La democracia no es su fuerte

EN BAHIA BLANCA EL INVITADO ESTRELLA DE LA RURAL FUE VICENTE MASSOT

PáginaI12 

Por Diego Martínez

Nos dicen que debemos dejar de ser habitantes para empezar a ser ciudadanos pero nadie nos enseña cuál es el camino para ser un buen ciudadano y dónde hay que participar.” El reclamo lo formuló el martes el productor agropecuario Orlando Arrechea Harriet (h), ansioso por integrarse al mundo a sus 61 años, luego de 38 en la comisión directiva de la Sociedad Rural de Bahía Blanca. El actual presidente de la entidad fue el anfitrión de la “charla abierta sobre participación política” que organizó la SRA con la consigna “el ‘no te metás’ no existe más. Ahora es ‘metete’”. “La idea es que el encuentro se transforme en un taller práctico de compromiso político en el que se expliquen desde las distintas formas de participación hasta qué cargos se elegirán en las elecciones legislativas”, anticipó al diario La Nueva Provincia.

Para desentrañar semejante intríngulis no disertaron profesores de educación cívica sino el presidente y el secretario de la Rural, Hugo Biolcati y Arturo Llavallol, el consultor Felipe Noguera y el “analista político” Vicente Massot, como los diarios La Nación y Clarín rotulan sus columnas de opinión.

Director de La Nueva Provincia, dueño de la empresa de seguridad Megatrans y ex ministro de Defensa de Carlos Menem hasta que reivindicó la tortura, Massot fue en los ’70 editor de la revista Cabildo y colaborador de la revista Verbo, que tradujo y publicó los textos de los capellanes franceses de la guerra de Argelia que justificaban con argumentos teológicos la tortura y la ejecución de prisioneros, y en plena dictadura visitaba en la ESMA a su director, almirante Jacinto Chamorro.

En junio de 1976 los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, que habían encabezado las reivindicaciones de los trabajadores de La Nueva Provincia, fueron secuestrados, torturados y asesinados, noticia que el diario publicó en veinte líneas y nunca más volvió a mencionar. El juez Alcindo Alvarez Canale admitió que son crímenes imprescriptibles pero no investigó a los únicos enemigos que tenían las víctimas.

--Cuando uno ve en la convocatoria el nombre de Massot, con la historia que ello implica, se pregunta qué puede aportar esta persona a la democracia y qué pueden aportar ustedes a la democracia --le planteó el periodista Mauro Llaneza a Arrechea Harriet (h).

--Bueno, ése es el punto de vista suyo, lo acepto –concedió–. Vicente Massot es una persona muy conocida y respetada en nuestra zona y en la Argentina también (sic), y habrá sectores que estarán de acuerdo y otros que no, así como pueden estarlo con Buzzi o con Biolcati --cambió de tema.

El 3 de octubre de 1976, durante la inauguración de la 92ª Exposición de Ganadería e Industria de Bahía Blanca, Arrechea Harriet (h) era director suplente de la Rural bahiense, que presidía Juan Carlos Harriet. En pleno auge del “no te metás”, con el secretario de agricultura Jorge Zorreguieta, el comandante de operaciones navales Luis María Mendía y el jefe del Cuerpo V general René Azpitarte en el palco de honor, se escucharon algunos reclamos conocidos: “Que las reglas de comercialización sean claras y adecuadas al sistema de libre comercio, que todas las retenciones sean eliminadas, que los impuestos alienten a producir”, pidió Juan Rebollini, tesorero de Carbap, quien admitió un cambio de rumbo con respecto “al último período, en que se procuraba únicamente la conquista de las simpatías del pueblo denunciando a honrados, decentes señores productores”. El dirigente celebró que “la esperanza está puesta otra vez en los frutos de su tierra, pero cuidado”, alertó: “No olvidemos que estamos en guerra para salvar nuestro sistema social de vida, amenazado por la estrategia de las izquierdas internacionales. Guerra que simula ser ideológica pero no es más que económica, pues lo que ambicionan es apoderarse del manejo de esas mismas fecundas tierras para proveerse de alimentos baratos”.

El actual director de la Rural bahiense, martillero Juan Roberto González Biocca, no oculta su nostalgia por aquellos tiempos. “Estamos cansados de palabras por lo cual voy a ser muy breve”, anunció meses atrás durante una asamblea cuyo audio registró la FM de la Calle. “Esta señora que tenemos hoy de turno (en referencia a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner) ha tocado un tema muy hiriente hacia nosotros, y lo dije y lo digo acá en voz alta a todos los políticos y las pongo acá (sic) sobre la mesa: ¡Estamos en democracia gracias a las Fuerzas Armadas que eliminaron a la subversión!”. La paisanada lo ovacionó.

