El ex comisario no sale

HECTOR GONCALVEZ SEGUIRA DETENIDO

PáginaI12

La Cámara Federal de Bahía Blanca se apartó de la doctrina que intentó establecer la Cámara Nacional de Casación Penal en el fallo “Díaz Bessone” –que habilita la excarcelación de imputados en crímenes de lesa humanidad mientras no se demuestre que su libertad pone en peligro las investigaciones ni implique riesgos de fuga– y le denegó la liberación al ex comisario Héctor Arturo Goncalvez, procesado con prisión preventiva por su actuación durante la dictadura en las filas de la policía de Río Negro.

“La gravedad de los delitos que se le atribuyen” lo hará “proclive a la fuga”, consideraron Angel Argañaraz, Ricardo Planes y Augusto Fernández. Los magistrados consideraron “el derecho de las víctimas del delito a la pronta realización del juicio” y remarcaron que “la necesidad de la detención debe conllevar el parejo esfuerzo del poder jurisdiccional a fin de lograr –por la prisión cautelar– en el menor tiempo posible la solución del conflicto del encausado con la ley penal”.

El fallo se inscribe en la línea fijada por la Cámara Federal porteña, pero contraría el criterio de la mayor parte de los jueces de Casación, que permitieron excarcelar a los jefes de los principales centros clandestinos de La Plata y autorizaron incluso la liberación de los marinos Astiz, Acosta y otros, suspendida por la apelación del fiscal Raúl Plé y que ahora deberá resolver la Corte Suprema de Justicia.

Hace dos décadas la Cámara Federal bahiense fue la primera en declarar la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. En los últimos meses, en cambio, trascendió por actitudes antisindicales, abusos de autoridad y condiciones de trabajo humillantes, que la Unión de Empleados de Justicia de la Nación denunció ante el Consejo de la Magistratura.

Un fixture al que le faltan varias fechas

Fijaron el día de inicio para cuatro juicios contra represores en 2009 y otros 23 procesos esperan su turno

En la Capital, en febrero comenzará el juicio contra el general Jorge Olivera Róvere. El primer proceso contra Astiz y Acosta podría arrancar a fin de año, pero la condena se escucharía en 2010. El panorama completo en todo el país.

PáginaI12

Por Diego Martínez

Mientras la cantidad de represores procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos supera el medio millar, treinta fueron condenados el último año, veinte murieron antes de llegar a juicio y los tres poderes del Estado se echan culpas unos a otros por las demoras, el programa de 2009 tiene apenas cuatro procesos confirmados y, en nota al pie, una certeza: al ritmo actual, la mayor parte de los militares, policías, sacerdotes y civiles que ejecutaron el terrorismo de Estado morirá sin condena.

El año judicial arrancará por excepción con una sentencia en enero. El Tribunal Oral Federal de San Luis dará su veredicto sobre el general Miguel Angel Fernández Gez, el capitán Carlos Esteban Plá y otros tres ex policías puntanos. Antes deberá concluir la ronda de testimoniales, que tendrá como figura estelar al arzobispo emérito Juan Rodolfo Laise, quien le encomendó al jefe militar de San Luis hacer desaparecer a un sacerdote que pretendía dejar los hábitos para casarse.

El cronograma de juicios de 2009 tiene la mayoría de los casilleros vacíos. Según el programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del CELS existen 27 causas elevadas que hacen cola en distintos tribunales federales, en tanto 150 aún están en etapa de instrucción. Desde 2006, cuando concluyó el primer juicio posterior a la reapertura de las causas (al policía Julio Simón, única condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia) hubo en total trece juicios, incluyendo el de San Luis, que no terminó. 2008 fue el año más prolífico: ocho juicios. Al ritmo de 2008 el proceso durará casi 19 años: hasta 2027.

