Página/12
Renunció el juez Guillermo Federico Madueño. Era miembro del Tribunal Oral Federal Nº 5. Se fue luego de que una investigación de Página/12 revelara sus vínculos con la dictadura en Bahía Blanca.
Por Diego Martínez
Una semana después de que la denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales fuera asignada a la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura y a días de que se adoptaran las primeras medidas de prueba, el doctor Guillermo Federico Madueño prefirió tirar la toalla y presentó su renuncia como juez del Tribunal Oral Federal Nº 5. A casi tres décadas de su paso por Bahía Blanca como juez federal de la última dictadura, una investigación periodística publicada por Página/12 en tres extensas notas había detallado la amistad del magistrado con los principales responsables del terrorismo de Estado del sur bonaerense y su complicidad en el encubrimiento de delitos de lesa humanidad, como torturas y enfrentamientos fraguados por el V Cuerpo de Ejército.
Entre 1975 y fines de 1978, Madueño junto a su secretario Hugo Mario Sierra (que aún es titular de las cátedras Derecho Penal I y II en la Universidad Nacional del Sur) fueron la pata judicial del terrorismo de Estado en Bahía Blanca: se encargaron de rechazar los habeas corpus presentados por los familiares de los desaparecidos, de cerrar en tiempo record y sin investigar los fusilamientos que el Ejército hacía pasar por enfrentamientos en los comunicados falsos que publicaba La Nueva Provincia, de entregar los cadáveres ametrallados e incluso de ordenar seccionar las manos de falsos NN para luego simular su identificación. Mientras tanto, se prestaron a una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista” en la UNS que un grupo de profesores padeció con años de humillaciones en las cárceles de la dictadura.
La colaboración del juez con el estado terrorista comenzó en diciembre de 1975, cuando archivó sin investigar la muerte por torturas de Daniel Bombara, el primer desaparecido de esa ciudad. Para justificar su muerte el comando adujo que mientras lo trasladaban en un patrullero, esposado y acompañado por tres policías, Bombara había logrado abrir la puerta y se había tirado al asfalto. Un día después, para no entregar su cadáver con signos de tortura, simularon que un grupo de desconocidos lo había robado de la ambulancia policial que lo trasladaba a la morgue. Ya en dictadura, en abril de 1976, una mujer secuestrada en el mismo raid que Bombara le contó que habían sido detenidos por civiles y luego torturados. Madueño hizo oídos sordos, la sobreseyó pero no investigó la denuncia por torturas ni reabrió la canallesca causa de la ambulancia.
Ya en plena dictadura, Madueño se reunía por las noches con los dos máximos jefes del Cuerpo V “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión y el terrorismo, lo que dio intervención (sic) al juez a hacer la investigación en la UNS”, según contó el general Adel Vilas a la justicia en 1987. Vilas dijo que invitó al juez a visitar el campo clandestino La Escuelita pero que Madueño se negó, aunque admitió: “Ya estoy integrado: menudo trabajo tengo con la investigación en la universidad”. El juicio a los profesores de la UNS, publicitado por el diario de la familia Massot como un ejemplo de lucha contra el marxismo infiltrado en la universidad, incluyó golpes y humillaciones a un grupo de profesores por parte del subcomisario Félix Alejandro Alais, ex miembro de la Triple A, cuñado de Suárez Mason y hoy a cargo de la agencia de seguridad Fast. Varios profesores contaron cómo Madueño y Sierra los interrogaban en la misma comisaría donde eran torturados y les insinuaban que ratificaran sin leer la declaración tomada por Alais si no querían seguir en los calabozos.
El director del CELS Víctor Abramovich consideró ayer que “casos como el de Madueño demuestran que la actuación del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado fue fundamental para consagrar la impunidad de los delitos de lesa humanidad” y que “el impulso dado por el Consejo de la Magistratura a la denuncia fue una saludable respuesta institucional. Un desafío central para la marcha de los procesos judiciales impulsados por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia es lograr una renovación de aquellos sectores judiciales que fueron cómplices o estuvieron comprometidos con los crímenes que ahora deben investigar”.
sábado, 2 de julio de 2005
lunes, 30 de mayo de 2005
De cómo Madueño "limpió" la UNS de "subversivos"
Página/12
El actual miembro del Tribunal Oral Nº 5 se pasó tres años “trabajando” en una causa por la “infiltración” ideológica de la universidad local. Hubo torturas que él no vio, prisiones interminables y vidas arruinadas.
Por Diego Martínez
Mientras el Cuerpo V de Ejército de Bahía Blanca secuestraba, torturaba y hacía desaparecer los cuerpos de sus víctimas, el actual juez del Tribunal Oral Federal 5 Guillermo Federico Madueño no sólo se dedicó a archivar las causas de los fusilamientos fraguados mientras por las noches se reunía con los dos máximos jefes de ese comando “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión y el terrorismo”, como declaró en 1987 el general Adel Vilas. Durante tres años Madueño junto con su secretario Hugo Mario Sierra y la fiscal federal María del Carmen Valdunciel de Moroni se prestaron a una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista” en la Universidad Nacional del Sur que un grupo de profesores padeció con años de humillaciones en las cárceles de la dictadura. En esa gigantesca causa judicial no constan las denuncias por las torturas que los profesores recibían en la delegación bahiense de la Policía Federal en manos del subcomisario Félix Alejandro Alais, miembro de la Triple A, cuñado de Suárez Mason y actual dueño de la agencia de seguridad Fast. Sin embargo, consultados para esta nota, varios profesores contaron que Madueño les tomaba declaración en esa misma seccional, a la que concurría nada menos que con el ex interventor de la UNS, el integrista católico rumano Remus Tetu. Allí mantenía charlas amenas con Tetu y con Alais. Después ignoraba las denuncias por torturas y les sugería a los profesores que ratificaran las declaraciones testimoniales si no querían seguir encerrados en los calabozos. También por esta causa el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió su recusación en la causa por el secuestro de Claudia Poblete y su enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura. Madueño fue consultado para esta nota pero una vez más prefirió guardar silencio.
