Una línea de conducta

Un camarista federal de Bahía Blanca fue denunciado por persecución gremial y discriminación

Néstor Montezanti, quien fue asesor del represor Adel Vilas, afronta un pedido de juicio político presentado por la Unión de Empleados Judiciales. En 2007, la entidad se quejó ante la Corte Suprema por “condiciones de trabajo humillantes y vejatorias” en ese tribunal.

 

PáginaI12

Por Diego Martínez

“La perturbación al orden jerárquico no es tolerable y debe ser sancionada.” Impugnar una designación es “una falta gravísima de respeto al Superior”. “Dejar pasar esa insolencia conduciría a la anarquía.” Tan bellas palabras no fueron escritas a principios del siglo XX por un celador del colegio militar sino en estos días por miembros de la Cámara Federal de Bahía Blanca. El tribunal que declaró inconstitucionales las leyes de impunidad en 1987 es hoy un reducto de empleados aterrorizados y delegados gremiales perseguidos, escenario que derivó en reclamos e impugnaciones. Mientras los trabajadores esperan una respuesta de la Corte Suprema de Justicia, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación presentó un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura contra Néstor Montezanti, cara visible de Sus Señorías, quien supo lucir en su estudio un certificado de la “Liga Anticomunista Argentina” firmado por el general Carlos Suárez Mason, comandante del Cuerpo V de Bahía Blanca en pleno apogeo de la Triple A.

Firman la denuncia de la UEJN su secretario general, Julio Piumato, y el de relaciones institucionales y de derechos humanos, Oscar Pringles. Acusan a Montezanti por mal desempeño, violación de los deberes de funcionario público, “una clara actitud antisindical” que en 2007 denunciaron ante la Corte, y “condiciones de trabajo humillantes y vejatorias”. Enumeran abusos de autoridad, prolongación desmedida de la jornada de trabajo, trato despectivo y discriminatorio para con los empleados que desarrollan tareas gremiales (pidió que se excluya a “representantes problemáticamente gremiales” del jurado que analiza exámenes de ingresantes), desequilibrios emocionales que conspiran contra el buen funcionamiento de la justicia, dilaciones y entorpecimientos en causas por delitos de lesa humanidad. Los dirigentes no descartan extender la denuncia a los jueces que adhieren a las decisiones del magistrado.

Como publicó este diario, Montezanti fue reconocido en 1974 en medio del grupo de matones que ocupó la Universidad Tecnológica Nacional y pronto se convirtió en la Triple A de Bahía Blanca. En 1975 el miembro más célebre de esa organización criminal lo propuso como defensor cuando la Justicia lo citó por el asesinato de David Cilleruelo, militante de la Federación Juvenil Comunista acribillado en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur. En la causa no consta que Montezanti haya actuado en defensa de Jorge Argibay, que sin abogado y pese a haber disparado ante varios testigos no estuvo un solo día preso. El mismo año el abogado rechazó una oferta de las fuerzas vivas bahienses para asumir como juez federal, cargo que ocupó Guillermo Madueño, quien tres décadas después tiró la toga cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a juzgarlo por su complicidad con los crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca.

Montezanti no ocultaba entonces su militancia. “Hoy día tendremos que librar nuestra batalla de Obligado, porque si en 1845 la soberanía estaba en peligro, hoy también lo está”, anunció a fines de 1973 en un acto en el Parque de Mayo. En 1987 asesoró al general Adel Vilas, cara visible del terrorismo de Estado en Bahía Blanca, relación que lo obligó a apartarse de las causas de la dictadura. “Es preciso emplear el terror para triunfar en la guerra. Debe darse muerte a todos los prisioneros y a todos los enemigos”, escribió doce años atrás el “Führer”, como lo llaman sus alumnos.