"Dilación injustificada"

El fiscal federal Hugo Cañón denunció por retardo de justicia a la Cámara Federal de Bahía Blanca por su demora en pronunciarse sobre procesamientos de represores del Cuerpo V. De los tiempos del tribunal depende la elevación a juicio de al menos ocho represores, incluído Julián Corres, el interrogador que el año pasado se fugó de la prisión VIP. Su caso llegó a la Cámara el 25 de agosto. El 30 de diciembre el fiscal recordó a los camaristas que según el Código Procesal tenían tres días para resolver la apelación y reclamó sin suerte la habilitación de la feria. El lunes los denunció por "dilación injustificada". De inmediato el tribunal le dictó falta de mérito al médico Humberto Adalberti, acusado de asistir a cautivos en La Escuelita, y confirmó el procesamiento de Jorge Mansuelo Swendsen. Ambas resoluciones dormían en los cajones de la Cámara desde hacía un año.

La Justicia en Bahía Negra

Con connivencia judicial se produjeron cuatro nuevas fugas de represores en Bahía Blanca, donde continúa lejos la posibilidad de llevar a juicio las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

PáginaI12

Por Diego Martínez

Cuatro nuevos prófugos con ayuda de Su Señoría. Apelaciones que hibernan durante meses en la Cámara Federal, la misma que el Consejo de la Magistratura investiga por perseguir a delegados gremiales. Magistrados que pese al reclamo de celeridad de la Corte Suprema de Justicia se niegan a suspender la feria judicial y asignan a otras tareas al personal designado para causas de la dictadura. Ni una sola diligencia para esclarecer el secuestro y asesinato de los obreros gráficos y sindicalistas del diario naval La Nueva Provincia. A tres décadas de los más brutales crímenes de lesa humanidad de su historia y a dos de una actuación judicial ejemplar para enfrentar las leyes de impunidad, Bahía Blanca no tiene un solo condenado y sigue lejana la posibilidad de concretar un juicio acorde a la magnitud del genocidio local.

Hace un año, Página/12 denunció que varios militares se profugaban con el visto bueno del juez federal Alcindo Alvarez Canale. La maniobra consistía en reiterarles varias veces la citación a indagatoria para que tuvieran tiempo de mudarse. Cuando Su Señoría concluía que no tenían intenciones de rendir cuentas ante la Justicia y ordenaba las detenciones, en sus casas sólo quedaban mirra y agua para los camellos. El único capturado de aquella tanda fue Julián “Laucha” Corres, que luego se escabulló de la Policía Federal. Otros se presentaron cuando quisieron y sigue bien guardado el coronel Aldo Mario Alvarez, el mismo que cedió a su yerno acciones y cargos en la Agencia de Investigaciones Privadas Alsina SRL.

En 2008 el método se perfeccionó. En lugar de declarar el secreto de sumario y ordenar las capturas en silencio, el juez notifica la medida al defensor oficial, que nada puede ni debe hacer antes de la detención, y le comunica al jefe de la cárcel de Villa Floresta nombre y apellido de los futuros huéspedes. Así toman conocimiento los abogados del resto de los imputados, incluidos los militantes Eduardo San Emeterio y Alfredo Bisordi, dueños de alertar a quien les plazca. De este modo, Alvarez Canale logra frustrar la medida que ordena en los papeles. Cuando recibe pedidos de intervenciones telefónicas o allanamientos para buscar documentación, Su Señoría los rechaza, notifica a las partes y deja constancia en el expediente principal, de modo que si más tarde la Cámara los acepta la medida perdió sentido, pues el dato es prácticamente público.

Un ejemplo reciente muestra la eficacia del método. El 10 de noviembre Alvarez Canale ordenó detener a los coroneles Hugo Carlos Fantoni, Luis Alberto González, Carlos Alberto Taffarel y Norberto Eduardo Condal, y al teniente coronel Jorge Horacio Granada. El único capturado, el jueves último en La Plata, fue Condal, que entre 1975 y 1979 alternó destinos entre el Destacamento de Inteligencia 181 y la Jefatura II del Cuerpo V, ambos en Bahía Blanca, y que fue condenado en 2004 como miembro de una asociación ilícita que realizaba tareas de espionaje sobre jueces, abogados y periodistas para informar al jefe de inteligencia del Ejército, general Jorge Miná, sobre las causas contra represores en Córdoba.

