Página/12
Los argentinos Juan Gelman, Horacio Verbitsky y Hugo Omar Cañón recibieron los premios Verdad y Justicia, Periodismo y Justicia Universal de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos.
La Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid premió al poeta Juan Gelman, al periodista Horacio Verbitsky y al fiscal federal de Bahía Blanca Hugo Omar Cañón por su actividad en defensa y promoción de los derechos humanos. “Quienes han dedicado parte de su vida a ello -recordaron los organizadores– no suelen tener más satisfacción que la del cumplimiento del deber que se imponen y el agradecimiento de quienes se benefician de su tarea.” Los premios apuntan a reconocer especialmente a quienes han apoyado y difundido el proceso judicial que se tramita en España contra los crímenes de lesa humanidad cometidos por las dictaduras militares de Argentina y Chile.
En el caso de Gelman, que recibió el premio Verdad y Justicia por su lucha por la recuperación de su nieta, la intención fue que en la figura del poeta también estuvieran representados “todos aquellos familiares que en circunstancias esquivas y desiguales no se resignaron a la infamia y la impunidad”.
Gelman logró confirmar la identidad de su nieta en marzo pasado, en el Uruguay, donde la joven –hija de Marcelo Gelman y María Claudia Irureta Goyena, ambos desaparecidos– había nacido en cautiverio 23 años atrás. “Su conmovedora lucha simboliza la expresión más alta de la dignidad humana” señaló la Asociación durante la ceremonia de entrega, “y volvió a poner al desnudo uno de los crímenes más espeluznantes que cometió la dictadura argentina: el secuestro de niños”.
El premio Periodismo Internacional fue otorgado a Horacio Verbitsky “por toda una vida dedicada a la investigación y difusión de los crímenes de la dictadura militar argentina” y en mérito a su trabajo en favor de los derechos humanos.
Al fiscal Hugo Cañón, quien desde la fiscalía de la Cámara Federal de Bahía Blanca impugnó por anticonstitucionales y contrarios a los tratados internacionales la ley de Punto Final, la Obediencia Debida y los indultos, se destinó el reconocimiento Justicia Universal.
Los organizadores subrayaron específicamente su tarea en el Juicio por la Verdad que se realiza en esa cámara. Por el mismo motivo, mencionaron a los titulares de la cámara bahiense y su par de cámara de La Plata Leopoldo Schiffrin.
Como ninguno de los tres argentinos pudo estar en el acto de entrega de los premios, que se realizó en la ciudad de Madrid en diciembre, las distinciones fueron recibidas por el periodista Juan Carlos Algañaraz –en nombre de Verbitsky– y el fiscal Carlos Castresana por su par argentino Cañón. Roberto Libedinsky, integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos y también padre de una joven desaparecida, lo hizo en lugar de Gelman.
Hubo también distinciones para personas e instituciones españolas, como la Asociación contra la Tortura española, que centra su trabajo en la denuncia de la situación de las cárceles y comisarías de ese país. Esta fue la segunda edición de los premios de la Asociación Pro Derechos Humanos. El premio Periodismo Nacional fue entregado a José Manuel Martín Medem, responsable de informativos internacionales de Televisión Española. La Asociación subrayó su “dedicación plena y constante para denunciar las violaciones a los derechos humanos en América latina” y la difusión de los testimonios de quienes hicieron posible que exista y avance el proceso que se sigue en la Audiencia Nacional.
lunes, 8 de enero de 2001
lunes, 13 de noviembre de 2000
Si algo no existe es el olvido (Jorge Luis Borges)
Página/12
Por Hugo Cañón
El martes 24 de octubre fuimos recibidos –a las cinco en punto de la tarde– por el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, quien estaba acompañado por el secretario de Asuntos Militares, licenciado Miguel Tello. Los integrantes de la Comisión Provincial de la Memoria (creada por Ley 12.483 de la Provincia de Buenos Aires) expresamos al ministro cuáles son los objetivos generales de ésta y, en particular, peticionamos que gestionara la transferencia del espacio físico donde funcionó el “centro clandestino de detención” de Bahía Blanca, conocido como “La Escuelita”, para recuperar ese lugar y destinarlo a la concreción de un proyecto dirigido a preservar la memoria. Indicamos –conforme lo probado– que por allí pasaron cientos de vecinos de la ciudad y de las provincias de Río Negro y Neuquén; que algunos de ellos son sobrevivientes y testimonios vivos del terror, otros fueron asesinados en enfrentamientos fraguados y muchos permanecen en esa condición aberrante de “desaparecidos”. Además, que nacieron en el lugar niños que aún hoy continuamos buscando. Hemos sido escuchados en formal y respetuoso silencio.
