jueves, 4 de marzo de 2010

Büsser, embarcado en delitos de lesa humanidad

El almirante retirado Carlos Alberto Büsser, quien encabezó el desembarco en las Islas Malvinas, es uno de los procesados por haber comandado en 1977 la Fuerza de Tareas 2 que actuó en Bahía Blanca. Al mismo tiempo, el juez Eduardo Tentoni excarceló a los acusados.


Por Diego Martínez

Diez oficiales retirados de la Armada y dos ex miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense fueron procesados por la Justicia de Bahía Blanca por delitos de lesa humanidad en las bases de Puerto Belgrano y Baterías durante la última dictadura. La lista incluye a los contraalmirantes Carlos Alberto Büsser, famoso por encabezar el desembarco en las Islas Malvinas, y Manuel Jacinto García Tallada, ex jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales, que en estos días afronta su primer juicio por secuestros y torturas en la ESMA. Büsser fue secretario personal de Emilio Massera mientras se planificaba el último golpe de Estado y comandó en 1977 la Fuerza de Tareas 2 que actuó en la zona de Bahía Blanca.

El juez federal ad hoc Eduardo Tentoni destacó que “las condiciones de vida en los centros clandestinos eran inhumanas”, consideró que “la crueldad de los maltratos, tormentos, torturas, vejaciones y violaciones” en los centros clandestinos de la Armada “escapan a cualquier intento de descripción”, pero excarceló a los marinos. “Si la medida se extendiera a imputados por cualquier delito podría pensarse que se instituyó una garantía procesal e implicaría un avance social. Mientras sea sólo para imputados por crímenes de lesa humanidad es un privilegio sumamente discriminatorio”, consideró el fiscal federal Abel Córdoba, quien reemplazó al frente de la investigación al ex fiscal general Hugo Cañón.

La causa por los crímenes de la Armada en Bahía Blanca se reabrió a fines de 2005. En febrero de 2007 se declaró competente Tentoni, que nueve meses después ordenó una inspección ocular en Puerto Belgrano y Baterías. En junio pasado ordenó los primeros procesamientos, que incluyeron a los prefectos Félix Cornelli y Francisco Martínez Loydi, responsables del informe que recomendó “ralear” del diario La Nueva Provincia a los obreros gráficos y delegados que habían enfrentado a la familia Massot en los años previos al golpe, secuestrados, torturados y asesinados en junio de 1976.

El año pasado, por primera vez en tres décadas, un marino confirmó ante la Justicia la existencia de un centro clandestino en la base de Infantería de Marina Baterías, en la ciudad de Punta Alta. El vicealmirante Eduardo Fracassi precisó que funcionó en la sexta batería histórica, agregó que se habilitó “a los fines de trasladar detenidos de la base Puerto Belgrano, que había completado su capacidad de detención”, y que “estaba operado por personal que revistaba en Puerto Belgrano o en la Fuerza de Tareas 2”. Si bien era jefe de la base, Fracassi dijo ignorar detalles del funcionamiento del centro de torturas porque “dependía del comandante de Operaciones Navales”.

Tentoni recordó que ya en abril de 1975 un supuesto infiltrado fue torturado durante más de un mes por oficiales de la Armada en Puerto Belgrano. La víctima fue entonces el cabo principal Juan José Cozzi, que en 1984 identificó entre sus interrogadores a los marinos Juan Alberto Iglesia, Guillermo Martín Obiglio y Remo Omar Busson, entre otros. El juez se pregunta “si hubo algún cambio en el método contrainsurgente luego del golpe militar” y concluye que “la respuesta es obvia: no”.

El “operativo Rosario” no fue la única tarea de Büsser durante la dictadura. Hasta el 29 de marzo de 1976 fue secretario de Massera. Ese año prestó servicios en la Secretaría de Información Pública. En 1977 comandó la Fuerza de Tareas 2 que operó en el sur bonaerense. En 1979, según declaró ante el juez Baltasar Garzón el comandante español Alfonso Morato, Büsser junto con el teniente coronel Quezán lo secuestraron y torturaron durante ocho meses para que confesara ser un espía chileno. El marino era entonces director de Inteligencia Interior de la SIDE. En 1983, cuando las Fuerzas Armadas incineraron los archivos sobre sus crímenes, era jefe del Estado Mayor Conjunto. Durante su indagatoria admitió que comandó la FT2, dijo que se limitaron a “patrullar la zona para disuadir cualquier actividad terrorista” y que “no hubo detenciones en toda mi gestión”.