Desde el cadalso

En 2007, como presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Montezanti obtuvo el respaldo de sus colegas Angel Argañaraz, Ricardo Planes y Augusto Fernández para ordenar el traslado compulsivo de Sandra Martínez Borda, vocal de la UEJN. Ante un amparo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó a los jueces dar marcha atrás y respetar el procedimiento que fija la ley de asociaciones sindicales. Lejos de acatar la resolución, la calificaron de “escandalosa”, de “inveterada gravedad institucional” y pidieron la intervención de la Corte Suprema de Justicia para que “restaure el quicio (sic) institucional” y “se paralicen los efectos” de la medida. La Corte no hizo lugar. El mes pasado, la jueza Ana María Etchevers calificó la decisión del cuarteto de “arbitraria e ilegal”, les ordenó reintegrar a Martínez Borda a su trabajo e indemnizarla por daño moral. La noticia sólo circuló de boca en boca porque la Cámara también prohibió que se distribuyan sin autorización comunicados que no provengan de entes oficiales. El 3 de diciembre, en el Colegio de Abogados que funciona en el diario La Nueva Provincia, donde Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola encabezaron reivindicaciones de sus compañeros hasta que durante la última dictadura los acribillaron a balazos, el juez Planes disertó sobre “Libertad Sindical”.

La tensa relación de Sus Señorías con los trabajadores no es nueva. En 2005 la Cámara nombró a una abogada en reemplazo de una prosecretaria licenciada por enfermedad, postergando a personal más antiguo sobre el que no existían reparos, tal como apuntó en su disidencia el juez Luis Cotter. Once empleados y la UEJN impugnaron la acordada pero fueron rechazados, en el segundo caso con el argumento de que “no existen intereses colectivos a resguardar”. El voto de Montezanti y Argañaraz califica a una de las presentaciones como “indecente” y “desvergonzada”, y apunta que los escritos sugieren “un mismo autor intelectual”, cuya caza no tardó en desatarse, según los denunciantes.

Ese mismo año, sin respetar a empleados más antiguos, la Cámara nombró a una pasante en una vacante de escribiente. Diez trabajadores y la UEJN impugnaron la acordada. Una vez más fueron rechazados. “En treinta años de antigüedad en la Justicia jamás he visto que los empleados de un tribunal (...) puedan actuar como fiscales o censores” de una designación, “señalándole a este cuerpo que ha desconocido normas de máxima” y haciendo “expresa reserva de recurrir al más alto tribunal en avocamiento”, escribió Argañaraz y adhirió Montezanti. Se trata de “una falta gravísima de respeto al Superior” y “dejar pasar esa insolencia conduciría a la anarquía”, alertaron. “La perturbación al orden jerárquico no es tolerable y debe ser sancionada”, propusieron, “no exonerando de responsabilidad al ‘patrocinio sindical’ en cada escrito”. Desde su rincón solitario, Cotter destacó que “no puede concebirse que quienes cuestionan respetuosamente lo decidido por el Superior sean pasibles de sanción”.

Cuando la UEJN interpuso un recurso, una prosecretaria propuso a los impugnantes levantarles el apercibimiento a cambio de que no suscribieran el escrito y se disculparan ante los jefes. Cinco se resignaron a hacerlo. Al aceptar una disculpa Argañaraz le propuso a una empleada “una profunda reflexión”. Montezanti adhirió. “No siempre un pedido de disculpas basta para excusar una impertinencia”, escribió. La Corte dejó sin efecto las medidas dispuestas contra quienes se quejaron de las decisiones de sus superiores. Para evitar la reiteración de conflictos por motivos similares la Cámara solicitó que se la autorice a “apartarse del reglamento de Justicia de la Nación y poder nombrar a cualquier agente, aunque no se encuentre en la categoría inmediata inferior a la de la vacante”, destaca la denuncia.

