Memorias sobre el terrorismo de Estado en Bahía Blanca y Punta Alta. Trabajo colectivo de reconstrucción de la historia local del genocidio. Su objetivo es enfrentar al silencio cómplice con la difusión de la verdad y la exigencia de justicia.
lunes, 29 de junio de 2009
Detenidos
En 1977, como miembro de un grupo de tareas del Cuerpo V de Ejército, fue premiado “por su arrojo y mérito en combate contra la delincuencia subversiva” en Bahía Blanca. En los ’90 recorrió el mundo como custodio de Carlos Menem. Ayer, al salir del cuarto oscuro, un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria le informó que quedaba detenido. El coronel Carlos Alberto Arroyo no fue el único represor capturado voto en mano. A pedido del fiscal federal ad hoc Abel Córdoba, avalado por el juez Alcindo Alvarez Canale, la PSA detuvo también al coronel Miguel Antonio Villegas, al capitán Enrique Sommaruga y al teniente coronel Rodolfo Tomás Bruno. Villegas cumplió 70 años en septiembre, no tenía obligación de votar.
sábado, 20 de junio de 2009
La Justicia avanza en Bahía Blanca
Por Diego Martínez
A paso lento pero firme, el proceso de justicia avanza en la inconmovible Bahía Blanca. El jueves, el juez federal Alcindo Alvarez Canale elevó a juicio un primer fragmento de la causa que investiga delitos de lesa humanidad en el Cuerpo V, con seis militares como acusados. Ayer, el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni procesó con prisión preventiva en cárceles comunes a seis marinos, dos prefectos, un oficial del Ejército y un ex policía bonaerense, por secuestros y torturas en la base naval de Puerto Belgrano. También creció la lista de prófugos: a los históricos Aldo Mario Alvarez y Jorge Granada se sumó el ex juez federal Guillermo Federico Madueño, miembro hasta 2004 del Tribunal Oral Federal 5 porteño.
Los imputados que a más tardar en 2010 rendirán cuentas son el general de brigada Juan Manuel Bayón, el coronel Hugo Jorge Delmé, los tenientes coroneles Osvaldo Bernardino Páez, Jorge Aníbal Masson, Mario Carlos Méndez y Miguel Angel García Moreno. Los tres primeros formaron parte del Estado Mayor del Cuerpo V, donde se decidía el destino de cada secuestrado. El resto integraba grupos operativos. Alvarez Canale no incluyó aún en la elevación al coronel Jorge Mansuetto Swendsen.
Los flamantes procesados en la causa que investiga a la Armada, los primeros desde la reapertura a fines de 2005, son el vicealmirante Eduardo René Fracassi, el contralmirante Angel Lionel Martín, los capitanes de navío Guillermo Martín Obiglio, Guillermo Félix Botto y Edmundo Oscar Núñez, los capitanes de fragata Tomás Hermógenes Carrizo y Leandro Marcelo Maloberti, los prefectos Félix Ovidio Cornelli y Francisco Manuel Martínez Loydi, el coronel Argentino Cipriano Tauber y el ex comisario de la policía bonaerense Víctor Oscar Fogelman, el mismo que condujo la investigación del homicidio de José Luis Cabezas.
Cornelli y Martínez Loydi son responsables de un informe secreto que recomendó "ralear" del diario La Nueva Provincia a los gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados que habían enfrentado a la familia Massot durante los años previos al golpe de Estado, secuestrados, torturados y asesinados en junio de 1976. Los prefectos aún no fueron indagados porque la Cámara Federal debe resolver si asigna el caso a Tentoni, como pidieron fiscales y querellantes, o a Alvarez Canale, excusado de investigar marinos por su parentesco con un imputado.
Tentoni fijó la responsabilidad civil de cada represor en seis millones de pesos y ordenó enviarlos a cárceles comunes: Tauber seguirá en la unidad 34 de Campo de Mayo; Botto y Martínez Loydi irán al penal de Batán, Carrizo a la cárcel de San Luis y el resto a Marcos Paz, con Astiz, Patti, Von Wernich & Cía. El magistrado también dispuso la falta de mérito del ex cabo de policía Elso Antonio Núñez, no resolvió aún la situación del capitán de navío Oscar Alfredo Castro, y no pudo indagar al capitán de corbeta Luis Alberto Pons, internado en el Hospital Militar.
sábado, 16 de mayo de 2009
La represión judicial
Ordenan detener a un ex juez por cómplice de la dictadura