De las 27 causas elevadas sólo cuatro tienen fecha de inicio confirmada:

- El 10 de febrero el Tribunal Oral Federal 5 porteño comenzará a juzgar a quien fue comandante de la ex subzona Capital Federal, general Jorge Olivera Róvere, de apenas 85 años, y a cuatro de sus subordinados, los ex jefes de áreas Teófilo Saa, Felipe Alespeiti, Humberto Lobaiza y Bernardo Menéndez.

- El mismo 10 de febrero el Tribunal Oral Federal de Formosa comenzará a juzgar al octogenario ex gobernador, general de brigada Juan Carlos Colombo. El tribunal, que funciona en el garaje de una casa, declaró en septiembre la emergencia de infraestructura edilicia y de personal. Un mes antes la Cámara de Casación excarceló a todos los represores procesados de Formosa, pero como la lista de beneficiados no incluía a celebridades como Alfredo Astiz o Jorge Acosta el eco de los gritos de los querellantes no traspasó las fronteras de la provincia.

- El 23 de febrero el Tribunal Oral Federal 6 comenzará a juzgar a Víctor Enrique Rei, oficial retirado de Gendarmería, por la apropiación del hijo de Liliana Fontana y Pedro Sandoval. Es el primer caso que llega a juicio tras un allanamiento que permitió obtener objetos personales del joven para extraer su ADN. Rei llegó a ser subjefe de inteligencia de Gendarmería y participó de secuestros, pero sólo será juzgado por apropiarse del joven.

- El 25 de marzo comenzarán en el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín las audiencias por el caso de Floreal Avellaneda, militante de la Federación Juvenil Comunista de 14 años secuestrado con su madre en abril de 1976. Su cadáver torturado, atado de pies y manos, apareció en la costa uruguaya. Los imputados son los generales Santiago Riveros y Jorge Osvaldo García, los coroneles Horacio Harsich y César Fragni y el policía Alberto Aneto, de la comisaría de Villa Martelli, donde la madre escuchó por última vez a su hijo.

La Justicia que mira y no ve

Hace un año y cuatro días, en un artículo sobre los juicios que se avecinaban Página/12 advirtió que “la mayor incógnita sigue siendo quién y cómo resolverá el atolladero de expedientes paradigmáticos radicados en el Tribunal Oral Federal 5”.

El problema envejeció pero allí está. El tribunal que preside Guillermo Gordo aún no pudo fijar fecha para el primer juicio de la ESMA, argumento que la Cámara de Casación utilizó para ordenar el cese de la prisión preventiva de Astiz, Acosta & Cía. La semana pasada la Corte Suprema admitió que la congestión de los seis tribunales federales porteños impide reasignar las causas abarrotadas en el TOF 5 y recordó que el 15 de julio pasado solicitó al Poder Ejecutivo la creación de dos nuevos tribunales orales, pedido que aún no obtuvo respuesta.

El TOF 5 acumula juicios a represores para no menos de un lustro. Recién hacia fines de 2009, cuando concluya el juicio a Olivera Róvere, comenzaría a juzgar a los marinos de la ESMA. De concretarse la unificación entre los principales fragmentos elevados por el juez Sergio Torres, el juicio tendrá 22 acusados en el banquillo. Cuando ese megaproceso termine será el turno del circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo, las cuevas del general Carlos Suárez Mason.

Carreteles sin hilo

Sobre el resto de los posibles juicios de 2009 no hay certezas pero sí indicios, aportados por la Unidad Fiscal a cargo de Jorge Auat y Pablo Parenti, a partir de información recopilada de las fiscalías:

- En el TOF 6 porteño, cuando concluya el juicio a Rei, podría comenzar las audiencias de la causa “Plan Sistemático”: 34 sustracciones, ocultamientos y sustituciones de identidad de hijos de desaparecidos. Los imputados son los generales Cristino Nicolaides, Reynaldo Bignone, Santiago Riveros y Rubén Franco, todos de Ejército, más los marinos Antonio Vañek y Jorge Acosta.

- En el TOF 1, desde hace más de un año, espera turno la causa Plan Cóndor, con jerarcas como Videla, Riveros, Bussi, Menéndez y otra docena de generales post 70 que no están en condiciones de esperar demasiado.