El escrito de Piumato enumera irregularidades en la designación de empleados de la Secretaría de Derechos Humanos del juzgado federal, a quienes la Cámara asigna tareas en supuestas “causas análogas” a las que investigan los crímenes del Cuerpo V y la base naval de Puerto Belgrano. Montezanti también intervino en una causa en la que estaba excusado, relacionada con apropiaciones en el centro clandestino La Escuelita, quitándola de la órbita de la Secretaría ad hoc del juzgado. Pese a que está excusado para actuar en causas por delitos de lesa humanidad por sus consejos a Vilas, responsable de La Escuelita, en aquel caso, además de intervenir, opinó que “la Armada es una institución fundamental” más allá de que “algunos vesánicos la hayan empleado para sus tropelías”. Pese a que no era el tema de debate, Cotter le recordó que “hay cosa juzgada acerca de que la cúpula militar trazó y ejecutó planes criminales que cumplieron todas las fuerzas”, “ninguno de los planificadores o ejecutores ha sido declarado inimputable por vesania”, y “contra la desmemoria y el ocultamiento de la verdad” le aconsejó leer la sentencia del Juicio a las Juntas.

Quienes comparten pasillos con Montezanti & Cía. explican que la denuncia es una muestra ínfima del clima que padecen. Un secretario pidió licencia psiquiátrica luego de recibir tres sanciones en un mes. A quienes recurren sus calificaciones los derivan a la junta médica con la esperanza de que los declaren insanos. Tampoco falta el nepotismo. El hijo de Argañaraz, contador público, es secretario del juez federal Ramón Dardanelli Alsina. Su nuera es relatora del camarista Planes. El hijo de Augusto Fernández es secretario de Derechos Humanos del juez Alcindo Alvarez Canale. Todo queda en familia.

Los empleados esperan que la Corte responda a sus planteos. En marzo, la Cámara le denegó al juez Cotter, tras su licencia por enfermedad, la facultad de reasumir la presidencia. El magistrado planteó el tema a la Corte pero se jubiló sin respuesta. Días atrás, los empleados de la justicia homenajearon al ex presidente del primer tribunal del país que declaró inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Montezanti & Cía. lo honraron con sus ausencias.

Represores de negro y pantaloncitos cortos

LA HISTORIA DE DOS ARBITROS QUE REALIZABAN OPERATIVOS CLANDESTINOS DURANTE LA ULTIMA DICTADURA

José Francisco Bujedo era referí y Angel Narciso Racedo se desempeñaba como su asistente en la Liga Marplatense durante los ’70. Pero los dos pertenecían a la Marina y, con el juez de línea como jefe, secuestraban personas desde la base naval.

 

Bujedo, con la pelota, y Racedo, a su lado. Arbitros y represores.

PáginaI12

Por Gustavo Veiga

Se llaman José Francisco Bujedo y Angel Narciso Racedo, fueron árbitros de fútbol en los años ’70, pero la historia los recordará más como represores de la dictadura. Dirigían partidos en la Liga Marplatense; Bujedo como juez principal y Racedo como su asistente. En cambio, cuando salían a realizar operativos clandestinos desde la base naval (ambos pertenecían a los Servicios de Inteligencia de la Marina), se invertían los roles: Racedo era el jefe bajo el alias de Comisario Pepe y Bujedo, su subordinado. El primero se encuentra detenido en el penal de Batán con prisión preventiva en las causas 4446 y 4447 por delitos de lesa humanidad que investiga el Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata. Su camarada y compañero de terna arbitral se mantiene en libertad, aunque familiares de desaparecidos ya le elevaron al juez Rodolfo Pradas un pedido de detención.

Sus casos revelan la doble vida que llevaban estos militares en la costa bonaerense. Ejercían una actividad de superficie como el fútbol –en la que incluso Bujedo llegó a ser considerado el mejor de la Liga en su época, entre fines de los ’60 y comienzos de los ’70–, y en paralelo se dedicaban a cazar personas en una ciudad donde hubo 290 desaparecidos entre 1976 y 1978. Juan Carlos Morales, el respetado periodista deportivo que nació y trabajaba en Mar del Plata en esa etapa, recuerda al árbitro de la fotografía que ilustra esta nota ingresando en el campo de juego con una pelota: “Tenía un nivel destacado, un gran estado atlético y era considerado el mejor”.

