Coherente con las causas injustas

MURIO EL ARZOBISPO EMILIO OGÑENOVICH

Publicado en PáginaI12.

Durante la dictadura fue cursillista en Bahía Blanca, apoyó la represión ilegal y se negó a interceder por desaparecidos. Con Raúl Alfonsín militó sin suerte contra la Ley de Divorcio. La presidencia de Carlos Menem fue lo más cercano a una bendición divina que conoció: el arzobispado de Mercedes-Luján, que condujo durante 19 años, recibió millones de pesos en subsidios, que retribuyó con elogios al desguace del Estado. El sábado a la madrugada, a los 88 años, murió el arzobispo Emilio Ogñenovich. Su sucesor, Agustín Radrizzani, aseguró que Ñoño, como lo conocían en Mercedes, “regresó a la Casa del Padre”.

Ogñenovich nació en Olavarría en 1923 y se ordenó sacerdote en 1949. Fue párroco de Trenque Lauquen hasta 1975, cuando asumió como vicario general de Bahía Blanca, donde su hermano Danilo fue delegado del Ministerio de Trabajo. “Los profetas de una moral sin Dios están recogiendo las consecuencias lógicas. Qué otra cosa podían esperar cuando han pregonado hasta el cansancio que nada hay superior al hombre”, predicó el 25 de mayo de 1976. “Mi auto ya va solito para el Cuerpo Quinto”, ironizó ante una mujer que le pidió ayuda por un desaparecido. Al padre de un secuestrado le dijo sin inmutarse: “A su hijo en este momento lo están haciendo cantar”. “La sociedad está cansada de inútiles declaraciones sobre derechos humanos”, rezongó en 1977.

Ogñenovich fue ordenado obispo en 1979 en Bahía Blanca por Jorge Mayer, que también acaba de morir impune. En 1982 tomó posesión del obispado de Mercedes-Luján. Desde ese cargo participó de la campaña contra la Ley de Divorcio y marchó hacia Plaza de Mayo en una procesión para que Alfonsín vetara la ley, que finalmente se sancionó en junio de 1987.

Con el menemismo alcanzó el paraíso. Una auditoría de la Alianza consignó que recibió en los ’90 cinco millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional y en subsidios de la Secretaría de Desarrollo Social. Otro tanto recibió de manos del gobernador Eduardo Duhalde para su Instituto de Menores. Su hermano Danilo accedió en esos años a la dirección del PAMI, durante la gestión de Matilde Menéndez: terminó procesado por defraudación y violación de deberes de funcionario público.

Ogñenovich fue ascendido a arzobispo en 1997. Dos semanas después, cuando los feligreses silbaron el ingreso de Menem a la Basílica de Luján, reprochó desde el púlpito: “Más que convertirnos en críticos y fiscales de lo que deben decir y hacer los demás, debemos tener la honestidad, la humildad y el coraje de revisar nuestra vida y nuestra conducta moral”, dijo. En 1999, cuando Carlos Ruckauf acusó a Graciela Fernández Meijide de “atea, anticristiana y abortista”, apareció en un aviso de campaña del candidato a gobernador mientras por abajo de la mesa recibía subsidios “no reintegrables” por 200 mil pesos. Ante el propio Ruckauf gestionó la destitución del subsecretario del Consejo del Menor, Miguel Saredi, por investigar el maltrato a menores en el instituto de su obispado. El velatorio de Ogñenovich, en la catedral de Mercedes, concluirá a las once con una misa. Será sepultado en el seminario Santo Cura de Ars.

Con los pies en la polvorosa

Tras el rechazo a la excarcelación, hay tres prófugos en Bahía Blanca

Luego de un proceso irregular donde se otorgaron excarcelaciones a discreción en las causas por violaciones a derechos humanos en Bahía Blanca, el proceso fue revertido y tres represores permanecen prófugos.