- En San Martín ya se acumularon cinco elevaciones parciales contra los responsables de Campo de Mayo. Por cantidad de víctimas y victimarios es una megacausa similar a ESMA o Primer Cuerpo, aunque marcha a paso de tortuga. En condiciones de ser juzgados están, entre otros, los generales Bignone, Eduardo Espósito, Eduardo Guañabens Perelló y el coronel Carlos Tepedino, todos mayores de 70 con arresto domiciliario.

- Santa Fe pasará a la historia cuando juzgue por delitos de lesa humanidad, por vez primera, a un miembro del Poder Judicial: Víctor Hermes Brussa, secretario de un juzgado durante la dictadura. Lo acompañarán el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122 coronel Domingo Marcellini, y los policías Mario Facino, Juan Perizzotti, Héctor Colombini, Eduardo Ramos y la carcelera María Eva Aebi, la primera mujer.

- En el TOF 1 de Rosario lleva ya un año de espera la causa Quinta de Funes, por la que deberán rendir cuentas el condenado Pascual Guerrieri y sus lugartenientes Juan Amelong, Rubén Fariña, Eduardo Constanzo y Walter Pagano. En el otro tribunal federal se juzgará al general Ramón Díaz Bessone y a parte de la patota que conducía el gendarme Agustín Feced.

- En Chaco serán juzgados los fusiladores de Margarita Belén: el ya condenado Horacio Losito más los coroneles Athos Renes, Rafael Carnero Sabol, Ricardo Reyes, los tenientes coroneles Aldo Martínez Segón y Germán Riquelme, el teniente primero Luis Patetta y el mayor Ernesto Simoni.

- Córdoba, protagonista del proceso más impactante de 2008, con 300 personas en la sala y miles en las calles, tendrá otro juicio ejemplar por las ejecuciones de presos políticos arrancados de la cárcel de San Martín. Los acusados van desde el dictador Rafael Videla, pasando por el condenado Menéndez, sus muchachos del Destacamento 141 y, en la base de la pirámide, la patota del Departamento de Investigaciones (D2) de policía.

- En La Plata, que fue pionera en condenas con Miguel Etchecolatz y el cura Cristian Von Wernich, el juicio con más chances de concretarse es el de los represores de la Comisaría 5ª.

- En Mar del Plata, por la desaparición de Carlos Labolita, serán juzgados el teniente coronel Pedro Mansilla y el teniente primero Alejandro Duret. Por secuestros, violaciones y otras torturas también rendirá cuentas Gregorio Molina, suboficial de la Fuerza Aérea.

También durante 2009 serían juzgados en Salta los responsables de la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone y se concretaría el primer juicio en Mendoza, donde todos los represores fueron excarcelados por la Cámara Federal. Tucumán podría volver a juzgar al general Menéndez y a tres de sus subordinados (Roberto Albornoz, Mario Zimmermann y Alberto Cattáneo) por el caso Romero Nikilson. En los últimos meses del año, en la inconmovible Bahía Blanca, podría comenzar el juicio a tres miembros del Estado Mayor del Cuerpo V.

Lo que dejó 2008

PáginaI12

Por Diego Martínez

Un tribunal condena a prisión perpetua en cárcel común a Luciano Benjamín Menéndez. Córdoba es una fiesta. Otro dicta perpetua contra Antonio Domingo Bussi pero lo deja en el country. Media Tucumán arde. La Laucha Corres honra al apodo y se escabulle de su prisión VIP en la pétrea Bahía Blanca. Juan Evaristo Puthod desaparece durante 28 horas en Zárate: resurge el fantasma de Julio López. Cecilia Pando amenaza de muerte a las víctimas de Corrientes tras la condena a un dirigente de la Sociedad Rural Argentina. La Corte Suprema de Justicia dictamina que el Congreso no tiene facultades para excluir a un torturador: Luis Patti recupera la libertad durante ocho días. El Tribunal Oral Federal 5 porteño prohíbe a los fotógrafos disparar contra los jefes de Mansión Seré. Miles de personas marchan para exigir justicia por la segunda desaparición de Julio López. El Malevo Ferreyra logra evitar la detención con un balazo en su sien ante la cámara de Crónica TV. Casación ordena liberar a Astiz, Acosta & Cía. La Corte tiene la palabra.