La lista de procesados incluye al contraalmirante Angel Lionel Martín, ex comandante de Aviación Naval, y seis capitanes de navío. Hugo Andrés José Mac Gaul fue jefe de Baterías en 1976. Hernán Lorenzo Payba comandó el batallón comando de la Brigada de Infantería de Baterías. Guillermo Félix Botto actuó en 1976 en la sección Inteligencia de la subjefatura Operaciones de Puerto Belgrano, cargo desde el que participó en el montaje en el que fue fusilada Susana Martinelli, vista en cautiverio en las bases de Mar del Plata y Puerto Belgrano. El aviador Domingo Ramón Negrete fue comandante de la Base Aeronaval Comandante Espora en 1976.

El capitán Alberto Gerardo Pazos, actual profesor en el Instituto Universitario Naval, actuó en 1977 en la sección de Inteligencia de la Fuerza de Apoyo Anfibio (FAPA). El juez consideró probado que adiestró “cinco unidades de la FAPA para la lucha antisubversiva” y por su cargo “participó en los interrogatorios y torturas” de varias víctimas vistas por última vez en Baterías, como Cora Pioli o Daniel Carrá, “y también en las decisiones que resolvieron su suerte”. El capitán Enrique De León, profesor de la Universidad del Salvador, fue jefe de Contrainteligencia del departamento operaciones de Baterías. Antes de ser declarado desertor, el conscripto desaparecido Horacio García Gastelú informó a su familia que estaba en una lista de “observados” e identificó en el seguimiento al “teniente De León”. También fueron procesados el capitán José Luis Ripa, el prefecto mayor Héctor Luis Selaya y el alcaide Leonardo Núñez, enlace entre los centros clandestinos y la cárcel de Villa Floresta.

viernes, 12 de febrero de 2010

Diez represores tras las rejas

Con una serie de operativos simultáneos, la PSA capturó a una decena de suboficiales que actuaron en el centro clandestino de Bahía Blanca. Fueron trasladados a la cárcel de General Roca y hoy comienzan a declarar como imputados.

Por Diego Martínez
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El fiscal Córdoba (parado, al centro) se encargó de la investigación.

Llegaron a Bahía Blanca desde regimientos de la Patagonia con la misión de custodiar La Escuelita, el centro clandestino del Cuerpo V de Ejército. Durante tres años dejaron de ser baqueanos en la Cordillera, pasaron a llamarse Abuelo, Perro, Pato, Zorro, Loro, Zorzal, entre otras especies, y se dedicaron a torturar a secuestrados vendados y encadenados. La mayoría se adaptó de buen gusto. Unos pocos se permitieron pequeños gestos de humanidad. Alguno se arriesgó a sacar una carta y un par de aros de una secuestrada embarazada para sus padres. “Nosotros también éramos esclavos”, aseguró uno de ellos tres años atrás. La buena nueva llegó el martes: luego de un tercio de siglo de impunidad, tras una investigación del fiscal federal Abel Córdoba y por orden del juez Alcindo Alvarez Canale, la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a diez ex guardias de La Escuelita, que hoy comenzarán a declarar como imputados.

“Tal vez se apiaden de los abuelos y las familias de los chiquitos nacidos en cautiverio y tengan más dignidad que sus superiores, que siempre negaron la información”, se esperanzó Alicia Partnoy, sobreviviente y autora de La Escuelita. Relatos testimoniales, sobre las formas de resistencia y la convivencia con los represores en el centro de exterminio bahiense. “Si, como decían, lo que los llevó a ser mano derecha de torturadores y genocidas era el miedo a sus jefes, en un país donde todos teníamos miedo a esos asesinos, ¿qué les impide hablar ahora que sus superiores no están en el poder?”, se preguntó Partnoy, luego de recordar al guardia que sacó la carta de Graciela Izurieta, quien dio a luz en diciembre de 1976 en la maternidad clandestina del general Abel Teodoro Catuzzi, ya fallecido.

“Les cabe la misma caracterización que a todos los que fueron parte del genocidio: asesinos”, consideró Eduardo Hidalgo, secretario de la APDH de Bahía Blanca y sobreviviente del centro de exterminio del general Adel Vilas, impune por insania y domiciliado en Bulnes 2087, 7º B, de la ciudad de Buenos Aires. “Si fuera posible alguna expectativa, desearía que cuenten lo que vieron y lo que saben, pero la verdad es que no espero nada de estos criminales perversos”, confesó Hidalgo, y lamentó la muerte de Hugo Marcial Verdún, alias Zorro, quien estuvo a punto de matarlo a golpes.