Publicado por Gabriel Morini en PáginaI12

Las excarcelaciones otorgadas a discreción, que fueran recientemente revocadas a represores involucrados en causas pordelitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, dejaron como resultado tres imputados prófugos. Cuando la policía allanó los domicilios que los militares Alejandro Lawless, José Héctor Fidalgo y Raúl Oscar Otero habían fijado en sede judicial, no encontraron a ninguno de los acusados. Mientras tanto, los abogados de los represores ingresaron pedidos de eximición de prisión para intentar disimular el carácter de evadidos de sus representados, pero se espera que sean rechazados por los jueces bahienses y que se dispongan medidas de investigación para lograr dar con su paradero. La situación irregular de las excarcelaciones en Bahía Blanca venía siendo denunciada por el fiscal Abel Córdoba, que lamentó un “nuevo escollo en el proceso” camino a un juicio oral para el que aún no hay fecha fija. El Tribunal Oral Federal de Bahía deberá decidir ahora sobre los nuevos pedidos de la fiscalía para anular otras ocho excarcelaciones.

Lo que el Ministerio Público y los organismos de derechos humanos temían, finalmente sucedió: de las cuarenta y cuatro órdenes de detención que se libraron los primeros días de enero contra represores involucrados en las causas por crímenes cometidos durante la dictadura en el V Cuerpo del Ejército y de la Armada, tres ya dieron por resultado represores prófugos. Los magistrados Alcindo Alvarez Canale y Eduardo Tentoni habían ordenado las detenciones a partir del pedido de Córdoba, sustentado en fallos de la Corte Suprema sobre la necesidad de extremar precauciones para que los imputados en libertad no obstruyeran el accionar de la Justicia. En estos tres casos, y en los que podrían llegar a sumarse, la Justicia ordenaría desde la captura nacional e internacional, hasta que pase a manos del Estado el dinero y los bienes que los acusados dejaron como fianza para garantizar que se ajustarían al proceso. A su vez, desde la fiscalía solicitarán que se pongan en marcha los mecanismos de investigación para encontrarlos y que se ofrezca una recompensa por datos sobre su paradero.

Ni Fidalgo ni Otero ni Lawless estaban en las direcciones que habían fijado en la Justicia como lugar de residencia permanente. La situación no es nueva para Lawless –subteniente en el Batallón de Comunicaciones 181–, que estuvo fugado durante un año, sin que esto representara un obstáculo para que fuera beneficiado con la excarcelación, luego de apenas unos días de detención. El teniente coronel Otero, que jamás logró ser detenido en todo el proceso previo al juicio pese a estar acusado de 87 delitos, es gerente en una agencia de seguridad privada: Eulen de Seguridad SA forma parte de un grupo multinacional que incluye servicios de vigilancia, y que puso a Otero a cargo de la filial que abrió en territorio bonaerense. Con esta revocatoria, su situación es nuevamente la de prófugo. El negocio de las agencias de seguridad privada posibilitó a Otero y a otros represores acceder a los medios necesarios para evadir a la Justicia. La utilización de guardias que dan aviso de los allanamientos y cubren la retirada y de teléfonos satelitales para impedir intercepciones son algunas de las maniobras que algunos imputados han aprovechado de la logística que administran. En paralelo, sus abogados presentan medidas de eximición de prisión. “Se colocan primero en situación de prófugos y luego comienzan a tramitar las excarcelaciones indefinidamente”, dijo a Página/12 el fiscal Córdoba, que se quejó del perjuicio de “no tener asegurada la presencia de los imputados” a esta altura del proceso y del “nuevo escollo” que representa para las causas denominadas “04/07” y “05/07”.

Ahora, el TOF de Bahía Blanca deberá decidir si hace lugar al nuevo pedido del fiscal para que se anulen las excarcelaciones a los imputados Héctor Arturo Gonçalves, Vicente Antonio Forcheti, Héctor Jorge Abelleira, Carlos Alberto Contreras, Hugo Carlos Fantoni, Norberto Condal y Mario Carlos Méndez. La medida también incluye al ex teniente coronel Miguel Angel García Moreno, quien se desempeñó durante el interinato de Eduardo Duhalde nada menos que como director del Registro Nacional de las Personas y supo ser diputado, asesor de Miguel Angel Toma y legislador porteño.

