domingo, 9 de noviembre de 2008

Represores de negro y pantaloncitos cortos

LA HISTORIA DE DOS ARBITROS QUE REALIZABAN OPERATIVOS CLANDESTINOS DURANTE LA ULTIMA DICTADURA

José Francisco Bujedo era referí y Angel Narciso Racedo se desempeñaba como su asistente en la Liga Marplatense durante los ’70. Pero los dos pertenecían a la Marina y, con el juez de línea como jefe, secuestraban personas desde la base naval.

 

Bujedo, con la pelota, y Racedo, a su lado. Arbitros y represores.


PáginaI12

Por Gustavo Veiga

Se llaman José Francisco Bujedo y Angel Narciso Racedo, fueron árbitros de fútbol en los años ’70, pero la historia los recordará más como represores de la dictadura. Dirigían partidos en la Liga Marplatense; Bujedo como juez principal y Racedo como su asistente. En cambio, cuando salían a realizar operativos clandestinos desde la base naval (ambos pertenecían a los Servicios de Inteligencia de la Marina), se invertían los roles: Racedo era el jefe bajo el alias de Comisario Pepe y Bujedo, su subordinado. El primero se encuentra detenido en el penal de Batán con prisión preventiva en las causas 4446 y 4447 por delitos de lesa humanidad que investiga el Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata. Su camarada y compañero de terna arbitral se mantiene en libertad, aunque familiares de desaparecidos ya le elevaron al juez Rodolfo Pradas un pedido de detención.

Sus casos revelan la doble vida que llevaban estos militares en la costa bonaerense. Ejercían una actividad de superficie como el fútbol –en la que incluso Bujedo llegó a ser considerado el mejor de la Liga en su época, entre fines de los ’60 y comienzos de los ’70–, y en paralelo se dedicaban a cazar personas en una ciudad donde hubo 290 desaparecidos entre 1976 y 1978. Juan Carlos Morales, el respetado periodista deportivo que nació y trabajaba en Mar del Plata en esa etapa, recuerda al árbitro de la fotografía que ilustra esta nota ingresando en el campo de juego con una pelota: “Tenía un nivel destacado, un gran estado atlético y era considerado el mejor”.

Otro periodista deportivo marplatense, José Luis Ponsico, describió el 23 de abril de 2001 en el Juicio por la Verdad cómo el secuestro de su colega Amílcar González lo llevó hasta la dupla arbitral. Declaró que un sindicalista de apellido Bellini le había contado que dos referíes se reunían en la sede del gremio UTEDyC y que pertenecían a “los Servicios de Inteligencia de la Marina”. En aquel juicio desarrollado en Mar del Plata se describe que Ponsico, cuando intentaba averiguar el paradero de González, se entrevistó con Bujedo y Racedo. Al primero lo conocía por su labor como cronista deportivo. Del segundo tenía las referencias de Bellini: “Ojo, que en esta situación el jefe es Racedo y Bujedo es el segundo. ¿Sabés cómo lo llaman acá? Lo llaman Comisario Pepe”.

El referí tiene ahora 73 años y su juez de línea 68. El primero vive en Mar del Plata y su compañero residía en Punta Alta hasta que fue detenido, el 26 de agosto. Bujedo estuvo vinculado en 2007 al Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder) de General Pueyrredón y preside la sociedad de fomento marplatense San Carlos, mientras que Racedo vendía souvenires en un local de la principal galería de aquella ciudad cercana a Bahía Blanca, donde también incursionó en otra curiosa actividad. La revista Dazebao de Punta Alta, en un artículo publicado el 18 de octubre de 2008, explicó de qué se trataba: “Intentó mantener un perfil bajo, aunque durante los ’90 tuvo una cierta exposición pública al obtener por tres años la concesión de los carnavales de la ciudad de Punta Alta. Cuando tuvo que contratar personal para cobrar las entradas de ‘los corsos’ dejó en evidencia sus contactos: el primer año fueron los scouts navales; el segundo los infantes de la Escuela de Infantería de Marina que estaban de franco; al tercero lo mismo pero con los policías de la base”.

Bujedo y Racedo son muy distintos físicamente. El árbitro hoy debe ser un hombre calvo y de baja estatura, a juzgar por las fotos en que vestía de negro y de pantalones cortos y que ya lo mostraban con una pelada inocultable. Su ladero en las canchas y en las mazmorras de Mar del Plata, según surge de las denuncias presentadas en la Justicia Federal, mide 1,80, tiene ojos verdes y el pelo rubio. La misma imagen que tomó el diario La Capital de Mar del Plata en que se ve a ambos junto a un tercer árbitro, le permitió al abogado César Sivo, que patrocina a varios familiares de desaparecidos, identificarlo. “Es Racedo, el de pelo ondeado”, le dijo a este diario sin dudar.