Hicimos referencia a los Juicios por la Verdad, a la incomprensible situación que se presenta al consentir que continúen en actividad militares que –como está probado– participaron en la represión ilegal (con lo cual el espíritu de cuerpo funciona para encubrir y no para sanear a una institución). Manifestamos nuestro estupor ante el silencio oficial que se guarda cuando un militar como Jorge Olivera comete un fraude procesal para eludir la acción de la Justicia, mientras se levantan otras voces que reivindican ese hecho ilícito, como también los mismos crímenes que se le imputan. También aludimos a nuestro mismo asombro cuando se denuncia que se estaría gestando otra maniobra procesal para sustraer a Ricardo Miguel Cavallo, para que no se haga efectivo un pedido de extradición formulado por el Reino de España y el gobierno no hace el mentís más rotundo –de no ser veraz esa actividad– o sanciona severamente a quienes intenten realizar ese tipo de operaciones. La ética pública lo reclama.
Hicimos notar que no se cumple con la ley –como sostiene el ministro de Defensa– solamente ordenando que los militares comparezcan ante la citación de los jueces sino que –como cualquier ciudadano– deben sentarse ante el Tribunal y declarar y no es válido consentir que se amparen en la excusa de la supuesta “autoincriminación” para no decir ni cómo se llaman o dónde viven. Todo escuchó el ministro y todo negó el ministro.
Sostuvo que Argentina –como ningún país en el mundo– dio ejemplo de persecución de estos crímenes y que no existe impunidad alguna. “Hay que mirar para adelante”, dijo, añadiendo que nunca avalará la creación de un lugar de evocación o de memoria, porque –además de otras razones– era su íntima convicción. “Yo no voy a auspiciar un monumento o museo o algo similar en un entorno militar porque eso actuaría como elemento de conflicto. Si auspiciara una medida de esa naturaleza, no contribuiría sino a gestar un factor de conflictividad”.
Se le hizo notar que si la “autocrítica” y “pedido de perdón” (por él mencionados) trascendían realmente el mero discurso, el “Ejército nuevo” debía asumir que aquel plan criminal Nunca Más sería ni concebido ni ejecutado, y por tanto que no se advertía cómo podía resultar conflictivo evocar lo que ellos rechazarían de plano por su ilicitud. Se le dijo que si esto no se asume así, si no se acepta decir: “esto que ocurrió acá fue inmoral e ilegal y nunca más se hará”, se adopta una actitud hipócrita y, en el fondo, se está convalidando lo actuado ilegalmente.
Se le recordó que imágenes de conejos (seres vivientes que podían trasladarse de un lado a otro sin que estallen las minas) hoy evocan el lugar donde estaba el Muro de Berlín y sirven para afirmar que nunca más una barrera dividirá al pueblo berlinés y que respecto del Holocausto se han erigido museos y se preservan campos de concentración y de exterminio como fuentes de memoria permanente. Pero el ministro no quiere memoria. Y no la quiere no sólo en relación con “La Escuelita” de Bahía Blanca, sino tampoco con respecto de ningún otro lugar, incluyendo la ESMA. Cuando se le planteó que el Presidente de la Nación, siendo jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reclamó el predio de la ESMA para que fuera un lugar de evocación y ahora no sería coherente que asumiera una posición contra su propia postura (De la Rúa vs. De la Rúa), respondió que él (el ministro) no variaría su criterio y, si el Presidente tenía otro, “se generaría un serio conflicto”, con lo cual cabe colegir que –en ese supuesto– presentaría su renuncia.
Por supuesto que la marmórea respuesta del ministro y su segundo no impedirá que el Foro por la Memoria y la Justicia de Bahía Blanca y la Comisión Provincial de la Memoria continúen realizando todas las gestiones pertinentes que permitan revitalizar la república evocando cómo y dónde se instaló el terror y la muerte clandestina; pero no deja de ser lamentable observar que un ministro de un gobierno constitucional pretenda el olvido, “mirar para adelante” (o no mirar atrás).
También un jefe de Unidad del Ejército en Neuquén, cuando se realizó recientemente una visita de la población a las instalaciones del cuartel, al ser preguntado acerca del lugar donde funcionó “La Escuelita” de esa ciudad, respondió: “No me consta”.
Ambas actitudes se inscriben en una pretensión de olvido. De negación.
“El olvido es una afirmación de la inexistencia del trauma, es la afirmación de lo ocultado. Se inscribe un agujero que no tiene posibilidad de tener significación, por lo tanto retorna por otras vías violentas hacia sí mismo o hacia los otros. Todos síntomas empobrecedores de la vida misma. Esto es lo que nosotros llamamos la compulsión a la revisión. Es como que lo no olvidado figura en un registro inconsciente que vuelve permanentemente a buscar una vía de solución. Cuando se omite el paso decisorio de la significación de un proceso traumático, se instala la amnesia, pero que es siempre activa y paralizante.
