viernes, 24 de marzo de 2006

A treinta años del Golpe


Documento leído el 24 de marzo de 2006 frente al centro clandestino de detención “La Escuelita”, en el Cuerpo V de Ejército de Bahía Blanca.

Por Eduardo Hidalgo. Secretario general de APDH Bahía Blanca
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El ejercicio de la memoria, que volvemos a realizar este 24 de marzo, tiene al menos dos perfiles que confrontan, con secuelas que se mantienen hasta nuestros días. El inicio oficial de la dictadura más sangrienta que recuerda la historia argentina, y el movimiento de resistencia que le hizo frente y que se continúa hoy, en la lucha contra la impunidad. La resistencia, pasada y presente, la asumieron trabajadores, estudiantes, vecinos, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, los recluidos en prisiones “visibles” y en centros clandestinos. Hubo que enfrentar por entonces tortura, campos de concentración, secuestros, asesinatos, desapariciones, cárcel, exilio, hasta casi llegar al límite de las fuerzas. Fue el acto inaugural de un proyecto que remite, además del terror represivo, al horror económico, a la sangría política, social y cultural que seguimos padeciendo, en el marco de un funcionamiento institucional condicionado donde la representatividad es asumida como propiedad del partido que gana las elecciones, y no de los representados, que son quienes le otorgan el mandato a los electos para que cumplan y pongan en vigencia todos y cada uno de nuestros derechos.

El actual presidente ha dado unos pocos pasos y algunos gestos que los organismo valoramos positivamente, pero poco o casi nada se ha hecho respecto de la distribución de la riqueza, eje central para quebrar al poder económico concentrado, cuando hacerlo significa la base fundamental de una auténtica democracia es decir devolver todos y cada uno de los derechos arrebatados al pueblo argentino. Se trata entonces para nosotros de seguir siendo quienes éramos, con todas nuestras heridas y nuestros nombres sin respuesta, por eso nuestra identidad es la lucha por la memoria. la verdad y la justicia. Memoria para recordar y señalar a ejecutores y cómplices de lo que nos paso y nos pasa hoy, verdad para probar como lo hemos hecho en los estrados judiciales aún con todo el poder en contra y legislado para la impunidad, y justicia para los crímenes de ayer, por cada niño desnutrido cuyas consecuencias de capacidad se mostrarán brutalmente dentro de pocos años, y para cada compatriota y convecino que por su protesta en reclamo de la vigencia de sus derechos, es enjuiciado como un delincuente.

Mientras esto sucedió y sucede, Bahía Blanca mayoritariamente se mantiene sumergida en un pacto de silencio ominoso y terrible. El juego del “como sí”, una confabulación lamentable y tristísima que consiste en actuar como si aquí no hubiera pasado o no pasara nada, cuando en realidad pasó y pasa muchísimo. Pero la ciudad mantiene su complicidad con el nefasto error de negar y olvidar. Docentes y directivos de muchas escuelas impiden hablar con claridad sobre lo que nos pasó, o se transforman en transmisores del discurso de los dos demonios pretendiendo una neutralidad que no es posible cuando se habla de Terrorismo de Estado y sus consecuencias. Una corporación médica que sigue encubriendo en su seno y con excusas reglamentaristas a los profesionales que fueron denunciados por ser parte de la represión genocida. La corporación de abogados que recientemente han minimizado las opiniones contrarias respecto de su compra del edificio del diario local golpista, diciendo que son opiniones prejuiciosas, a pesar de las pruebas que se acumulan en las propias páginas de ese diario. Aquí la mayoría no se permitió ni siquiera la decencia ni la higiene síquica del duelo. La mayoría de los bahienses están convencidos que es posible apretar las manos sobre la tapa bajo la cual se oculta el horror de ayer y de hoy, y que cuando se animen a quitarlas el horror habrá desaparecido. Pero seguirá allí, en el mismo punto en que decidieron dejarlo disimulado bajo una gruesa capa de olvido. Porque el tiempo no sirve para borrar las huellas de lo que no se concientiza. Y nos preguntamos hoy junto a los que no se han plegado a esta amnesia planificada; ¿qué va a ocurrir entonces?, ¿Bahía Blanca asumirá su realidad?, ¿tendrá finalmente el coraje de rebelarse contra toda esa mediocridad que la empantana y no la deja ser?