El proceso de verdad y justicia sobre los crímenes de la última dictadura aportó durante 2008 postales para todos los gustos. El balance, pese a los sapos, parece ser positivo. Sobre todo por la sucesión sin pausas de juicios orales y por lo general públicos, la mayoría en el interior del país: Misiones, Córdoba, Corrientes, Tucumán, Neuquén y, aún en marcha, en San Luis. Todos concluyeron con condenas, treinta en total, desde los célebres Bussi & Menéndez hasta suboficiales y civiles ignotos, mayoría inevitable por la metódica clandestinidad del terrorismo de Estado. Hubo también dos absoluciones que, para disgusto de los admiradores tardíos de José Rucci, ratifican la independencia de los tribunales que juzgan genocidas.

Las 32 sentencias de 2008 dan pie a dos lecturas. La primera, optimista, indica que en el último año hubo más del doble de condenados que en el lustro posterior a la reapertura de los juicios. La segunda pone de manifiesto que los juicios por crímenes cometidos hace treinta años durarán más de una década.

Una línea de conducta

Un camarista federal de Bahía Blanca fue denunciado por persecución gremial y discriminación

Néstor Montezanti, quien fue asesor del represor Adel Vilas, afronta un pedido de juicio político presentado por la Unión de Empleados Judiciales. En 2007, la entidad se quejó ante la Corte Suprema por “condiciones de trabajo humillantes y vejatorias” en ese tribunal.

 

PáginaI12

Por Diego Martínez

“La perturbación al orden jerárquico no es tolerable y debe ser sancionada.” Impugnar una designación es “una falta gravísima de respeto al Superior”. “Dejar pasar esa insolencia conduciría a la anarquía.” Tan bellas palabras no fueron escritas a principios del siglo XX por un celador del colegio militar sino en estos días por miembros de la Cámara Federal de Bahía Blanca. El tribunal que declaró inconstitucionales las leyes de impunidad en 1987 es hoy un reducto de empleados aterrorizados y delegados gremiales perseguidos, escenario que derivó en reclamos e impugnaciones. Mientras los trabajadores esperan una respuesta de la Corte Suprema de Justicia, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación presentó un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura contra Néstor Montezanti, cara visible de Sus Señorías, quien supo lucir en su estudio un certificado de la “Liga Anticomunista Argentina” firmado por el general Carlos Suárez Mason, comandante del Cuerpo V de Bahía Blanca en pleno apogeo de la Triple A.

Firman la denuncia de la UEJN su secretario general, Julio Piumato, y el de relaciones institucionales y de derechos humanos, Oscar Pringles. Acusan a Montezanti por mal desempeño, violación de los deberes de funcionario público, “una clara actitud antisindical” que en 2007 denunciaron ante la Corte, y “condiciones de trabajo humillantes y vejatorias”. Enumeran abusos de autoridad, prolongación desmedida de la jornada de trabajo, trato despectivo y discriminatorio para con los empleados que desarrollan tareas gremiales (pidió que se excluya a “representantes problemáticamente gremiales” del jurado que analiza exámenes de ingresantes), desequilibrios emocionales que conspiran contra el buen funcionamiento de la justicia, dilaciones y entorpecimientos en causas por delitos de lesa humanidad. Los dirigentes no descartan extender la denuncia a los jueces que adhieren a las decisiones del magistrado.