“Si el pasado se congela, sin inclusión, sin palabras, se entorpece la posibilidad de crear proyectos, ideales, porque lo olvidable perdura, alterando la comprensión del sentido. Sólo se transforma en pasado lo que ha atravesado el dolor de la memoria y se puede articular el hecho y su significado. Porque el olvido es imposible. Este intento fallido se transforma en un presente eterno, en una repetición constante, en un retorno paralizante.” (De la conferencia de la licenciada Marta Craichik, integrante del Foro por la Memoria y la Justicia de Bahía Blanca) Pero el ministro no lo puede alcanzar a comprender. O lo comprende demasiado.
Por Hugo Cañón
El martes 24 de octubre fuimos recibidos –a las cinco en punto de la tarde– por el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, quien estaba acompañado por el secretario de Asuntos Militares, licenciado Miguel Tello. Los integrantes de la Comisión Provincial de la Memoria (creada por Ley 12.483 de la Provincia de Buenos Aires) expresamos al ministro cuáles son los objetivos generales de ésta y, en particular, peticionamos que gestionara la transferencia del espacio físico donde funcionó el “centro clandestino de detención” de Bahía Blanca, conocido como “La Escuelita”, para recuperar ese lugar y destinarlo a la concreción de un proyecto dirigido a preservar la memoria. Indicamos –conforme lo probado– que por allí pasaron cientos de vecinos de la ciudad y de las provincias de Río Negro y Neuquén; que algunos de ellos son sobrevivientes y testimonios vivos del terror, otros fueron asesinados en enfrentamientos fraguados y muchos permanecen en esa condición aberrante de “desaparecidos”. Además, que nacieron en el lugar niños que aún hoy continuamos buscando. Hemos sido escuchados en formal y respetuoso silencio.
Hicimos referencia a los Juicios por la Verdad, a la incomprensible situación que se presenta al consentir que continúen en actividad militares que –como está probado– participaron en la represión ilegal (con lo cual el espíritu de cuerpo funciona para encubrir y no para sanear a una institución). Manifestamos nuestro estupor ante el silencio oficial que se guarda cuando un militar como Jorge Olivera comete un fraude procesal para eludir la acción de la Justicia, mientras se levantan otras voces que reivindican ese hecho ilícito, como también los mismos crímenes que se le imputan. También aludimos a nuestro mismo asombro cuando se denuncia que se estaría gestando otra maniobra procesal para sustraer a Ricardo Miguel Cavallo, para que no se haga efectivo un pedido de extradición formulado por el Reino de España y el gobierno no hace el mentís más rotundo –de no ser veraz esa actividad– o sanciona severamente a quienes intenten realizar ese tipo de operaciones. La ética pública lo reclama.
Hicimos notar que no se cumple con la ley –como sostiene el ministro de Defensa– solamente ordenando que los militares comparezcan ante la citación de los jueces sino que –como cualquier ciudadano– deben sentarse ante el Tribunal y declarar y no es válido consentir que se amparen en la excusa de la supuesta “autoincriminación” para no decir ni cómo se llaman o dónde viven. Todo escuchó el ministro y todo negó el ministro.
Sostuvo que Argentina –como ningún país en el mundo– dio ejemplo de persecución de estos crímenes y que no existe impunidad alguna. “Hay que mirar para adelante”, dijo, añadiendo que nunca avalará la creación de un lugar de evocación o de memoria, porque –además de otras razones– era su íntima convicción. “Yo no voy a auspiciar un monumento o museo o algo similar en un entorno militar porque eso actuaría como elemento de conflicto. Si auspiciara una medida de esa naturaleza, no contribuiría sino a gestar un factor de conflictividad”.
Se le hizo notar que si la “autocrítica” y “pedido de perdón” (por él mencionados) trascendían realmente el mero discurso, el “Ejército nuevo” debía asumir que aquel plan criminal Nunca Más sería ni concebido ni ejecutado, y por tanto que no se advertía cómo podía resultar conflictivo evocar lo que ellos rechazarían de plano por su ilicitud. Se le dijo que si esto no se asume así, si no se acepta decir: “esto que ocurrió acá fue inmoral e ilegal y nunca más se hará”, se adopta una actitud hipócrita y, en el fondo, se está convalidando lo actuado ilegalmente.