Solo será posible si existe un proyecto común de verdadero cambio, sin dogmatismos, sin hegemonismos, sin falsos y decadentes liderazgos ya fracasados, es decir un cambio revolucionario con protagonismo y participación fundamental de la sociedad, que es solamente como se concibe un auténtico cambio social. De poco sirve que en la superficie y a cierta distancia se advierta la presencia de un intendente, un cuerpo de concejales, escuelas y muchos otros elementos vivos propios de una organización ciudadana, si hay un poder cuya planificación y acción la integraron y la integran hoy muchos dirigentes de todo orden, otorgándole un ritmo a la Bahía y que aúnan esfuerzos concurrentes a un mismo objetivo, cual es el de impedir que esta ciudad emerja de su letargo y continúe siendo sometida al arbitrio de una filosofía implantadora de costumbres y códigos tácitos. A instancias del entumecedor incienso con el que se fumiga diariamente a la población desde las páginas de ese diario, que impunemente aún por estos días reivindica a genocidas como Etchecolaz entre otros.

Será cuestión de esperar, entonces. Porque aunque nos prohibieron el agua, nunca pudieron ni podrán prohibirnos la sed. La historia es duración. No vale el grito aislado, por muy largo que sea su eco. Vale la prédica constante, continua, persistente. No vale la idea perfecta, absoluta, abstracta, indiferente a los hechos, a la realidad cambiante y móvil. Vale la idea germinal, concreta, dialéctica, operante, rica en potencia y capaz de movimiento.

Cuando asome ese día, los bahienses, que también son argentinos, podrán descubrir la vida real y decidir su propio destino. Mientras tanto, algunos pocos con la mente todavía sana seguiremos obrando para mantener encendido el fuego.

Por eso decimos en este día, como en cada uno de nuestros casi 20 años de existencia en esta ciudad, nuestros deseos: justicia para los 30.000 compañeros, justicia para el pueblo, plena e irrestricta vigencia de todos los derechos humanos para todos, y con nuestros sueños intactos y la vida por delante para hacerlos realidad, seguimos recordando que el sur también resiste.

lunes, 13 de marzo de 2006

"Luchar por la dignidad humana es luchar por la propia dignidad"

Ecodías
Mirta Mántaras en Bahía Blanca


Por Natalia Carabajal Figueroa
Acerca una silla y nos ubica en la mesa redonda. Ceba un mate, para que nos recuperemos de la escalera. Está atenta, sonriente. Es una mujer dinámica. Su cuerpo se mueve y acompaña cada palabra. Y sus palabras son sostenidas por sus acciones a lo largo de décadas.

Mirta Mántaras es abogada, escritora, periodista.

Más allá de sus palabras Mirta Mántaras nos habla de la fuerza del trabajo y del movimiento constante, incansable, para que se logre justicia.

- ¿Por qué juicio y castigo y no venganza?


- Cuando los familiares, los sobrevivientes estaban en esa lucha, lo que naturalmente sale del alma es poder vengarse o algo relacionado con la persona que le ha quitado a su hijo, su nieto, que le ha destrozado su familia. La no venganza fue una consigna expresa que se estableció, se comentó y se difundió porque lo que proponían era que fuera posible obtener un juicio, porque el juicio era algo que servía a la comunidad, que servía para que nosotros fuéramos forjando esta salida de la dictadura para convivir en un sistema civilizado
Esa consigna fue muy buena, porque permitió ir avanzando con un horizonte muy concreto y por otro lado ha sido muy importante para la adhesión de todas aquellas personas que inclusive en 1983 ignoraban lo que acá había pasado.

En un trayecto de la charla Mirta se detiene en la importancia que adquiere la creatividad en la búsqueda de justicia en el caso de los desaparecidos y los crímenes cometidos. Menciona a la calle, a los espacios públicos como lugar de florecimiento. Esta creatividad es parte del quehacer colectivo, creatividad que llevó, por ejemplo, a que surjan las reconocidas siluetas de los desaparecidos como representación y que se diseminen por el todo país.

“Cuando surgen las siluetas de los desaparecidos es para darles carnadura, para que permitan contar su historia. Se hace en muchas comisiones de la memoria, donde abren una carpeta con fotos, recuerdos que las mamás generalmente guardamos. Y se han hecho carpetas que al mirarlas parece que uno está frente a una persona, que la tiene delante con su espíritu, con sus amores, con lo que escribió algún día en su cuaderno… O sea, tiene carnadura”.

- “No están, no son” dijo Videla al referirse a los desaparecidos…


- “No están” significaba que no están porque ellos los habían asesinado, pero además “no son” significaba no tienen importancia ya sus luchas, sus objetivos, sus pasiones, su amor a una patria grande liberada. Querían borrar no sólo la persona física sino todo lo que la persona sentía, todo lo que la persona proyectaba, sus ideas políticas… Entonces cuando Videla dice “No están, no son”, nosotros le contestamos: “¡Presentes!” y son este, este, este… y han hecho esto, esto, esto, tienen estos rostros y estas han sido sus propuestas, estos han sido sus ideales: que todos tengamos igualdad de oportunidades.

- ¿Qué sentido le dieron los militares a la desaparición, a la no entrega de las personas?