El hombre que vivía en Punta Alta sin ser molestado siguió su carrera arbitral en la llamada Liga del Sur. Se explica por una sencilla razón: los marinos de guerra son mayoría en esa ciudad, que posee la mejor calidad de vida del país (según un ranking reciente elaborado por un grupo de investigadores del Conicet). El 70 por ciento de su población de unos 60 mil habitantes depende directa o indirectamente de la base de Puerto Belgrano. En el legajo número 304.062 del marino Racedo, consta un pedido de autorización de marzo del ’80 a su jefe naval para que pueda desempeñarse en aquella Liga, que reúne a clubes de Bahía Blanca y de localidades vecinas.

Lo firma el teniente de navío Enrique de León: “...desde hace varios años, siendo representante del consejo federal argentino y contando con la correspondiente autorización de la dirección del personal para desempeñarse como árbitro de la asociación marplatense...”. El sello que acompaña el texto dice “Contra Inteligencia Operaciones Base Naval I.M Baterías” y está contenido en la investigación que llevó adelante la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense.

En la Asociación Bahiense de Arbitros (ABA), que Racedo condujo en la década del ’80, incluso cuando todavía se mantenía en actividad, se sorprendieron con la noticia de su arresto. “Fue un balde de agua fría”, graficó un joven referí que atendió el teléfono de la sede gremial el jueves 6 por la noche. En la ABA se dan cursos de arbitraje como el que desarrolló el instructor Juan Carlos Crespi, un conocido ex juez internacional de la AFA. Su actual presidente se llama Marcelo Sánchez. Y Alberto Martínez, el afiliado más antiguo del sindicato, conduce la escuela arbitral. Es la persona que –cuentan en el gremio– conoce mejor que nadie la trayectoria deportiva de Racedo.

Apenas lo detuvo la Gendarmería, a fines de agosto, el represor se presentó así: “No tengo nada que ver. En los ’70 yo era árbitro de fútbol”. La coartada es más cínica que inverosímil y no lo salvó de quedar involucrado en la causa del Circuito Represivo Base Naval Mar del Plata. Durante los años en que Racedo operaba en la ciudad balnearia, también desaparecía gente en Punta Alta. Héctor González, ex secretario de Gobierno local durante la gestión del intendente peronista Jorge Izarra (1995-2003), sobrevivió para contarlo.

Estuvo detenido cinco años entre 1976 y 1981, tiene muy presente al marino y recuerda que “ya en democracia, continuaba siendo árbitro”. A su salida de la cárcel, y de regreso en su pago chico, los mismos que lo habían secuestrado a cara descubierta le dijeron con sorna: “González, sin rencores, ¿no?”. El mismo se responde aquella frase con otra: “Hacíamos política en el riñón del enemigo”. Su definición es todo un símbolo, como que el conocido represor Ricardo Miguel Cavallo, alias Sérpico, nació en Punta Alta. Muchos como él hacían operativos en sus calles cuando Racedo y Bujedo combinaban sus entrenamientos como árbitros con los secuestros, desapariciones y tormentos en Mar del Plata.

El primero apeló la prisión preventiva aunque continúa en la Unidad 44 de Batán. Volvió a estar cerca de su compañero de arbitraje, como cuando en la dictadura dirigían partidos en el estadio General San Martín, que bien podían ser los clásicos entre Aldosivi y Alvarado o Kimberley y San Lorenzo de Mar del Plata, uno de los cuales todavía es recordado por el polémico desempeño de Bujedo.

Los memoriosos del fútbol cuentan que, en la principal ciudad balnearia del país, siempre se habló de un grupo de represores que recaudaba unos pesos más poniéndose los pantalones cortos para hacer sonar el silbato o levantar el banderín en una posición adelantada. Racedo y Bujedo son sus más conocidos exponentes. Ahora, treinta y dos años después, los acusan de delitos de lesa humanidad junto a otros oficiales superiores. Un juicio espera por ellos.

lunes, 27 de octubre de 2008

El gran empresario-amigo del Laucha

La Justicia investiga a Héctor Basilio Lapeyrade quien le dio cobertura al represor Julián Corres

Los fiscales federales de Bahía Blanca le pedirán hoy a la Justicia que Héctor Basilio Lapeyrade, petrolero, bodeguero y terrateniente, sea citado a declarar como partícipe del encubrimiento de la fuga del represor Corres.