Se le recordó que imágenes de conejos (seres vivientes que podían trasladarse de un lado a otro sin que estallen las minas) hoy evocan el lugar donde estaba el Muro de Berlín y sirven para afirmar que nunca más una barrera dividirá al pueblo berlinés y que respecto del Holocausto se han erigido museos y se preservan campos de concentración y de exterminio como fuentes de memoria permanente. Pero el ministro no quiere memoria. Y no la quiere no sólo en relación con “La Escuelita” de Bahía Blanca, sino tampoco con respecto de ningún otro lugar, incluyendo la ESMA. Cuando se le planteó que el Presidente de la Nación, siendo jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reclamó el predio de la ESMA para que fuera un lugar de evocación y ahora no sería coherente que asumiera una posición contra su propia postura (De la Rúa vs. De la Rúa), respondió que él (el ministro) no variaría su criterio y, si el Presidente tenía otro, “se generaría un serio conflicto”, con lo cual cabe colegir que –en ese supuesto– presentaría su renuncia.
Por supuesto que la marmórea respuesta del ministro y su segundo no impedirá que el Foro por la Memoria y la Justicia de Bahía Blanca y la Comisión Provincial de la Memoria continúen realizando todas las gestiones pertinentes que permitan revitalizar la república evocando cómo y dónde se instaló el terror y la muerte clandestina; pero no deja de ser lamentable observar que un ministro de un gobierno constitucional pretenda el olvido, “mirar para adelante” (o no mirar atrás).
También un jefe de Unidad del Ejército en Neuquén, cuando se realizó recientemente una visita de la población a las instalaciones del cuartel, al ser preguntado acerca del lugar donde funcionó “La Escuelita” de esa ciudad, respondió: “No me consta”.
Ambas actitudes se inscriben en una pretensión de olvido. De negación.
“El olvido es una afirmación de la inexistencia del trauma, es la afirmación de lo ocultado. Se inscribe un agujero que no tiene posibilidad de tener significación, por lo tanto retorna por otras vías violentas hacia sí mismo o hacia los otros. Todos síntomas empobrecedores de la vida misma. Esto es lo que nosotros llamamos la compulsión a la revisión. Es como que lo no olvidado figura en un registro inconsciente que vuelve permanentemente a buscar una vía de solución. Cuando se omite el paso decisorio de la significación de un proceso traumático, se instala la amnesia, pero que es siempre activa y paralizante.
“Si el pasado se congela, sin inclusión, sin palabras, se entorpece la posibilidad de crear proyectos, ideales, porque lo olvidable perdura, alterando la comprensión del sentido. Sólo se transforma en pasado lo que ha atravesado el dolor de la memoria y se puede articular el hecho y su significado. Porque el olvido es imposible. Este intento fallido se transforma en un presente eterno, en una repetición constante, en un retorno paralizante.” (De la conferencia de la licenciada Marta Craichik, integrante del Foro por la Memoria y la Justicia de Bahía Blanca) Pero el ministro no lo puede alcanzar a comprender. O lo comprende demasiado.
domingo, 17 de septiembre de 2000
La mesa de dos patas
Página/12
Por Horacio Verbitsky
En pocos días se sucedieron una ceremonia eclesiástica en la que un enviado del Vaticano proclamó que la justicia no debía ser una venganza disfrazada, un discurso del jefe del Ejército que insistió en plantear una indefinida reconciliación, y la resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal que prohibió tomar juramento a los militares que sean convocados en los juicios de la verdad, de modo que “cuanto tenga[n] que manifestar emane de su libre voluntad, guiado[s] por los dictados de su conciencia y el respeto por las obligaciones que a la sociedad toda adeuda[n]”. Demasiada coincidencia para atribuirla al azar.
Junto con los jueces Gustavo Hornos, Ana María Capolupo y Amelia Berraz de Vidal firmó la resolución el secretario de la Cámara de Casación Daniel Enrique Madrid. Según los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado que reclamaron a la Cámara Federal de Bahía Blanca la continuación de los juicios, Madrid es un mayor del Ejército. De ser así se entendería por qué la resolución que proscribe cualquier medida coercitiva sobre los oficiales o suboficiales que se nieguen a declarar, se conoció a través de los eufóricos voceros castrenses antes que en Tribunales, tal como había ocurrido cuando el expediente fue sustraído de sus jueces bahienses.
Esto no equivale a decir que la letra de la resolución se haya originado en el edificio Libertador, aunque coincida con reclamos del Jefe de Estado Mayor del Ejército Ricardo Brinzoni. En su formulación se reconocen declaraciones previas de los ministros del Interior, Federico Storani, de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra, y del interventor en el PAMI Federico Polak, tres hombres de histórica lealtad al ex presidente Raúl Alfonsín. El fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Cañón, ya había señalado que existían “gestiones oficiales al más alto nivel, para ‘unificar criterios’, para evitar que cada fiscal o cada cámara o juzgado actúe independientemente. Se pretendía ‘uniformarnos’, si era necesario –incluso– con intervención de la Cámara de Casación o de la Corte Suprema”.