- En realidad, la desaparición es el apropiarse del cuerpo, de un cuerpo yerto, de un cuerpo asesinado. Para los familiares es muy importante el cuerpo por el duelo. Pero ellos han hecho desaparecer a las personas no tanto para que no tengan identidad sino más bien para eludir la responsabilidad criminal por sus terribles delitos atroces y para no ser responsables de estos delitos. Ha sido una forma de eludir la responsabilidad por crímenes aberrantes y atroces que ofenden a la familia humana porque son delitos de lesa humanidad.

Mirta Mántaras menciona que la Cámara Federal de Bahía Blanca fue la única en el país que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y reconoce como un mérito de los bahienses que su Cámara Federal fue la única que mantuvo e insistió en la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida.

Sobre el tema de la lucha, de la continuidad de las luchas y la dignidad nos dijo: “Cualquier lucha por la dignidad humana es una lucha de solidaridad, pero es una lucha por uno mismo, por la dignidad propia. La lucha es una lucha por la dignidad y esto está adentro del ser humano. La dignidad es el reconocimiento de cada quien como es, con su pensamiento y su identidad, con su individualidad y con su pertenencia a una sociedad, a un colectivo social. La dignidad es ser tenido por lo que uno es; por eso abarca a la familia humana el principio de la dignidad, por eso está exaltada en todas las convenciones internacionales como la base: la dignidad de la persona humana. Y cuando se habla de delitos de lesa humanidad, se habla de delitos que ofenden a la familia humana. La lucha por la libertad: es algo que surge del ser humano”.

“La lucha no se termina nunca, la sociedad es un sujeto colectivo social, tiene una vida que continúa, donde por supuesto van cambiando las personas: unos mueren, los otros nacen, pero la sociedad como sujeto colectivo social está en constante movimiento. Es eso de pasar la antorcha… Se pasa la antorcha a las generaciones nuevas y uno la recibió de los que ya se fueron. Porque el sujeto colectivo social es un sujeto histórico, es un sujeto que tiene un pasado, un presente y un futuro, entonces siempre va a haber una lucha de aquellos que están oprimidos, silenciados, maltratados, discriminados y de todos aquellos que consideran que esta vida es para todos concebida en forma igualitaria”.


Mirta Mántaras presentó su libro

A los hijos de todos


“Genocidio en la Argentina” es el nuevo libro de la doctora Mirta Mántaras, quien estuvo en la ciudad y presentó la publicación que ya fue declarada de interés provincial en Río Negro.

Mántaras, abogada patrocinante de la APDH y de las víctimas y familiares de desaparecidos, refirió que en Bahía Blanca se declaró la nulidad de las causas por inconstitucionalidad de la ley de Obediencia Debida y Punto Final. Además, explicó que se han presentado muchos hijos que cuando se comenzaron con las causas eran pequeños y ahora se presentan para reclamar justicia.

Abordaje histórico


A modo de reseña Mántaras dijo que “el abordaje del libro es histórico pero que tiene que ver con una enseñanza que nosotros tuvimos durante todos estos años de lucha por el juicio y castigo a los culpables: las organizaciones de derechos humanos, aun las más pequeñas, las que están en los pueblos chiquitos, las que no conocemos, han hecho una lucha muy original, que es constituir organizaciones intermedias de control del poder, del control del gobierno, de control de los actos públicos. Las organizaciones de derechos humanos han demostrado creativamente que han mutado las formas de lucha, porque cuando vivieron en la impunidad se buscó el castigo social con fotos de los represores, con las siluetas de los desaparecidos, para darles carnadura, para darles una existencia y rehusar aquello que había dicho Videla -“No están, no son”-: Sí están, sí son, acá les damos carnadura”.

Por otra parte, mencionó que dentro del material publicado se incluyeron los juicios de Madrid: “Con los juicios de Madrid se ha avanzado enormemente, siempre el mismo grupo acompañado por el pueblo, de estas organizaciones intermedias. Ha habido un debate internacional con relación a la figura de los delitos de lesa humanidad y se ha logrado que después de tantos años se reabran los juicios, se anulen las leyes de impunidad y sea posible lograr ese objetivo propuesto allá en los años 76 cuando se crearon los primeros organismos de derechos humanos”.

A los jóvenes


Respecto a los destinatarios de la publicación y a la finalidad de la misma Mirta destacó que “el libro está dedicado a los hijos de todos, a los jóvenes, ellos son los más interesados en este libro, porque no han vivido lo que hemos vivido nosotros que lo conocimos en carne propia o desde la prensa. El libro persigue la finalidad de que conozcan esta historia, es como una narración histórica que no tiene apéndice documental porque las partes importantes están transcriptas, los fundamentos -como los juicios a las Juntas- están transcritas, partes de las leyes de impunidad, los reglamentos castrenses que tienen importancia para demostrar que el genocidio fue planificado”.

