Atrasos en la Justicia Bahiense

Ecodías

El martes 20 de febrero estuvo en Bahía Blanca la doctora Mirta Mántaras, quien entiende en las causas sobre delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca durante la última dictadura militar, con el fin de solicitarle al juez federal Alcindo Álvarez Canale que los procesados "sean convocados en grupo, de manera tal que sea posible el procesamiento de los que estuvieron desarrollando, por ejemplo, tareas operativas en conjunto sin perder tanto tiempo" de cara a los juicios orales.

En dicha oportunidad, Mántaras aseguró a EcoDias que la lentitud se debe a que "los defensores, por ejemplo el de Cruciani, interponen muchos recursos totalmente improcedentes. Esperábamos que Cruciani hablara y explicara cuáles eran los elementos que él tenía en su descargo, porque la declaración indagatoria es para eso, para darle garantía de descargo a los procesados y para que ellos nos digan qué es lo que saben. Resulta que no nos dicen nada, se niegan a declarar, y después sus abogados empiezan a decir que debe salir en libertad porque es nula la ley de Obediencia Debida".

En este sentido la letrada recuerda, para dejar en claro las trabas de los defensores de los genocidas, que "la nulificación de las leyes de impunidad se ha hecho desde la Corte" y "en el caso de Cruciani son procesos que tienen numerosísimas pruebas y demostraciones de que él era el jefe de La Escuelita y el torturador", por lo cual hay una "ingeniería de abogados" con "una especie de acuerdo en hacer presentaciones calcadas, totalmente improcedentes, a los efectos de dilatar el envío de los procesos al tribunal oral".

"Acá en Bahía creo que estamos con un atraso mayor porque tenemos solamente un procesado. En Buenos Aires tenemos un atraso también pero son 130 procesados: cuanto más rápido es el procesamiento, más rápido se va a llegar al juicio oral. Y esto es lo que nosotros en este momento estamos buscando y pretendiendo en todo el país para que sea posible cerrar este capítulo del Terrorismo de Estado y del genocidio en la Argentina por la importancia que tiene para la sociedad. La sociedad necesita tener en alto el valor justicia", afirmó la abogada.

La libertad de Adalberti

Para Mántaras, que Álvarez Canale haya dictado la falta de mérito del médico Humberto Adalberti le "llamó poderosamente la atención porque su participación en el aparato del V Cuerpo está probada. No podemos olvidarnos que el propio Streich señaló que los médicos que estaban eran intercambiables y que iban los otros que estaban ahí, que no era más que Adalberti y uno más".

"Entonces, la falta de mérito me parece que ha sido una ponderación no muy detallista del juez porque tiene pruebas en su contra abrumadoras y esa es una de las cosas que vengo a hablar concretamente con el doctor Álvarez Canale", agregó la letrada y comentó que "la medida está apelada e inclusive pedimos que se llame a testigos que han declarado y han especificado que les consta que Adalberti participaba y él mismo no lo ha negado, pero naturalmente cuando alguien está procesado dice: 'Yo no tengo nada que ver'. Ese es un clásico, nosotros queremos que se valore la prueba que existe".

El horror permanente

Mántaras destacó el apoyo de los familiares y la comunidad bahiense: "Los familiares trabajaron muchísimo para traer pruebas, para que las causas tuvieran incorporados los habeas corpus".

"En Bahía ante cada desaparecido los familiares han ido permanentemente a reclamar con habeas corpus, paradero, privación ilegal de la libertad. Han estado depositando en la justicia una expectativa que fue frustrada porque los jueces preguntaban a los militares si los tenían, decían no y los habeas corpus eran todos rechazados. Creo que el sufrimiento de los familiares en las declaraciones es inenarrable, la gente ha sido sometida muchas veces a una, dos declaraciones que la conectan con su propia experiencia de horror y es muy duro", finalizó.