Los guardias provenían de regimientos de Las Lajas, Junín de los Andes, Convuco y Zapala, todos en jurisdicción del Cuerpo V, y no conocían la ciudad. La mayoría no había terminado la escuela primaria y eran guías de montaña. “Hombres sencillos”, resumió Vilas, que se acercaba a La Escuelita a presenciar interrogatorios y alguna vez almorzó con los guardias. La tarea principal era verificar que los secuestrados no hablaran, no se movieran, no espiaran por debajo de las vendas, y trasladarlos a la sala de torturas cada vez que el suboficial Santiago Cruciani o el coronel Antonio Losardo deseaban interrogarlos.

El horror del terrorismo de Estado no impidió gestos mínimos de humanidad: permitir a los secuestrados hablar en voz baja, informarles sobre los compañeros que habían sido trasladados, permitir un vistazo para ver al resto de los cautivos. “Para nosotros también fue una tortura. Teníamos prohibido hacer preguntas, hablar con los secuestrados, no éramos dueños de nada”, contó años atrás un ex guardia a Página/12. “Tampoco podíamos pedir que nos sacaran, debíamos tener una buena explicación, y estos tipos eran capaces de cualquier cosa. Nadie se animó”, agregó.

Seis de los detenidos, igual que Verdún, vivían en Junín o San Martín de los Andes: Raúl Artemio Domínguez, Andrés Desiderio González, José Marcelino Casanovas, Gabriel Cañicul (vendía productos regionales en una cabaña), el taxista Armando Barrera y el gasista José María Martínez. Felipe Ayala vivía en Bariloche. Arsenio Lavayén en Plottier, en las afueras de Neuquén. El teniente Fernando Antonio Videla fue detenido en Villa Dominico, cerca de La Plata. El guía turístico Bernardo Cabezón se aprestaba a salir de excursión desde su residencia en el lago Huechulafquen, en Neuquén. Las capturas simultáneas, a cargo de la Regional V de la PSA, se produjeron el martes. Los detenidos fueron trasladados a la cárcel de General Roca, donde quedaron incomunicados. Hoy comenzará a declarar Videla, ex jefe del grupo de guardias.

viernes, 13 de noviembre de 2009

Un ex juez preso por encubridor

Por Diego Martínez

Luego de tres meses de investigación y sin recompensas de por medio, la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo ayer a Guillermo Federico Madueño, que tenía pedido de captura desde abril por encubrir crímenes de lesa humanidad como juez federal de Bahía Blanca durante la dictadura. El ex magistrado integró hasta 2004 el Tribunal Oral Federal Nº 5 (TOF-5) y es hermano de Raúl Madueño, juez de la Cámara de Casación Penal. De la investigación de la PSA surge que estaba escondido en un departamento en avenida San Juan 270, 3º “11”, alquilado por Hernán Horacio Rubio, un escribano mencionado el año pasado en una denuncia del Ministerio de Defensa contra militares y civiles por fraguar licitaciones para hacer negocios a costa del Estado. El prófugo mantenía estrecho contacto con Ana Delia Vargas González, una señora paraguaya de 45 años que hasta ayer servía mate y café en el TOF-5, el mismo tribunal que desde el jueves próximo juzgará a Astiz, Acosta & Cía.

Madueño fue entre 1975 y 1978 la pata judicial del terrorismo de Estado en Bahía Blanca. Por las noches visitaba a los jefes del Cuerpo V de Ejército “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión”, según contó el general Acdel Vilas. De día rechazaba los hábeas corpus a favor de desaparecidos y archivaba sin investigar los fusilamientos que los comunicados oficiales publicitaban como enfrentamientos. En 2001, como miembro del TOF-5, Madueño condenó al apropiador de Claudia Poblete. En 2004, Página/12 publicó su historia negra y el CELS pidió su juicio político. Renunció cuando el Consejo de la Magistratura comenzaba a investigarlo. En octubre de 2006, el fiscal federal Hugo Cañón pidió su detención, que el juez Alcindo Alvarez Canale ordenó recién el 20 de abril último. El 27 de julio, a casi dos años del pedido a la Policía Federal para que detuviera al prófugo más antiguo de la causa, coronel Aldo Mario Alvarez, el fiscal federal ad hoc, Abel Córdoba, requirió la intervención de la PSA y le encomendó también buscar a Madueño, símbolo de la inserción en instituciones democráticas de los cómplices civiles del terrorismo de Estado.