El general Vilas relató en 1987 ante la Cámara Federal de Bahía Blanca que se reunían con Madueño en la casa del comandante, general Osvaldo René Azpitarte, “lo que dio intervención (sic) al juez a hacer la investigación en la Universidad del Sur”. Azpitarte solicitó que “en cumplimiento de sus obligaciones” el juez visitara el “lugar de reunión de detenidos”, eufemismo para referirse al centro de detención clandestino La Escuelita, que funcionó dentro del predio del Ejército. Según Vilas, esa gestión fracasó.
- ¿Cuándo me vas a venir a visitar? -dijo que le preguntó.
- Tengo mucho trabajo -dijo que le respondió el juez.
- ¿Cuándo te vas a integrar?
- Ya estoy integrado. Menudo trabajo tengo con la investigación en la universidad.
Cuentas pendientes
Cuando las Fuerzas Armadas derrocaron a Isabel Perón hacía un año que la Universidad Nacional del Sur había sido devastada. La intervención de Remus Tetu en 1975 no sólo implicó secuestros, asesinatos y matones armados en los pasillos. Con el auspicio del diario naval La Nueva Provincia, Tetu cesanteó a cientos de docentes y no-docentes, prohibió asambleas, juicios académicos y cátedras paralelas, proscribió los centros de estudiantes, fijó cupos de ingreso, eliminó toda intervención comunitaria, cerró para siempre la carrera de Pedagogía e impulsó una campaña de persecución ideológica centrada en los departamentos de Economía y Humanidades. Cuando Vilas llegó a Bahía Blanca en 1976 no quedaban rastros de militancia en la UNS. Sin embargo, ese sería el año de una burda operación a la que el juez Madueño le aportaría un tinte de legalidad.
Para Vilas y la revista Cabildo, que se imprimía en las rotativas de La Nueva Provincia, el ex presidente militar Alejandro Lanusse era el primer responsable de consentir la conspiración marxista contra la Nación. El apacible contexto bahiense, donde ese mismo año una caravana con banderas argentinas acompañaría a Vilas al aeropuerto, era el ideal para orquestar la venganza. La operación ideada fue un juicio por “infiltración ideológica marxista”. El señuelo: un ex ministro de Educación de Lanusse que antes había sido rector de la UNS a quien se acusaría de consentir el ingreso de “ideólogos marxistas”.
El 4 de agosto, con Madueño presente para legitimar la farsa, Vilas dio una ampulosa conferencia de prensa que trascendió las fronteras e incluyó medallas para los policías investigadores. “Debemos anular las fuentes mismas en que se nutre, forma y adoctrina el delincuente subversivo y esa fuente está en la universidad y los colegios secundarios”, explicó. “La investigación llevada a cabo por la delegación local de la Policía Federal bajo control operacional de este comando, con la colaboración inestimable del señor interventor en la UNS capitán de navío Raúl González y la intervención del juez federal Guillermo Madueño llegó a las raíces de la llamada penetración ideológica de la izquierda revolucionaria”, detalló. Luego Alais se explayó sobre el proceso que habría convertido a la UNS en una “usina subversiva” y destacó como etapa inicial “la gestión del doctor Gustavo Malek”, el “cripto-comunista” ex ministro de Lanusse.
La reacción de Lanusse no se hizo esperar. Le escribió una carta pública a Vilas en la cual lo cuestionaba por arrogarse atribuciones que no le correspondían. Como castigo Videla lo sancionó con cinco días de arresto. En 1987 Vilas explicó ante la justicia que “el exitoso trabajo y sacrificio del juez federal auxiliado por la delegación de la Policía Federal permitió probar judicialmente la penetración ideológica de la Cuarta Internacional en el ámbito universitario, aportando los elementos necesarios para dar forma a una nueva figura delictiva comprobable (sic)”. Hasta aquí la historia pública de ese juicio.
Cosa rara
La causa 612/76 contra los profesores de la UNS tiene 16 cuerpos, 3.264 fojas y un comienzo de antología. Dos estudiantes secundarios dialogan en el patio del colegio durante una hora libre. Una compañera para la oreja: hablan de “llevar un paquete a la estación ferroviaria”. Perciben su desconfianza y deciden hacerle una broma. “No cuentes nada o te va a costar la vida”, le dice uno. En su casa la chica cuenta que quien la amenazó “es adicto” y que “esos paquetes son de droga”. El 29 de junio de 1976 a la noche madre e hija declaran ante Alais. Sostienen que el chico “siempre se revela contra autoridades nacionales (sic) y hasta ha expresado que luego de cumplir los 16 años se ausentará de su domicilio con el fin de internarse en los bosques y hacer vida de ‘guerrillero’”. Peor aún: la profesora de castellano dijo que “andaban en cosa rara”. Alais se frota las manos, apunta que “da intervención” a Madueño y esa madrugada sale con una patota de civil en busca de los flamantes subversivos.
En la casa del supuesto adicto secuestran paquetes de cigarrillos, “una bolsita con polvo blanco”, pero también ejemplares de la revista Transformaciones y cuatro láminas con mensajes temibles como “El grupo no participa de las decisiones” o “El líder paternal se hace cargo de los problemas y piensa por todos”. La dueña de casa explica que el polvo es bicarbonato de sodio para la acidez estomacal y que usa las revistas y las láminas porque es asistente social, pero no convence. “Material de contenido ideológico subversivo”, anota Alais. La mujer y los dos menores quedan detenidos. Alais consulta por primera vez a Madueño, quien “una vez interiorizado dispone aprobar todo” y seguir adelante con declaraciones e “informes ambientales de los núcleos familiares”.