Otro periodista deportivo marplatense, José Luis Ponsico, describió el 23 de abril de 2001 en el Juicio por la Verdad cómo el secuestro de su colega Amílcar González lo llevó hasta la dupla arbitral. Declaró que un sindicalista de apellido Bellini le había contado que dos referíes se reunían en la sede del gremio UTEDyC y que pertenecían a “los Servicios de Inteligencia de la Marina”. En aquel juicio desarrollado en Mar del Plata se describe que Ponsico, cuando intentaba averiguar el paradero de González, se entrevistó con Bujedo y Racedo. Al primero lo conocía por su labor como cronista deportivo. Del segundo tenía las referencias de Bellini: “Ojo, que en esta situación el jefe es Racedo y Bujedo es el segundo. ¿Sabés cómo lo llaman acá? Lo llaman Comisario Pepe”.

El referí tiene ahora 73 años y su juez de línea 68. El primero vive en Mar del Plata y su compañero residía en Punta Alta hasta que fue detenido, el 26 de agosto. Bujedo estuvo vinculado en 2007 al Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder) de General Pueyrredón y preside la sociedad de fomento marplatense San Carlos, mientras que Racedo vendía souvenires en un local de la principal galería de aquella ciudad cercana a Bahía Blanca, donde también incursionó en otra curiosa actividad. La revista Dazebao de Punta Alta, en un artículo publicado el 18 de octubre de 2008, explicó de qué se trataba: “Intentó mantener un perfil bajo, aunque durante los ’90 tuvo una cierta exposición pública al obtener por tres años la concesión de los carnavales de la ciudad de Punta Alta. Cuando tuvo que contratar personal para cobrar las entradas de ‘los corsos’ dejó en evidencia sus contactos: el primer año fueron los scouts navales; el segundo los infantes de la Escuela de Infantería de Marina que estaban de franco; al tercero lo mismo pero con los policías de la base”.

Bujedo y Racedo son muy distintos físicamente. El árbitro hoy debe ser un hombre calvo y de baja estatura, a juzgar por las fotos en que vestía de negro y de pantalones cortos y que ya lo mostraban con una pelada inocultable. Su ladero en las canchas y en las mazmorras de Mar del Plata, según surge de las denuncias presentadas en la Justicia Federal, mide 1,80, tiene ojos verdes y el pelo rubio. La misma imagen que tomó el diario La Capital de Mar del Plata en que se ve a ambos junto a un tercer árbitro, le permitió al abogado César Sivo, que patrocina a varios familiares de desaparecidos, identificarlo. “Es Racedo, el de pelo ondeado”, le dijo a este diario sin dudar.

El hombre que vivía en Punta Alta sin ser molestado siguió su carrera arbitral en la llamada Liga del Sur. Se explica por una sencilla razón: los marinos de guerra son mayoría en esa ciudad, que posee la mejor calidad de vida del país (según un ranking reciente elaborado por un grupo de investigadores del Conicet). El 70 por ciento de su población de unos 60 mil habitantes depende directa o indirectamente de la base de Puerto Belgrano. En el legajo número 304.062 del marino Racedo, consta un pedido de autorización de marzo del ’80 a su jefe naval para que pueda desempeñarse en aquella Liga, que reúne a clubes de Bahía Blanca y de localidades vecinas.

Lo firma el teniente de navío Enrique de León: “...desde hace varios años, siendo representante del consejo federal argentino y contando con la correspondiente autorización de la dirección del personal para desempeñarse como árbitro de la asociación marplatense...”. El sello que acompaña el texto dice “Contra Inteligencia Operaciones Base Naval I.M Baterías” y está contenido en la investigación que llevó adelante la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense.