Por otro lado, la mayoría de los represores a los que se les revocó la excarcelación en esta última medida judicial, ya no están libres. Por la causa Armada: Carlos Büsser, Eduardo Fracassi, Angel Martín, Edmundo Núñez, Carlos Padula, Leandro Maloberti, Guillermo Botto, Hernán Payba, Domingo Negrete, Oscar Castro, José Luis Ripa, Enrique de León, el ex comisario bonaerense Víctor Fogelman, el penitenciario Héctor Luis Selaya, y los prefectos Carlos Cornelli y Francisco Martínez Loydy esperarán el juicio oral detenidos. Hugo Mac Gaul, por su parte, está internado en un hospital, pero bajo custodia. Se descompensó cuando se enteró de que integraba la lista de los que debían volver a prisión, informaron sus familiares. En tanto es inminente la detención de Luis Pons, que también intentó evadir su captura cambiando de ubicación. Según cada caso, se los derivó al penal de Marcos Paz, o quedaron confinados en sus domicilios. En la denominada causa Ejército, Walter Tejada, Ricardo Gandolfo, Hugo Delme, Juan Manuel Bayon, Manuel Villegas, Jorge Mansueto Swendsen, Arsenio Lavayen, Osvaldo Laurella Grippa, Carlos Arroyo, Osvaldo Páez y el penitenciario Andrés Miraglia también fueron apresados. La fiscalía tiene pendiente saber cuál fue el resultado del operativo con respecto a Carlos Stricker, Guillermo Obligio, Fernando Videla y Tomás Carrizo. En tanto, Armando Barrera, Bernardo Cabezón, Gabriel Cañicul, Andrés González y José María Martínez –de la localidad de Junín de los Andes– fueron capturados por Gendarmería y ya se encuentran en la Unidad penitenciaria Nº 5 de General Roca.

De regreso a las celdas

REVOCAN LAS EXCARCELACIONES DE CASI CINCUENTA REPRESORES DE BAHIA BLANCA

Se trata de acusados de delitos de lesa humanidad que esperaban el inicio de sus juicios en libertad. En base a pedidos del fiscal y a nuevos criterios de la Corte Suprema, los jueces ordenaron que fueran detenidos.

El juez Alcindo Alvarez Canale y el fiscal Abel Córdoba.

Publicado en PáginaI12.

Los represores que actuaron en Bahía Blanca y Punta Alta durante la última dictadura deberán esperar el juicio en prisión preventiva. Luego de insistentes pedidos del fiscal federal Abel Córdoba y en base a fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia, que ordenaron extremar las precauciones para evitar que los imputados obstaculicen o burlen el accionar del Poder Judicial, los jueces federales Alcindo Alvarez Canale y Eduardo Tentoni revocaron las excarcelaciones de cuarenta y cuatro militares, marinos, prefectos, policías y penitenciarios, procesados por delitos de lesa humanidad cometidos en el V Cuerpo de Ejército y en las bases navales de Baterías y Puerto Belgrano.

“Los fallos reflejan los criterios en los que tanto insistió el Ministerio Público y corrigen una situación escandalosa que beneficiaba al noventa por ciento de los imputados”, celebró el fiscal. “Contribuyen a asegurar el proceso de justicia, imprescindible por la demora que existe”, agregó Córdoba, en referencia a los quince meses transcurridos desde que el primer tramo de la causa se elevó al Tribunal Oral que integran Juan Leopoldo Velázquez y Beatriz Torterola. “A cada pequeño paso le sigue una paralización de la que se sale luego de numerosos planteos, para luego volver a detenerse. El proceso en Bahía marcha sobre ruedas cuadradas, de ahí la falta de progreso, pese a lo mucho avanzado, lo poco que resta y todo lo que significaría para las familias, las víctimas y la sociedad”, destacó el fiscal, que en septiembre entregó las pruebas del juicio, último paso antes de la fijación de la fecha de inicio del proceso.