El viernes, la PSA informó al fiscal que el prófugo usaba una línea de teléfono de Rubio para comunicarse con familiares y con Vargas González, quien ese día viajó a Paraguay a visitar a su padre enfermo, de 84 años. Escribano y ordenanza hablaban de Madueño en clave. La mujer le informó que la policía vigilaba el edificio donde supo vivir el ex juez “porque el fiscal los tiene locos”, en referencia a Córdoba, que no en vano se formó junto al ex fiscal Hugo Cañón. Los investigadores también descubrieron que la empleada del TOF-5 “habría visitado o visto” al prófugo e informaron que el escribano Rubio le dijo a la dueña del departamento que el huésped era su primo y estaba enfermo.

El miércoles, la PSA confirmó la ubicación del escondite y solicitó al fiscal que gestionara la orden de allanamiento, que finalmente libró el juez federal Ariel Lijo. La detención se concretó a las cinco de la tarde e incluyó el secuestro de carpetas con documentos de su misión en Bahía Blanca. Madueño se manifestó sorprendido y, según los investigadores que lo vieron, goza de buena salud. Minutos después llegaron el escribano amigo y la novia, que ayer se reincorporó al TOF-5.

“Por su lugar en la estructura represiva y por la impunidad que creía tener hasta hace apenas cinco años, Madueño es uno de los símbolos del terrorismo de Estado en Bahía Blanca”, reflexionó el fiscal Córdoba. “Su contribución a la represión ilegal consistió en obstaculizar el acceso de las familias a la Justicia, tarea que aún hoy rinde frutos, ya que impidió que existieran líneas investigativas mientras se cometían torturas y asesinatos”, concluyó.

miércoles, 14 de octubre de 2009

Por ofrecerle cobertura a un prófugo

Por Diego Martínez

Ser cómplice de represores prófugos tiene sus riesgos. El empresario Héctor Lapeyrade fue procesado por encubrimiento agravado, delito con una pena de dos a seis años de prisión, por ayudar a burlar a la Justicia durante catorce meses al teniente coronel Julián Oscar Corres, imputado por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. La lista de prófugos por secuestros y torturas durante la dictadura tiene 39 nombres, desde marinos de la ESMA hasta el ex juez Guillermo Madueño, miembro hasta 2004 del Tribunal Oral Federal 5 y hermano de Raúl Madueño, juez de la Cámara de Casación Penal. El Estado ofrece cien mil pesos de recompensa para quien brinde información que permita capturarlos. Sus datos y fotos constan en el sitio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, www.jus.gov.ar, en la solapa “Personas buscadas”.

Corres está preso en Marcos Paz por su actuación en el Cuerpo V de Ejército, donde se apodaba “Laucha”, igual que quien manejaba la picana en la mesa de torturas de La Escuelita. Lapeyrade, de 80 años, es dueño de la petrolera Chañares Herrados, de bodegas Lapeyrade en Viedma y de campos en Mercedes. Era amigo íntimo del padre de Corres, ya fallecido, y según declaró, el represor le daba 4500 pesos por mes a cambio de “diligencias no específicas”. La primera detención de Corres, el 3 de abril de 2008, se produjo cuando salía de la firma de su padrino, en Uruguay 824.

El juez federal Norberto Oyarbide consideró probado que Lapeyrade conocía la situación del prófugo, lo invitaba a almorzar, le facilitaba celulares y pases en Autopistas del Sol a nombre de su firma. “A través de los mismos pudo movilizarse y comunicarse manteniéndose en el anonimato”, escribió el juez, que consideró “completamente contradictorio” al descargo del empresario. Lo procesó pero lo dejó en libertad y decretó un embargo de diez mil pesos.