Como publicó este diario, Montezanti fue reconocido en 1974 en medio del grupo de matones que ocupó la Universidad Tecnológica Nacional y pronto se convirtió en la Triple A de Bahía Blanca. En 1975 el miembro más célebre de esa organización criminal lo propuso como defensor cuando la Justicia lo citó por el asesinato de David Cilleruelo, militante de la Federación Juvenil Comunista acribillado en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur. En la causa no consta que Montezanti haya actuado en defensa de Jorge Argibay, que sin abogado y pese a haber disparado ante varios testigos no estuvo un solo día preso. El mismo año el abogado rechazó una oferta de las fuerzas vivas bahienses para asumir como juez federal, cargo que ocupó Guillermo Madueño, quien tres décadas después tiró la toga cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a juzgarlo por su complicidad con los crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca.

Montezanti no ocultaba entonces su militancia. “Hoy día tendremos que librar nuestra batalla de Obligado, porque si en 1845 la soberanía estaba en peligro, hoy también lo está”, anunció a fines de 1973 en un acto en el Parque de Mayo. En 1987 asesoró al general Adel Vilas, cara visible del terrorismo de Estado en Bahía Blanca, relación que lo obligó a apartarse de las causas de la dictadura. “Es preciso emplear el terror para triunfar en la guerra. Debe darse muerte a todos los prisioneros y a todos los enemigos”, escribió doce años atrás el “Führer”, como lo llaman sus alumnos.

Desde el cadalso

En 2007, como presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Montezanti obtuvo el respaldo de sus colegas Angel Argañaraz, Ricardo Planes y Augusto Fernández para ordenar el traslado compulsivo de Sandra Martínez Borda, vocal de la UEJN. Ante un amparo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó a los jueces dar marcha atrás y respetar el procedimiento que fija la ley de asociaciones sindicales. Lejos de acatar la resolución, la calificaron de “escandalosa”, de “inveterada gravedad institucional” y pidieron la intervención de la Corte Suprema de Justicia para que “restaure el quicio (sic) institucional” y “se paralicen los efectos” de la medida. La Corte no hizo lugar. El mes pasado, la jueza Ana María Etchevers calificó la decisión del cuarteto de “arbitraria e ilegal”, les ordenó reintegrar a Martínez Borda a su trabajo e indemnizarla por daño moral. La noticia sólo circuló de boca en boca porque la Cámara también prohibió que se distribuyan sin autorización comunicados que no provengan de entes oficiales. El 3 de diciembre, en el Colegio de Abogados que funciona en el diario La Nueva Provincia, donde Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola encabezaron reivindicaciones de sus compañeros hasta que durante la última dictadura los acribillaron a balazos, el juez Planes disertó sobre “Libertad Sindical”.

La tensa relación de Sus Señorías con los trabajadores no es nueva. En 2005 la Cámara nombró a una abogada en reemplazo de una prosecretaria licenciada por enfermedad, postergando a personal más antiguo sobre el que no existían reparos, tal como apuntó en su disidencia el juez Luis Cotter. Once empleados y la UEJN impugnaron la acordada pero fueron rechazados, en el segundo caso con el argumento de que “no existen intereses colectivos a resguardar”. El voto de Montezanti y Argañaraz califica a una de las presentaciones como “indecente” y “desvergonzada”, y apunta que los escritos sugieren “un mismo autor intelectual”, cuya caza no tardó en desatarse, según los denunciantes.

Ese mismo año, sin respetar a empleados más antiguos, la Cámara nombró a una pasante en una vacante de escribiente. Diez trabajadores y la UEJN impugnaron la acordada. Una vez más fueron rechazados. “En treinta años de antigüedad en la Justicia jamás he visto que los empleados de un tribunal (...) puedan actuar como fiscales o censores” de una designación, “señalándole a este cuerpo que ha desconocido normas de máxima” y haciendo “expresa reserva de recurrir al más alto tribunal en avocamiento”, escribió Argañaraz y adhirió Montezanti. Se trata de “una falta gravísima de respeto al Superior” y “dejar pasar esa insolencia conduciría a la anarquía”, alertaron. “La perturbación al orden jerárquico no es tolerable y debe ser sancionada”, propusieron, “no exonerando de responsabilidad al ‘patrocinio sindical’ en cada escrito”. Desde su rincón solitario, Cotter destacó que “no puede concebirse que quienes cuestionan respetuosamente lo decidido por el Superior sean pasibles de sanción”.