Tal exhibición de alfonsinismo explícito se rastrea en muchos detalles del texto firmado por los jueces de la sala militar de la Cámara de Casación. Para sorpresa de quienes conocen su formación, Hornos, Capolupo y Berraz han devenido profundos conocedores de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las soluciones amistosas alcanzadas ante ella como en el caso Lapacó y de los tratados procesales de Julio Maier y Alberto Binder. También demuestran asombrosa familiaridad con causas en las que no intervinieron, como los juicios de la verdad de la Capital, La Plata y Córdoba. No se discute la necesidad de descubrir la verdad y el “sistema de justicia debe colaborar en la reelaboración social de un conflicto de enorme trascendencia”, aparecen diciendo Hornos, Capolupo y Berraz. La resolución que impide interrogar como testigo a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas equivale a poner una vez más bajo sospecha a todos los militares.
Por Horacio Verbitsky
En pocos días se sucedieron una ceremonia eclesiástica en la que un enviado del Vaticano proclamó que la justicia no debía ser una venganza disfrazada, un discurso del jefe del Ejército que insistió en plantear una indefinida reconciliación, y la resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal que prohibió tomar juramento a los militares que sean convocados en los juicios de la verdad, de modo que “cuanto tenga[n] que manifestar emane de su libre voluntad, guiado[s] por los dictados de su conciencia y el respeto por las obligaciones que a la sociedad toda adeuda[n]”. Demasiada coincidencia para atribuirla al azar.
Junto con los jueces Gustavo Hornos, Ana María Capolupo y Amelia Berraz de Vidal firmó la resolución el secretario de la Cámara de Casación Daniel Enrique Madrid. Según los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado que reclamaron a la Cámara Federal de Bahía Blanca la continuación de los juicios, Madrid es un mayor del Ejército. De ser así se entendería por qué la resolución que proscribe cualquier medida coercitiva sobre los oficiales o suboficiales que se nieguen a declarar, se conoció a través de los eufóricos voceros castrenses antes que en Tribunales, tal como había ocurrido cuando el expediente fue sustraído de sus jueces bahienses.
Esto no equivale a decir que la letra de la resolución se haya originado en el edificio Libertador, aunque coincida con reclamos del Jefe de Estado Mayor del Ejército Ricardo Brinzoni. En su formulación se reconocen declaraciones previas de los ministros del Interior, Federico Storani, de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra, y del interventor en el PAMI Federico Polak, tres hombres de histórica lealtad al ex presidente Raúl Alfonsín. El fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Cañón, ya había señalado que existían “gestiones oficiales al más alto nivel, para ‘unificar criterios’, para evitar que cada fiscal o cada cámara o juzgado actúe independientemente. Se pretendía ‘uniformarnos’, si era necesario –incluso– con intervención de la Cámara de Casación o de la Corte Suprema”.
Tal exhibición de alfonsinismo explícito se rastrea en muchos detalles del texto firmado por los jueces de la sala militar de la Cámara de Casación. Para sorpresa de quienes conocen su formación, Hornos, Capolupo y Berraz han devenido profundos conocedores de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las soluciones amistosas alcanzadas ante ella como en el caso Lapacó y de los tratados procesales de Julio Maier y Alberto Binder. También demuestran asombrosa familiaridad con causas en las que no intervinieron, como los juicios de la verdad de la Capital, La Plata y Córdoba. No se discute la necesidad de descubrir la verdad y el “sistema de justicia debe colaborar en la reelaboración social de un conflicto de enorme trascendencia”, aparecen diciendo Hornos, Capolupo y Berraz. La resolución que impide interrogar como testigo a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas equivale a poner una vez más bajo sospecha a todos los militares.
jueves, 20 de julio de 2000
Gestos
Página/12
Por Horacio Verbitsky
El vicepresidente Carlos Alvarez dijo que era intolerable que se cerrara la investigación del robo de bebés y que la Justicia debía continuar su trabajo hasta esclarecer el último de los hechos. Graciela Fernández Meijide afirmó que la sociedad tenía derecho a la verdad y que debía respetarse a la Justicia. Ricardo Gil Lavedra recordó que la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas, de rango constitucional, excluye la competencia de un tribunal militar, que no sería imparcial.
Estas son las primeras voces que desde el Poder Ejecutivo se oponen a la renacida prepotencia castrense. Antes, sólo legisladores como Juan Pablo Cafiero, Elisa Carrió o los socialistas de Alfredo Bravo habían rechazado la pretensión castrense de abortar todas las causas.