El libro también incluye el análisis de la resistencia obrera así como también de la deuda externa. “Es lo que yo llamaría un libro sencillo de leer que le sirve a cualquier ciudadano que se interese en el tema y en recordar… Como me dicen los periodistas: es un fantástico recordatorio”, agregó Mántaras.

Finalmente, adelantó que pronto escribirá otro libro como continuación de este, relacionado a los juicios que se desarrollan en el país y con la situación histórica de la Argentina.


Búsqueda de la verdad


Por Denise Navarrete

Antes de la conferencia de prensa brindada el 8 de marzo en la sede del Banco Credicoop de calle Donado, la doctora Mirta Mántaras fue entrevistada por la periodista Denise Navarrete.

- ¿En qué punto se cruzan el Genocidio en la Argentina y este Día de la Mujer?


- Yo creo que tiene que ver con que nosotras las mujeres hacemos aportes intelectuales, aportes en la lucha cotidiana, en los juicios, en todo lo que estamos activando para la defensa tanto en nuestros derechos de género como de los derechos humanos. Entonces creo que unir las dos cosas ha sido muy interesante, y nosotros hemos tenido también víctimas que han sido mujeres, víctimas muy humilladas por su condición de mujer y también la apropiación de sus hijos que es el peor delito. Entonces la idea era justamente unir estas dos cosas.

- A 30 años del golpe, ¿se puede pensar en otra Argentina?


- Yo creo que sí. Fijate que hay una gran actividad de los derechos humanos que mostró cómo es posible que una organización intermedia tenga control del poder, control de los gobiernos. Se ha podido lograr el objetivo que era el juicio y castigo de los culpables del genocidio. O sea, es una empresa que después de 30 años logró un primer juzgamiento, y si bien hubo un impasse por las leyes de impunidad se siguió, y al seguir se ha logrado que se prosiga con los juzgamientos, lo cual es un ejemplo a seguir.

“La otra cosa que nosotros tenemos como cuestión diferente pero que tiene que ver con nuestro pasado reciente, es que la comunidad ha empezado a actuar en forma directa, saliendo a la calle, mostrando la necesidad de superar la democracia representativa para ir a la democracia participativa y esto lo vemos nosotros en todas las actividades que se hacen.”

- Hay muchas expectativas en Bahía Blanca porque aunque para mucha gente no pasó nada, pasaron muchas cosas aquí en Bahía Blanca. ¿Cómo está la causa con respecto a los juzgamientos?


- Respecto a la causa estuvimos demorados por un problema de competencias, pero en este momento ya el juez que tiene la causa declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, entonces nosotros tenemos como tema pendiente que declare la nulidad de los indultos y también pedimos que se retrotraiga la situación al momento en que nosotros la dejamos, que fue cuando estábamos en plena indagatoria. Tengo entendido que ahora el fiscal Castaño va a pedir las citaciones a declaración indagatoria.

lunes, 23 de enero de 2006

Para reabrir las causas en Bahía Blanca

Página/12
RECLAMO DE LA APDH POR EL CUERPO V DE EJERCITO Y LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO

El organismo de derechos humanos solicitó a la Justicia federal la reapertura de los juicios contra los militares que actuaron en esa zona. El pedido apunta a hacer justicia en siete casos emblemáticos de secuestro, torturas, asesinatos y desapariciones de personas.

Por Diego Martínez
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca solicitó a la Justicia federal local la reapertura de los juicios contra los militares responsables de secuestros, torturas, asesinatos y de la desaparición de personas que actuaron en el Cuerpo V de Ejército, la base naval Puerto Belgrano y la base de infantería de marina Baterías durante la última dictadura militar. El organismo solicitó la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de punto final, obediencia debida y de los indultos que beneficiaron a jefes de la Armada y del Ejército. Los pedidos de detención abarcan desde los máximos jerarcas de las respectivas fuerzas, como el ex general Adel Vilas y el ex contraalmirante Luis María Mendía, hasta el interrogador en la mesa de torturas de La Escuelita, suboficial Santiago Cruciani, o quien lo auxiliaba aplicando la picana eléctrica, oficial Julián Oscar Corres.

Tras el pedido, el juez Alvarez Canale adhirió a la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final resuelta por la Corte Suprema de Justicia, recaratuló la causa como “investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del comando del Cuerpo V de Ejército”, difirió el tratamiento de los indultos hasta que el fiscal identifique a los imputados o procesados que se beneficiaron con esa medida, aunque se inhibió de actuar en las causas relacionadas con la Armada por su parentesco con el capitán de navío Raúl Alberto Marino, uno de los investigados. La causa de la Armada quedaría en manos del juez subrogante, Ramón Dardanelli Alsina.