Las causas bahienses

"Tenemos más de cien que vienen de la actuación anterior de la Cámara Federal cuando era la competente para ocuparse de los juicios de violación de derechos humanos. En la etapa anterior hicimos muchas pruebas, es decir que tenemos casos que ya están redondeados como para poder enviarlos al tribunal oral. Hay algunos casos, por ejemplo, que ahora son nuevos, dado que se anuló la Ley de Punto Final que impedía que se presenten todos los querellantes que tenían que hacerlo. Hoy pueden presentarse inclusive aquellos referidos a delitos cometidos en una época anterior a marzo del 76".

Flores para la Tera

Página/12

Exhumada de una tumba sin nombre e identificada por el Equipo Argentino de Antropología Forense, Silvia Giménez será enterrada hoy en el cementerio de La Plata.

Por Diego Martínez
Emiliano tenía 15 meses el día que una patota militar secuestró a sus padres. 29 años después el Equipo Argentino de Antropología Forense le informó la identificación de su mamá, Silvia Giménez, enterrada como NN en el cementerio de Avellaneda. Esta semana convocó a organismos de derechos humanos y organizaciones populares a rendirle homenaje. “Si cada una de las historias de los 30.000 desaparecidos se escribe desde una confusa y anémica memoria que niega su condición de revolucionarios, de sujetos que disputaron el poder por la liberación política y social de la Patria, si no tenemos la estima por las nubes al decir que fueron cuadros políticos estratégicos, soldados de una causa colectiva e irremediablemente justa, estaríamos volviendo a matarlos”, escribió. La cita es a las 11 en el cementerio de La Plata.

Silvia nació en Coronel Pringles pero de niña llegó a Bahía Blanca. Estudió en el Colegio Nacional, donde este verano sus autoridades taparon un mural de los alumnos que recordaba la Noche de los Lápices. En la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur conoció a Raúl Guido, “el Tero de Huanguelén”. Se enamoraron, pasó a ser la Tera y se mudó al Barrio Universitario, una manzana de chalecitos recuperados para los estudiantes del interior que pronto se convirtió en centro de actividad política. Sus primeros rastros de militancia constan en Graphos, revista del Club Universitario. Escribió sobre educación en Cuba y derecho a la salud. Emiliano heredó el oficio: en 2005 recibió el premio José Martí de la agencia Prensa Latina. Sus amigos la recuerdan seria, sólida en sus convicciones y de extraordinaria belleza.

En junio de 1973 acompañaron a la JP a Ezeiza y se terminaron de convencer de que la revolución no pasaba por Perón. El día del golpe en Chile la recuerdan con la bandera del Frente Antiimperialista por el Socialismo marchando junto a inmigrantes humildes que en Bahía llaman “chilotes”, el viento y la lluvia arrancándole el cartelón de las manos frente a la nutrida custodia del diario La Nueva Provincia, exultante puertas adentro. Los buchones locales no tardaron en ficharlos. En junio de 1974 Silvia contrató los colectivos que transportaron a 300 bahienses al congreso del FAS en Rosario. En septiembre Raúl reconoció en la morgue el cadáver de Luis Jesús García, fusilado por los matones del diputado Rodolfo Ponce. Sin garantías y con Raúl incorporado al PRT, a fin de año se trasladaron a Mar del Plata. Silvia se proletarizó en una fábrica de conserva de pescado y Raúl intentó sostener la prensa del partido, pero las medidas de seguridad de la regional hacían agua. A partir de información transmitida desde Bahía Blanca por el comisario Juan Nelo Trujillo los represores marplatenses supieron dónde vivían. Se tomaron un mes para reconstruir la red de contactos. El 19 de junio de 1976 miembros del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea 601, en tres autos sin patente, los secuestraron junto a otras siete personas. Según la investigación del EAAF, es probable que hayan sido trasladados al Pozo de Banfield.

Emiliano se crió con sus abuelos maternos. Además de la tragedia personal padecieron el bloque militar-eclesiástico-civil de Bahía Blanca, que con escasas fisuras persevera en su indiferencia cómplice ante el genocidio. A partir del llamado de algún militar aburrido, Norberto esperó dos días en un andén de Constitución, con un pañuelo rojo en el bolsillo del saco, que alguien retirara el bolso con ropa para Silvia. Aurora marchó junto a las Madres, sufrió los apagones en plaza Rivadavia, los huevazos desde edificios navales y el rechazo del arzobispo Jorge Mayer, que el Día de la Madre no toleró los pañuelos blancos y las echó de la Catedral. Criaron a su nieto en medio de la peor hostilidad. Cuando lo supieron fuerte y emigró a La Plata, la tristeza se los devoró.

