“La patria no es abrigadora de crímenes”

La abogada Mónica Fernández Avello, en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación,  pidió penas de prisión perpetua para 14 represores bahienses.

Por Diego Martínez

"La Patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene". La frase del general San Martín la recordó ayer la abogada Mónica Fernández Avello, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como cierre del alegato en el que pidió penas de prisión perpetua para catorce de los 17 militares, policías y penitenciarios juzgados por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. "Por la memoria y la verdad. Por los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos y asesinados, en especial por las víctimas del Quinto Cuerpo de Ejército y sus familiares, solicito que se haga justicia", concluyó con la respiración entrecortada. Siguió un silencio de tres segundos y un aplauso del centenar de personas presentes en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur. El juicio al primer grupo de represores bahienses seguirá el martes con el alegato de los fiscales federales Abel Córdoba y Horacio Azzolín, a quienes acompañará en la última etapa del juicio el fiscal federal Félix Crous.

Los acusados transpiraban mientras Fernández Avello desmenuzaba sus responsabilidades. Del general Juan Manuel Bayón, ex jefe de operaciones, quien sugirió la existencia de un Estado Mayor paralelo bajo el mando del fallecido Adel Vilas, explicó que era "hasta irritante pensar que en una organización piramidal como las fuerzas armadas un comandante pueda modificar a su antojo la relación funcional" establecida por los reglamentos militares.

Sobre el mayor Hugo Delmé (foto), hombre de crucifijo en pecho, destacó el cinismo de prestarse a recibir y negar información a los familiares de las víctimas secuestradas en La Escuelita, a metros del comando. Una tarde al mayor Arturo Palmieri, que murió impune, reconoció tácitamente la ejecución sumaria de cuatro pibes de Punta Alta, se largó a llorar y desde entonces dejó de recibir a padres y hermanos. Delmé en cambio repitió durante meses que la guerra implicaba "matar o morir" pero negó la existencia del centro de detención que "conocía hasta el soldado más raso", recordó la abogada, mientras el coronel se secaba la frente. Del teniente coronel Osvaldo Páez, abocado al dibujo durante el juicio, dijo que "miente descaradamente". Páez fue reconocido por un sobreviviente como el hombre de voz calma y cejas gruesas que mientras lo picaneaban le decía "no sea boludo, no se haga golpear mi'jo". Del entonces subteniente Jorge Aníbal Masson recordó que "iba a la mayoría de los operativos" y volvía exitado, según contaron ex colimbas. Masson negaba con la cabeza.

La abogada de la SDHN pidió perpetua para los cuatro y para los oficiales Jorge Mansueto Swendsen, Walter Tejada y Hugo Fantoni, para los ex miembros del Destacamento de Inteligencia 181, Norberto Condal, Carlos Taffarel y Jorge Horacio Granada, para el ex "loco de la guerra" Mario Carlos Méndez, y para los policías Vicente Forchetti, Héctor Goncálvez y Horacio Avelleira. Para los penitenciarios Andrés Miraglia y Héctor Seleya y para el policía Carlos Contreras pidió 20 años de prisión.

"La Patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene", citó la abogada al general San Martín, presente en el aula magna de la UNS desde un enorme mural a la izquierda de los acusados. “La tropa debe ser tanto más virtuosa y honesta cuando es creada para conservar el orden, afianzar el poder de las leyes y dar fuerza al gobierno para ejecutarlas y hacerse respetar de los malvados que serían más insolentes con el mal ejemplo de los militares. La Patria no es abrigadora de crímenes".

“Las familias no tienen la evidencia de la muerte”

Publicado en PáginaI12.

Con el alegato de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación continuó ayer el juicio a los represores del ex Quinto Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca. La abogada Mónica Fernández Avello recordó que el dictador Jorge Videla justificó las desapariciones por “la presión nacional e internacional” que habría implicado ejecutar a miles de personas, citó a una catequista hermana de un desaparecido que pidió a los acusados “al menos un hueso para darle cristiana sepultura” e interpeló uno a uno a los diecisiete imputados: “¿Recibieron o cumplieron órdenes para desaparecer los cuerpos? ¿Dónde están los desaparecidos?”, preguntó y nombró a cada víctima. “Ya no existe la causa invocada por Videla y se los juzga con todas las garantías. ¿Por qué seguir con la complicidad y el silencio?”, los indagó. Por respuesta sólo obtuvo miradas nerviosas y silencio.