En el caso de la Armada, las diferencias de criterio sobre el departamento judicial que debía juzgar en 1987 a los responsables de los centros de detención de Punta Alta impidieron la identificación de los secuestradores y torturadores de Puerto Belgrano y Baterías, impunidad que extiende hasta hoy el manto de sospecha sobre centenares de marinos. A tres décadas del inicio del terrorismo de Estado en el sur bonaerense, que incluyó el robo y la sustracción de identidad de dos bebés nacidos en La Escuelita bajo el mando del general Abel Catuzzi, no hay un solo militar ni policía preso por aquellos crímenes de lesa humanidad. En manos del juez y del fiscal Antonio Castaño queda ahora la responsabilidad de continuar los procesos impulsados en los primeros años de la democracia por el fiscal Hugo Cañón y la Cámara Federal de Bahía Blanca.

Con el patrocinio de Mirta Mántaras, la APDH pidió las detenciones de quienes se desempeñaron, respectivamente, como comandantes de operaciones navales, contraalmirante Luis María Mendía y vicealmirante Julio Torti; jefe de Estado mayor de Operaciones Navales, contraalmirante Antonio Vañek; comandante de la fuerza de submarinos, vicealmirante Juan José Lombardo; comandante de la base naval Puerto Belgrano, capitán de navío Zanón Saúl Bolino; del contraalmirante Juan Carlos Malugani, y los capitanes de navío Raúl Alberto Marino y Edmundo Oscar Núñez. Todos ellos fueron indultados en 1989 por el ex presidente Carlos Menem.

Habitué en el despacho de Diana Julio de Massot, directora del diario naval La Nueva Provincia, el contraalmirante Mendía supo arengar a sus subordinados para avanzar en “el exterminio de la subversión apátrida que, como mala cizaña, debe ser eliminada de la tierra de los argentinos” (LNP 8/11/75). Explicaba la necesidad de “aniquilar a la subversión” con argumentos teológicos: “Mientras nosotros creemos en Dios como Supremo Creador y ordenador del Universo, y por lo tanto confiamos en la trascendencia de la vida humana, ellos no ven más allá de lo material, aceptando su mediocre rol en la escala de la evolución zoológica” (LNP 29/11/75). Días antes del golpe de Estado, según declaró Adolfo Scilingo ante la Audiencia Nacional de España, Mendía fue el encargado de explicar ante unos 900 marinos reunidos en el cine de Puerto Belgrano que, para preservar “la ideología occidental y cristiana”, la Armada actuaría decivil, realizaría “interrogatorios intensos”, que incluían la “práctica de tortura y el sistema de eliminación física a través de los aviones que, en vuelo, arrojarían los cuerpos vivos y narcotizados al vacío, proporcionándoles de esta forma una ‘muerte cristiana’”.

Por los crímenes cometidos por el Ejército, la APDH solicitó la detención de quienes en 1976 y 1977 se desempeñaron, respectivamente, como comandante de la subzona 51 general Adel Edgardo Vilas, del jefe de inteligencia coronel Aldo Mario Alvarez, de los jefes de operaciones, teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez, coroneles Rafael Benjamín De Piano y Juan Manuel Bayón; y del responsable del departamento de registro y enlace, mayor Arturo Ricardo Palmieri, encargado de recibir y mentirles a los familiares de los desaparecidos que permanecían en cautiverio a metros de su oficina.

Entre los oficiales subalternos integrantes del grupo de tareas, el organismo pidió la detención de Mario Carlos Méndez, a quien sus compañeros llamaban cariñosamente “El Loco de la Guerra”; de Jorge Aníbal Masson, quien en el año 2000, cuando declaró en el Juicio por la Verdad, continuaba en actividad con el grado de teniente coronel; de Ricardo Martín Sosa; de Mario Alberto Casela, coronel en actividad con destino en Remonta y Veterinaria; de Julián Oscar Corres, quien también en el 2000 admitió que en el centro de detención sus compañeros lo llamaban “Laucha”, apodo de quien manejaba la picana eléctrica en La Escuelita según declararon varios sobrevivientes; y del suboficial de inteligencia Santiago Cruciani, alias “mayor Mario Mancini” o “Tío”, interrogador que simulaba el papel de “bueno” en la mesa de torturas de La Escuelita. Cruciani permaneció 36 días detenido en el 2000 por negarse a declarar en el Juicio por la Verdad. Su esposa Yolanda Pozzi denunció a la Cámara Federal de Bahía Blanca por “privación ilegal de la libertad y torturas” (sic). Luego de ser escrachado en Mendoza por la agrupación H.I.J.O.S., el matrimonio se refugió en los pagos de los Pozzi, en San Juan, donde todavía no se conoce su pasado.