Ya en la delegación de la Policía Federal la mujer “desea manifestar”, por algún extraño designio, que en 1973 fue interventora de una escuela y que “en su gestión hubo gran infiltración ideológica de la revolución proletaria” (sic). También da la dirección de la imprenta donde se fotocopian apuntes “de economía marxista”. Un día después, 1º de julio, la dueña de la imprenta “entrega en forma espontánea” textos y nombres de profesores de economía y “hojas sueltas con distintas concepciones de ideología marxista-leninista y de neto corte subversivo”. Con los nombres Madueño da vía libre para “que se proceda a practicar averiguaciones y detención de quienes aparezcan como involucrados en estas actuaciones”.
Caza de brujas
Con el visto bueno del juez, Alais envió órdenes de detención a todo el país. La mayoría de sus presas habían sido cesanteadas por Tetu en marzo de 1975 y debieron buscar trabajo en otros pagos. Otros se habían exiliado ese mismo año ante las amenazas de la Triple A. La mayor parte de los operativos tuvieron el sello de la época: de madrugada y de civil. La Policía Federal secuestró decenas de bibliotecas, con autores que iban de Marx a Félix Luna. A medida que llegaban a la delegación bahiense de la Policía Federal, todos realizaban “manifestaciones espontáneas”. Para evitar suspicacias Alais apuntó que declaraban “en el uso de sus facultades plenas psíquicas y físicas” y que los testimonios “no le(s) han sido requeridos en ningún instante por la autoridad policial, sino que lo hace(n) con el fin de ayudar en la investigación”. Mientras tanto el juez por teléfono disponía “aprobar todo” y mantenerlos “detenidos e incomunicados”. En algunos casos Madueño se enteraba de las detenciones cuando sus presos ya estaban en la cárcel de Villa Floresta, previos golpes y humillaciones en la seccional de calle Rondeau.
El economista Alberto Barbeito fue detenido en su casa de Avellaneda y trasladado a Bahía Blanca. Durante el Juicio a las Juntas contó que después de escuchar una arenga patriotera de Alais lo hicieron desnudar y permanecer dos días en un calabozo de cemento. Esa semana de julio había nevado. Llegó a delirar de frío. Contó que le manifestó esa situación al juez y que durante la declaración tenía “permanentes temblores en las extremidades”. Consultado para esta nota recordó que “el juez nos vio maltrechos, golpeados, en una situación penosa. Se lo hice notar pero procedió al interrogatorio de rutina: quién era, con quién me reunía”. La viuda del economista Horacio Ciafardini, María Inés Olivella, recuerda que “cuando llegó a Bahía Blanca se encontró con ex compañeros desnudos, golpeados y congelados en el patio de la seccional”.
Carlos Barrera, quien desde que dejó el país en 1979 vive en Francia, recuerda que “cuando Alais se cansó de pegarme ordenó ‘déjenlo en bolas en el calabozo para que se cague de frío’. Así estuve unas treinta horas, hasta que dos suboficiales me dieron un pantalón. Declaré ante el mismo Alais, conocido en su execrable medio como un ‘sovietólogo’. Las menciones de Keynes y De Gaulle lo hicieron estallar gritando que eran otros reverendos hijos de puta. Durante varios días esperé al juez en el calabozo. Llegó acompañado por su secretario Sierra y por Remus Tetu. Tuvieron una larga reunión con Alais. El saludo de Madueño consistió en preguntarme cómo me habían tratado. ‘Muy mal’, le dije. Su respuesta fue una cínica sonrisa diciéndome ‘¡qué le va a hacer!’. No sólo vino a interrogarme en el mismo lugar donde me habían torturado sino que me insinuó que era mejor ratificar la declaración ante Alais, que no había podido leer, pues de lo contrario tendría que quedarme en el calabozo. Me hizo firmar y salió con una sonrisa junto al hipócrita de su secretario, Sierra, quien luego se encargaría de la tortura sicológica de nuestros familiares”.
Otro economista, Dolio Sfascia, también desde Francia recuerda que en la delegación policial “se había institucionalizado un régimen de terror. Me decían ‘judío’, que para ellos era un insulto, y me daban golpes y puntapiés. Estuve en un calabozo desde el 2 hasta el 14 de julio, cuando me llevan a la cárcel. El 13 vino Madueño, aunque la declaración me la tomó su secretario Sierra. Al juez lo vi de lejos, en la oficina junto con Alais”. En la causa consta que el 17 de julio Madueño ordenó su liberación pero desde la cárcel le informaron que no podían liberarlo “por haber sido entregado a autoridades militares”. Continúa Sfascia: “El 19 un guardia me dice que me van a liberar. Me meten a patadas en un camión blindado con otros dos detenidos y nos llevan al Regimiento de Infantería de Villa Floresta. Pasamos la noche en un calabozo y al día siguiente nos juntan con un grupo de sindicalistas, con los que pasamos dos o tres semanas. Hasta que sale el decreto del PEN, el 13 de agosto, podría decirse que estuve secuestrado por los militares. No creo que el juez pudiera ignorarlo”.