El rol de Lapeyrade se conoció tras la fuga de Corres de la delegación bahiense de la Policía Federal. Eduardo Díaz, empleado de Bodegas Lapeyrade, declaró que lo visitó tres veces para entregarle sobre cerrados con dinero y provisiones “de parte del patrón”. También recibía plata de manos de su primo Oscar Corres, aunque según declaró eran fondos que le enviaba el empresario. Los ahorros le sirvieron para pagarse el taxi que lo trasladó desde Bahía Blanca hasta Mar del Plata.

domingo, 6 de septiembre de 2009

Aviones de la muerte

DOS DE LOS ELECTRA USADOS POR LA ARMADA PARA ARROJAR PRISIONEROS AL MAR

Una de las aeronaves está en el museo de la base Comandante Espora, en Bahía Blanca. La otra, en un predio de una empresa privada en Esteban Echeverría. Página/12 revela dos nuevos testimonios sobre la metodología utilizada por las Fuerzas Armadas para deshacerse de los detenidos-desaparecidos.


PáginaI12

Por Diego Martínez

Dos de los aviones usados por la Armada para desaparecer de la tierra a sus enemigos secuestrados en la ESMA permanecen en exposición. Se trata de modelos Lockheed L-188 AF Electra, el mismo que el ex capitán Adolfo Scilingo utilizó en su segundo vuelo, confesado hace ya catorce años. Ambos integraron durante la dictadura la 1ª Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil, con base en el sector militar del aeropuerto de Ezeiza, última escala antes de la muerte. Mientras, la Justicia no esboza ninguna estrategia para identificar a los pilotos y tripulantes que participaron de los vuelos de la muerte.

El Electra mejor preservado, matrícula 5-T-2, bautizado Ushuaia, está en el museo de la base aeronaval Comandante Espora, en Bahía Blanca, y luce un “esquema de colores de baja visibilidad”: gris oscuro, descolorido por los años, con la bandera argentina en la cola. El segundo, matrícula 5-T-3 Río Grande, está desde 1997 en un predio de la firma Astilleros Irupé de Marina del Sur SRL, en Camino de Cintura al 8300 de la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. Conserva los colores originales de la Armada, blanco con líneas celestes, aunque los emblemas de la fuerza fueron tapados.

La 1ª Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil, que participó de los últimos eslabones del proceso de secuestro, tortura, muerte y desaparición, dependía de la 5ª Escuadra Aeronaval. Sus comandantes fueron los capitanes de corbeta César Enrique Avila en 1976 y José Roberto Fernández en 1977. La certeza sobre el uso de ambos aparatos para arrojar personas al mar surge de combinar la confesión de Scilingo con un dato originado en la burocracia naval: hasta 1982 la Armada tenía sólo tres Electra, todos “con portalón trasero con capacidad de ser abierto en vuelo”, según explicó una fuente con acceso a registros de la Marina al periodista Roberto Leiva, del diario Crónica. El tercero, matrícula 5-T-1, Antártida Argentina, habría sido desguazado y convertido en chatarra.

El piloto y blogger Carlos Abella, en su artículo “El Electra del Camino de Cintura”, detalló que el decreto de compra de la flota lo firmó el dictador Agustín Lanusse, pero que ingresaron al país tras el retorno del peronismo al poder. La fuente naval precisó la fecha: diciembre de 1973. Durante la guerra de Malvinas los Electra “prestaron servicio con el Grupo de Tareas 80.4 bajo el mando del capitán de navío Jorge Vildoza”, torturador de la ESMA prófugo desde 1986. “Los amplios interiores de los Electra” sirvieron para trasladar material bélico, personal y carga, apuntó Abella, que no mencionó el relato de Scilingo.

El empresario Jorge Ramírez compró el aparato con la idea de “conseguir un sponsor para pintarlo y obtener algún tipo de ingreso desde lo publicitario, ofreciendo la posibilidad de ganar un aerocartel de 36 metros de largo sobre el Camino de Cintura, vista obligada para los transeúntes”, contó el piloto. El proyecto incluía “una confitería con asientos enfrentados delante de un parque de recreación, con lago artificial destinado a actividades náuticas, situación que hasta el presente no prosperó”.

El abogado y periodista Pablo Llonto, que patrocina al padre de Norma Arrostito, asesinada y desaparecida luego de un año de cautiverio en la ESMA, solicitó al juez Sergio Torres que dicte una medida de no innovar sobre los dos Electra en exposición y que disponga su custodia con vistas a futuras inspecciones oculares y reconocimientos. Aún no obtuvo respuesta.


“El nivel de los subversivos”

La cita es un bar de Bahía Blanca. Roberto Venancio Del Valle, 62 años, suboficial de la Armada, integró en 1976 la 2ª Escuadrilla de Sostén Logístico Móvil de mecánicos de Ezeiza, que no operaba con los Electra sino con los más antiguos Douglas DC3, utilizados también para arrojar personas al mar. La 2ª Escuadrilla fue comandada por los capitanes de corbeta Norberto Horacio Dazzi en 1976 y Adolfo Guillermo Videla en 1977.