Cuando la UEJN interpuso un recurso, una prosecretaria propuso a los impugnantes levantarles el apercibimiento a cambio de que no suscribieran el escrito y se disculparan ante los jefes. Cinco se resignaron a hacerlo. Al aceptar una disculpa Argañaraz le propuso a una empleada “una profunda reflexión”. Montezanti adhirió. “No siempre un pedido de disculpas basta para excusar una impertinencia”, escribió. La Corte dejó sin efecto las medidas dispuestas contra quienes se quejaron de las decisiones de sus superiores. Para evitar la reiteración de conflictos por motivos similares la Cámara solicitó que se la autorice a “apartarse del reglamento de Justicia de la Nación y poder nombrar a cualquier agente, aunque no se encuentre en la categoría inmediata inferior a la de la vacante”, destaca la denuncia.

El escrito de Piumato enumera irregularidades en la designación de empleados de la Secretaría de Derechos Humanos del juzgado federal, a quienes la Cámara asigna tareas en supuestas “causas análogas” a las que investigan los crímenes del Cuerpo V y la base naval de Puerto Belgrano. Montezanti también intervino en una causa en la que estaba excusado, relacionada con apropiaciones en el centro clandestino La Escuelita, quitándola de la órbita de la Secretaría ad hoc del juzgado. Pese a que está excusado para actuar en causas por delitos de lesa humanidad por sus consejos a Vilas, responsable de La Escuelita, en aquel caso, además de intervenir, opinó que “la Armada es una institución fundamental” más allá de que “algunos vesánicos la hayan empleado para sus tropelías”. Pese a que no era el tema de debate, Cotter le recordó que “hay cosa juzgada acerca de que la cúpula militar trazó y ejecutó planes criminales que cumplieron todas las fuerzas”, “ninguno de los planificadores o ejecutores ha sido declarado inimputable por vesania”, y “contra la desmemoria y el ocultamiento de la verdad” le aconsejó leer la sentencia del Juicio a las Juntas.

Quienes comparten pasillos con Montezanti & Cía. explican que la denuncia es una muestra ínfima del clima que padecen. Un secretario pidió licencia psiquiátrica luego de recibir tres sanciones en un mes. A quienes recurren sus calificaciones los derivan a la junta médica con la esperanza de que los declaren insanos. Tampoco falta el nepotismo. El hijo de Argañaraz, contador público, es secretario del juez federal Ramón Dardanelli Alsina. Su nuera es relatora del camarista Planes. El hijo de Augusto Fernández es secretario de Derechos Humanos del juez Alcindo Alvarez Canale. Todo queda en familia.

Los empleados esperan que la Corte responda a sus planteos. En marzo, la Cámara le denegó al juez Cotter, tras su licencia por enfermedad, la facultad de reasumir la presidencia. El magistrado planteó el tema a la Corte pero se jubiló sin respuesta. Días atrás, los empleados de la justicia homenajearon al ex presidente del primer tribunal del país que declaró inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Montezanti & Cía. lo honraron con sus ausencias.

Represores de negro y pantaloncitos cortos

LA HISTORIA DE DOS ARBITROS QUE REALIZABAN OPERATIVOS CLANDESTINOS DURANTE LA ULTIMA DICTADURA

José Francisco Bujedo era referí y Angel Narciso Racedo se desempeñaba como su asistente en la Liga Marplatense durante los ’70. Pero los dos pertenecían a la Marina y, con el juez de línea como jefe, secuestraban personas desde la base naval.

 

Bujedo, con la pelota, y Racedo, a su lado. Arbitros y represores.