En cambio, Ricardo López Murphy avala la solidaridad institucional del Ejército con los militares que se niegan a colaborar con la Justicia y mantiene en actividad a los torturadores identificados en los juicios. Según otro diario, Federico Storani, también apoyó el respaldo del Ejército a los detenidos, aduciendo que no se les imputaba ningún delito, lo cual no es cierto. Ante una consulta, negó haber dicho tal cosa y anunció que emitiría una rectificación formal. Hasta ahora no lo hizo. En cambio, la intendencia de Bahía Blanca (que responde a su línea política) interrumpió su apoyo a los juicios por la verdad.
Fernando De la Rúa escribió en su libro “La Casación Penal” que los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia militar contra la sociedad argentina debían ser juzgados por las Cámaras Federales, y ese es el mismo compromiso que el Estado nacional asumió ante la OEA. Pero ahora su gobierno propicia que la Cámara de Casación se apodere de esos expedientes y alienta la mesa del maquillaje reconciliatorio impulsada por el Ejército. Aunque sigue pregonando la independencia de la Justicia, el presidente ya le tomó el gusto a la comodidad de un supremo tribunal genuflexo que ponga música jurídica a la letra política de su gobierno. Los tres se están pareciendo al ex presidente Raúl Alfonsín más de lo que les gustaría admitir.
Gil Lavedra fue uno de los jueces que condenaron a Videla, Massera & Cía. y resistieron las presiones de Alfonsín para que la Justicia estableciera el punto final y la obediencia debida. Graciela, madre de un adolescente detenido-desaparecido, fue el pilar de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la secretaria principal de la Conadep. Alvarez preside un partido que siempre denunció los crímenes de la dictadura. Por eso era tan deprimente el silencio que guardaban y reconforta que lo hayan roto. Tales gestos, de fidelidad a sí mismos y a la historia que los condujo a donde están, enriquecen la construcción democrática y amigan a los políticos con la sociedad, que en forma abrumadora se pronuncia por la verdad y la Justicia y en contra de la impunidad.
Por Horacio Verbitsky
El vicepresidente Carlos Alvarez dijo que era intolerable que se cerrara la investigación del robo de bebés y que la Justicia debía continuar su trabajo hasta esclarecer el último de los hechos. Graciela Fernández Meijide afirmó que la sociedad tenía derecho a la verdad y que debía respetarse a la Justicia. Ricardo Gil Lavedra recordó que la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas, de rango constitucional, excluye la competencia de un tribunal militar, que no sería imparcial.
Estas son las primeras voces que desde el Poder Ejecutivo se oponen a la renacida prepotencia castrense. Antes, sólo legisladores como Juan Pablo Cafiero, Elisa Carrió o los socialistas de Alfredo Bravo habían rechazado la pretensión castrense de abortar todas las causas.
En cambio, Ricardo López Murphy avala la solidaridad institucional del Ejército con los militares que se niegan a colaborar con la Justicia y mantiene en actividad a los torturadores identificados en los juicios. Según otro diario, Federico Storani, también apoyó el respaldo del Ejército a los detenidos, aduciendo que no se les imputaba ningún delito, lo cual no es cierto. Ante una consulta, negó haber dicho tal cosa y anunció que emitiría una rectificación formal. Hasta ahora no lo hizo. En cambio, la intendencia de Bahía Blanca (que responde a su línea política) interrumpió su apoyo a los juicios por la verdad.
Fernando De la Rúa escribió en su libro “La Casación Penal” que los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia militar contra la sociedad argentina debían ser juzgados por las Cámaras Federales, y ese es el mismo compromiso que el Estado nacional asumió ante la OEA. Pero ahora su gobierno propicia que la Cámara de Casación se apodere de esos expedientes y alienta la mesa del maquillaje reconciliatorio impulsada por el Ejército. Aunque sigue pregonando la independencia de la Justicia, el presidente ya le tomó el gusto a la comodidad de un supremo tribunal genuflexo que ponga música jurídica a la letra política de su gobierno. Los tres se están pareciendo al ex presidente Raúl Alfonsín más de lo que les gustaría admitir.
Gil Lavedra fue uno de los jueces que condenaron a Videla, Massera & Cía. y resistieron las presiones de Alfonsín para que la Justicia estableciera el punto final y la obediencia debida. Graciela, madre de un adolescente detenido-desaparecido, fue el pilar de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la secretaria principal de la Conadep. Alvarez preside un partido que siempre denunció los crímenes de la dictadura. Por eso era tan deprimente el silencio que guardaban y reconforta que lo hayan roto. Tales gestos, de fidelidad a sí mismos y a la historia que los condujo a donde están, enriquecen la construcción democrática y amigan a los políticos con la sociedad, que en forma abrumadora se pronuncia por la verdad y la Justicia y en contra de la impunidad.
miércoles, 19 de julio de 2000
Respuesta de la justicia
Página/12
El juez de la Cámara Federal de Bahía Blanca Luis Alberto Cotter denunció la intromisión del Poder Ejecutivo en las causas por la verdad.