En la Asociación Bahiense de Arbitros (ABA), que Racedo condujo en la década del ’80, incluso cuando todavía se mantenía en actividad, se sorprendieron con la noticia de su arresto. “Fue un balde de agua fría”, graficó un joven referí que atendió el teléfono de la sede gremial el jueves 6 por la noche. En la ABA se dan cursos de arbitraje como el que desarrolló el instructor Juan Carlos Crespi, un conocido ex juez internacional de la AFA. Su actual presidente se llama Marcelo Sánchez. Y Alberto Martínez, el afiliado más antiguo del sindicato, conduce la escuela arbitral. Es la persona que –cuentan en el gremio– conoce mejor que nadie la trayectoria deportiva de Racedo.

Apenas lo detuvo la Gendarmería, a fines de agosto, el represor se presentó así: “No tengo nada que ver. En los ’70 yo era árbitro de fútbol”. La coartada es más cínica que inverosímil y no lo salvó de quedar involucrado en la causa del Circuito Represivo Base Naval Mar del Plata. Durante los años en que Racedo operaba en la ciudad balnearia, también desaparecía gente en Punta Alta. Héctor González, ex secretario de Gobierno local durante la gestión del intendente peronista Jorge Izarra (1995-2003), sobrevivió para contarlo.

Estuvo detenido cinco años entre 1976 y 1981, tiene muy presente al marino y recuerda que “ya en democracia, continuaba siendo árbitro”. A su salida de la cárcel, y de regreso en su pago chico, los mismos que lo habían secuestrado a cara descubierta le dijeron con sorna: “González, sin rencores, ¿no?”. El mismo se responde aquella frase con otra: “Hacíamos política en el riñón del enemigo”. Su definición es todo un símbolo, como que el conocido represor Ricardo Miguel Cavallo, alias Sérpico, nació en Punta Alta. Muchos como él hacían operativos en sus calles cuando Racedo y Bujedo combinaban sus entrenamientos como árbitros con los secuestros, desapariciones y tormentos en Mar del Plata.

El primero apeló la prisión preventiva aunque continúa en la Unidad 44 de Batán. Volvió a estar cerca de su compañero de arbitraje, como cuando en la dictadura dirigían partidos en el estadio General San Martín, que bien podían ser los clásicos entre Aldosivi y Alvarado o Kimberley y San Lorenzo de Mar del Plata, uno de los cuales todavía es recordado por el polémico desempeño de Bujedo.

Los memoriosos del fútbol cuentan que, en la principal ciudad balnearia del país, siempre se habló de un grupo de represores que recaudaba unos pesos más poniéndose los pantalones cortos para hacer sonar el silbato o levantar el banderín en una posición adelantada. Racedo y Bujedo son sus más conocidos exponentes. Ahora, treinta y dos años después, los acusan de delitos de lesa humanidad junto a otros oficiales superiores. Un juicio espera por ellos.

El gran empresario-amigo del Laucha

La Justicia investiga a Héctor Basilio Lapeyrade quien le dio cobertura al represor Julián Corres

Los fiscales federales de Bahía Blanca le pedirán hoy a la Justicia que Héctor Basilio Lapeyrade, petrolero, bodeguero y terrateniente, sea citado a declarar como partícipe del encubrimiento de la fuga del represor Corres.

 

PáginaI12

Por Diego Martínez

Encubrir a represores prófugos puede llegar a ser un problema, sobre todo cuando dejan de serlo. El empresario Héctor Basilio Lapeyrade, que durante al menos trece meses le brindó cobertura al teniente coronel Julián Oscar Corres para burlar a la Justicia, será citado a prestar declaración en Bahía Blanca por el delito de encubrimiento agravado. Así lo solicitarán hoy ante el juez federal Ramón Dardanelli Alsina los fiscales federales Hugo Cañón y Antonio Castaño. También pedirán que rindan cuentas los militares que durante dos años dispusieron de bienes del Ejército para garantizar un buen pasar a los camaradas en desgracia. Acusan por peculado al general de brigada Oscar Roberto Gómez, ex comandante del Cuerpo V, y como partícipe del mismo delito al ex secretario general, coronel Jorge Roque Cocco, quien sin quitarse el uniforme visitaba a los represores con tortas para acompañar el mate.