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PáginaI12

Por Diego Martínez

Encubrir a represores prófugos puede llegar a ser un problema, sobre todo cuando dejan de serlo. El empresario Héctor Basilio Lapeyrade, que durante al menos trece meses le brindó cobertura al teniente coronel Julián Oscar Corres para burlar a la Justicia, será citado a prestar declaración en Bahía Blanca por el delito de encubrimiento agravado. Así lo solicitarán hoy ante el juez federal Ramón Dardanelli Alsina los fiscales federales Hugo Cañón y Antonio Castaño. También pedirán que rindan cuentas los militares que durante dos años dispusieron de bienes del Ejército para garantizar un buen pasar a los camaradas en desgracia. Acusan por peculado al general de brigada Oscar Roberto Gómez, ex comandante del Cuerpo V, y como partícipe del mismo delito al ex secretario general, coronel Jorge Roque Cocco, quien sin quitarse el uniforme visitaba a los represores con tortas para acompañar el mate.

Es improbable que los 41 prófugos imputados por crímenes de lesa humanidad tengan un padrino de confirmación como Lapeyrade, un multimillonario de 79 años dueño de tres empresas petroleras (Chañares Herrados, Chañares Herrados Petrolera El Trébol y Angarteche), viñedos, bodegas y campos en Mercedes. Don Héctor es además un experto en elegir compañías. Hasta marzo, cuando cobró 1,2 millón de pesos de honorarios, la dirección de Chañares estuvo a cargo de Luis Alfredo Zarattini, ex Tacuara acusado de haber actuado en centros clandestinos y de haber colaborado con la DINA chilena en el asesinato del general Carlos Prats. El apoderado es Oscar Héctor Corres, primo del Laucha, procesado en 1971 por el asesinato de la estudiante Silvia Filler como miembro de la ultraderechista Concentración Nacional Universitaria de Mar del Plata. Oscarcito, como lo llama el patrón, fue amnistiado en 1973 y figura entre los acusados por el Tribunal Oral Federal marplatense de haber integrado la patota de la CNU responsable de secuestros y homicidios en 1975. A su tercer “hombre de confianza”, como lo definió ante la Justicia, le sobran pergaminos: Julián Corres está procesado por 47 secuestros, 38 torturas, 17 homicidios y 7 desapariciones forzadas en La Escuelita bahiense. Su performance se conoce al menos desde 1999 cuando admitió en el Juicio por la Verdad que lo apodaban Laucha, alias que los sobrevivientes adjudicaban a quien manejaba la picana eléctrica.

Lapeyrade no escatimó esfuerzos para ayudar a Corres durante su primera etapa como prófugo, que se extendió desde la orden de captura el 27 de febrero de 2007 hasta el 3 de abril de 2008, cuando Interpol lo detuvo al salir de las oficinas porteñas de Chañares Herrados, en Uruguay 824. El viejo amigo de su finado padre le pagó 4500 pesos por mes sin registrarlo como empleado a cambio de “diligencias no específicas”, según Corres. También le permitió usar celulares y pases de peaje a nombre de su empresa y le dio 5 mil pesos por mes a su esposa para el estudio de sus hijas.

Corres no supo retribuirlo. Cometió torpezas incomprensibles para un oficial de inteligencia. “El coronel es un peligro. Me pone los pelos de punta”, le confió un tal Gadeano a Lapeyrade dos días antes de la detención, en un diálogo interceptado por la Secretaría de Inteligencia que consta en el informe de Interpol. Gadeano renegaba porque el prófugo iba a las oficinas y hacía llamados sin tomar precauciones. El último le costó su libertad.

Las atenciones del padrino rico continuaron durante los tres meses y medio en la delegación bahiense de la Policía Federal. Según el escrito de los fiscales, producto de la investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria luego de la fuga, Corres recibió tres visitas de Eduardo Díaz, empleado de Bodegas Lapeyrade en Viedma. Díaz declaró que en las tres oportunidades le entregó un sobre cerrado con dinero y cajas con provisiones “de parte del patrón”, que a su turno dijo que contenían “vituallas y otras cosas”.