El juicio a los represores bahienses, en el que declararon 390 testigos, lleva más de once meses. Además de los 17 imputados y de quienes murieron o siguen prófugos, como el coronel Aldo Mario Alvarez o el teniente Miguel Angel García Moreno, hay más de ochenta represores procesados a la espera del juicio oral, incluidos los marinos de Puerto Belgrano, que deberán rendir cuentas por los crímenes de los obreros gráficos y delegados del diario La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola.

Fernández Avello comenzó su alegato el martes y concluirá el jueves, cuando pida penas de prisión perpetua para todos los acusados. Ayer, antes de desarrollar los casos de las 91 víctimas, relató los tormentos que recibían en La Escuelita y dedicó un apartado especial a los abusos sexuales. Si bien no se juzgan las violaciones como delito específico, la abogada relató los casos que se trataron en el juicio, que involucran desde guardias del centro clandestino hasta oficiales del Batallón de Comunicaciones 181, y destacó la responsabilidad del Estado de requerir su investigación por separado.

El teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez, fiel al hábito que mostró desde la audiencia inicial, se dedicó a retratar a la abogada, que lo recordó como “el interrogador bueno de La Escuelita”. El mendocino Páez, que ante las cámaras se cubría la cara con una carpeta, fue identificado por un sobreviviente como el hombre de cejas gruesas, voz serena y acento provinciano que al pie de la mesa de torturas le decía “no se haga lastimar, hable mi’jo”.

Fernández Avello distinguió el destino final de cada víctima y se detuvo en los desaparecidos. “Los familiares no pueden hacer el duelo porque no tienen la evidencia de la muerte, no tienen el cuerpo, ni siquiera pueden ser acompañados como deudos”, dijo. Recordó la sensación de alivio que describió en el juicio la escritora Paula Bombara, que el año pasado recuperó los restos de Daniel, su papá, e interpeló una vez más a los acusados, que mantienen intacto el pacto de silencio.

Los militares, los jueces y los medios

Con pedidos de penas de prisión perpetua para catorce de los diecisiete imputados concluyó ayer en Bahía Blanca el alegato de los querellantes que representan a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado del ex Quinto Cuerpo de Ejército y a la delegación local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Los abogados Mirta Mántaras, Diego Czerniecky y Walter Larrea desmenuzaron la responsabilidad de cada imputado, la complicidad del Poder Judicial y del diario La Nueva Provincia con el terrorismo de Estado, y pidieron que se encuadren en el delito de genocidio los secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante la dictadura. El juicio oral continuará la próxima semana con la acusación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada por la abogada Mónica Fernández Avello.

El alegato comenzó el martes pasado y se extendió durante cuatro jornadas. Los abogados agradecieron a los testigos por la sobreexigencia que implica tener que rememorar una y otra vez sus padecimientos. También destacaron que la responsabilidad de los imputados, que permanecen impávidos y sólo tomaron nota de las penas, no se limita al tiempo de los crímenes sino que se prolonga hasta el presente, ya que mantienen el pacto de silencio sobre el destino de los desaparecidos y sobre el paradero de los dos niños nacidos en el centro clandestino La Escuelita.

Mántaras, Czerniecky y Larrea explicaron el contexto histórico y desmenuzaron las pruebas aportadas por los 390 testigos que declararon en el juicio, que se sumaron a las de la instrucción de la causa en los años ’80, incluida una extensa declaración indagatoria del fallecido general Adel Vilas, cara visible de la dictadura en la ciudad. Mántaras, que hace un cuarto siglo ya actuaba como abogada, destacó la figura del general Juan Manuel Bayón, el principal acusado vivo por los fallecimientos del ex comandante Osvaldo Azpitarte y sus segundos Vilas y Abel Catuzzi, y explicó que como integrante del Estado Mayor participaba de los cónclaves en los que se decidía la suerte de cada secuestrado.

Los pedidos de prisión perpetua, además de Bayón, son para cinco ex miembros del Estado Mayor (Hugo Delmé, Jorge Mansuetto Swendsen, Osvaldo Bernardino Páez, Walter Tejada y Hugo Carlos Fantoni), para tres ex miembros del Destacamento de Inteligencia 181 (Norberto Condal, Carlos Taffarel y Jorge Horacio Granada), para dos ex miembros de los grupos de tareas (Jorge Aníbal Masson y Mario Carlos Méndez) y para tres ex policías que participaron de secuestros en Viedma (Vicente Forchetti, Héctor Goncálvez y Héctor Avelleira). Además pidieron 17 años y medio de prisión para el ex policía Carlos Contreras, y 17 años y medio para los dos ex jefes de la cárcel de Villa Floresta, Andrés Miraglia y Héctor Selaya.