En agosto de 1976 Madueño dictó las primeras prisiones preventivas por “penetración de doctrinas ajenas al sentir nacional” (sic). El delito que les endilgaban era la reforma del plan de estudios de economía en 1972. Si bien había sido aprobado por el consejo superior de la UNS mientras regía la ley 17.401 de represión del comunismo, Madueño fundamentó su decisión en la ley de seguridad 20.840, sancionada en 1974, por considerar que la penetración era un “delito permanente” que varios profesores habían cometido hasta sus cesantías. En mayo de 1977 los camaristas Ricardo Rojo, Jorge Horacio Peri y Gualterio Monacelli confirmaron las preventivas por considerar que “se propiciaba y mantenía un trabajo constante tendiente a subvertir los principios”. Omitieron especificar “occidentales y cristianos”.
El 11 de septiembre de 1976 varios profesores fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Rawson. Los bajaron del avión de los pelos, sin escalerilla y con las manos atadas, y los recibieron con una sesión de golpes a la que el ex diputado Mario Amaya no sobrevivió. En febrero de 1978 Madueño viajó a Rawson para ampliar las indagatorias. Barbeito contó en 1985 que “le hice conocer toda la experiencia vivida a través de la represión en el interior del penal. Respondió que lamentablemente no podía hacer nada porque yo estaba a disposición del Poder Ejecutivo pero que le iba a transmitir mi relato a las autoridades del Cuerpo V”.
Durante tres años el juez junto con su secretario y la fiscal se entretuvieron recibiendo declaraciones testimoniales a cientos de alumnos y profesores, con preguntas exhaustivas como “si en 1974 oyó reflexiones sobre el papel de la universidad tradicional en el contexto de un país capitalista dependiente”. Cuando le preguntaron a un alumno si durante sus clases Ciafardini hablaba de “estado dependiente” u “opresión de la clase obrera” les explicó que era imposible no hacerlo porque enseñaba El Capital y “Marx los usa en forma frecuente”. Otra estudiante confesó que nunca había sentido miedo durante el período sobre el que la habían interrogado pero sí en 1975, durante la gestión Tetu, “cuando en los recintos universitarios se vieron en forma permanente diversos individuos ajenos al ámbito exhibiendo armas en forma ostentosa”. Obviamente no le hicieron más preguntas. La necesidad de incorporar “subversivos” también permitió a profesores identificados con el régimen saldar rencillas domésticas acusando a sus enemigos de adoctrinamiento marxista. Aún hoy docentes que soportaron años de cárcel se cruzan en los pasillos de la UNS con quienes los difamaron.
Sólo dos profesores, Carlos Barrera y Mario Usabiaga, llegaron a ser condenados, aunque no por infiltración sino por privación ilegítima de la libertad. Los acusaron de integrar “una turba” que en marzo de 1975 se había presentado durante una reunión de los flamantes directores departamentales de Remus Tetu para reclamar por sus cesantías injustificadas. Tan violentas eran sus intenciones que habían llevado un escribano para documentar los hechos. Alguno de los escritos en defensa de Barrera los firmó el ex presidente Raúl Alfonsín, aunque el abogado que los redactaba era el ex legislador y ministro Héctor Bertoncello, quien recuerda que “como la mujer de Barrera era francesa vino a Bahía el cónsul honorario de Francia. Primero habló con Madueño y después lo llevé en mi auto a ver al comandante, general (José Antonio) Vaquero. Tras su intervención les permitieron salir del país, después de cuatro años presos”.
En marzo de 1979 Madueño sobreseyó provisionalmente a los profesores porque “la prueba reunida no resulta suficiente”. Como al ser procesados la mayoría había quedado a disposición del Poder Ejecutivo y para pedir la opción de exiliarse precisaban un sobreseimiento definitivo, continuaron en prisión. En abril de 1982, pese a que se habían cumplido los seis años de pena máxima establecidos por la ley 20.840, los camaristas Ricardo Rojo y Jorge Enrique Alcolea alegaron que la prescripción se había interrumpido por la célebre “secuela de juicio” y les negaron el sobreseimiento definitivo. Rojo era amigo personal del general Azpitarte. Vilas contó que solía cruzarlo dentro del comando donde funcionaba La Escuelita. Alcolea es aún hoy presidente de la sala I de la cámara penal de Bahía Blanca. También se reciclaron Valdunciel de Moroni, actual defensora ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, y el ex secretario Sierra, titular de las cátedras Derecho Penal I y II en la carrera de derecho de la UNS.
El último en salir en libertad fue el profesor Horacio Ciafardini, en 1982. Cuentan sus compañeros que en la cárcel enseñó economía e idiomas y se ganó el apodo de “Asceta” por comer la basura que les daban para impedir que los guardias lucraran con su sufrimiento. Durante años no pudo leer más que cartas y los diarios viejos que había para limpiarse el culo en las celdas de castigo. “Pero aunque no me crean estoy bien: el hombre es un animal de costumbres”, le escribió a su compañera. Una tía que era a su vez madrina de un secretario de Videla le consiguió la opción para salir del país, pero Ciafardini la rechazó. “No es cuestión de salir como rata por tirante –escribió. Hay que desentrañar la patraña jurídica de connivencia con la dictadura”. Murió en 1984, sin sospechar que de la mano de Carlos Menem en 1992 Madueño asumiría como juez de la nación.
El actual miembro del Tribunal Oral Nº 5 se pasó tres años “trabajando” en una causa por la “infiltración” ideológica de la universidad local. Hubo torturas que él no vio, prisiones interminables y vidas arruinadas.
