Por Diego Martínez
En 2002 fueron compañeros de lista en el claustro de profesores de la Universidad Nacional del Sur. En 2008 compartieron lista en las internas del Colegio de Abogados de Bahía Blanca. Uno está imputado por delitos de lesa humanidad y el otro es apoderado de la mutual que aconseja a los represores cómo burlar embargos que ordena la justicia. Sin embargo, ningún causal encontró el abogado Luis María Esandi para inhibirse de actuar en el proceso a los genocidas bahienses, en el que intervino para liberar en tiempo récord a su colega Hugo Sierra, contrariando la decisión de los jueces del Tribunal Oral Federal que ordenaron indagarlo por su actuación en el terrorismo de Estado. El fiscal federal Abel Córdoba recusó hoy a Esandi por falta de imparcialidad y apeló la decisión del letrado que, sin detenerse a analizar pedidos de detención que el juez Alcindo Alvarez Canale se resiste a ordenar desde hace diez meses ni los testimonios aportados por el TOF, le permite a Sierra seguir gozando de impunidad.
El abogado que llegó a la causa por sorteo liberó a Sierra sin dar vista al Ministerio Público ni estudiar las actuaciones ni detenerse en los argumentos del fiscal y de los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava, que no integran la corporación judicial local, sobre la participación de Sierra en delitos de lesa humanidad. Cumplido el recado y aunque en teoría sigue al frente de la causa mientras dure la licencia de Alvarez Canale, concluyó su intervención oficial en el caso.
Lejos de indagar al imputado, tal lo solicitado por los miembros del tribunal, Esandi ni siquiera ordenó que se le prohíba a Sierra salir del país, como ya lo hicieron en los últimos meses el abogado de la CNU marplatense Gustavo De Marchi hacia Colombia y el camarista mendocino Otilio Romano hacia Chile. Tan apresurada fue la orden de liberar al compañero que atribuyó a un secretario argumentos de los jueces del tribunal, error que luego admitió e intentó corregir.
La falta de imparcialidad que marca el fiscal Córdoba en su escrito tiene un trasfondo objetivo. Esandi es apoderado de la “Sociedad Militar Seguro de Vida”, la mutual a la que pertenece la mayor parte de los imputados por crímenes de lesa humanidad, por medio de la que cobraban sus sueldos los prófugos Miguel Angel García Moreno y Aldo Alvarez, el finado torturador Julián Corres y varios de los represores acusados en el juicio oral, como Jorge Masson o Jorge Mansueto Swendsen. Como abogado de la institución, Esandi debe responder a la voluntad de los socios, léase los imputados.
En la propia causa bahiense hay constancias de la colaboración de la “Sociedad Militar” en la tarea de burlar decisiones del poder judicial: cuando se dictó la orden de detención de Alejandro Lawless, según un llamado telefónico interceptado en el marco de una investigación judicial, desde una gerencia de esa mutual de fines diversos se asesoró espontáneamente a la esposa del militar sobre cómo eludir un embargo judicial, método que se habría aplicado con otros represores. “Dicha operatoria, en virtud del contenido que se ha podido conocer, resulta materia propia de quien se encuentra capacitado en operatorias financieras y jurídicas” como Esandi, destaca el fiscal.
El abogado que liberó a Sierra es también su compañero en el consejo directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Bahía Blanca. Esandi es vicepresidente, Sierra forma parte de la Caja de Previsión como revisor de cuentas suplente. Ambos fueron elegidos en mayo de 2008 como compañeros en la lista “Integración”, a cargo de la conducción de la asociación que funciona en el ex edificio del diario La Nueva Provincia. Córdoba apunta constancias de trabajo conjunto incluso desde 2002, cuando compartieron la lista “Fundacional” del claustro de profesores en el departamento de derecho de la Universidad Nacional del Sur.
Ante la negativa de Esandi a sincerarse e inhibirse por su falta de imparcialidad, confirmada en su primera y fugaz intervención, el fiscal Córdoba solicitó hoy la recusación “en pos de la transparencia y la confianza que deben rodear” a los actos del poder judicial. También apeló la liberación de Sierra, no sólo por la parcialidad de quien la ordenó sino por no valorar el riesgo procesal que trae aparejada la decisión y por no adoptar ningún tipo de resolución sobre la imputación contra Sierra, que Esandi puso sin fundamentos “a consideración del juez titular de la sede”, léase Alvarez Canale, quien además de rechazar los pedidos del fiscal desde diciembre pasado decidió tomarse licencia el mismo día que el Tribunal Oral Federal ordenó la detención del abogado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario