado el respeto de sus compañeros”, recuerda Carlos Iaquinandi, miembro del Sindicato de Prensa bahiense hasta su exilio en 1976 y actual director en España del Servicio de Prensa Alternativo, SERPAL. “A pesar del miedo y las amenazas consiguieron organizar sindicalmente el taller de La Nueva Provincia. Creían en lo que hacían. No usaron el sindicato para enriquecerse ni para colocarse en ningún cargo. Al contrario, eligieron el camino más difícil. El que significó muerte, cárcel, tortura o exilio. Y por eso murieron. Por ser honestos en un tiempo donde para muchos hacer sindicalismo era llenarse los bolsillos, sacar provecho o a lo sumo pasar inadvertidos y tener buenas relaciones con las patronales. Esos quedaron vivos y libres, disfrutando de lo robado, ocupando cargos públicos y privados. Bahía Blanca sigue siendo un feudo de la amnesia colectiva impuesta y aceptada. Sólo una fenomenal hipocresía explica que casi treinta años después de aquellos terribles crímenes no haya una reivindicación amplia y colectiva de Heinrich y Loyola como personas y como sindicalistas”.
viernes, 24 de marzo de 2006
A treinta años del Golpe
Documento leído el 24 de marzo de 2006 frente al centro clandestino de detención “La Escuelita”, en el Cuerpo V de Ejército de Bahía Blanca.
Por Eduardo Hidalgo. Secretario general de APDH Bahía Blanca.
El ejercicio de la memoria, que volvemos a realizar este 24 de marzo, tiene al menos dos perfiles que confrontan, con secuelas que se mantienen hasta nuestros días. El inicio oficial de la dictadura más sangrienta que recuerda la historia argentina, y el movimiento de resistencia que le hizo frente y que se continúa hoy, en la lucha contra la impunidad. La resistencia, pasada y presente, la asumieron trabajadores, estudiantes, vecinos, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, los recluidos en prisiones “visibles” y en centros clandestinos. Hubo que enfrentar por entonces tortura, campos de concentración, secuestros, asesinatos, desapariciones, cárcel, exilio, hasta casi llegar al límite de las fuerzas. Fue el acto inaugural de un proyecto que remite, además del terror represivo, al horror económico, a la sangría política, social y cultural que seguimos padeciendo, en el marco de un funcionamiento institucional condicionado donde la representatividad es asumida como propiedad del partido que gana las elecciones, y no de los representados, que son quienes le otorgan el mandato a los electos para que cumplan y pongan en vigencia todos y cada uno de nuestros derechos.
El actual presidente ha dado unos pocos pasos y algunos gestos que los organismo valoramos positivamente, pero poco o casi nada se ha hecho respecto de la distribución de la riqueza, eje central para quebrar al poder económico concentrado, cuando hacerlo significa la base fundamental de una auténtica democracia es decir devolver todos y cada uno de los derechos arrebatados al pueblo argentino. Se trata entonces para nosotros de seguir siendo quienes éramos, con todas nuestras heridas y nuestros nombres sin respuesta, por eso nuestra identidad es la lucha por la memoria. la verdad y la justicia. Memoria para recordar y señalar a ejecutores y cómplices de lo que nos paso y nos pasa hoy, verdad para probar como lo hemos hecho en los estrados judiciales aún con todo el poder en contra y legislado para la impunidad, y justicia para los crímenes de ayer, por cada niño desnutrido cuyas consecuencias de capacidad se mostrarán brutalmente dentro de pocos años, y para cada compatriota y convecino que por su protesta en reclamo de la vigencia de sus derechos, es enjuiciado como un delincuente.
Mientras esto sucedió y sucede, Bahía Blanca mayoritariamente se mantiene sumergida en un pacto de silencio ominoso y terrible. El juego del “como sí”, una confabulación lamentable y tristísima que consiste en actuar como si aquí no hubiera pasado o no pasara nada, cuando en realidad pasó y pasa muchísimo. Pero la ciudad mantiene su complicidad con el nefasto error de negar y olvidar. Docentes y directivos de muchas escuelas impiden hablar con claridad sobre lo que nos pasó, o se transforman en transmisores del discurso de los dos demonios pretendiendo una neutralidad que no es posible cuando se habla de Terrorismo de Estado y sus consecuencias. Una corporación médica que sigue encubriendo en su seno y con excusas reglamentaristas a los profesionales que fueron denunciados por ser parte de la represión genocida. La corporación de abogados que recientemente han minimizado las opiniones contrarias respecto de su compra del edificio del diario local golpista, diciendo que son opiniones prejuiciosas, a pesar de las pruebas que se acumulan en las propias páginas de ese diario. Aquí la mayoría no se permitió ni siquiera la decencia ni la higiene síquica del duelo. La mayoría de los bahienses están convencidos que es posible apretar las manos sobre la tapa bajo la cual se oculta el horror de ayer y de hoy, y que cuando se animen a quitarlas el horror habrá desaparecido. Pero seguirá allí, en el mismo punto en que decidieron dejarlo disimulado bajo una gruesa capa de olvido. Porque el tiempo no sirve para borrar las huellas de lo que no se concientiza. Y nos preguntamos hoy junto a los que no se han plegado a esta amnesia planificada; ¿qué va a ocurrir entonces?, ¿Bahía Blanca asumirá su realidad?, ¿tendrá finalmente el coraje de rebelarse contra toda esa mediocridad que la empantana y no la deja ser?
Solo será posible si existe un proyecto común de verdadero cambio, sin dogmatismos, sin hegemonismos, sin falsos y decadentes liderazgos ya fracasados, es decir un cambio revolucionario con protagonismo y participación fundamental de la sociedad, que es solamente como se concibe un auténtico cambio social. De poco sirve que en la superficie y a cierta distancia se advierta la presencia de un intendente, un cuerpo de concejales, escuelas y muchos otros elementos vivos propios de una organización ciudadana, si hay un poder cuya planificación y acción la integraron y la integran hoy muchos dirigentes de todo orden, otorgándole un ritmo a la Bahía y que aúnan esfuerzos concurrentes a un mismo objetivo, cual es el de impedir que esta ciudad emerja de su letargo y continúe siendo sometida al arbitrio de una filosofía implantadora de costumbres y códigos tácitos. A instancias del entumecedor incienso con el que se fumiga diariamente a la población desde las páginas de ese diario, que impunemente aún por estos días reivindica a genocidas como Etchecolaz entre otros.
Será cuestión de esperar, entonces. Porque aunque nos prohibieron el agua, nunca pudieron ni podrán prohibirnos la sed. La historia es duración. No vale el grito aislado, por muy largo que sea su eco. Vale la prédica constante, continua, persistente. No vale la idea perfecta, absoluta, abstracta, indiferente a los hechos, a la realidad cambiante y móvil. Vale la idea germinal, concreta, dialéctica, operante, rica en potencia y capaz de movimiento.
Cuando asome ese día, los bahienses, que también son argentinos, podrán descubrir la vida real y decidir su propio destino. Mientras tanto, algunos pocos con la mente todavía sana seguiremos obrando para mantener encendido el fuego.
Por eso decimos en este día, como en cada uno de nuestros casi 20 años de existencia en esta ciudad, nuestros deseos: justicia para los 30.000 compañeros, justicia para el pueblo, plena e irrestricta vigencia de todos los derechos humanos para todos, y con nuestros sueños intactos y la vida por delante para hacerlos realidad, seguimos recordando que el sur también resiste.
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