Por Diego Martínez
Mientras el Cuerpo V de Ejército de Bahía Blanca secuestraba, torturaba y hacía desaparecer los cuerpos de sus víctimas, el actual juez del Tribunal Oral Federal 5 Guillermo Federico Madueño no sólo se dedicó a archivar las causas de los fusilamientos fraguados mientras por las noches se reunía con los dos máximos jefes de ese comando “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión y el terrorismo”, como declaró en 1987 el general Adel Vilas. Durante tres años Madueño junto con su secretario Hugo Mario Sierra y la fiscal federal María del Carmen Valdunciel de Moroni se prestaron a una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista” en la Universidad Nacional del Sur que un grupo de profesores padeció con años de humillaciones en las cárceles de la dictadura. En esa gigantesca causa judicial no constan las denuncias por las torturas que los profesores recibían en la delegación bahiense de la Policía Federal en manos del subcomisario Félix Alejandro Alais, miembro de la Triple A, cuñado de Suárez Mason y actual dueño de la agencia de seguridad Fast. Sin embargo, consultados para esta nota, varios profesores contaron que Madueño les tomaba declaración en esa misma seccional, a la que concurría nada menos que con el ex interventor de la UNS, el integrista católico rumano Remus Tetu. Allí mantenía charlas amenas con Tetu y con Alais. Después ignoraba las denuncias por torturas y les sugería a los profesores que ratificaran las declaraciones testimoniales si no querían seguir encerrados en los calabozos. También por esta causa el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió su recusación en la causa por el secuestro de Claudia Poblete y su enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura. Madueño fue consultado para esta nota pero una vez más prefirió guardar silencio.
El general Vilas relató en 1987 ante la Cámara Federal de Bahía Blanca que se reunían con Madueño en la casa del comandante, general Osvaldo René Azpitarte, “lo que dio intervención (sic) al juez a hacer la investigación en la Universidad del Sur”. Azpitarte solicitó que “en cumplimiento de sus obligaciones” el juez visitara el “lugar de reunión de detenidos”, eufemismo para referirse al centro de detención clandestino La Escuelita, que funcionó dentro del predio del Ejército. Según Vilas, esa gestión fracasó.
- ¿Cuándo me vas a venir a visitar? -dijo que le preguntó.
- Tengo mucho trabajo -dijo que le respondió el juez.
- ¿Cuándo te vas a integrar?
- Ya estoy integrado. Menudo trabajo tengo con la investigación en la universidad.
Cuentas pendientes
Cuando las Fuerzas Armadas derrocaron a Isabel Perón hacía un año que la Universidad Nacional del Sur había sido devastada. La intervención de Remus Tetu en 1975 no sólo implicó secuestros, asesinatos y matones armados en los pasillos. Con el auspicio del diario naval La Nueva Provincia, Tetu cesanteó a cientos de docentes y no-docentes, prohibió asambleas, juicios académicos y cátedras paralelas, proscribió los centros de estudiantes, fijó cupos de ingreso, eliminó toda intervención comunitaria, cerró para siempre la carrera de Pedagogía e impulsó una campaña de persecución ideológica centrada en los departamentos de Economía y Humanidades. Cuando Vilas llegó a Bahía Blanca en 1976 no quedaban rastros de militancia en la UNS. Sin embargo, ese sería el año de una burda operación a la que el juez Madueño le aportaría un tinte de legalidad.
Para Vilas y la revista Cabildo, que se imprimía en las rotativas de La Nueva Provincia, el ex presidente militar Alejandro Lanusse era el primer responsable de consentir la conspiración marxista contra la Nación. El apacible contexto bahiense, donde ese mismo año una caravana con banderas argentinas acompañaría a Vilas al aeropuerto, era el ideal para orquestar la venganza. La operación ideada fue un juicio por “infiltración ideológica marxista”. El señuelo: un ex ministro de Educación de Lanusse que antes había sido rector de la UNS a quien se acusaría de consentir el ingreso de “ideólogos marxistas”.
El 4 de agosto, con Madueño presente para legitimar la farsa, Vilas dio una ampulosa conferencia de prensa que trascendió las fronteras e incluyó medallas para los policías investigadores. “Debemos anular las fuentes mismas en que se nutre, forma y adoctrina el delincuente subversivo y esa fuente está en la universidad y los colegios secundarios”, explicó. “La investigación llevada a cabo por la delegación local de la Policía Federal bajo control operacional de este comando, con la colaboración inestimable del señor interventor en la UNS capitán de navío Raúl González y la intervención del juez federal Guillermo Madueño llegó a las raíces de la llamada penetración ideológica de la izquierda revolucionaria”, detalló. Luego Alais se explayó sobre el proceso que habría convertido a la UNS en una “usina subversiva” y destacó como etapa inicial “la gestión del doctor Gustavo Malek”, el “cripto-comunista” ex ministro de Lanusse.
La reacción de Lanusse no se hizo esperar. Le escribió una carta pública a Vilas en la cual lo cuestionaba por arrogarse atribuciones que no le correspondían. Como castigo Videla lo sancionó con cinco días de arresto. En 1987 Vilas explicó ante la justicia que “el exitoso trabajo y sacrificio del juez federal auxiliado por la delegación de la Policía Federal permitió probar judicialmente la penetración ideológica de la Cuarta Internacional en el ámbito universitario, aportando los elementos necesarios para dar forma a una nueva figura delictiva comprobable (sic)”. Hasta aquí la historia pública de ese juicio.
Cosa rara
La causa 612/76 contra los profesores de la UNS tiene 16 cuerpos, 3.264 fojas y un comienzo de antología. Dos estudiantes secundarios dialogan en el patio del colegio durante una hora libre. Una compañera para la oreja: hablan de “llevar un paquete a la estación ferroviaria”. Perciben su desconfianza y deciden hacerle una broma. “No cuentes nada o te va a costar la vida”, le dice uno. En su casa la chica cuenta que quien la amenazó “es adicto” y que “esos paquetes son de droga”. El 29 de junio de 1976 a la noche madre e hija declaran ante Alais. Sostienen que el chico “siempre se revela contra autoridades nacionales (sic) y hasta ha expresado que luego de cumplir los 16 años se ausentará de su domicilio con el fin de internarse en los bosques y hacer vida de ‘guerrillero’”. Peor aún: la profesora de castellano dijo que “andaban en cosa rara”. Alais se frota las manos, apunta que “da intervención” a Madueño y esa madrugada sale con una patota de civil en busca de los flamantes subversivos.