La postura de la Cámara de Casación Penal que permitía dictar excarcelaciones automáticas se revirtió el 30 de noviembre. En base a argumentos de la Unidad Fiscal de Coordinación de la Procuración General de la Nación, el alto tribunal puso fin a la libertad de varios represores y estableció nuevos parámetros a la hora de dictar la prisión preventiva. Ordenó analizar los riesgos procesales derivados de las liberaciones, las estructuras de poder que integraban los imputados y sus actividades remanentes. Recordó la desaparición aún no esclarecida del testigo Julio López y la extraña muerte del prefecto Héctor Febres días antes de escuchar su sentencia, interpretó –en contra del criterio de Casación– que las excelentes condiciones familiares, sociales y económicas de la mayor parte de los represores eran precisamente las ideales para frustrar los procesos, destacó el compromiso internacional de garantizar los juicios asumido por el Estado y la necesidad de neutralizar riesgos.

En los primeros días de diciembre, con los argumentos de la Corte, el fiscal Córdoba pidió las detenciones del ex prófugo Alejandro Osvaldo Marjanov (cuñado de Luis Rabbi Baldi Cabanillas, juez de la Cámara Federal de Salta, quien reclamó en persona “la mayor discreción posible” a los policías que allanaron la casa del militar) y del ex cabo baqueano Raúl Artemio Domínguez, ex guardia del centro clandestino La Escuelita, que había formulado declaraciones públicas contra un testigo. Alvarez Canale rechazó el pedido. El 5 de diciembre la Cámara Federal local accedió a los fundamentos del fiscal en el caso del ex policía Osvaldo Floridia, también excarcelado por Alvarez Canale, y el 23 aplicó los criterios de la Corte en los casos de los coroneles Mario Alberto Gómez Arenas y Luis Farías Barrera. Con esos antecedentes, Córdoba reclamó las 44 revocatorias.

Las resoluciones de Alvarez Canale y Tentoni se produjeron el jueves y el viernes pasado. Varios imputados se enteraron antes de ser notificados, porque sus abogados se anticiparon a reclamar eximiciones de prisión mientras sus clientes procedían a guardarse. Los allanamientos en los domicilios de Alejandro Lawless, Norberto Condal y José Héctor Fidalgo dieron resultado negativo, por lo que pronto podrían convertirse en prófugos. Su abogado es el teniente coronel retirado Mauricio Gutiérrez, quien supo ufanarse de haber estado “un par de veces” en La Escuelita.

Hasta ayer, según trascendidos, la mayor parte de los marinos estaban detenidos. Se trata de Guillermo Botto, Carlos Büsser, Tomás Carrizo, Oscar Castro, Eduardo Fracassi, Eduardo Morris Girling, Hugo Mac Gaul, Leandro Maloberti, Angel Martín, Domingo Negrete, Enrique De León, Edmundo Núñez, Guillermo Obiglio, Carlos Padula, Hernán Payba, Gerardo Pazos, Luis Pons y José Luis Ripa. También los prefectos Carlos Cornelli y Francisco Martínez Loydi, y el ex comisario Víctor Fogelman. En la causa del Ejército, la medida alcanzó a Juan Manuel Bayón, Jorge Mansueto Swendsen, Osvaldo Páez, Hugo Delmé, Walter Tejada, Ricardo Gandolfo, Carlos Sticker, Alejandro Lawless, Osvaldo Laurella Crippa, Raúl Otero, Felipe Ayala, Armando Barrera, Bernardo Cabezón, Gabriel Cañicul, Andrés González, Arsenio Labayén, José María Martínez, Fernando Videla, Carlos Arroyo, José Fidalgo y Miguel Villegas, y a los penitenciarios Andrés Miraglia y Héctor Luis Selaya.

Marinos con procesamientos confirmados

Fallos sobre represores que actuaron en las bases de Puerto Belgrano y Baterías

Entre los involucrados están los contraalmirantes Carlos Alberto Büsser, que encabezó el desembarco en Malvinas, y Manuel Jacinto García Tallada, ex jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales.

La base naval de Puerto Belgrano, donde actuaron los represores cuyos procesamientos fueron confirmados.

Publicado en PáginaI12

El proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca avanza a paso cansino. Mientras los imputados por secuestros, torturas y asesinatos en La Escuelita del Quinto Cuerpo de Ejército pasan sus días en libertad, a la espera de que el Tribunal Oral Federal local de digne a fijar fecha para iniciar el proceso, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de un grupo de marinos por delitos en las bases de Puerto Belgrano y Baterías. El listado incluye a los contraalmirantes Carlos Alberto Büsser, que encabezó el desembarco en Malvinas, y Manuel Jacinto García Tallada, ex jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales que comparte banquillo con Astiz, Acosta & Cía. en el interminable primer juicio de la ESMA.