Cuando el trabajo de inteligencia de Cañón y la fuerza que conduce Marcelo Saín estaba a punto de derivar en un pedido de citación de Lapeyrade por su posible vinculación con la fuga, el juez Alcindo Alvarez Canale interrumpió su licencia, invocó “la responsabilidad que me cabe”, pero no le había cabido hasta entonces, y arruinó la investigación al citar como simple testigo al empresario que ayudó a Corres a burlarse de la Justicia. El encubrimiento es en comparación un delito menor, excarcelable, con una pena máxima de tres años de prisión. No dejarlo impune, sin embargo, es imprescindible para que tomen nota quienes hoy encubren a los otros 41 prófugos.

Camarada Cocco

“¿Cocco te lleva el almuerzo y la cena?”, le preguntó un familiar a Corres en una carta que no formó parte del equipaje de fuga. Cocco no era el cocinero de la cárcel ni el guardia encargado de llevar la comida a los presos, sino el secretario general del Cuerpo V del Ejército Argentino, coronel Jorge Roque Cocco, que dedicó los últimos dos años de su carrera a oficiar de mucamo de retirados presos por delitos de lesa humanidad.

El 10 de junio de 2006, por orden de Alvarez Canale, la delegación bahiense de la Policía Federal recibió por primera vez a un imputado por crímenes en La Escuelita: el suboficial Santiago Cruciani, interrogador oficial, que murió preso, pero sin condena. Durante los dos años siguientes alojaron a otros trece represores, todos militares, excepto tres penitenciarios. El último fue trasladado a Marcos Paz el 8 de agosto.

Desde el primer día, los imputados contaron con el auxilio del Ejército, en particular del servicial Cocco, jefe del Batallón de Inteligencia 181 y de la Central de Reunión de Información hasta diciembre pasado. “Era una especie de parte protocolar”, lo definió un guardia. “Cocco fue una herencia de jefaturas anteriores”, aclaró el subcomisario Marcelo Voros, procesado como partícipe primario de facilitación de fuga. El coronel en persona les acercó camas, colchones, frazadas, almohadas, sábanas, una mesa, remedios, tortas y hasta un patriótico locro el 25 de Mayo.

Claro que Cocco no actuaba por su cuenta sino “en respuesta a órdenes superiores”, según admitió ante la Justicia. Su superior no era otro que el comandante, general Oscar Gómez, a quien la ministra de Defensa, Nilda Garré, pasó a disponibilidad por ordenar “inadecuados mecanismos de visita y asistencia” a represores. Los fiscales le imputan a Gómez el delito de peculado, por desviar arbitrariamente bienes del Ejército a otra fuerza de seguridad que ni siquiera los había solicitado. A Cocco lo consideran partícipe necesario del mismo delito. Agregan que el comandante desafectó al secretario de las tareas por las que recibía un sueldo para brindar servicios y asistencia a terceros, que por otra parte no eran pibes de la calle sino militares procesados con prisión preventiva, con todas las garantías de la ley, por secuestros seguidos de torturas y asesinatos.

jueves, 23 de octubre de 2008

Detienen al jefe del Laucha Corres

PáginaI12

A los 79 años y luego de 30 de plena impunidad, fue detenido ayer el coronel retirado Walter Bartolomé Tejada, ex miembro de la Jefatura II de Inteligencia y del Estado Mayor del Cuerpo V de Ejército, donde se decidieron vidas y muertes en Bahía Blanca durante la dictadura. El sanjuanino Tejada secundaba al coronel Aldo Mario Alvarez, el prófugo que hasta 2000 gerenció la Agencia de Investigaciones Privadas Alsina SRL y era superior inmediato del entonces subteniente Julián Oscar Corres, jefe de guardias del centro clandestino La Escuelita, fugado y recapturado meses atrás.

Tejada procesaba información que derivaba en secuestros, avisaba de nuevas capturas por teléfono para que enchufaran la picana y concurría en persona a La Escuelita, según admitió ante la Justicia el propio Laucha Corres. La Policía Federal lo detuvo por orden del juez federal Alcindo Alvarez Canale en su departamento de Soler 154, piso 6, de Bahía Blanca. Luego de quemarse con leche con la fuga de Corres, el juez ordenó que esperara la indagatoria en la cárcel de Villa Floresta.

