El diario bahiense como legitimador social de los crímenes de la
última dictadura. Su participación en la “construcción del enemigo”. El
uso de material secreto de inteligencia militar. En fin, lo que los
represores llamaban un “valioso auxiliar de la conducción militar”.
El juicio de lesa humanidad que terminó el año pasado
en Bahía Blanca reunió pruebas sobre el rol del diario La Nueva
Provincia durante la última dictadura. Cuando finalizaron las
audiencias, la fiscalía impulsó un pedido de investigación confirmado
más tarde por la sentencia del Tribunal Oral. Abel Córdoba fue el fiscal
que encabezó la acusación. En diálogo con Página/12 explica por qué el
tribunal habló de “propaganda negra” y comparó al diario de los Massot
con el “manual de guerra de baja intensidad”. También habla del “rol” de
la La Nueva Provincia y su lugar como pata “auxiliar” en la
legitimación social del plan criminal del terrorismo de Estado.
“Hay una relación y un accionar conjunto, una consustanciación y,
como dijo el Tribunal, de lo que se trata es de una diferencia de
‘roles’ dentro de lo que es ya un procedimiento delictivo: el
procedimiento delictivo abarcaba el secuestro, mantener en cautiverio a
las víctimas, fusilarlas y luego presentarlos (los cadáveres) como un
producto de un combate militar: en esa etapa es donde las fuerzas
armadas no están solas sino que el diario cumplía alguna de estas
funciones. Había fuerzas armadas y sectores civiles que llevaron
adelante el plan criminal y se dividieron funciones, por eso es
importante distinguir en ese plano la actividad que no se reduce a la
publicación de la noticia que tuvo como fuente una fuente militar, eso
ya era parte de una división de funciones dentro de un plan criminal que
estaban ejecutando”, señala.
–¿Cómo empiezan a entender al diario La Nueva Provincia como “tema” de investigación?
–Lo que hay que entender es el terrorismo de Estado: cómo hicieron
las fuerzas represivas, tanto las armadas como los sectores civiles,
para arrasar con la sociedad bahiense, igual que pasó en todo el país.
La cuestión central está basada en la “construcción de un enemigo” que
iba a ser el blanco del poder punitivo: no fue una represión
indiscriminada, sino que tuvo un direccionamiento muy claro, el propio
poder configuró a un enemigo, identificó a las víctimas y luego las
agencias de inteligencia profesionales de las fuerzas armadas integradas
por civiles legitimaron las muertes, desapariciones y también las
torturas. Ese enemigo se lo suponía como lesivo en términos sociales, se
hablaba en términos biologisistas sobre qué era lo que “infectaba” a la
sociedad y a partir de allí se instaló la necesidad de extirparlos del
cuerpo social.
–¿Piensan el diario como una “agencia” del terrosimo de Estado?
–El tribunal señaló que el diario colaboró en la legitimación
discursiva y la construcción del “enemigo”. A tal punto que el Tribunal
tomó los propios conceptos de (el general Adel) Vilas, cuando indicó
que el diario abasteció necesidades “operacionales psicológicas” que
necesitaban las fuerzas armadas para legitimar socialmente su accionar
criminal. Lo calificaba como un “valioso auxiliar de la conducción
militar”, es decir: esto deja al diario al margen de una función
periodística, e incluso lícita, y pasa a formar parte del plano
delictivo en cooperación con el Ejército y la Armada en tareas
psicológicas contra la población. Ahí hay un concepto que hay que
revisar que es “la acción psicológica”.
–¿En qué sentido?
–El Ejército –en este caso auxiliado y en cooperación militar con la
Nueva Provincia– necesitaba infundir miedo en la población y a la vez
captar la adhesión. El terror se infundía a la población desde La Nueva
Provincia, con lo que el tribunal llama la “propaganda negra”: algunas
páginas del diario de esos años tienen como trasfondo la tortura
directamente. Los datos que publicaba eran un complemento de
Inteligencia en numerosos hechos que estamos juzgando e investigando:
era información arrancada en tortura y luego publicitada en el diario, y
así pasaba a ser parte de ese eje rector represivo en Bahía Blanca.
–¿Podrían alegar que era información provista por las “fuentes”?
–Lo que hay que distinguir es la actividad lícita que es el
periodismo como actividad en sí misma, de esta otra situación en la cual
la estrecha vinculación entre el Ejército, la Armada y el diario tornan
a la actividad periodística gráfica en uno de los instrumentos de los
crímenes que no es lícito del periodismo ni de ninguna actividad. La
finalidad no era la información u opinar, sino que estaba en un accionar
operativo junto con lo órganos de inteligencia y las fuerzas
represivas. Esto excede el vínculo que puede haber entre una “fuente” y
el “medio”. Una cosa es publicar y otra cosa es estar consustanciado,
tener reuniones, ser auxiliar operativo de ese grupo criminal y tu rol
es contribuir primero a señalar a las víctimas, demonizarlas, evitar
cualquier reacción social contra ese grupo y seguir avanzando hasta
presentar el resultado como algo que no fue. La Nueva Provincia puso al
servicio la credibilidad que tenía socialmente para consumar el plan
criminal: a criterio de la fiscalía, hay sobradados elementos para
avanzar en una investigación por crímenes de lesa humanidad sobre los
directivos de esa empresa.