“Nadie pudo separarnos”, escribió Emiliano sobre sus padres. “Cuando la historia oficial los quiso demonizar, cuando la moral media de la sociedad los reducía a un grupo de jóvenes manipulados, muchos, casi como un mandato necio de los genes, seguimos diciendo que estamos orgullosos de ellos.” En la postdata pidió por favor llevar flores para la Tera.

Fernández Stacco: “Lo de la Triple A también fue terrorismo de Estado”

FM de la Calle

Edgardo Fernandez Stacco es militante comunista, matemático y durante la década del 70 fue director del Departamento de Matemática de la Universidad Nacional del Sur. Fernández Stacco fue también, como tantos otros, víctima de la organización terrorista paramilitar subsidiada por el Estado conocida como Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). En octubre de 1974, el matemático recibe una amenaza de esta agrupación, amenaza que se convierte en el primer paso que lo obliga a exiliarse del país.

En declaraciones a FM De la Calle, Fernandez Stacco hizo un repaso de su historia: “Dentro de la correspondencia habitual recibo una carta un poco extraña pero simplemente a mi nombre. La abro y tenía una amenaza escrita a mano firmada por las tres “A” que decía lo que decía habitualmente. Ellos se arrogaban la potestad de juzgar a cualquiera y amenazaban en algunos casos a las personas a que se fueran del país, a otros que serían ejecutados y a otros que cambiaran las actitudes. En mi caso decía que sería ejecutado en donde me encontrara y me acusaban de una cosa que evidentemente nadie podía sostener que era de que yo pertenecía al ERP”.

El también presidente de la Casa de la Amistad Argentino – Cubana afirmó que las amenazas fueron recibidas por varios docentes y personas de Bahía Blanca que inmediatamente se reunieron para ver la manera de cuidarse y salvar su vida: “Casi todos en ese momento se fueron de la ciudad, yo me fui a Buenos Aires pero no podía irme muy lejos porque en esos momentos nació mi segunda hija. Después acepté una oferta que tuve de un amigo de ir a dar un curso a Venezuela y me fui para allá”.

Remus Tetu y la Universidad

Cuenta Fernandez Stacco que en enero de 1975 Remus Tetu asume como rector de la Universidad Nacional del Sur y también de la del Comahue. En aquel momento, Tetu cesantea a más de 200 profesores entre los que se encontraban Fernandez Stacco y su mujer. A partir de allí el regreso al país ya era algo muy difícil por cómo se venía llevando a cabo el proceso. “Obviamente ya no se tenía trabajo y ahí tuvimos la primera sensación de que el asunto iba a ser para largo”.

En otro tramo de la charla, Stacco se refirió la relación que existía entre la Triple A y la Universidad Nacional del Sur: “Era una agrupación paramilitar, paracivil, parapolicial para todo…había reunido a lo peor de la sociedad, con y sin uniforme. Acá en Bahía hubo una persona que no solo me animo sino que lo afirmo que pertenecía a la Universidad que era el rector Remus Tetu. El tuvo como guardaespaldas a Raúl Guglielmineti, actualmente detenido, que tuvo fama bastante triste ya que inició sus primeros “trabajitos” en la huelga famosa de El Chocón”.

Más adelante, Edgardo recuerda unas declaraciones de Remus Tetu en donde reconoce la existencia de la organización terrorista Triple A: “En una conferencia de prensa que hace en Neuquén uno de los periodistas del diario Río Negro -acá hubiera sido impensable que uno de La Nueva Provincia se lo hubiese preguntado- le pregunta si él pertenece a la Triple A, a lo que contesta que no, pero al decir “no pertenezco” esta dando por sentado que la Triple A existía. En la respuesta, Remus Tetu, prosiguió diciendo que si bien el no pertenecía a la Triple A, estos al menos no querían vender al país como lo quería hacer “el marxismo internacional”.