Tejada estuvo en el Cuerpo V entre 1973 y 1983, cuando pasó a retiro. Por debajo de él actuaban, entre otros, los mayores Osvaldo Lucio Sierra y Neil Lorenzo Blázquez y los sargentos escribientes Almirón, Martín y Villalba, aún libres. Comisionados por el Batallón de Inteligencia 601, también actuaron en Bahía Blanca el sargento Alfredo Omar “Cacho” Feito y el teniente primero Enrique Del Pino, preso por delitos en el Cuerpo I. El agente penitenciario Leonardo “Mono” Núñez, enlace entre La Escuelita y la cárcel local, contó durante el Juicio por la Verdad que para Tejada “llevar presos a la cárcel estaba mal porque estábamos mezclando carceleros con militares”. No explicó qué alternativa proponía.

miércoles, 22 de octubre de 2008

De espía a detenido desaparecido

Un ex agente declaró como testigo en Neuquén

 

PáginaI12

Por Diego Martínez

A comienzos de 1975 el agente de inteligencia José Luis Cáceres era mano derecha del jefe de policía de Río Negro. El 20 de marzo, junto a Raúl Guglielminetti y como miembro de un grupo operativo que encabezaba el interventor de las universidades del Sur y del Comahue, el rumano Remus Tetu, participó del atentado contra la agencia Neuquén del diario Río Negro. En diciembre de aquel año fue detenido por razones poco claras. Pasó varios años en cárceles de la dictadura y tuvo un paso breve por La Escuelita, el centro clandestino de la Brigada de Infantería de Montaña VI. Ayer, a puertas cerradas, ratifició ante el Tribunal Oral Federal neuquino que durante dos interrogatorios distintos en 1976, que incluyeron propuestas para sumarse a las patotas de secuestradores del Ejército, reconoció la voz de dos de los imputados: el coronel Mario Alberto Gómez Arenas, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 182, y el coronel Jorge Molina Ezcurra, oficial del destacamento.

Cáceres pidió declarar a puertas cerradas. Sólo pudieron escucharlo las partes y los imputados. “Dice ser un testigo protegido, pero no se entiende de quién. No debe temerle al público o a la prensa, sino al aparato represivo, que estaba adentro de la sala. El juicio debe ser público”, explicó la abogada Ivana Dal Bianco, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que se opuso a la decisión del tribunal.

Según el comisario Antonio Casal, de la policía de Neuquén, al ser detenido con armas de guerra tras el atentado al diario, Cáceres le mostró una credencial firmada por su jefe Benigno Ardanaz, le explicó que pertenecía “a una fuerza de choque” que dirigía Tetu y solventaban la policía de Río Negro y la UNC y le pidió “media hora” para desaparecer. Casal contó que se negó a liberarlo, aunque nunca pudo detener a los demás participantes: Guglielminetti, el secretario de extensión universitaria Rolando Funes y dos miembros de la Triple A de Bahía Blanca que Tetu había heredado del sindicalista Rodolfo Ponce: Raúl Giorgi y Juan Carlos Landini. Durante varios meses de 1975, Cáceres ofició de chofer de Tetu, con quien visitaba a la directora del diario La Nueva Provincia, Diana Julio de Massot.

En 1984, ante la APDH contó que, luego del 24 de marzo, Molina Ezcurra lo visitó en la cárcel de Neuquén. Días después lo trasladaron a un centro clandestino y lo torturaron por haber hablado de Guglielminetti & Cía. “Si trabajás para nosotros podemos olvidarnos. Caso contrario vas a estar años preso”, le propusieron. Se negó y volvió a la cárcel, dijo. En noviembre lo llevaron a La Escuelita. “Tenemos que armar bandas como los zurdos”, dice que le dijo Gómez Arenas, y reiteró la invitación. Volvió a negarse y otra vez a Rawson. Ayer aportó un valioso granito de arena a la Justicia.

miércoles, 27 de agosto de 2008

El Laucha contó un cuento

Julián Corres fue interrogado por su fuga de la delegación policial de Bahía Blanca. Contó que huyó solo, pero se presume que hubo complicidad de policías y civiles. Para la fiscalía, su declaración "no cierra por ningún lado".



Por Adriana
Meyer
Cinco horas y media duró el interrogatorio al que fue sometido el represor Julián "Laucha" Corres en la causa que investiga la fuga que protagonizó el 26 de julio de la delegación de la Policía Federal de Bahía Blanca, donde cumplía prisión preventiva por delitos de lesa humanidad. Dijo que se convirtió en prófugo porque pensaba que no volvería a ver a su madre, aseguró que se escapó con "una soguita" por la cochera de la dependencia policial y habló de su padrino, el empresario Héctor Lapeyrade. "Armó un cuento que no cierra por ningún lado", dijo a PáginaI12 el fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Cañón, al tiempo que detalló las sucesivas contradicciones en las que incurrió el represor.