La cita es para hablar sobre la muerte de su hijo, cabo segundo Eduardo Del Valle, el 27 de agosto de 2007 en la base Espora. La versión oficial dice que se suicidó de un disparo en la cabeza. “Lo mataron”, afirma el padre. “No tenía ningún motivo. Algo escuchó o vio”, sugiere, y enumera: robo de accesorios de aviones, drogas, prófugos con protección. Agrega que tenía signos de violencia en la cabeza y que no confía en la Justicia. “A cinco días de la muerte, la secretaria del fiscal, sobrina del almirante Carlos Marrón, dijo que esperaban los resultados de las pericias para archivar la causa. Logramos la calificación de ‘muerte dudosa’ pero hasta ahí llegamos”, concluye. Consciente de que el hombre de manos curtidas ha hablado sobre los vuelos, Página/12 propone el tema:

Un día vi manchas de sangre en el patín de cola de un DC3. Abrí la puerta y vi restos de sogas, de unos cuarenta centímetros, y restos de ropas, pedacitos de telas como de camisas arrancadas. Pensé “hijos de puta, están matando gente”. Se corrió la bola, hubo malestar y, como a la semana, el comandante juntó a toda la Escuadrilla.

–¿Quién era el comandante?

–Capitán Dazzi.

–¿Qué les dijo?

–Que estábamos en guerra y que había que rebajarse al nivel de los subversivos para poder combatirlos. Ahí empiezan a involucrar a todos.

–¿A todos?

–A mí no me tocó, no sé por qué –responde. El hijo que lo acompaña escucha casi sin respirar–. “Muchos quedaron locos”, continúa. “¿Te acordás del que salía a correr desnudo?”, le pregunta al hijo, que sigue en silencio. “Creo que se suicidó. Otro quedó mudo”, agrega.

–¿Por qué había sangre?

–Les pegaban con una estaca de hierro en la cabeza. Me lo contó un muchacho que después gritaba cuando dormía, un mecánico que era soltero y vivía en Ezeiza.

“Nunca vi cuando traían a los secuestrados”, afirma Del Valle, aunque sabe que “había pendejitas chiquitas” y, para graficar, coloca sus manos casi pegadas al pecho. Agrega que los vuelos “se hacían siempre de noche”, que “ponían como operadores de tierra a civiles amigos” y que “no se registraba nada: esos vuelos salían sin comunicación”.

Página/12 se comunicó con el capitán Dazzi. El ex jefe de la Escuadrilla confirmó su destino de 1976 pero no respondió preguntas y sugirió que las debe responder la Armada. Consultado sobre la orden de “rebajarse al nivel de los subversivos”, cortó la comunicación.


El Colorado Ormello

Rubén Ricardo Ormello era en 1976 cabo segundo de la Armada. Tenía 21 años, era mecánico motorista y también prestaba servicios en el área militar de Ezeiza. Su recuerdo de los vuelos lo escucharon sus compañeros del hangar de aeroparque de Aerolíneas Argentinas, empresa a la que ingresó durante la dictadura. Página/12 confirmó el dato con dos fuentes que lo escucharon en lugares y momentos distintos. Ambos están dispuestos a declarar ante la Justicia.

“Escuché el relato en el hangar 2 de Ezeiza. Sería 1984 o 1985. Habíamos ido a reparar un Fokker F-28. El jefe de turno conocía la historia y le pidió que la repitiera”, recuerda el primer testigo. “Contaba que colocaban un DC3 en la plataforma y llegaba un colectivo. Venía un ‘tordo’ con un maletín y se paraba en el portón del avión. Se los bajaba ‘medio en bolas y como en pedo’ y con los ojos tapados. ‘Los sentábamos en el portón y el tordo les daba un jeringazo de Pentonaval. Los apilábamos adelante y cuando ya estaba listo salíamos a volar. Cuando nos avisaban empezábamos a arrastrarlos y los tirábamos por el portón’, contaba Ormello” y reconstruye el operario, ya jubilado.

“Yo lo escuché una madrugada en el hangar de aeroparque. El turno noche era el más distendido, se charlaba mucho. Eramos cuatro o cinco”, recuerda el segundo testigo, que reitera un relato similar. “Lo contó con frialdad, con naturalidad, como quien se limitó a cumplir una orden”, agrega.