La patota del Rector

En el tiempo de Remus Tetu como rector de la UNS existía todo un equipo de “trabajo” justamente nombrado por Tetu para brindar seguridad en la institución. En realidad se trataba de una patota que oficiaba de seguridad privada del rector y a la cual se la culpa, por ejemplo, del asesinato del estudiante y militante comunista David “Watu” Cilleruelo.

“El nombra para la universidad un equipo de 30 personas justificándose en el hecho de que era un momento muy difícil aunque en realidad era seguridad para él, seguridad privada. El jefe de seguridad era el famoso “Moncho” Argibay, no era personal de planta y había que fijarle los sueldos, y lo hicieron por decreto. Argibay ganaba 5000 pesos y el resto que eran como 30, 4000. A los dos meses también justifica otro nombramiento de más gente, y nombra a un policía que estaba retirado como subjefe. Son cosas de las cuales se desprende que Argibay era el jefe. Argibay supongo que vendría de la parte gremial, yo no puedo afirmar exactamente de dónde venía porque esta gente, la mayoría supongo, no tenían ninguna actividad conocida como trabajadores”.

La impunidad como valuarte

Por otra parte, Edgardo Fernandez Stacco se refirió a la complicidad que existió para que Bahía Blanca sea también sede de operaciones de la Triple A y a la falta de respuestas que existía en aquel momento cuando se intentaba denunciar a esta organización promovida por el estado: “Yo creo que en Bahía Blanca tuvo una sede, hubo montones de atentados en la ciudad, de muertes, lo que pasa es que no está nada investigado, nosotros conocemos mejor el caso de “Watu”. En general, ocurría lo mismo que en cualquier parte del país, se iba a denunciar un caso de asesinato o desaparición y la policía era toda una complicidad, no querían recibir la denuncia y si la recibían, después de bastante esfuerzo, el juez nunca intervenía o lo hacía una semana después. No hacían nada tampoco para esclarecer los hechos, no hay ninguno esclarecido pese a que fueron cuestiones aberrantes”.

Finalmente, Edgardo, sintetizó de algún modo lo que significaba la Triple A como antesala al golpe de estado de 1976: “Esto fue también terrorismo de Estado porque fue organizado desde el Estado. Lopez Rega ya fue condenado de modo que es un caso ya comprobado de terrorismo de estado”.

Los doctores de La Escuelita

Página/12

Por Diego Martínez
Por disposición de la Justicia federal de Bahía Blanca fue detenido el capitán (R) Humberto Luis Fortunato Adalberti, médico del Cuerpo V de Ejército durante la última dictadura militar. El juez Alcindo Alvarez Canale le imputó “haber formado parte del plan criminal –clandestino e ilegal– implementado para secuestrar, torturar, asesinar y producir la desaparición de personas, utilizando la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas” y lo sindicó como partícipe necesario en el delito de tormentos reiterados. En su declaración indagatoria el militar negó haber asistido al centro clandestino La Escuelita. Con las manos esposadas cubiertas por un saco fue trasladado a una seccional de la Policía Federal, donde acompañará al ex suboficial Santiago Cruciani, primer procesado con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca.

Adalberti era jefe del pabellón de oficiales del Hospital Militar. En 1987 dijo desconocer la existencia de La Escuelita. El año pasado admitió que “todos sabíamos lo que pasaba”. Durante el Juicio por la Verdad negó haber concurrido al centro de exterminio, tarea que adjudicó “por ser oficiales superiores” al director del hospital, el fallecido coronel Raúl Eduardo Mariné, y al subdirector, mayor Jorge Guillermo Streich, identificado por sobrevivientes como uno de los médicos que los revisaba tras las sesiones de torturas, impune en un geriátrico de San Martín de los Andes.

La denuncia más sólida contra Adalberti pertenece al ex oficial de reserva Alberto Taranto, que lo acusó de concurrir a La Escuelita “en ausencia” del mayor Streich. Por su parte, el teniente coronel Julián Oscar Corres –administrador de la picana, apodado Laucha– recordó “la concurrencia de dos médicos, capitanes”, de quienes ignoraba sus apellidos. Streich y Adalberti eran capitanes.