Los tiempos del Poder Judicial siguen jugando a favor de la Armada. El 21 de diciembre, en Mar del Plata, el contraalmirante Roberto Pertusio y el capitán de navío Justo Ortiz se convirtieron en los primeros dos marinos condenados desde 1985 por crímenes durante la dictadura. Al ritmo actual y de no surgir imprevistos de última hora como en el juicio al finado Héctor Febres, el puñado de represores de la ESMA que juzga el Tribunal Oral Federal 5 escuchará su sentencia a mediados de 2011. Los marinos que actuaron en Bahía Blanca y Punta Alta están en una etapa anterior, con procesamientos confirmados. Aún más venturoso es el futuro de los camaradas que compartieron el circuito Camps con la Policía Bonaerense en La Plata, Berisso y Ensenada, donde sólo está procesado el capitán Juan Carlos Herzberg, condenado en diciembre por una apropiación ilegal.

En Bahía Blanca, sede del mayor enclave naval del país, el panorama no es menos desolador. El año pasado murieron impunes el general Adel Vilas, jefe de subzona y cara visible del terrorismo de Estado, el ex juez federal Guillermo Federico Madueño (miembro hasta 2004 del mismo TOF-5 que ahora juzga ESMA y hermano de Raúl Madueño, miembro de la Cámara de Casación Penal) y el ex alcaide Leonardo Núñez, alias “Mono”, que simulaba rescatar a los desaparecidos cuando el Ejército los tiraba en las afueras de las ciudad para encerrarlos en la cárcel de Villa Floresta.

Diferente al del Poder Judicial es el panorama en la sociedad bahiense, que de la mano de su juventud y de los familiares de las víctimas recupera la memoria, exige justicia e indirectamente genera cambios de actitudes en algunas instituciones de la ciudad. El mes pasado, tras la muerte del condenado dictador Emilio Massera, más de trescientas personas hicieron un escrache histórico frente al diario La Nueva Provincia, que despidió al ex almirante con honores, y reclamaron justicia por los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, criminalizados por la familia Massot por su actuación gremial en los años previos al golpe de Estado y fusilados en 1976 luego de permanecer tres días desaparecidos. La apología del criminal Massera fue repudiada por el Concejo Deliberante, por el consejo superior de la Universidad Nacional del Sur y por las autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional, entre otros.

En ese contexto se conocieron las resoluciones de la Cámara sobre los marinos. El 10 de diciembre, los jueces Augusto Fernández y Angel Argañaraz confirmaron procesamientos que quince meses antes había resuelto el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni. Antes, el fiscal federal Abel Córdoba debió presentar pedidos de pronto despacho, recurrir en queja ante la Corte Suprema de Justicia y plantear las demoras a la comisión interpoderes. La resolución está vinculada a un grupo de dirigentes peronistas secuestrados el 24 de marzo de 1976 y encerrados en los camarotes del crucero 9 de Julio en la dársena de Puerto Belgrano. Los mismos jueces más Ricardo Planes confirmaron el 29 de diciembre procesamientos por casos de desaparecidos vistos por última vez en la sexta batería histórica, como Cora Pioli, Horacio Russin, Néstor Grill, Jorge Del Río, Daniel Carra y Gerardo Carcedo.

Los imputados que están ahora más cerca del juicio, además de Büsser y García Tallada, son el vicealmirante Eduardo René Fracassi, el contraalmirante Angel Lionel Martín, los capitanes de navío Guillermo Martín Obiglio, Guillermo Félix Botto, Hernán Lorenzo Payba, Hugo Andrés José Mac Gaul, Gerardo Alberto Pazos, José Luis Rippa, Oscar Alfredo Castro, Eduardo Morris Girling, Enrique De León y Edmundo Oscar Núñez, los capitanes de fragata Tomás Hermógenes Carrizo y Leandro Marcelo Maloberti, y el capitán aviador Domingo Ramón Negrete. También tienen procesamientos confirmados el coronel Argentino Cipriano Tauber, los prefectos Félix Ovidio Cornelli y Francisco Martínez Loydi, el prefecto mayor del servicio penitenciario Héctor Luis Selaya, y el ex comisario de la Policía Bonaerense Víctor Fogelman, el mismo que condujo la investigación del homicidio de José Luis Cabezas.