Las dos fuentes citan un detalle que los paralizó. “Una vez trajeron a una gorda que pesaba como cien kilos y la droga no le había hecho el efecto suficiente –contaba Ormello–. Cuando la íbamos arrastrando se despertó y se agarró del parante. La hija de puta no se soltaba. Tuvimos que cagarla a patadas hasta que se fue a la mierda”, recordaba el joven suboficial, ya retirado y sin remordimientos.

Página/12 buscó a Ormello para darle la palabra. El encuentro debió concretarse el jueves 13 de agosto en su lugar de trabajo, el aeropuerto de Mendoza. No pudo ser: el ex marino viajó a Buenos Aires minutos después del arribo del cronista para embarcarse hacia Colombia. Por la tarde, en su caserón de Godoy Cruz, su esposa confirmó que “está de viaje” y “por mucho tiempo”. No facilitó ningún teléfono y tomó nota de los de Página/12. Ormello nunca se comunicó.

El mes pasado la Unión de Promociones Navales renegó desde las páginas del diario La Nueva Provincia por lo que llama “presos políticos”. Lamentó que Astiz, Acosta & Cía. “sean juzgados individualmente, como si hubieran cometido delitos en forma personal”, y aseguró que durante la dictadura existió una “participación integral” de la Armada. Tal vez los vuelos sean el mejor ejemplo.

dmartinez@pagina12.com.ar

 

 

TESTIMONIOS DE REPRESORES SOBRE EL METODO DE ARROJAR PRISIONEROS AL MAR

Fuimos todos

Policías, miembros del Ejército y de la Armada hablaron desde 1981 de la existencia de los vuelos de la muerte. En 1995 el ex marino Adolfo Scilingo se convirtió en el primer represor en confesar su participación.


Por Diego Martínez

El primer testimonio de un represor sobre los vuelos, en 1981, pertenece a Luis Alberto Martínez, suboficial de la Policía Federal, hoy prófugo por la Masacre de Fátima. Detenido en Suiza por secuestros extorsivos en la Argentina, El Japonés Martínez detalló ante la Federación Internacional de los Derechos del Hombre que, tras los interrogatorios bajo tortura en el tercer piso de Azopardo 680, los grupos de tareas de Seguridad Federal recurrían a los vuelos.

“Oficiales y suboficiales llevaban a los prisioneros en furgones cerrados con destino a aeroparque. Antes de llegar a la vía había una entrada guardada por efectivos de Aeronáutica. Estos traslados tenían lugar de noche. Al llegar recibían una inyección, se les decía contra las fiebres. Eran somníferos que venían en paquetes con etiquetas del Ejército. Los prisioneros eran embarcados a bordo de un avión Fiat Albatros. Después de quince minutos, ya dormidos, eran desnudados. Luego de media hora eran arrojados al mar a la altura de Mar del Plata”, declaró. Apuntó que el método existió antes del golpe de Estado. “Estos hechos se remontan a los años 1975-1976, porque luego comenzó a funcionar el Club Atlético”, dijo.

Ya en democracia, el cabo Raúl Vilariño se refirió a los “vuelos sin puerta” de la Armada. “Se hacían desde Ezeiza. Se colocaba el avión, se acercaba el camión, se subían los guerrilleros en estado de coma o idiotez y se salía al río. Eran largados desde el aire”, relató a la revista La Semana. “Se les daba una medicación que hacía que no se resistiesen. Los tomaban de a uno y los iban lanzando, sin vestimenta y sin nada que pudiera servir para identificarlos”, contó. Tras la aparición de cuerpos “en playas de Quilmes y Montevideo empezaron a tirarse más adentro, así los cadáveres molestos no volvían a aparecer”, explicó Vilariño, que calificó a la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros como una “cobertura” de quienes operaban en la ESMA.

En 1995 el ex capitán Adolfo Scilingo admitió ante el periodista Horacio Verbitsky su participación en dos vuelos, ambos desde Aeroparque, en un Skyvan de Prefectura y en un Electra de la Armada. “La mayoría participó, era una especie de comunión.” “Era para comprometerlos.” “Venían rotando de todo el país. Alguno puede haberse salvado pero de forma anecdótica”, contó, y categorizó a los victimarios: oficiales superiores, suboficiales, médicos que daban la última inyección en vuelo, “invitados especiales” que daban “apoyo moral”, mecánicos, y hasta un cabo de Prefectura que entró en crisis cuando comprendió su misión.