Es improbable que los 41 prófugos imputados por crímenes de lesa humanidad tengan un padrino de confirmación como Lapeyrade, un multimillonario de 79 años dueño de tres empresas petroleras (Chañares Herrados, Chañares Herrados Petrolera El Trébol y Angarteche), viñedos, bodegas y campos en Mercedes. Don Héctor es además un experto en elegir compañías. Hasta marzo, cuando cobró 1,2 millón de pesos de honorarios, la dirección de Chañares estuvo a cargo de Luis Alfredo Zarattini, ex Tacuara acusado de haber actuado en centros clandestinos y de haber colaborado con la DINA chilena en el asesinato del general Carlos Prats. El apoderado es Oscar Héctor Corres, primo del Laucha, procesado en 1971 por el asesinato de la estudiante Silvia Filler como miembro de la ultraderechista Concentración Nacional Universitaria de Mar del Plata. Oscarcito, como lo llama el patrón, fue amnistiado en 1973 y figura entre los acusados por el Tribunal Oral Federal marplatense de haber integrado la patota de la CNU responsable de secuestros y homicidios en 1975. A su tercer “hombre de confianza”, como lo definió ante la Justicia, le sobran pergaminos: Julián Corres está procesado por 47 secuestros, 38 torturas, 17 homicidios y 7 desapariciones forzadas en La Escuelita bahiense. Su performance se conoce al menos desde 1999 cuando admitió en el Juicio por la Verdad que lo apodaban Laucha, alias que los sobrevivientes adjudicaban a quien manejaba la picana eléctrica.

Lapeyrade no escatimó esfuerzos para ayudar a Corres durante su primera etapa como prófugo, que se extendió desde la orden de captura el 27 de febrero de 2007 hasta el 3 de abril de 2008, cuando Interpol lo detuvo al salir de las oficinas porteñas de Chañares Herrados, en Uruguay 824. El viejo amigo de su finado padre le pagó 4500 pesos por mes sin registrarlo como empleado a cambio de “diligencias no específicas”, según Corres. También le permitió usar celulares y pases de peaje a nombre de su empresa y le dio 5 mil pesos por mes a su esposa para el estudio de sus hijas.

Corres no supo retribuirlo. Cometió torpezas incomprensibles para un oficial de inteligencia. “El coronel es un peligro. Me pone los pelos de punta”, le confió un tal Gadeano a Lapeyrade dos días antes de la detención, en un diálogo interceptado por la Secretaría de Inteligencia que consta en el informe de Interpol. Gadeano renegaba porque el prófugo iba a las oficinas y hacía llamados sin tomar precauciones. El último le costó su libertad.

Las atenciones del padrino rico continuaron durante los tres meses y medio en la delegación bahiense de la Policía Federal. Según el escrito de los fiscales, producto de la investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria luego de la fuga, Corres recibió tres visitas de Eduardo Díaz, empleado de Bodegas Lapeyrade en Viedma. Díaz declaró que en las tres oportunidades le entregó un sobre cerrado con dinero y cajas con provisiones “de parte del patrón”, que a su turno dijo que contenían “vituallas y otras cosas”.