Mientras los abogados de la APDH trabajan en la elaboración de futuras presentaciones, la solicitud se refiere a siete casos de asesinatos o desapariciones:

- Horacio Russin fue secuestrado de madrugada, en su casa, por una patota de la Armada. Fue torturado brutalmente en el campo de concentración que funcionó en la séptima casamata de Baterías, donde aún hoy la infantería celebra sus aniversarios, a metros de Punta Ancla, playa de veraneo de los vecinos de Punta Alta. Luego fue entregado al Ejército. Se lo vio por última vez en La Escuelita.

- Carlos Rivera trabajó como preceptor del seminario La Asunción hasta la noche de su secuestro. Pocos días después, el entonces vicario general bahiense Emilio Ogñenovich le confesó a su mujer que Rivera estaba en manos del Ejército. Varios sobrevivientes de La Escuelita confirmaron años después el dato que el sacerdote conocía en tiempo real. Fue fusilado en un enfrentamiento fraguado y enterrado como NN en el cementerio de Bahía Blanca. En 1987, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó sus restos.

- Cora María Pioli fue secuestrada en su casa días después de recibirse de profesora de Letras en la Universidad Nacional del Sur. Fue vista en cautiverio en Baterías, donde los marinos que desvalijaron su casa usaban sus discos para tapar los gritos de los torturados. Continúa desaparecida.

- Mónica Morán fue secuestrada mientras ensayaba una obra de títeres en el Teatro Alianza. Fue vista en La Escuelita por varios sobrevivientes. Once días después fue fusilada en un enfrentamiento fraguado y publicitado por La Nueva Provincia. Su cuerpo fue exhumado en 1987.

- Rubén Sampini fue detenido junto con su madre por Prefectura Naval en su casa de Ingeniero White un día después de denunciar que un camión del Ejército había desvalijado su local de repuestos de autos, que compartía con su socio Juan Carlos Castillo, por entonces secuestrado en La Escuelita. Los llevaron al Cuerpo V, donde firmaron el libro de guardia. Luego de varias horas en un calabozo del Batallón de Comunicaciones 181, la mujer fue liberada y a 28 años de los hechos aún exige conocer el destino de su hijo.

Néstor Junquera y María Eugenia González fueron secuestrados por una patota del Ejército, que dejó los hijos del matrimonio en manos de vecinos. Ambos fueron torturados en La Escuelita, donde se los vio por última vez.


La maternidad de Catuzzi en La Escuelita

Por D. M.
Graciela Izurieta fue vista por última vez en diciembre de 1976, durante su séptimo mes de embarazo. Graciela Romero parió un varón el 17 de abril de 1977. Lo llamó Ramón. Ambas estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención La Escuelita, a metros del camino La Carrindanga. Ambas continúan desaparecidas y pese a la incansable búsqueda de familiares y amigos, sus hijos nunca fueron restituidos.

El responsable de ese centro clandestino de detención desde principios de diciembre de 1976, cuando asumió como segundo comandante del Cuerpo V, fue el general Abel Teodoro Catuzzi, ferviente católico, de familia numerosa, célebre por argumentar sobre la necesidad cristiana de torturar, nada menos que ante el obispo Miguel Hesayne, quien luego relató en detalle esos diálogos durante el Juicio a las Juntas. El comandante era el general Osvaldo René Azpitarte y la mano derecha de ambos en La Escuelita era el coronel Antonio Losardo, jefe del destacamento de Inteligencia y del “LRD”, o “lugar de reunión de detenidos” en la jerga castrense usada ante la Justicia. Los tres murieron sin confesar el destino de sus trofeos de guerra. Pero hay muchos otros represores vivos e impunes que difícilmente desconozcan la suerte que corrieron ambas criaturas.

Cuando la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) incorpore el pedido de investigación por ambos robos y sustracciones de identidad, el juez federal Alcindo Alvarez Canale deberá optar entre aceptar la oportunidad histórica de exigirles a los militares de Bahía Blanca la información sobre el destino de esos bebés (hoy hombres de casi treinta años) o de ser fiel al retrato del general Julio Roca dedicado por los amigos del Cuerpo V que luce en el hall de entrada a su despacho.

jueves, 25 de agosto de 2005

La APDH cumple 20 años

Ecodías

A veinte años de la conformación del único organismo bahiense de defensa y promoción de los derechos humanos, Eduardo Hidalgo nos relata la historia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.



1985. Inicios de la vida democrática.


Mientras muchos se dedicaban a tapar con la mano el sol y a jugar al “acá no pasó nada”, otro grupo de personas reunidos en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se dedicaba ya con todo tesón a la búsqueda de justicia para los crímenes de la dictadura y todo aquello que tenga que ver con la difusión de los Derechos Humanos, derechos reconocidos constitucionalmente.