De los nuevos prófugos es el coronel Fantoni quien ostentó la mayor jerarquía durante la dictadura y el único que integró el Estado Mayor del Cuerpo V, donde se decidía el destino de cada secuestrado. Su último domicilio conocido es en 9 de Julio 5072 (en Capital Federal). Los otros tres son ex miembros del Destacamento de Inteligencia 181 al que pertenecía el fallecido suboficial Santiago Cruciani, hasta hoy el único interrogador identificado de La Escuelita:

- El entonces mayor Luis Alberto González fue en 1975 segundo jefe del Destacamento, que ese año tomó en forma gradual la posta de los trabajos sucios hasta entonces realizados por los matones del diputado Rodolfo Ponce, y pasó a ser jefe en 1976, cuando se habilitó la mesa de torturas en el centro clandestino. En 1977 fue trasladado al Batallón de Inteligencia 601 que investiga el juez federal Ariel Lijo. Vivió sus últimos años en La Rioja 2464 y San Martín 2365 (Santa Fe).

- El entonces capitán Jorge Horacio Granada, que cobró fama por la ayuda económica que recibió de su amigo Luis Abelardo Patti durante el año que estuvo prófugo por sus andanzas en el Batallón 601, estuvo en Bahía Blanca entre 1975 y fines de 1977. Ese año fue trasladado al Destacamento de Inteligencia de Campo de Mayo. Tiene casas en Santa Fe 3388 PB 5 (Capital) y en Bartolomé Cruz 1971 (Olivos).

- Carlos Alberto Taffarel integró el Destacamento entre 1976 y 1980, como teniente primero y luego capitán. Hasta que decidió guardarse vivió en O’Higgins 2300 7º B (Capital).

Con el nuevo aporte de Alvarez Canale, la causa bahiense es la segunda del país en cantidad de represores que burlan con éxito a la Justicia –la megacausa ESMA encabeza la lista, con seis, aunque tiene más de 50 procesados– y se eleva a 45 la cifra de prófugos por delitos de lesa humanidad, por lejos la más estable de todas las situaciones procesales desde que se reabrieron las causas. La Unidad Especial de Búsqueda del Ministerio de Justicia, creada el año pasado con cinco millones de pesos de presupuesto, más dos millones para pagar recompensas y el único fin de encontrar a los prófugos, aún no tiene ni siquiera un sitio web con la foto y el prontuario de cada uno.

 

Más formalismos y dilaciones

El mes pasado, a tres años de la reapertura de la causa de La Escuelita bahiense, los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño pidieron la elevación a juicio de un primer fragmento con cinco imputados: el general Juan Manuel Bayón, el coronel Hugo Delmé y los tenientes coroneles Osvaldo Páez, Jorge Masson y Mario Méndez, presos en Campo de Mayo. El juez ad hoc Víctor Staniscia habilitó la feria y corrió vista a la abogada Mirta Mántaras de la APDH. La posibilidad de que el primer juicio por crímenes de las Fuerzas Armadas en Bahía Blanca tenga más imputados depende de la Cámara Federal, que debe pronunciarse sobre la situación de otros doce represores. Según el Código Procesal, cuando recibe la apelación el tribunal debe fijar fecha de audiencia en no más de 30 días y, al concretarla, tiene otros cinco para resolver. En algunos casos, como el del médico Humberto Adalberti, la demora de la Cámara ronda el año. El mes pasado, invocando la acordada de la Corte que admitió que estos procesos son formalistas y están plagados de dilaciones, el fiscal Cañón pidió que se habilitara la feria. La Cámara se negó. Argumentó el “volumen y complejidad” de la causa y la imprescriptibilidad de los delitos. “Ello no significa la eternidad de las causas”, oscurecieron al aclarar. En la Cámara bahiense también descansan los procesamientos de cuatro policías imputados por complicidad con la fuga de Corres, incluido el comisario Gustavo Scelsi, el desconocido que va a los cumpleaños de Alvarez Canale.

Para probar la tortura

EXHUMARAN LOS RESTOS DEL ABOGADO RADICAL MARIO AMAYA

A 32 años de su muerte, exhumarán el cadáver para corroborar los testimonios sobre el maltrato que sufrió Amaya en sus últimos meses. Fue secuestrado por Adel Vilas en 1976.

Por Diego Martínez

Treinta y dos años después de su muerte, producto de las torturas que recibió en el Cuerpo V de Bahía Blanca y en el penal de Rawson, los restos del abogado radical Mario Abel Amaya serán exhumados para corroborar los testimonios sobre el maltrato que sufrió durante sus últimos dos meses de vida. La medida ordenada por el juez federal Hugo Sastre tendrá lugar el 18 de febrero en el cementerio de Luján de Cuyo, San Luis.