Streich reconoció que concurría “al LRD” (lugar de reunión de detenidos en la jerga castrense), dijo que no vio cadáveres ni torturados y sólo iba “por algún resfrío, gripe o diarrea”. No le pareció clandestino “porque me llevó el director por una ruta pública” y supo de la existencia de desaparecidos “por los diarios”. Cuando le preguntaron quién lo reemplazaba, aclaró: “Eramos cinco médicos, podía ser cualquier otro”, y nombró a Mariné, Garimaldi y Adalberti.

En su declaración en el 2000, Adalberti aclaró que “no les pregunto [a los pacientes] si están detenidos en forma legal o ilegal”. Después del golpe “empezaron a aparecer caras que a uno le llamaba la atención que pudieran pertenecer a las Fuerzas Armadas; uno se enteraba todos los días de gente que moría en enfrentamientos, que desaparecía”, admitió que “sospechaba” que los tiroteos eran fraguados, pero “era mejor no saber nada”.

Por La Escuelita pasaron al menos dos mujeres embarazadas. Graciela Izurieta fue vista por última vez en diciembre de 1976, en su quinto mes de embarazo. Graciela Romero de Metz dio a luz un varón el 17 de abril de 1977, “sin asistencia médica”, según su compañera de cautiverio Alicia Partnoy. Ambas continúan desaparecidas. Las principales funciones de los médicos militares eran regular la resistencia de los secuestrados en la mesa de torturas y aplicarles colirio en los ojos por las irritaciones que producían las vendas.

Un fiel cumplidor de órdenes

Ecodías

Por Diego Martínez
Sin pena ni gloria, ignorado hasta por sus camaradas, olvidado por las plumas y sotanas que lo envalentonaron a voltear puertas en nombre de Dios y la Patria, pero impune hasta el final, murió a sus 69 años el teniente coronel (R) Emilio Jorge Fernando Ibarra, jefe del “equipo de combate contra la subversión”, como llamó en el Juicio por la Verdad a las patotas de secuestradores del Cuerpo V de Ejército durante la última dictadura, y “un fiel cumplidor de órdenes” según su propia definición.

Fue el general Adel Vilas en 1987 el primero en nombrar al “mayor Ibarra” como “jefe de grupos antisubversivos”, doscientos soldados y suboficiales trasladados a Bahía Blanca desde unidades militares de Esquel, Zapala y Puerto Deseado, que rotaban cada dos meses. Otros altos mandos lo recordaron pero negaron haberlo tenido bajo su responsabilidad. El jefe de operaciones coronel Rafael De Piano sugirió que esas bandas y el Destacamento de Inteligencia 181 dependían del general Abel Catuzzi, segundo comandante que reemplazó a Vilas. Catuzzi pateó la bola hacia arriba: del comandante, corrigió, del general Osvaldo Azpitarte, quien gracias a un derrame cerebral nunca declaró.

Aquel año Ibarra no llegó a ser citado. La obediencia debida de Raúl Alfonsín le evitó una condena inexorable. Declaró recién en 1999, aún con garantías de impunidad. “Dependía estructuralmente de la jefatura III Operaciones [a cargo del coronel Juan Manuel Bayón en 1976 y de De Piano en 1977], las órdenes me las impartía el teniente coronel [Rubén José] Ferretti”, puntualizó. “Las informaciones las suministraba el G2 [jefatura II de Inteligencia a cargo del coronel Aldo Mario Alvarez]”, y los secuestrados “los entregaba a personal de inteligencia”. De los citados, Azpitarte, Catuzzi y Ferretti murieron, Vilas en eso anda, Bayón vive, De Piano es un recoleto miembro del Círculo Militar y Alvarez está escondido en un barrio cerrado del Tigre. Los tres gozan de plena impunidad gracias a la justicia federal de Bahía Blanca.