En la casa del supuesto adicto secuestran paquetes de cigarrillos, “una bolsita con polvo blanco”, pero también ejemplares de la revista Transformaciones y cuatro láminas con mensajes temibles como “El grupo no participa de las decisiones” o “El líder paternal se hace cargo de los problemas y piensa por todos”. La dueña de casa explica que el polvo es bicarbonato de sodio para la acidez estomacal y que usa las revistas y las láminas porque es asistente social, pero no convence. “Material de contenido ideológico subversivo”, anota Alais. La mujer y los dos menores quedan detenidos. Alais consulta por primera vez a Madueño, quien “una vez interiorizado dispone aprobar todo” y seguir adelante con declaraciones e “informes ambientales de los núcleos familiares”.
Ya en la delegación de la Policía Federal la mujer “desea manifestar”, por algún extraño designio, que en 1973 fue interventora de una escuela y que “en su gestión hubo gran infiltración ideológica de la revolución proletaria” (sic). También da la dirección de la imprenta donde se fotocopian apuntes “de economía marxista”. Un día después, 1º de julio, la dueña de la imprenta “entrega en forma espontánea” textos y nombres de profesores de economía y “hojas sueltas con distintas concepciones de ideología marxista-leninista y de neto corte subversivo”. Con los nombres Madueño da vía libre para “que se proceda a practicar averiguaciones y detención de quienes aparezcan como involucrados en estas actuaciones”.
Caza de brujas
Con el visto bueno del juez, Alais envió órdenes de detención a todo el país. La mayoría de sus presas habían sido cesanteadas por Tetu en marzo de 1975 y debieron buscar trabajo en otros pagos. Otros se habían exiliado ese mismo año ante las amenazas de la Triple A. La mayor parte de los operativos tuvieron el sello de la época: de madrugada y de civil. La Policía Federal secuestró decenas de bibliotecas, con autores que iban de Marx a Félix Luna. A medida que llegaban a la delegación bahiense de la Policía Federal, todos realizaban “manifestaciones espontáneas”. Para evitar suspicacias Alais apuntó que declaraban “en el uso de sus facultades plenas psíquicas y físicas” y que los testimonios “no le(s) han sido requeridos en ningún instante por la autoridad policial, sino que lo hace(n) con el fin de ayudar en la investigación”. Mientras tanto el juez por teléfono disponía “aprobar todo” y mantenerlos “detenidos e incomunicados”. En algunos casos Madueño se enteraba de las detenciones cuando sus presos ya estaban en la cárcel de Villa Floresta, previos golpes y humillaciones en la seccional de calle Rondeau.
El economista Alberto Barbeito fue detenido en su casa de Avellaneda y trasladado a Bahía Blanca. Durante el Juicio a las Juntas contó que después de escuchar una arenga patriotera de Alais lo hicieron desnudar y permanecer dos días en un calabozo de cemento. Esa semana de julio había nevado. Llegó a delirar de frío. Contó que le manifestó esa situación al juez y que durante la declaración tenía “permanentes temblores en las extremidades”. Consultado para esta nota recordó que “el juez nos vio maltrechos, golpeados, en una situación penosa. Se lo hice notar pero procedió al interrogatorio de rutina: quién era, con quién me reunía”. La viuda del economista Horacio Ciafardini, María Inés Olivella, recuerda que “cuando llegó a Bahía Blanca se encontró con ex compañeros desnudos, golpeados y congelados en el patio de la seccional”.
Carlos Barrera, quien desde que dejó el país en 1979 vive en Francia, recuerda que “cuando Alais se cansó de pegarme ordenó ‘déjenlo en bolas en el calabozo para que se cague de frío’. Así estuve unas treinta horas, hasta que dos suboficiales me dieron un pantalón. Declaré ante el mismo Alais, conocido en su execrable medio como un ‘sovietólogo’. Las menciones de Keynes y De Gaulle lo hicieron estallar gritando que eran otros reverendos hijos de puta. Durante varios días esperé al juez en el calabozo. Llegó acompañado por su secretario Sierra y por Remus Tetu. Tuvieron una larga reunión con Alais. El saludo de Madueño consistió en preguntarme cómo me habían tratado. ‘Muy mal’, le dije. Su respuesta fue una cínica sonrisa diciéndome ‘¡qué le va a hacer!’. No sólo vino a interrogarme en el mismo lugar donde me habían torturado sino que me insinuó que era mejor ratificar la declaración ante Alais, que no había podido leer, pues de lo contrario tendría que quedarme en el calabozo. Me hizo firmar y salió con una sonrisa junto al hipócrita de su secretario, Sierra, quien luego se encargaría de la tortura sicológica de nuestros familiares”.