Abogado ejemplar, defensor de presos políticos y amigo personal del líder del PRT-ERP, Mario Roberto Santucho, Amaya murió el 19 de octubre de 1976 en la enfermería de la cárcel de Villa Devoto. Sus padecimientos habían comenzado dos meses antes, en la madrugada del 17 de agosto, cuando uniformados al mando del entonces mayor Carlos Alberto Barbot se lo llevaron de su casa de Trelew. El operativo había sido ordenado por el general Adel Vilas, segundo comandante del Cuerpo V de Ejército, e incluyó la detención en Puerto Madryn de Hipólito Solari Yrigoyen, otro abogado de presos políticos que había defendido al correligionario Amaya durante la anterior dictadura militar.

Los golpes comenzaron durante el secuestro, siguieron durante el vuelo a Bahía Blanca y se volvieron rutina en el Batallón de Comunicaciones 181, donde pasaron una semana junto a otros treinta cautivos. Vendados, encapuchados, atados de pies y manos, a los padecimientos propios se sumaron las violaciones de los militares a una mujer secuestrada, que Solari Yrigoyen relató en 1985 durante el Juicio a las Juntas.

De allí pasaron a La Escuelita bahiense. “Fue el descenso al infierno: gritos, llantos, asfixia, electricidad –recordó el radical–. Un compañero habló y lo mataron ahí mismo. ‘No jode más, fuera de combate’, dijeron.” “Como Amaya tenía asma debieron interrumpir los tormentos. No podía respirar, lo autorizaron a dormir sentado”, agregó.

Ante la presión internacional, el 31 de agosto el general Vilas montó una parodia para simular que habían sido secuestrados por desconocidos. Amordazados y encapuchados, los trasladaron en una camioneta del Ejército, los tiraron al costado de una ruta cerca de Viedma y fraguaron un tiroteo que concluyó sin víctimas y permitió blanquear a los abogados.

El 11 de septiembre, junto a un grupo de economistas de la Universidad del Sur, los hicieron formar fila en la cárcel de Villa Floresta y los cargaron como bolsas de papas en el avión que los trasladó a Rawson, donde “sufrimos el más feroz de todos los castigos”, contó Solari. “Vas a pagar lo que hiciste como diputado, el mayor te tiene entre ojos”, les confesaban los guardias en referencia a Barbot, autoridad militar de la zona que tras el retiro se dedicó a la seguridad privada. En el pabellón de presos políticos hablaron por última vez. Amaya tenía la cabeza partida, tanto que a su amigo le costó reconocerlo. “No veo. Estoy mareado. No me dan remedios. Me estoy muriendo”, fue lo último que le dijo.

El ex comisario no sale

HECTOR GONCALVEZ SEGUIRA DETENIDO

PáginaI12

La Cámara Federal de Bahía Blanca se apartó de la doctrina que intentó establecer la Cámara Nacional de Casación Penal en el fallo “Díaz Bessone” –que habilita la excarcelación de imputados en crímenes de lesa humanidad mientras no se demuestre que su libertad pone en peligro las investigaciones ni implique riesgos de fuga– y le denegó la liberación al ex comisario Héctor Arturo Goncalvez, procesado con prisión preventiva por su actuación durante la dictadura en las filas de la policía de Río Negro.

“La gravedad de los delitos que se le atribuyen” lo hará “proclive a la fuga”, consideraron Angel Argañaraz, Ricardo Planes y Augusto Fernández. Los magistrados consideraron “el derecho de las víctimas del delito a la pronta realización del juicio” y remarcaron que “la necesidad de la detención debe conllevar el parejo esfuerzo del poder jurisdiccional a fin de lograr –por la prisión cautelar– en el menor tiempo posible la solución del conflicto del encausado con la ley penal”.

El fallo se inscribe en la línea fijada por la Cámara Federal porteña, pero contraría el criterio de la mayor parte de los jueces de Casación, que permitieron excarcelar a los jefes de los principales centros clandestinos de La Plata y autorizaron incluso la liberación de los marinos Astiz, Acosta y otros, suspendida por la apelación del fiscal Raúl Plé y que ahora deberá resolver la Corte Suprema de Justicia.

Hace dos décadas la Cámara Federal bahiense fue la primera en declarar la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. En los últimos meses, en cambio, trascendió por actitudes antisindicales, abusos de autoridad y condiciones de trabajo humillantes, que la Unión de Empleados de Justicia de la Nación denunció ante el Consejo de la Magistratura.