–¿Puede dar algunos ejemplos?
–Por un lado, los más notorios: hay situaciones donde se difunden
las declaraciones o confesiones bajo tortura, arrancadas en la
clandestinidad de los cautivos que aparecen en la páginas de La Nueva
Provincia.
–¿No dan cuenta de la tortura, ni menciona fuentes?
–Obviamente no. Ahora que pudimos tener acceso a parte de la
documentación secreta de inteligencia de los archivos que maneja la
Comisión provincial por la Memoria, vemos que algunas noticias son el
parte de inteligencia que circulaba en los canales secretos. Otro caso
es que personas secuestradas en Bahía Blanca eran llevadas a un patio,
fotografiadas por personas que ellos desconocían y al otro día aparecían
en las páginas de La Nueva Provincia como parte de una noticia
“montada” sobre el desmantelamiento de una célula extremista, que en
realidad eran personas que estaban secuestradas y continuaban
ilegalmente detenidas.
–¿Las editoriales?
–En otro plano, la prédica editorial no es sólo producto de esos
días sino que en algunos casos continúa hasta hoy. En este caso, es
importante catalogar a La Nueva Provincia como la “usina ideológica” del
terrorismo de Estado. Eso y la apología constante hacia lo que se puede
llamar “lógica sacrificial”: en su prédica el diario dijo
constantemente que había que refundar la República y que iba ser posible
sobre la sangre de las víctimas, la muerte como un sacrificio
necesario.
–El Tribunal lo compara con el manual de guerra de baja intensidad. ¿Coincide?
–Sí. Para nosotros hubo una combinación de accionar sobre las
víctimas: por un lado, fue desde el accionar en el centro clandestino
con el sentido centrado en la escena de la tortura; y por el otro lado,
el plan criminal tenía otro plano que era el de la “baja intensidad”,
pero que estaba dado por la difusión pública y la difusión de
determinada situación que legitimó y produjo los crímenes. No se trata
ya de un relato neutral de lo que ocurría, o siquiera interesado, sino
de conductas que eran la implementación del plan criminal y, por eso, la
función de infundir terror y de paralizar cualquier reacción social
ante eso. Y esto, más allá de lo que se pueda llegar a avanzar con la
investigación de los crímenes de los dos talleristas empleados de La
Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Loyola (ver aparte).
–En el alegato ustedes dijeron que los medios fueron
acríticos y reverentes con la dictadura. Plantearon a La Nueva Provincia
como caso extremo. Pero es inevitable pensar en posiciones asumidas por
otros diarios.
–Lo que hay que distinguir cuando se investigan estos hechos es un
plano, que puede ser reprochable en términos sociales, académicos,
periodísticos, de una responsabilidad social que pueda llegar a haber de
algunos medios de lo que ha sido el aval acrítico o implícito a los
crímenes durante la dictadura. Eso puede ser un plano. Acá estamos
hablando –habrá que ver si hay otro caso– de un eje en el que la
actividad de prensa era parte de una operatoria criminal. No descarto
que haya otros medios que hayan tenido una actividad de aval o
silenciamiento de lo que fue ocurriendo. Ahora, en este caso, la bisagra
deja de ser algo opinable y pasa al plano de lo ilícito.
–Así como las causas avanzaron en analizar distintos tipos
de responsabilidades: militares, los jueces, las empresas, ¿cree que
este es un camino que la Justicia empezará a mirar?
–El juzgamiento de estos hechos tuvo en su primera etapa al sector
militar. Ahora, a medida que se avanza, empiezan a aparecer
responsabilidades civiles. En principio, dentro el propio Poder
Judicial, luego dentro de los cuadros dirigenciales, como sucedió con
(Jaime) Smart, que asumieron la función represiva, y también el sector
empresario. Vilas contaba que en Bahía Blanca habilitaron una línea
telefónica para recibir denuncias, y que tuvieron que comenzar a filtrar
por la cantidad de empresarios que llamaban para pedir sacarse de
encima a los empleados. Creo que, en parte, el límite de estos
juzgamientos es simplemente de prueba. No tiene que haber otro límite
que no sea el cúmulo de prueba que se pueda juntar. Y a partir de allí,
avanzar en las imputaciones religiosas, empresarias o militares. El
Estado nacional tiene el deber de juzgar y no acotar responsables, como
fue la intención inicial.
Los delegados
Abel Córdoba cree que ahora que se sacaron de encima
el “lastre” del juez federal ad hoc Eduardo Tentoni en la instrucción de
las causas, podrán avanzar incluso con la responsabilidad de La Nueva
Provincia en los crímenes de Enrique Heinrich y Miguel Loyola, dos
delegados del diario. “Obviamente estaban enfocados por la propia
actividad del diario y el resultado está siendo analizado para avanzar
en ese sentido. Es un plano distinto (al rol del diario en su papel de
‘agencia’ del terrorismo de Estado) pero es sumamente grave, dado que
esta concepción autoritaria e ilícita de ejercer un complemento
operativo del Ejército tenía un rango disciplinario interno de la
empresa que terminó con el fusilamiento de estas dos víctimas.”