El ex teniente fue trasladado desde la cárcel de Marcos Paz hasta Bahía Blanca, donde el juez federal Alcindo Alvarez Canale lo había citado como testigo. Es que no existe imputación penal para quien se fugue, salvo si ejerce violencia sobre terceros o bienes materiales, aunque sí está previsto el delito de facilitación de evasión. La sospecha del fiscal Cañón es que en la huida de Corres hubo complicidad de la fuerza que lo estaba custodiando, la Policía Federal, miembros del Ejército y civiles.

En medio de un fuerte operativo de seguridad a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense, el represor de 56 años –de nuevo con bigotes y sin la barba con la que fue detenido en Santa Fe, suéter celeste y jeans– llegó a las 11.10 y permaneció en el juzgado federal hasta casi las 17.

"Tomé la decisión a último momento, cuando iba al baño", dijo Corres ante las primeras preguntas. No supo explicar la "mochilita con una muda de ropa" que llevaba. "Vi una soguita al lado de la escalera, agarré dos tramos, bajé a la cochera y salí a la calle", explicó el represor. ¿Cómo hizo para verla si estaba oscuro?, quiso saber Cañón. "Bueno, sabía que estaba ahí porque la había visto de día", respondió. Era la 1 de la madrugada.

Una vez en libertad, llegó hasta el hotel Austral, al lado de una estación de servicio, y llamó desde su celular a un remise. Esperó en la vereda 25 minutos y dijo que no temió que lo fueran a buscar. Por 400 pesos, aunque luego se corrigió y dijo 200, llegó a Mar del Plata.

¿De dónde sacó dinero para esos primeros movimientos? Corres afirmó que llevaba dos mil pesos en el bolsillo, pero no supo responder por qué dejó dinero en la celda. Según Cañón, esta parte del relato, como otras, no es cierta. El fiscal está convencido de que tuvo apoyo externo.

Una vez en La Feliz, dijo haber comprado un pasaje a La Plata y que lo hizo por una empresa en la que su nombre ya estaba registrado. Dijo que llegó a Constitución y paró en dos hoteles, pero que no recuerda los nombres. ¿Se comunicó con alguien?, inquirió Cañón. En principio, Corres respondió que no. Pero, cuando el fiscal le dio el dato concreto de un militar, admitió haberlo llamado. ¿El motivo de la fuga? "Sólo quería ver a mi madre, porque pensé que no la iba a ver más. No creí que me iban a detener ahí, aunque me imaginé que sólo tendría tiempo para decirle hola y chau", declaró Corres bajo juramento.

"Es todo un relato ridículo", calificó Cañón.

Sobre su relación con Héctor Lapeyrade, Laucha Corres negó que le haya llevado dinero, aunque reconoció que sí lo hizo su primo, Oscar Corres, que es apoderado del empresario. "Trabajé dos años con Lapeyrade, hacía de todo, mandados, recibía empresarios", contó. El fiscal le preguntó si es su padrino, ya que el propio Lapeyrade había declarado que apadrinó al represor en su confirmación. "Le decíamos padrino por su amistad con mi padre", explicó. ¿Le mandaba comida mientras estuvo preso? Según Corres, le hizo llegar algunos de sus vinos, pero eran para los policías.

Sobre el lugar de detención, dijo que a él lo trataban más rigurosamente que a los demás en la delegación bahiense de la Federal. No se acordaba si aquella noche había estado mirando TV, pero luego admitió que sí, y reconoció que en el piso 1º festejaron el cumpleaños del teniente coronel Miguel Angel García Moreno, el 25 de mayo, con sandwiches, empanadas, sillones y una mesa para más de 20 personas. ¿Estaba el comisario Scelsi? Corres primero dijo que "no lo conocía bien", pero luego afirmó que "cuando pasaba el comisario eran más estrictos". El fiscal Cañón también se interesó por sus contactos con el ex secretario general del Cuerpo V de Ejército, Jorge Roque Cocco, puesto en disponibilidad por Defensa tras admitir que asistió a Corres. El represor reconoció que iba a verlo, pero dijo que era por iniciativa propia. Cocco había dicho que lo hizo en cumplimiento de "órdenes".

El testimonio de Corres hace agua sobre todo en comparación con el de un testigo de identidad reservada, que estaba preso junto con él. La Federal había dicho que Corres vestía un jogging al momento de la fuga, pero no fue así. La descripción que hizo ayer el represor fue idéntica a la que había dado ese testigo. Incluso, por el detalle de una marca de zapatillas no muy conocida, las mismas que ayer llevaba puestas.