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Por Gustavo Veiga

Se llaman José Francisco Bujedo y Angel Narciso Racedo, fueron árbitros de fútbol en los años ’70, pero la historia los recordará más como represores de la dictadura. Dirigían partidos en la Liga Marplatense; Bujedo como juez principal y Racedo como su asistente. En cambio, cuando salían a realizar operativos clandestinos desde la base naval (ambos pertenecían a los Servicios de Inteligencia de la Marina), se invertían los roles: Racedo era el jefe bajo el alias de Comisario Pepe y Bujedo, su subordinado. El primero se encuentra detenido en el penal de Batán con prisión preventiva en las causas 4446 y 4447 por delitos de lesa humanidad que investiga el Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata. Su camarada y compañero de terna arbitral se mantiene en libertad, aunque familiares de desaparecidos ya le elevaron al juez Rodolfo Pradas un pedido de detención.

Sus casos revelan la doble vida que llevaban estos militares en la costa bonaerense. Ejercían una actividad de superficie como el fútbol –en la que incluso Bujedo llegó a ser considerado el mejor de la Liga en su época, entre fines de los ’60 y comienzos de los ’70–, y en paralelo se dedicaban a cazar personas en una ciudad donde hubo 290 desaparecidos entre 1976 y 1978. Juan Carlos Morales, el respetado periodista deportivo que nació y trabajaba en Mar del Plata en esa etapa, recuerda al árbitro de la fotografía que ilustra esta nota ingresando en el campo de juego con una pelota: “Tenía un nivel destacado, un gran estado atlético y era considerado el mejor”.

Otro periodista deportivo marplatense, José Luis Ponsico, describió el 23 de abril de 2001 en el Juicio por la Verdad cómo el secuestro de su colega Amílcar González lo llevó hasta la dupla arbitral. Declaró que un sindicalista de apellido Bellini le había contado que dos referíes se reunían en la sede del gremio UTEDyC y que pertenecían a “los Servicios de Inteligencia de la Marina”. En aquel juicio desarrollado en Mar del Plata se describe que Ponsico, cuando intentaba averiguar el paradero de González, se entrevistó con Bujedo y Racedo. Al primero lo conocía por su labor como cronista deportivo. Del segundo tenía las referencias de Bellini: “Ojo, que en esta situación el jefe es Racedo y Bujedo es el segundo. ¿Sabés cómo lo llaman acá? Lo llaman Comisario Pepe”.

El referí tiene ahora 73 años y su juez de línea 68. El primero vive en Mar del Plata y su compañero residía en Punta Alta hasta que fue detenido, el 26 de agosto. Bujedo estuvo vinculado en 2007 al Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder) de General Pueyrredón y preside la sociedad de fomento marplatense San Carlos, mientras que Racedo vendía souvenires en un local de la principal galería de aquella ciudad cercana a Bahía Blanca, donde también incursionó en otra curiosa actividad. La revista Dazebao de Punta Alta, en un artículo publicado el 18 de octubre de 2008, explicó de qué se trataba: “Intentó mantener un perfil bajo, aunque durante los ’90 tuvo una cierta exposición pública al obtener por tres años la concesión de los carnavales de la ciudad de Punta Alta. Cuando tuvo que contratar personal para cobrar las entradas de ‘los corsos’ dejó en evidencia sus contactos: el primer año fueron los scouts navales; el segundo los infantes de la Escuela de Infantería de Marina que estaban de franco; al tercero lo mismo pero con los policías de la base”.

Bujedo y Racedo son muy distintos físicamente. El árbitro hoy debe ser un hombre calvo y de baja estatura, a juzgar por las fotos en que vestía de negro y de pantalones cortos y que ya lo mostraban con una pelada inocultable. Su ladero en las canchas y en las mazmorras de Mar del Plata, según surge de las denuncias presentadas en la Justicia Federal, mide 1,80, tiene ojos verdes y el pelo rubio. La misma imagen que tomó el diario La Capital de Mar del Plata en que se ve a ambos junto a un tercer árbitro, le permitió al abogado César Sivo, que patrocina a varios familiares de desaparecidos, identificarlo. “Es Racedo, el de pelo ondeado”, le dijo a este diario sin dudar.