Otro economista, Dolio Sfascia, también desde Francia recuerda que en la delegación policial “se había institucionalizado un régimen de terror. Me decían ‘judío’, que para ellos era un insulto, y me daban golpes y puntapiés. Estuve en un calabozo desde el 2 hasta el 14 de julio, cuando me llevan a la cárcel. El 13 vino Madueño, aunque la declaración me la tomó su secretario Sierra. Al juez lo vi de lejos, en la oficina junto con Alais”. En la causa consta que el 17 de julio Madueño ordenó su liberación pero desde la cárcel le informaron que no podían liberarlo “por haber sido entregado a autoridades militares”. Continúa Sfascia: “El 19 un guardia me dice que me van a liberar. Me meten a patadas en un camión blindado con otros dos detenidos y nos llevan al Regimiento de Infantería de Villa Floresta. Pasamos la noche en un calabozo y al día siguiente nos juntan con un grupo de sindicalistas, con los que pasamos dos o tres semanas. Hasta que sale el decreto del PEN, el 13 de agosto, podría decirse que estuve secuestrado por los militares. No creo que el juez pudiera ignorarlo”.
En agosto de 1976 Madueño dictó las primeras prisiones preventivas por “penetración de doctrinas ajenas al sentir nacional” (sic). El delito que les endilgaban era la reforma del plan de estudios de economía en 1972. Si bien había sido aprobado por el consejo superior de la UNS mientras regía la ley 17.401 de represión del comunismo, Madueño fundamentó su decisión en la ley de seguridad 20.840, sancionada en 1974, por considerar que la penetración era un “delito permanente” que varios profesores habían cometido hasta sus cesantías. En mayo de 1977 los camaristas Ricardo Rojo, Jorge Horacio Peri y Gualterio Monacelli confirmaron las preventivas por considerar que “se propiciaba y mantenía un trabajo constante tendiente a subvertir los principios”. Omitieron especificar “occidentales y cristianos”.
El 11 de septiembre de 1976 varios profesores fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Rawson. Los bajaron del avión de los pelos, sin escalerilla y con las manos atadas, y los recibieron con una sesión de golpes a la que el ex diputado Mario Amaya no sobrevivió. En febrero de 1978 Madueño viajó a Rawson para ampliar las indagatorias. Barbeito contó en 1985 que “le hice conocer toda la experiencia vivida a través de la represión en el interior del penal. Respondió que lamentablemente no podía hacer nada porque yo estaba a disposición del Poder Ejecutivo pero que le iba a transmitir mi relato a las autoridades del Cuerpo V”.
Durante tres años el juez junto con su secretario y la fiscal se entretuvieron recibiendo declaraciones testimoniales a cientos de alumnos y profesores, con preguntas exhaustivas como “si en 1974 oyó reflexiones sobre el papel de la universidad tradicional en el contexto de un país capitalista dependiente”. Cuando le preguntaron a un alumno si durante sus clases Ciafardini hablaba de “estado dependiente” u “opresión de la clase obrera” les explicó que era imposible no hacerlo porque enseñaba El Capital y “Marx los usa en forma frecuente”. Otra estudiante confesó que nunca había sentido miedo durante el período sobre el que la habían interrogado pero sí en 1975, durante la gestión Tetu, “cuando en los recintos universitarios se vieron en forma permanente diversos individuos ajenos al ámbito exhibiendo armas en forma ostentosa”. Obviamente no le hicieron más preguntas. La necesidad de incorporar “subversivos” también permitió a profesores identificados con el régimen saldar rencillas domésticas acusando a sus enemigos de adoctrinamiento marxista. Aún hoy docentes que soportaron años de cárcel se cruzan en los pasillos de la UNS con quienes los difamaron.
Sólo dos profesores, Carlos Barrera y Mario Usabiaga, llegaron a ser condenados, aunque no por infiltración sino por privación ilegítima de la libertad. Los acusaron de integrar “una turba” que en marzo de 1975 se había presentado durante una reunión de los flamantes directores departamentales de Remus Tetu para reclamar por sus cesantías injustificadas. Tan violentas eran sus intenciones que habían llevado un escribano para documentar los hechos. Alguno de los escritos en defensa de Barrera los firmó el ex presidente Raúl Alfonsín, aunque el abogado que los redactaba era el ex legislador y ministro Héctor Bertoncello, quien recuerda que “como la mujer de Barrera era francesa vino a Bahía el cónsul honorario de Francia. Primero habló con Madueño y después lo llevé en mi auto a ver al comandante, general (José Antonio) Vaquero. Tras su intervención les permitieron salir del país, después de cuatro años presos”.
En marzo de 1979 Madueño sobreseyó provisionalmente a los profesores porque “la prueba reunida no resulta suficiente”. Como al ser procesados la mayoría había quedado a disposición del Poder Ejecutivo y para pedir la opción de exiliarse precisaban un sobreseimiento definitivo, continuaron en prisión. En abril de 1982, pese a que se habían cumplido los seis años de pena máxima establecidos por la ley 20.840, los camaristas Ricardo Rojo y Jorge Enrique Alcolea alegaron que la prescripción se había interrumpido por la célebre “secuela de juicio” y les negaron el sobreseimiento definitivo. Rojo era amigo personal del general Azpitarte. Vilas contó que solía cruzarlo dentro del comando donde funcionaba La Escuelita. Alcolea es aún hoy presidente de la sala I de la cámara penal de Bahía Blanca. También se reciclaron Valdunciel de Moroni, actual defensora ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, y el ex secretario Sierra, titular de las cátedras Derecho Penal I y II en la carrera de derecho de la UNS.
El último en salir en libertad fue el profesor Horacio Ciafardini, en 1982. Cuentan sus compañeros que en la cárcel enseñó economía e idiomas y se ganó el apodo de “Asceta” por comer la basura que les daban para impedir que los guardias lucraran con su sufrimiento. Durante años no pudo leer más que cartas y los diarios viejos que había para limpiarse el culo en las celdas de castigo. “Pero aunque no me crean estoy bien: el hombre es un animal de costumbres”, le escribió a su compañera. Una tía que era a su vez madrina de un secretario de Videla le consiguió la opción para salir del país, pero Ciafardini la rechazó. “No es cuestión de salir como rata por tirante –escribió. Hay que desentrañar la patraña jurídica de connivencia con la dictadura”. Murió en 1984, sin sospechar que de la mano de Carlos Menem en 1992 Madueño asumiría como juez de la nación.
domingo, 29 de mayo de 2005
Un juez que supo ayudar a los represores
Página/12
El actual miembro del Tribunal Oral Federal 5 era en 1975 juez federal de Bahía Blanca y tenía una íntima relación con los represores del Cuerpo V. Una historia de encubrimiento legal de torturas, secuestros y fusilamientos.