Por Horacio Verbitsky
El juez de la Cámara Federal de Bahía Blanca Luis Alberto Cotter calificó como intromisión del Poder Ejecutivo en el proceso judicial la visita del secretario general del Ejército, Eduardo Alfonso a los militares detenidos por negarse a declarar en el juicio por la verdad y abogó en favor de la independencia de la Justicia respecto de las decisiones políticas, sin dobles mensajes ni alquimias jurídicas. Durante una entrevista en el programa de televisión “Día D”, Cotter sostuvo que la Cámara Nacional de Casación Penal era incompetente para entender en esas causas y citó en apoyo de esa posición el tratado La Casación Penal, del ahora presidente Fernando de la Rúa.
La visita de Alfonso a los militares detenidos en la delegación de la Policía Federal en Bahía Blanca fue parte de la ofensiva castrense para paralizar los juicios, que se concretó cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó la remisión de las 15.000 fojas del expediente a la Cámara Nacional de Casación Penal. Cotter dijo que ello no era necesario, porque la Cámara Federal de Bahía Blanca ya había enviado un juego completo de fotocopias a la Cámara de Casación. En lo que a todas luces constituyó una acción concertada, ese tribunal también dispuso la libertad de los suboficiales Santiago Cruciani (a) El Tío y Armando Barrera, (a) El Abuelo, sindicados por los sobrevivientes del campo clandestino de concentración La Escuelita como torturadores.
“Un general de la Nación es un empleado público, lo mismo que un juez de Cámara, y no puede actuar al margen del organismo al que pertenece, que en su caso es el Ejército. Entiendo que vino por órdenes o instrucciones de su jefe inmediato, que es el general Ricardo Brinzoni. Pero el Ejército no es una entidad autónoma del Poder Ejecutivo. Hay una cadena de mandos que no se ha roto, y que lleva al ministro de Defensa y al jefe del Poder Ejecutivo. Luego de la visita de Alfonso pensé que habría alguna recriminación por parte del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la Nación, y no la hubo. De ello puedo deducir que hay un consentimiento expreso o implícito a la visita de Alfonso, cuyo simbolismo fue traer una palabra de apoyo a alguien acusado de un delito y que estaba arrestado procesalmente por negarse a colaborar con la Justicia”, dijo el magistrado. Cotter añadió que el respaldo institucional a quienes se negaron a declarar y de ese modo obstruyeron una investigación “es una intromisión en el libre juego de la investigación de la Justicia”.
Durante 1999, Cotter ejerció la presidencia rotativa de la Cámara Federal de Bahía Blanca. En cuanto se produjo el cambio en el gobierno nacional y en la conducción del Ejército, Brinzoni “me prometió toda la ayuda, sin reservas, para llevar adelante los juicios”. Dijo que el militar también le preguntó cómo creía que se resolvería el tema. “Mi respuesta fue la que he dado siempre: a través de la Justicia. Dejarla actuar sin interferencias es el único camino para llegar a la verdad de lo ocurrido y para canalizar las aspiraciones de la ciudadanía”.
Ante una pregunta sobre la decisión de la Corte Suprema de ordenar la remisión del expediente a la Cámara de Casación, Cotter dijo que equivalía a sacar la causa de sus jueces naturales y citó el tratado en el que De la Rúa sostiene que “en este tipo de juicios en los que las Cámaras Federales entienden por avocamiento, la Cámara de Casación es manifiestamente incompetente”. Se trata de las causas por violaciones a los derechos humanos iniciadas en 1984 por la justicia militar y que las Cámaras Federales continuaron cuando el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas declaró que todas las órdenes de la guerra sucia habían sido inobjetables, en forma y fondo, y que todos los testimonios provenían del enemigo.
Según Cotter “si uno supusiera que el retiro de las actuaciones originales de la Cámara Federal dispuesto por la Corte tuvo su origen en presiones del Poder Ejecutivo, cosa que no me consta, esto lesionaría gravemente la independencia de la Justicia. La independencia del Poder Judicial es un factor importantísimo para que una sociedad se pueda desarrollar civilizadamente y asegurar los derechos y garantías de los ciudadanos. Ese es el motor que hace avanzar la historia, las ciencias y da mejor calidad de vida a todos. Necesitamos imperiosamente tener un Poder Judicial independiente, pero independiente en serio, sin dobles mensajes, sin alquimias jurídicas sobre normas que son claras y aplicarlas sea quien sea el afectado”.