El hombre que vivía en Punta Alta sin ser molestado siguió su carrera arbitral en la llamada Liga del Sur. Se explica por una sencilla razón: los marinos de guerra son mayoría en esa ciudad, que posee la mejor calidad de vida del país (según un ranking reciente elaborado por un grupo de investigadores del Conicet). El 70 por ciento de su población de unos 60 mil habitantes depende directa o indirectamente de la base de Puerto Belgrano. En el legajo número 304.062 del marino Racedo, consta un pedido de autorización de marzo del ’80 a su jefe naval para que pueda desempeñarse en aquella Liga, que reúne a clubes de Bahía Blanca y de localidades vecinas.

Lo firma el teniente de navío Enrique de León: “...desde hace varios años, siendo representante del consejo federal argentino y contando con la correspondiente autorización de la dirección del personal para desempeñarse como árbitro de la asociación marplatense...”. El sello que acompaña el texto dice “Contra Inteligencia Operaciones Base Naval I.M Baterías” y está contenido en la investigación que llevó adelante la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense.

En la Asociación Bahiense de Arbitros (ABA), que Racedo condujo en la década del ’80, incluso cuando todavía se mantenía en actividad, se sorprendieron con la noticia de su arresto. “Fue un balde de agua fría”, graficó un joven referí que atendió el teléfono de la sede gremial el jueves 6 por la noche. En la ABA se dan cursos de arbitraje como el que desarrolló el instructor Juan Carlos Crespi, un conocido ex juez internacional de la AFA. Su actual presidente se llama Marcelo Sánchez. Y Alberto Martínez, el afiliado más antiguo del sindicato, conduce la escuela arbitral. Es la persona que –cuentan en el gremio– conoce mejor que nadie la trayectoria deportiva de Racedo.

Apenas lo detuvo la Gendarmería, a fines de agosto, el represor se presentó así: “No tengo nada que ver. En los ’70 yo era árbitro de fútbol”. La coartada es más cínica que inverosímil y no lo salvó de quedar involucrado en la causa del Circuito Represivo Base Naval Mar del Plata. Durante los años en que Racedo operaba en la ciudad balnearia, también desaparecía gente en Punta Alta. Héctor González, ex secretario de Gobierno local durante la gestión del intendente peronista Jorge Izarra (1995-2003), sobrevivió para contarlo.

Estuvo detenido cinco años entre 1976 y 1981, tiene muy presente al marino y recuerda que “ya en democracia, continuaba siendo árbitro”. A su salida de la cárcel, y de regreso en su pago chico, los mismos que lo habían secuestrado a cara descubierta le dijeron con sorna: “González, sin rencores, ¿no?”. El mismo se responde aquella frase con otra: “Hacíamos política en el riñón del enemigo”. Su definición es todo un símbolo, como que el conocido represor Ricardo Miguel Cavallo, alias Sérpico, nació en Punta Alta. Muchos como él hacían operativos en sus calles cuando Racedo y Bujedo combinaban sus entrenamientos como árbitros con los secuestros, desapariciones y tormentos en Mar del Plata.

El primero apeló la prisión preventiva aunque continúa en la Unidad 44 de Batán. Volvió a estar cerca de su compañero de arbitraje, como cuando en la dictadura dirigían partidos en el estadio General San Martín, que bien podían ser los clásicos entre Aldosivi y Alvarado o Kimberley y San Lorenzo de Mar del Plata, uno de los cuales todavía es recordado por el polémico desempeño de Bujedo.

Los memoriosos del fútbol cuentan que, en la principal ciudad balnearia del país, siempre se habló de un grupo de represores que recaudaba unos pesos más poniéndose los pantalones cortos para hacer sonar el silbato o levantar el banderín en una posición adelantada. Racedo y Bujedo son sus más conocidos exponentes. Ahora, treinta y dos años después, los acusan de delitos de lesa humanidad junto a otros oficiales superiores. Un juicio espera por ellos.