Eduardo Hidalgo es uno de los miembros activos de la APDH. Su recuerdo permanente es para su amigo, su hermano, el querido Ernesto Malisia, quien a raíz de su trabajo en la CONADEP acercó la idea de conformar la APDH en Bahía Blanca, concretado el 31 de agosto de 1985. Funcionaron en primera instancia en O’Higgins 14 y después pasaron por avenida Colón 220. Y después por cuestiones económicas se quedaron sin local.

Comenzó siendo una delegación de la APDH a nivel nacional, y para los inicios de los años 90 conformaron la APDH de Bahía Blanca.

Así como a otras muchas instituciones que las acucia lo económico, la APDH no es excepción. Señala Eduardo: “Nos sigue faltando lo económico, es decir tener un local que nos permitiría la vinculación con mucha gente y permitiría desarrollar algunos otros proyectos ¿Cómo hacemos? No tenemos cómo hacerlo”. Igual trabajan constantemente porque lo que los moviliza no tiene freno.

Educación


Para la APDH la educación en los Derechos Humanos y el trabajo en ello es excluyente. “Nos parece que ahí tenemos el factor central para que esto cambie, especialmente los chicos que están en las escuelas, porque el tema de los derechos humanos es un tema que es manipulado desde la política como una cuestión secundaria y no es una cuestión secundaria”.

“Nosotros llegamos a las escuelas con enormes dificultades, salvo que algún docente o algún directivo nos abra un espacio con un hecho puntual, que tiene que ver con recordar la fechas relacionadas con los golpes de Estado, pero en general no hay una educación en ese terreno”. Eduardo remarca así que la educación en los Derechos Humanos es necesaria porque es necesario que los chicos entiendan y conozcan que son derechos garantizados por la Constitución, Constitución que todos los días es violada, pero que hay que hacerla cumplir. Y no deja de mencionar que si no se pone énfasis desde el Estado para que la población se eduque en esto es porque “no hay interés de que la población sepa, porque en la medida que se desconozca es mucho más fácil someterla a cualquier situación”.

Historia


Recuerda Eduardo que los Juicios por la Verdad en la ciudad se hicieron en Bahía a instancias de la APDH. “Cuando aparecieron los Juicios por la Verdad como una exigencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, nosotros nos pusimos en movimiento, se hizo un planteo ante la Cámara Federal de Bahía Blanca y se hicieron”.

Si bien los acusados o los que estaban planteados para ser indagados y que llegaron a declarar no aportaron nada nuevo, se logró que tuviera estado público: “Que la gente supiera que esos represores estaban sentados ahí y que esas caras eran de los que habían asesinado a tantos vecinos de la ciudad”.

No hubo muchas sorpresas y como sabemos el camino elegido por los represores es el de la mala memoria o la amnesia corporativa, por decirlo de alguna manera. Recuerda Hidalgo el caso de los médicos que ingresaban al Centro Clandestino de Detención La Escuelita, en tierras del V Cuerpo de Ejército. Uno de ellos, Streich, “sigue reconociendo que él iba a La Escuelita pero dice que a la gente nunca la vio vendada. Por lo tanto es un reconocimiento indirecto, porque están las víctimas que sobrevivieron, y el caso de Adalberti que sigue diciendo que él nunca fue a La Escuelita cuando hay una declaración que lo incrimina”. El doctor Adalberti es el mismo que durante años estuvo ligado a la Cruz Roja en Bahía Blanca y que ahora tiene algunos problemitas jurídicos con la institución.

Para Eduardo Hidalgo el silencio es una demostración del grado de cobardía de los represores, ya que en ese momento no había penalización y podrían haber dicho lo que quisieran y no habría pasado nada, y es también porque son concientes que la historia no es una línea de tiempo detenida y estática sino que el pasado regresa constantemente. “Por eso ellos saben que es así; los que están acusados como los que participaron, los que han sido sus cómplices y siguen siéndolo, cuando escriben en determinados medios, cuando salen a hablar, su discurso se basa en que hay que mirar hacia el futuro... porque nos dicen que los demás miramos hacia el pasado y no es así; el pasado viene solo, no lo traemos nosotros. El pasado viene solo cuando no lo resuelve la Justicia”.

Leyes de obediencia debida y punto final


En el momento de surgir estas leyes arremetieron brutalmente contra el trabajo de búsqueda de justicia para los crímenes cometidos en la época de la dictadura, mermaron los integrantes de numerosas organizaciones, entre ellas la APDH; y otra cosa que lograron es que los represores nos los podamos cruzar en el supermercado o que estén sentados en la mesa de al lado en un bar, libres y sin castigo.