El juez de la Cámara Federal de Bahía Blanca Luis Alberto Cotter denunció la intromisión del Poder Ejecutivo en las causas por la verdad.
Por Horacio Verbitsky
El juez de la Cámara Federal de Bahía Blanca Luis Alberto Cotter calificó como intromisión del Poder Ejecutivo en el proceso judicial la visita del secretario general del Ejército, Eduardo Alfonso a los militares detenidos por negarse a declarar en el juicio por la verdad y abogó en favor de la independencia de la Justicia respecto de las decisiones políticas, sin dobles mensajes ni alquimias jurídicas. Durante una entrevista en el programa de televisión “Día D”, Cotter sostuvo que la Cámara Nacional de Casación Penal era incompetente para entender en esas causas y citó en apoyo de esa posición el tratado La Casación Penal, del ahora presidente Fernando de la Rúa.
La visita de Alfonso a los militares detenidos en la delegación de la Policía Federal en Bahía Blanca fue parte de la ofensiva castrense para paralizar los juicios, que se concretó cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó la remisión de las 15.000 fojas del expediente a la Cámara Nacional de Casación Penal. Cotter dijo que ello no era necesario, porque la Cámara Federal de Bahía Blanca ya había enviado un juego completo de fotocopias a la Cámara de Casación. En lo que a todas luces constituyó una acción concertada, ese tribunal también dispuso la libertad de los suboficiales Santiago Cruciani (a) El Tío y Armando Barrera, (a) El Abuelo, sindicados por los sobrevivientes del campo clandestino de concentración La Escuelita como torturadores.
“Un general de la Nación es un empleado público, lo mismo que un juez de Cámara, y no puede actuar al margen del organismo al que pertenece, que en su caso es el Ejército. Entiendo que vino por órdenes o instrucciones de su jefe inmediato, que es el general Ricardo Brinzoni. Pero el Ejército no es una entidad autónoma del Poder Ejecutivo. Hay una cadena de mandos que no se ha roto, y que lleva al ministro de Defensa y al jefe del Poder Ejecutivo. Luego de la visita de Alfonso pensé que habría alguna recriminación por parte del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la Nación, y no la hubo. De ello puedo deducir que hay un consentimiento expreso o implícito a la visita de Alfonso, cuyo simbolismo fue traer una palabra de apoyo a alguien acusado de un delito y que estaba arrestado procesalmente por negarse a colaborar con la Justicia”, dijo el magistrado. Cotter añadió que el respaldo institucional a quienes se negaron a declarar y de ese modo obstruyeron una investigación “es una intromisión en el libre juego de la investigación de la Justicia”.
Durante 1999, Cotter ejerció la presidencia rotativa de la Cámara Federal de Bahía Blanca. En cuanto se produjo el cambio en el gobierno nacional y en la conducción del Ejército, Brinzoni “me prometió toda la ayuda, sin reservas, para llevar adelante los juicios”. Dijo que el militar también le preguntó cómo creía que se resolvería el tema. “Mi respuesta fue la que he dado siempre: a través de la Justicia. Dejarla actuar sin interferencias es el único camino para llegar a la verdad de lo ocurrido y para canalizar las aspiraciones de la ciudadanía”.
Ante una pregunta sobre la decisión de la Corte Suprema de ordenar la remisión del expediente a la Cámara de Casación, Cotter dijo que equivalía a sacar la causa de sus jueces naturales y citó el tratado en el que De la Rúa sostiene que “en este tipo de juicios en los que las Cámaras Federales entienden por avocamiento, la Cámara de Casación es manifiestamente incompetente”. Se trata de las causas por violaciones a los derechos humanos iniciadas en 1984 por la justicia militar y que las Cámaras Federales continuaron cuando el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas declaró que todas las órdenes de la guerra sucia habían sido inobjetables, en forma y fondo, y que todos los testimonios provenían del enemigo.
Según Cotter “si uno supusiera que el retiro de las actuaciones originales de la Cámara Federal dispuesto por la Corte tuvo su origen en presiones del Poder Ejecutivo, cosa que no me consta, esto lesionaría gravemente la independencia de la Justicia. La independencia del Poder Judicial es un factor importantísimo para que una sociedad se pueda desarrollar civilizadamente y asegurar los derechos y garantías de los ciudadanos. Ese es el motor que hace avanzar la historia, las ciencias y da mejor calidad de vida a todos. Necesitamos imperiosamente tener un Poder Judicial independiente, pero independiente en serio, sin dobles mensajes, sin alquimias jurídicas sobre normas que son claras y aplicarlas sea quien sea el afectado”.
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