En su declaración ante la Justicia en España y en entrevistas posteriores, Scilingo detalló que la orden para el primer vuelo se la dio el vicealmirante Adolfo Arduino, que murió impune. La columna desde la ESMA hasta Aeroparque la condujo el capitán Jorge Vildoza, prófugo eterno. Compartió el vuelo con el “teniente Vaca”, a quien identificó como el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, que está libre, y con el capitán de navío Carlos Daviou, preso en Marcos Paz. Entre los tripulantes que permanecían en actividad, identificó al contraalmirante Basilio Pertiné, cuñado de Fernando de la Rúa, y al almirante Jorge Enrico, jefe del Estado Mayor Conjunto de Carlos Menem, que la semana pasada despidió desde un aviso fúnebre en La Nación a Diana Julio de Massot, directora del diario La Nueva Provincia. Entre los capellanes que sedaban las conciencias de los asesinos identificó a Luis Antonio Manceñido y Alberto Angel Zanchetta, sacerdotes en actividad de la Iglesia Católica, igual que el condenado Christian von Wernich.

También en 1995 dos guardias de Campo de Mayo admitieron que el Ejército recurrió al mismo método de desaparecer personas. El sargento Víctor Ibáñez confesó ante el periodista Fernando Almirón que “El Campito”, pegado a la cabecera de la pista del Batallón de Aviación 601, “era el lugar ideal para ocultar idas y vueltas de los aviones: nadie podía ver nada, el perímetro estaba vigilado por Gendarmería”. Dijo que vio subir “hasta ochenta personas” en un vuelo. Mencionó los aviones Twin-Otter, Fokker F27, Hércules y Fiat. En el Hércules viajaban dos pilotos, un ingeniero de vuelo, dos mecánicos y el comisario de a bordo, dijo. Los suboficiales se encargaban de buscar a los prisioneros. Los llevaban en camión hasta la pista, les decían que iban a blanquearlos y, con la excusa de una vacuna, les inyectaban un somnífero. “En menos de un minuto estaban como muertos”, agregó. El “grupo de eliminación” del Ejército también era rotativo, relató.

El suboficial Pedro Caraballo, que ingresó a Gendarmería como trompetista y terminó como guardia del “Campito”, relató ante la Asociación de Abogados que los secuestrados “eran llevados sin cadenas, encapuchados, hasta el avión”. Según la declaración, “les aplicaban inyecciones y caían al suelo, no sabe si vivos o muertos. Le contaron que arriba de los aviones les abrían la panza para que se hundieran rápidamente”. Los vuelos eran “todos los viernes”. A fines de 1977, Caraballo chocó con un auto robado por el Ejército y tuvo la mala idea de declararlo en la comisaría. “Usted es un pelotudo y va a ser castigado”, le advirtió el comandante de Gendarmería Horacio Domato, hoy prófugo. Le dieron de baja luego de dos años preso.

El segundo relato conocido de un marino que admitió su participación es el del suboficial Juan Lorenzo Barrionuevo. Contó Jeringa que un día se cansó de inyectar Pentonaval y pidió volar. “Tenía miedo de no animarme a empujar a la gente al vacío, pero me animé. Me sentía Dios, estaba en mi mano la vida o la muerte. Podía sentir la vibración de los cuerpos por los temblores que causa el miedo”, le confesó a un guardia del hospital de Ushuaia. Barrionuevo murió el año pasado, en libertad, a los 54 años.

El método también se aplicó en Rosario. Eduardo Constanzo, personal civil del Destacamento de Inteligencia 121, contó el año pasado ante el periodista José Maggi, de Rosario/12, que meses antes del mundial de fútbol de 1978 los secuestrados del centro clandestino La Intermedia fueron ejecutados uno por uno. Según consta en el documento con el que se elevó la causa a juicio, amontonaron los cadáveres en una habitación de la quinta, propiedad de la familia Amelong, y los desnudaron. Luego se ordenó “tapar los balazos con pedazos de trapos, porque los pilotos del Hércules se habían quejado” (sic). Los envolvieron en frazadas y los cargaron en un camión Mercedes Benz 608 que partió hacia el aeropuerto de Fisherton. “Los tiraron a la bahía de Samborombón, se los comieron los tiburones”, resumió Constanzo.