Pero, como el pasado viene solo la derogación de estas leyes traen un reavivamiento de esta búsqueda de justicia. “A la caída de las leyes de impunidad nosotros vemos que se abren otras puertas a nivel del país que no estaban y en este momento estamos esperando que se terminen los trámites documentales de la Cámara Federal de Bahía Blanca, que va a permitir que se reinicien los juicios que quedaron suspendidos en el 1987 después de las leyes. Así que falta que esas causas pasen a primera instancia. Ahí iniciaremos la operatoria que quedó en suspenso por estas leyes. En los casos de los que fueron acusados y citados a indagatoria en aquel momento serán pedidas sus detenciones a partir de la acusación que hay, los que no llegaron a indagatoria los citaremos, los que no hayan declarado irán a declarar y se reiniciará en el lugar que quedo detenido el caso en su momento. Va a ser una lucha ardua, pero sabemos que una vez que se reinicie no se va a poder cerrar”.

sábado, 2 de julio de 2005

Cuando el Poder Judicial era el poder dictatorial

Página/12

Renunció el juez Guillermo Federico Madueño. Era miembro del Tribunal Oral Federal Nº 5. Se fue luego de que una investigación de Página/12 revelara sus vínculos con la dictadura en Bahía Blanca.

Por Diego Martínez
Una semana después de que la denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales fuera asignada a la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura y a días de que se adoptaran las primeras medidas de prueba, el doctor Guillermo Federico Madueño prefirió tirar la toalla y presentó su renuncia como juez del Tribunal Oral Federal Nº 5. A casi tres décadas de su paso por Bahía Blanca como juez federal de la última dictadura, una investigación periodística publicada por Página/12 en tres extensas notas había detallado la amistad del magistrado con los principales responsables del terrorismo de Estado del sur bonaerense y su complicidad en el encubrimiento de delitos de lesa humanidad, como torturas y enfrentamientos fraguados por el V Cuerpo de Ejército.

Entre 1975 y fines de 1978, Madueño junto a su secretario Hugo Mario Sierra (que aún es titular de las cátedras Derecho Penal I y II en la Universidad Nacional del Sur) fueron la pata judicial del terrorismo de Estado en Bahía Blanca: se encargaron de rechazar los habeas corpus presentados por los familiares de los desaparecidos, de cerrar en tiempo record y sin investigar los fusilamientos que el Ejército hacía pasar por enfrentamientos en los comunicados falsos que publicaba La Nueva Provincia, de entregar los cadáveres ametrallados e incluso de ordenar seccionar las manos de falsos NN para luego simular su identificación. Mientras tanto, se prestaron a una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista” en la UNS que un grupo de profesores padeció con años de humillaciones en las cárceles de la dictadura.

La colaboración del juez con el estado terrorista comenzó en diciembre de 1975, cuando archivó sin investigar la muerte por torturas de Daniel Bombara, el primer desaparecido de esa ciudad. Para justificar su muerte el comando adujo que mientras lo trasladaban en un patrullero, esposado y acompañado por tres policías, Bombara había logrado abrir la puerta y se había tirado al asfalto. Un día después, para no entregar su cadáver con signos de tortura, simularon que un grupo de desconocidos lo había robado de la ambulancia policial que lo trasladaba a la morgue. Ya en dictadura, en abril de 1976, una mujer secuestrada en el mismo raid que Bombara le contó que habían sido detenidos por civiles y luego torturados. Madueño hizo oídos sordos, la sobreseyó pero no investigó la denuncia por torturas ni reabrió la canallesca causa de la ambulancia.

Ya en plena dictadura, Madueño se reunía por las noches con los dos máximos jefes del Cuerpo V “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión y el terrorismo, lo que dio intervención (sic) al juez a hacer la investigación en la UNS”, según contó el general Adel Vilas a la justicia en 1987. Vilas dijo que invitó al juez a visitar el campo clandestino La Escuelita pero que Madueño se negó, aunque admitió: “Ya estoy integrado: menudo trabajo tengo con la investigación en la universidad”. El juicio a los profesores de la UNS, publicitado por el diario de la familia Massot como un ejemplo de lucha contra el marxismo infiltrado en la universidad, incluyó golpes y humillaciones a un grupo de profesores por parte del subcomisario Félix Alejandro Alais, ex miembro de la Triple A, cuñado de Suárez Mason y hoy a cargo de la agencia de seguridad Fast. Varios profesores contaron cómo Madueño y Sierra los interrogaban en la misma comisaría donde eran torturados y les insinuaban que ratificaran sin leer la declaración tomada por Alais si no querían seguir en los calabozos.

El director del CELS Víctor Abramovich consideró ayer que “casos como el de Madueño demuestran que la actuación del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado fue fundamental para consagrar la impunidad de los delitos de lesa humanidad” y que “el impulso dado por el Consejo de la Magistratura a la denuncia fue una saludable respuesta institucional. Un desafío central para la marcha de los procesos judiciales impulsados por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia es lograr una renovación de aquellos sectores judiciales que fueron cómplices o estuvieron comprometidos con los crímenes que ahora deben investigar”.