Basta de silencio cómplice

Contra el diario La Nueva Provincia

(Redacción EcoDias) - Convocado por varias agrupaciones, se realizó en Bahía Blanca el repudio al accionar del diario La Nueva Provincia, a su apoyo a genocidas y a la defensa constante de los intereses que representa. Se escucharon discursos de adhesión, y como cierre la proyección de una película, musicalizado todo por los cantos de repudio y chiflidos.

Unas 300 personas marcharon desde la Plaza Rivadavia hasta los frentes de Rodríguez 55, donde se ubica la sede del diario La Nueva Provincia y la radio LU2. Muchos jóvenes y varias banderas de agrupaciones le dieron color a un legítimo e histórico escrache.
Se pudo escuchar el marco histórico en la voz del ex fiscal Cañón, quien remarcó el rol cómplice que jugó y juega este medio en la historia de terror que se vivió en nuestra ciudad y que se extiende hasta nuestros días, en que los juicios a represores no se realizan y lo común, a diferencia de otras ciudades del país, son los pasos cortos y lentos de la justicia que no llega.
Con un prolongado aplauso, se hizo memoria a Heinrich y Loyola, los dos trabajadores de los talleres gráficos del diario La Nueva Provincia que fueron secuestrados, torturados y asesinados en el año 1976. Ellos formaban parte del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca y venían sosteniendo desde hacía dos años las reivindicaciones laborales de los empleados de la empresa, por lo que se habrían ganaron ser detestados por los Massot. El diario les dedicó a sus trabajadores asesinados unas pocas líneas al momento en que fueran encontrados sus cuerpos en la Cueva de los Leones, con claros signos de tortura y más de 50 balazos. Nunca más en el diario una línea al respecto. Nunca más una voz que salga a romper con el silencio cómplice.
Por estos y otros miles de ejemplos, es que en la tarde del 24 de noviembre una multitud se acercó a gritarle en las puertas, custodiadas por efectivos policiales, que la Memoria sigue viva, que no hay perdón ni olvido para los culpables del genocidio y sus cómplices, sean militares o civiles.
Nuevamente, es lamentable no haber contado en este evento histórico en la ciudad de Bahía Blanca con la presencia de representantes de los poderes legislativo y ejecutivo municipal. No es de sorprender, ya que el intendente Breitenstein es el principal favorecido por las tapas del diario fascista y las precarias encuestas con las que se lo trata de respaldar y empujar hacia la aceptación pública, pese a los persistentes errores y boquetes que se van dejando en las políticas que sostiene él y su gestión. Algunos dirigentes políticos, y un par de concejales, que no pudieron cubrir la ausencia institucional, tampoco sorpresiva, habida cuenta de los dineros que en materia publicitaria dispenda Ciccola para con el monopolio.