Visitaba a los jefes del Cuerpo V de Ejército “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión”. Investigó la “infiltración ideológica marxista” en la universidad.
Por Diego Martínez
Entre 1975 y 1978 fue la pata judicial del terrorismo de Estado en Bahía Blanca. Por las noches visitaba a los jefes del Cuerpo V de Ejército “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión”, según contó el general Adel Vilas. De día, como juez federal, rechazaba los hábeas corpus a favor de desaparecidos y archivaba sin investigar los fusilamientos que los comunicados oficiales publicitaban como enfrentamientos. En 2001, como miembro del Tribunal Oral Federal 5, condenó al apropiador de una hija de desaparecidos, juicio que concluyó con las Abuelas de Plaza de Mayo cantando “Como a los nazis les va a pasar...”. En 2004 Página/12 publicó su historia negra y el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió su juicio político. Cuando el Consejo de la Magistratura comenzaba a investigarlo, renunció. En octubre de 2006 el fiscal federal Hugo Cañón pidió su detención, que ahora, dos años y medio después, ordenó el juez federal Alcindo Alvarez Canale. El protagonista de la historia es Guillermo Federico Madueño, un símbolo de la inserción en las instituciones democráticas de cómplices civiles del terrorismo de Estado.
En diciembre de 1975 el flamante juez archivó sin investigar la causa del primer desaparecido bahiense. El comando a cargo del general Carlos Suárez Mason adujo que mientras lo trasladaban en patrullero, esposado y custodiado por tres policías, Daniel Bombara abrió la puerta y se tiró al asfalto. Para no entregar su cuerpo con rastros de tortura, al día siguiente simularon que “desconocidos” lo habían robado mientras una ambulancia lo trasladaba a la morgue. “Robaron ayer el cadáver de un extremista”, informó La Nueva Provincia. Al mes, el juez archivó la causa.
En abril de 1976, una mujer secuestrada junto con Bombara declaró ante el juez y su secretario, Hugo Sierra, que “un patrullero” los llevó hasta un lugar que no pudo determinar y “con los ojos vendados” fue sometida “a toda clase de torturas”. El magistrado hizo oídos sordos, no investigó las torturas ni reabrió la causa Bombara. En agosto, para mantener en prisión a un militante de la Juventud Peronista, Sierra le propuso al juez usar un dato de la declaración del desaparecido, “no firmada por el declarante ni por los funcionarios interrogantes” (sic) por razones que prefirió no analizar. El juez no se animó a tanto. Sierra aún no está imputado en la causa y es profesor de derecho en la Universidad Nacional del Sur.
En plena dictadura Madueño se reunía en la casa del general René Azpitarte, jefe del Cuerpo V, “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión y el terrorismo, lo que dio intervención al juez a hacer la investigación de la UNS”, declaró en 1987 el general Vilas, impune por insania. La investigación fue una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista” que un grupo de profesores padeció con años de humillaciones en las cárceles de la dictadura, y que el diario La Nueva Provincia y la revista Cabildo publicitaron como ejemplo de la lucha contra la subversión. Vilas contó ante la Cámara Federal bahiense que invitó al juez a visitar el centro clandestino La Escuelita y que Madueño se negó, aunque admitió: “Ya estoy integrado. Menudo trabajo tengo con la investigación en la universidad”. El juez Alvarez Canale ordenó la detención de su ex colega. El defensor oficial Luis Angel Devaux respondió que Madueño padece una enfermedad grave, que se presentará si lo citan y pidió la eximición de prisión. El juez la rechazó.
miércoles, 29 de abril de 2009
BUSCADOS
Capital. Juez Sergio Torres. Causas ESMA-Walsh (8)
- Díaz Smith, Jorge Manuel (Prefectura, prófugo también en causa por apropiación de menores, por orden de la jueza Servini de Cubría. Foto 1/3).
- González, Roberto Oscar (Policía Federal)
- Linares, Juan Carlos (Policía Federal, foto 2/3)
- Salvia, Pedro Norberto (Policía Federal)
- Sánchez, Gonzalo (Prefectura)
- Vildoza, Jorge (Armada, prófugo también en causa por apropiación de menores, por orden de la jueza Servini de Cubría. Foto 3/3).