Vergüenza

Los imputados del juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca se cubren la cara, minutos antes de la audiencia, ante la cámara del fotógrafo portugués João Pina. En primer plano, de saco y corbata, el teniente coronel Jorge Aníbal Masson, ex miembro de los grupos de tareas. A su lado los ex jefes de la cárcel Villa Floresta, penitenciarios Héctor Selaya (remera) y Andrés Miraglia. El tercero que se tapa la cara es el coronel Hugo Delmé, encargado hace 35 años de recibir a los familiares y negarles información sobre los desaparecidos. Más lejos los coroneles Jorge Mansueto Swendsen y Hugo Fantoni. En segunda fila, siempre concentrado en la pintura, el torturador “bueno” de La Escuelita, teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez. La imagen, tomada esta semana, forma parte del trabajo documental de Pina sobre el Plan Cóndor: http://www.joao-pina.com/features/operation-condor/

Hallan restos de La Escuelita bahiense

Por Diego Martínez
A comienzos de 1979, luego de que funcionara casi tres años como campo de concentración, el V Cuerpo de Ejército demolió La Escuelita, como la bautizó el general Adel Vilas. En 1981, desde el exilio, Alicia Partnoy describió la vieja casona donde estuvo en cautiverio y dibujó un croquis que repitió en diciembre pasado, por primera vez ante un tribunal y un grupo de represores. La buena nueva es que La Escuelita de Bahía Blanca dejará de ser una entelequia. Gracias al trabajo de arqueólogos de la Universidad Nacional del Sur, convocados por orden judicial a partir de una iniciativa de Memoria Abierta, los cimientos del ex centro clandestino salieron por primera vez a la luz. La investigación permitió dar con un plano de la construcción de 1944, comprobar que La Escuelita funcionó a 200 metros de las ruinas que inspeccionó la Conadep en 1984, e incluyó el hallazgo de más de 13 mil piezas que estaban bajo tierra e incluyen jeringas, envases de calmantes y otros materiales médicos que se habrían usado con los secuestrados. Memoria Abierta, que ya entregó un informe preliminar de la investigación, le solicitó al juez federal Alcindo Alvarez Canale que ordene perimetrar y techar el terreno para proteger los hallazgos y poder continuar con una segunda etapa de excavaciones.

“El lugar es llamado por los militares ‘Sicofe’. Está cerca de una vía del ferrocarril, se podía oír el paso de los trenes, los tiros de práctica del Comando y el mugido de las vacas”, escribió Partnoy hace casi 31 años, antes de explayarse sobre la casa donde vio por última vez a sus compañeros de la Juventud Peronista. El general Mario Aguado Benítez, ex comandante del Cuerpo V, evitó en 1984 precisar la fecha de demolición y apuntó que “luego de los aprestos bélicos de 1978 se reiniciaron tareas de desmonte y nivelación del terreno”. El suboficial Luis Vilches, que vivió allí con su familia hasta poco antes del golpe de Estado, dibujó un plano en 1985 frente a un denominado “juez militar” que resultó ser el teniente coronel Emilio Ibarra, ex jefe de la patota de secuestradores.

La investigación de Memoria Abierta se inició a partir de testimonios y croquis de sobrevivientes, en particular el de Partnoy y el de Gustavo López, secuestrado a sus 16 años. El primer barrido del terreno, que permitió identificar varias construcciones, se desarrolló entre abril y mayo de 2010. En septiembre último comenzaron las excavaciones. “A los arqueólogos del Departamento de Humanidades de la UNS se sumaron más de treinta alumnos y expertos que trabajaron en estudios preliminares desde el punto de vista topográfico y geoeléctrico”, destacó el arquitecto Gonzalo Conte, de Memoria Abierta. “Una excavación de 5-10 centímetros permitió descabezar los muros de cimientos y ver la conformación de esa planta con todos los ambientes descriptos”, agregó. La mayor parte de los objetos recolectados estaban en una cisterna y “en un pozo basurero, donde había ampollas, jeringas, frascos de medicamentos”, detalló, y apuntó que “todas esas pruebas están ahora cauteladas en un sótano que está justo debajo de la sala del rectorado de la UNS donde se hace el juicio”. “Le hemos propuesto al juez una segunda etapa de excavación de hasta 50 centímetros para despejar dudas sobre posibles hallazgos, buscar más evidencias y poder encarar una reconstrucción virtual de esa casa”, adelantó. El fiscal federal Abel Córdoba reiteró tras la declaración de Partnoy el pedido para realizar una nueva inspección ocular en el terreno junto con los jueces del Tribunal Oral Federal y los sobrevivientes.