Voces de repudio
Varios sectores se pronunciaron repudiando el editorial nefasto de recuerdo al genocida Massera.
Por caso, la Comisión Ejecutiva de la CTA BAHÍA BLANCA-DORREGO expresó su más enérgico repudio por la nota publicada el 09/11/10 en el diario La Nueva Provincia en la que se reivindicaba (como ha hecho con otros represores) la personalidad y actuación del ex almirante Emilio Eduardo Massera, vertiéndose la falacia de "guerra civil" que el estado terrorista utilizó para cometer delitos de lesa humanidad.
Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado Seccional Bahía Blanca (ATE) rechazó los términos vertidos por el diario La Nueva Provincia en ocasión del fallecimiento de Emilio Massera: "Ni el tiempo transcurrido desde los terribles acontecimientos que empañaron nuestra historia y diezmaron una generación, ni los juicios, ni las sentencias, condenas y castigos parecen funcionar en este caso cuando se trata de convertir lo que debería haber sido un comentario periodístico o un escueto obituario en un verdadero panegírico".
El gremio estatal planteó que "No tiene demasiado sentido analizar párrafo por párrafo. Los que vivimos los sucesos, los podemos contar. Eso sí, hay muchos que no podrán hacerlo, simplemente porque los mataron cobarde y oscuramente. Nos queda a los vivos mantener intacta la memoria". De allí, "adherimos a toda expresión de repudio, y nos solidarizamos con las familias de las víctimas de la represión genocida".
También las universidades locales hicieron llegar su repudio. Desde el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional del Sur resolvieron declarar el repudio a la reivindicación del Terrorismo de Estado y la exaltación de la figura de Emilio Eduardo Massera realizada editorialmente a posteriori de la muerte del genocida.
Además, reafirma la UNS su firme compromiso con las instituciones de la República y su enérgica condena a todo régimen e ideología que fomente por acción, omisión o amparo, la violación de los derechos humanos. Todo esto por supuesto lo afirman considerando que fue Emilio Eduardo Massera el que integró la primera Junta Militar constituida luego del derrocamiento al régimen democrático, que comenzó con la "sangrienta dictadura que llevó a cabo un plan sistemático de exterminio que planificado desde el estado y ejecutado en la clandestinidad, se tradujo en el secuestro, la tortura y el asesinato de miles de seres humanos que en su enorme mayoría fueron arrancados de sus hogares a los que jamás volvieron y se les negó a sus familias el derecho a conocer su destino final".
No olvidó de mencionar el órgano de gobierno universitario que "Massera fue condenado en 1985 a cadena perpetua y destituido por homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad, tormentos y robo" y que "el mensaje del editorial de La Nueva Provincia resulta incompatible con los pronunciamientos y actividades mencionadas en los considerandos anteriores y con los principios establecidos en el Art. 2º del Estatuto de la UNS que establece que la universidad tiene como fin la formación integral de sus miembros, capacitándolos para el ejercicio de las actividades científicas y profesionales, e inculcándoles el respeto a las normas e instituciones de la Constitución Nacional".
Por su parte, la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca, por medio de un comunicado firmado por Liberto Ércoli y Ariel Egidi, rector y secretario del Consejo Directivo, respectivamente, manifestó públicamente el profundo desagrado y rechazo generado en el ámbito de esa casa de altos estudios por los contenidos del artículo sobre Massera del diario La Nueva Provincia.
La UTN evaluó como necesario sentar posición ante la sociedad en el sentido del rechazo al contenido del artículo, por considerarlo contrario a sus valores institucionales, teniendo en cuenta que "se pone en duda la valoración del terrorismo de Estado como método sustitutivo de la ley y el orden emanados de la Constitución Nacional. Que la comunidad educativa de la Facultad basa su Misión Institucional en los valores democráticos. Que los claustros de las universidades públicas se encuentran entre los más afectados por el accionar del terrorismo de Estado".
Se aguarda sí que el Honorable Concejo Deliberante se expida institucionalmente, frente a semejante ataque a la democracia y la pérfida reivindicación del terrorismo de estado que le costó a la nación nada menos que las vida de 30 mil personas y cientos de niños privados de su identidad. Días atrás, después de la sesión en que la Comisión de Apoyo a los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad ocupara la Banca 25, varios concejales repudiaron el contenido del editorial de Massera. Sin mucha difusión periodística, hicieron lo políticamente correcto frente a integrantes de Derechos Humanos. Una vez que éstos se retiraran, no tuvieron la capacidad de tratar sobre tablas el repudio a diario de Massot.

Ausencias
El delegado local de la Autoridad Federal de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gustavo Mandará, pegó el faltazo a la manifestación, quizás temiendo alguna represalia de sus anteriores patrones o alguna pregunta incómoda por parte de los jóvenes militantes ante quien se regodea de haber sido la pluma más prolífica del diario La Nueva Provincia..
En una misma senda con su no participación en la defensa de la Ley de Medios, tampoco se vieron los rostros de periodistas que son la cara visible de los informativos televisivos. Al cierre de esta edición, poca era la difusión mediática que había tenido el concurrido evento de repudio, un repudio que tuvo mucha visibilidad nacional y poca local.