Capital. Juez federal Daniel Rafecas. Causa Cuerpo I (3)
- Baraldini, Luis Enrique (Ejército)
- Cendón, Néstor Roberto (SPF, foto)
- Cruz, Eduardo Angel (Policía Federal, foto)
Rosario. Juez Marcelo Bailaque. Causa Feced (3).
- Peralta, César "La Pirincha" (Policía de Santa Fe, foto)
- Revechi, Eduardo (PCI del Ejército)
Juez ad hoc Eduardo Tentoni. Causa base naval Puerto Belgrano (1)
-Molina, Ricardo Joaquín (Armada)

- Gertrudis, Héctor (Gendarmería)
- Isach, Carlos (PCI del Ejército)
Tucumán. Juez federal Daniel Bejas. Causa Vargas Aignasse (2)
- Arrechea Andrade, Antonio (Ejército, también en causa Masacre de Palomitas, foto)
-Schwab, Héctor Mario (Ejército)

Neuquén. Juez federal Guillermo Labate. Causa La Escuelita (2)
- Di Pasquale, Jorge Héctor (Ejército, foto derecha)
- Mendoza, Héctor (Policía de Río Negro, foto izquierda)


Capital. Jueza federal María Servini de Cubría. Causa por apropiación de menores (2)
- Grimaldos de Vildoza, Ana María (civil, esposa de Jorge Vildoza, prófugo también en causa ESMA)
Capital. Juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Causa por apropiación de menores (1)
- Vázquez Sarmiento, Juan Carlos (Fuerza Aérea)
Capital. Juez federal Daniel Rafecas. Causa Masacre de Fátima (1)
- Martínez, Luis Alberto (Policía Federal)

Formosa. Juez federal Marcos Bruno Quinteros. Causa Carrillo (1)
- Domato, Horacio Rafael (Gendarmería)
- Vidal, Jorge Héctor (Policía bonaerense).

Mar del Plata. Juez federal Alejandro Castellanos. Causa "Delgado, Cafarello y otros, delitos contra el derecho de gentes" (1).
- Delgado, Fernando Federico (civil, ex CNU de Mar del Plata)


Mendoza. Juez federal Walter Bento. Causa Romano Rivamar (1)
Rawson. Juez federal Hugo Sastre. Causa Masacre de Trelew (1)
- Bravo, Roberto Guillermo (Armada)
Salta. Juez federal Abel Cornejo. Causa Masacre de Palomitas (1)
- Arrechea Andrade, Antonio (Ejército, también en Tucumán)
San Juan. Juez Leopoldo Rago Gallo. Causas Marie Anne Erize y Margarita Camus (1)
- Vic, Eduardo Daniel (Ejército)
San Nicolás. Juez federal Carlos Villafuerte Russo. Causa Lanzilloto (1)
-Escande Lobos, Faustino (SPB)
San Martín. Juez Martín Suares Araujo. Causa Campo de Mayo (1)
- Cardarelli, Nedo Otto (Ejército)
sábado, 25 de abril de 2009
El "Laucha" Corres busca nueva celda
EL PENAL MILITAR DE CAMPO DE MAYO, “NO RECOMENDABLE”
Por Diego Martínez
La Unidad Penal 34 de Campo de Mayo, alojamiento exclusivo de militares procesados por crímenes de lesa humanidad, “no resultaría recomendable” para represores con intención de fugarse. Lo admitió el inspector Julio Cepeda, director general de Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal, que evaluó que su “nivel de seguridad no sería el apropiado” para recibir al oficial Julián Corres, fugado el año pasado de la delegación bahiense de la Policía Federal. Angel Argañaraz y Augusto Fernández, jueces de la Cámara Federal de Bahía Blanca, minimizaron la advertencia y autorizaron el traslado del “Laucha”, que se suma a lista de espera de uniformados deseosos de abandonar las cárceles comunes.
Campo de Mayo aloja represores desde 2006. En enero de 2007 el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas se convirtió en Unidad 34 y el SPF reemplazó en la custodia a Gendarmería. El envenenamiento de Héctor Febres y la fuga de Corres convencieron a varios jueces de retirar a imputados de cuarteles y comisarías. Así se pobló la U34, en teoría una cárcel más, que hoy aloja a casi cuarenta militares y que ningún fiscal ni juez federal inspeccionó.
Corres está en Marcos Paz desde su segunda detención, el 18 de agosto. Pidió el traslado para estar cerca de su familia. Tras la advertencia de Cepeda, el juez Alcindo Alvarez Canale rechazó el pedido. Por la apelación, llegó a la Cámara. El juez Fernández apuntó que Cepeda no manifestó “la imposibilidad” de alojarlo, sólo la inconveniencia. Aseguró que en Campo de Mayo “rige un régimen estrictamente carcelario”. Argañaraz agregó que la advertencia es “una mera afirmación dogmática” y que según el informe de gestión del SPF la relación seguridad/interno en Campo de Mayo (0,76) es superior a la de Marcos Paz (0,21). Ricardo Planes disintió. “No puede presumirse falta de idoneidad” de un director del SPF. La fuga “no es el primer antecedente sobre la voluntad de Corres de sustraerse de la causa”, agregó, porque estuvo más de un año prófugo antes de su primera detención.
Días antes la Cámara se pronunció sobre los policías que Alvarez Canale imputó por “favorecimiento doloso de evasión”. Admitió que “la política de celdas abiertas” era impensable “sin la venia de los máximos responsables” de la delegación, pero revocó el procesamiento del ex jefe, comisario Gustavo Scelsi, porque consideró que estaba de licencia (para el juez se había reintegrado). También alivianó la mochila del ex subjefe, subcomisario Marcelo Voros, del ex jefe de servicio Juan Lastra y del guardia Pablo Carbajal. Descartó el dolo, la intención, y sólo les endilgó negligencia. En el peor de los casos deberán pagar 15.000 pesos de multa. La investigación del empresario Héctor Lapeyrade por la cobertura a Corres mientras estaba prófugo pasó a la justicia porteña, que aún no lo citó.