Cuando el trabajo de inteligencia de Cañón y la fuerza que conduce Marcelo Saín estaba a punto de derivar en un pedido de citación de Lapeyrade por su posible vinculación con la fuga, el juez Alcindo Alvarez Canale interrumpió su licencia, invocó “la responsabilidad que me cabe”, pero no le había cabido hasta entonces, y arruinó la investigación al citar como simple testigo al empresario que ayudó a Corres a burlarse de la Justicia. El encubrimiento es en comparación un delito menor, excarcelable, con una pena máxima de tres años de prisión. No dejarlo impune, sin embargo, es imprescindible para que tomen nota quienes hoy encubren a los otros 41 prófugos.

Camarada Cocco

“¿Cocco te lleva el almuerzo y la cena?”, le preguntó un familiar a Corres en una carta que no formó parte del equipaje de fuga. Cocco no era el cocinero de la cárcel ni el guardia encargado de llevar la comida a los presos, sino el secretario general del Cuerpo V del Ejército Argentino, coronel Jorge Roque Cocco, que dedicó los últimos dos años de su carrera a oficiar de mucamo de retirados presos por delitos de lesa humanidad.

El 10 de junio de 2006, por orden de Alvarez Canale, la delegación bahiense de la Policía Federal recibió por primera vez a un imputado por crímenes en La Escuelita: el suboficial Santiago Cruciani, interrogador oficial, que murió preso, pero sin condena. Durante los dos años siguientes alojaron a otros trece represores, todos militares, excepto tres penitenciarios. El último fue trasladado a Marcos Paz el 8 de agosto.

Desde el primer día, los imputados contaron con el auxilio del Ejército, en particular del servicial Cocco, jefe del Batallón de Inteligencia 181 y de la Central de Reunión de Información hasta diciembre pasado. “Era una especie de parte protocolar”, lo definió un guardia. “Cocco fue una herencia de jefaturas anteriores”, aclaró el subcomisario Marcelo Voros, procesado como partícipe primario de facilitación de fuga. El coronel en persona les acercó camas, colchones, frazadas, almohadas, sábanas, una mesa, remedios, tortas y hasta un patriótico locro el 25 de Mayo.

Claro que Cocco no actuaba por su cuenta sino “en respuesta a órdenes superiores”, según admitió ante la Justicia. Su superior no era otro que el comandante, general Oscar Gómez, a quien la ministra de Defensa, Nilda Garré, pasó a disponibilidad por ordenar “inadecuados mecanismos de visita y asistencia” a represores. Los fiscales le imputan a Gómez el delito de peculado, por desviar arbitrariamente bienes del Ejército a otra fuerza de seguridad que ni siquiera los había solicitado. A Cocco lo consideran partícipe necesario del mismo delito. Agregan que el comandante desafectó al secretario de las tareas por las que recibía un sueldo para brindar servicios y asistencia a terceros, que por otra parte no eran pibes de la calle sino militares procesados con prisión preventiva, con todas las garantías de la ley, por secuestros seguidos de torturas y asesinatos.

Detienen al jefe del Laucha Corres

PáginaI12

A los 79 años y luego de 30 de plena impunidad, fue detenido ayer el coronel retirado Walter Bartolomé Tejada, ex miembro de la Jefatura II de Inteligencia y del Estado Mayor del Cuerpo V de Ejército, donde se decidieron vidas y muertes en Bahía Blanca durante la dictadura. El sanjuanino Tejada secundaba al coronel Aldo Mario Alvarez, el prófugo que hasta 2000 gerenció la Agencia de Investigaciones Privadas Alsina SRL y era superior inmediato del entonces subteniente Julián Oscar Corres, jefe de guardias del centro clandestino La Escuelita, fugado y recapturado meses atrás.

Tejada procesaba información que derivaba en secuestros, avisaba de nuevas capturas por teléfono para que enchufaran la picana y concurría en persona a La Escuelita, según admitió ante la Justicia el propio Laucha Corres. La Policía Federal lo detuvo por orden del juez federal Alcindo Alvarez Canale en su departamento de Soler 154, piso 6, de Bahía Blanca. Luego de quemarse con leche con la fuga de Corres, el juez ordenó que esperara la indagatoria en la cárcel de Villa Floresta.