Una tropa de ensueño
El testimonio de Ibarra durante el Juicio por la Verdad es un ejemplo insuperable de la degradación moral y la total carencia de noción del ridículo que puede padecer un represor frente a un micrófono. Ante la misma Cámara Federal que procesó por secuestros, torturas y asesinatos a los máximos jerarcas del comando, Ibarra contó que su especialidad era voltear puertas (“solamente en eventuales casos los oficiales me ganaron de mano”), logró exasperar a los jueces detallando enfrentamientos que no existieron pero “pueden chequear en La Nueva Provincia” y no se privó de relatar el día que fue herido “en combate”.
- ¿Por la propia tropa?, preguntó el fiscal Hugo Cañón, conciente que los “abatidos” Ricardo Garralda y José Luis Peralta habían estado secuestrados en La Escuelita.
- Nooo. Un rebote me pegó y una esquirla me tocó la cabeza. Me atendió el doctor Humberto Adalberti, redondeó.

“Ahí sí hubo intercambio de disparos”, lo traicionó el inconsciente cuando le preguntaron por el único tiroteo de su vida, al mando de un centenar de soldados contra una pareja de militantes montoneros. Pese a que Daniel Hidalgo ya estaba muerto y “Chela” Souto Castillo tenía 21 años y cuatro meses de embarazo, no se animaron a reducirla: se parapetaron en un edificio vecino y con una bazuca destruyeron el cuarto piso de Fitz Roy 137 para matarla.

Ibarra contó que, a diferencia de Vilas, el general Catuzzi recomendó “no matar a golpes” a los detenidos, admitió que los bienes robados se llevaban en camión al cuartel y “se hacía un inventario en un cuaderno”, aunque dijo ignorar el destino final. Cuando el juez Luis Cotter le preguntó la cantidad de muertos de su tropa Ibarra sonrió: “por suerte ninguno”. Calculó en apenas “seis o siete” los asesinados por el Ejército y en “cuarenta y pico” los detenidos. “Mi misión era entregarlos a inteligencia”, los acompañaba “hasta la tranquera” aunque “la prudencia sugería no tomar conocimiento” sobre los procedimientos aplicados en La Escuelita.

El médico Alberto Taranto tuvo la desgracia de conocerlo mientras cumplía una guardia en el Hospital Militar. Ibarra llegó agitado y pidió “urgente un médico para La Escuelita”. El conscripto se negó, discutieron, intercedió el subdirector del hospital, mayor odontólogo Oscar Augusto Argaño, pero Taranto le repitió que se negaba a ir a un centro clandestino. Argaño lo llevó ante el director, coronel Raúl Mariné, que le notificó una sanción de cinco días de arresto y partió con Ibarra rumbo a La Escuelita.

En 1979, cuando lo designaron juez de instrucción militar, pidió el pase a retiro. Nada de papeles. Aunque no se lo habían planteado como posibilidad el comandante lo sancionó por “no haber reflexionado exhaustivamente”, lamentó su “limitado sentido de la responsabilidad” y su “nula vocación” para una materia tan rigurosa como la justicia militar. No fueron requisitos excluyentes: hasta su retiro en 1985 se dedicó junto al teniente coronel Jorge Alberto Burlando a negar la existencia del “lugar denominado La Escuelita”, donde los sobrevivientes denunciaban haber sido torturados, y a reiterar la falacia oficial de hacer pasar por “enfrentamientos con las fuerzas legales” a los fusilamientos de personas destruidas por la tortura y adormecidas por los médicos militares. A diferencia de Burlando, abogado auditor, Ibarra instruía causas sobre las mismas personas que había secuestrado.

Su muerte pasó desapercibida tanto para los capellanes castrenses que lo auxiliaron en momentos difíciles y tuvo la deferencia de nombrar ante la justicia (Aldo Vara y Dante Vega) como para el arzobispo Jorge Mayer, que supo bendecir condecoraciones por enfrentar a “la guerrilla subversiva que quiere arrebatarnos la cruz”, e incluso para La Nueva Provincia, que no dedicó una línea al guerrero ni tuvo la delicadeza de bonificarle el aviso fúnebre a sus hijos y nietos. Así mueren.