Tejada estuvo en el Cuerpo V entre 1973 y 1983, cuando pasó a retiro. Por debajo de él actuaban, entre otros, los mayores Osvaldo Lucio Sierra y Neil Lorenzo Blázquez y los sargentos escribientes Almirón, Martín y Villalba, aún libres. Comisionados por el Batallón de Inteligencia 601, también actuaron en Bahía Blanca el sargento Alfredo Omar “Cacho” Feito y el teniente primero Enrique Del Pino, preso por delitos en el Cuerpo I. El agente penitenciario Leonardo “Mono” Núñez, enlace entre La Escuelita y la cárcel local, contó durante el Juicio por la Verdad que para Tejada “llevar presos a la cárcel estaba mal porque estábamos mezclando carceleros con militares”. No explicó qué alternativa proponía.

De espía a detenido desaparecido

Un ex agente declaró como testigo en Neuquén

 

PáginaI12

Por Diego Martínez

A comienzos de 1975 el agente de inteligencia José Luis Cáceres era mano derecha del jefe de policía de Río Negro. El 20 de marzo, junto a Raúl Guglielminetti y como miembro de un grupo operativo que encabezaba el interventor de las universidades del Sur y del Comahue, el rumano Remus Tetu, participó del atentado contra la agencia Neuquén del diario Río Negro. En diciembre de aquel año fue detenido por razones poco claras. Pasó varios años en cárceles de la dictadura y tuvo un paso breve por La Escuelita, el centro clandestino de la Brigada de Infantería de Montaña VI. Ayer, a puertas cerradas, ratifició ante el Tribunal Oral Federal neuquino que durante dos interrogatorios distintos en 1976, que incluyeron propuestas para sumarse a las patotas de secuestradores del Ejército, reconoció la voz de dos de los imputados: el coronel Mario Alberto Gómez Arenas, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 182, y el coronel Jorge Molina Ezcurra, oficial del destacamento.

Cáceres pidió declarar a puertas cerradas. Sólo pudieron escucharlo las partes y los imputados. “Dice ser un testigo protegido, pero no se entiende de quién. No debe temerle al público o a la prensa, sino al aparato represivo, que estaba adentro de la sala. El juicio debe ser público”, explicó la abogada Ivana Dal Bianco, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que se opuso a la decisión del tribunal.

Según el comisario Antonio Casal, de la policía de Neuquén, al ser detenido con armas de guerra tras el atentado al diario, Cáceres le mostró una credencial firmada por su jefe Benigno Ardanaz, le explicó que pertenecía “a una fuerza de choque” que dirigía Tetu y solventaban la policía de Río Negro y la UNC y le pidió “media hora” para desaparecer. Casal contó que se negó a liberarlo, aunque nunca pudo detener a los demás participantes: Guglielminetti, el secretario de extensión universitaria Rolando Funes y dos miembros de la Triple A de Bahía Blanca que Tetu había heredado del sindicalista Rodolfo Ponce: Raúl Giorgi y Juan Carlos Landini. Durante varios meses de 1975, Cáceres ofició de chofer de Tetu, con quien visitaba a la directora del diario La Nueva Provincia, Diana Julio de Massot.

En 1984, ante la APDH contó que, luego del 24 de marzo, Molina Ezcurra lo visitó en la cárcel de Neuquén. Días después lo trasladaron a un centro clandestino y lo torturaron por haber hablado de Guglielminetti & Cía. “Si trabajás para nosotros podemos olvidarnos. Caso contrario vas a estar años preso”, le propusieron. Se negó y volvió a la cárcel, dijo. En noviembre lo llevaron a La Escuelita. “Tenemos que armar bandas como los zurdos”, dice que le dijo Gómez Arenas, y reiteró la invitación. Volvió a negarse y otra vez a Rawson. Ayer aportó un valioso granito de arena a la Justicia.