Por Diego Martínez
El actual juez del Tribunal Oral Federal 5 Guillermo Federico Madueño no sólo encubrió los fusilamientos fraguados por el Cuerpo V de Ejército en Bahía Blanca. Además de rechazar hábeas corpus, entregar cadáveres ametrallados y ordenar seccionar las manos de falsos NN mientras por las noches se reunía con los dos máximos jefes de ese comando “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión y el terrorismo”, historia que los lectores de Página/12 ya conocen, el entonces juez federal de Bahía Blanca también sobreseyó sin investigar la muerte por torturas de Daniel Bombara, el primer desaparecido de esa ciudad, anterior al golpe de Estado. Para justificar su fallecimiento el comando a cargo del general Carlos Guillermo Suárez Mason adujo que mientras lo trasladaban en un patrullero, esposado y acompañado por tres policías, Bombara había logrado abrir la puerta y tirarse al asfalto. Un día después, para no entregar su cadáver con signos de tortura, simularon que un grupo de “12 a 15 desconocidos” lo había robado mientras una ambulancia policial lo trasladaba a la morgue. En apenas un mes Madueño archivó la causa sin intentar identificar a los desconocidos de siempre. Ese fue su aporte al terrorismo de Estado previo al golpe. En abril de 1976 una mujer secuestrada en el mismo raid que Bombara le contó que habían sido detenidos por civiles. Luego fue “conducida en un patrullero hasta un lugar que no pude determinar y allí, con los ojos vendados, sometida a toda clase de torturas”. Madueño hizo oídos sordos, la sobreseyó pero no investigó la denuncia por torturas ni reabrió la canallesca causa de la ambulancia. Mientras las Fuerzas Armadas se dedicaban a secuestrar, torturar, fusilar y desaparecer los cuerpos de sus víctimas, Madueño y sus secretarios se prestaron durante tres años a una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista” en la Universidad Nacional del Sur que un grupo de profesores padeció con años de humillaciones en las cárceles de la dictadura. Por estas razones el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió su recusación en la causa por el secuestro de Claudia Poblete y su enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura. Madueño fue consultado para esta nota pero una vez más informó que “tiene como norma hablar sólo por medio de sus fallos”.
El caso Bombara
El 15 de diciembre de 1975 Montoneros emboscó a una camioneta del Ejército para conseguir armas. En el operativo murieron el cabo primero Bruno Rojas y el soldado René Papini, que desde la cabina intentaron repeler el ataque. Dos de los cuatro conscriptos que viajaban en la caja declararon ante el juzgado militar 90 que los atacantes los hicieron bajar y les dijeron “la cosa no es con ustedes, a la cabina le tiramos porque empezaron a tirar”. Los otros dos admitieron que salieron corriendo. Mientras Madueño comenzaba a instruir la causa por homicidio el Ejército comenzaba a investigar a su manera.
Dos semanas después, el 29 de diciembre, la policía detuvo a Daniel Bombara, un militante de la Juventud Peronista surgido de la Juventud Universitaria Católica y miembro del gremio de no-docentes de la UNS. El jefe de la Unidad Regional 5 comisario mayor Ricardo Bartola hizo constar en el acta que la detención fue “sin resistencia”, que “ordenó el procedimiento el señor jefe de la zona de defensa 5, subzona 51”, general de brigada Jorge Olivera Rovere, y que se realizó “bajo control operacional de las Fuerzas Armadas”. Bombara fue torturado hasta la muerte y es el primer desaparecido de Bahía Blanca, ya que hasta entonces la Triple A tiraba los cadáveres de sus víctimas al costado de alguna ruta.
Para no devolver su cuerpo con rastros de tortura el Cuerpo V comandado por Suárez Mason montó una burda operación psicológica que un mes después Madueño archivó sin investigar y sin chistar. Primero informaron que el 1º de enero a la noche, esposado y acompañado por tres policías, Bombara había logrado abrir la puerta de un patrullero y tirarse al asfalto. “Por lo rápido del suceso no fue posible obtener testigos, pese a que por el lugar circulaban vehículos en distintas direcciones, ninguno de los cuales detuvo su marcha”, escribió el oficial José Alberto Rodríguez, enviado desde La Plata por la Dirección de Investigaciones de la policía bonaerense. Las heridas recibidas en ese “intento de fuga”, como se caratuló la causa, intentarían un día después justificar su muerte.
Pero la patraña no terminó ahí. En la madrugada del 3 de enero de 1976 se simuló el robo del cadáver por parte de “12 a 15 NN desconocidos” que habrían interceptado a la ambulancia de la Unidad Regional 5 que lo trasladaba desde la cárcel de Villa Floresta hasta la morgue del Hospital Municipal. Esta causa por “atentado a la autoridad y daño” junto con la del “intento de fuga” fueron elevadas a Madueño el 6 de enero. En apenas un mes se convenció de que era mejor no buscar a los falsos subversivos y la sobreseyó, previo dictamen de la fiscal federal María del Carmen Valdunciel de Moroni (reciclada hasta hoy como defensora ante la Cámara Federal de Bahía Blanca).
Al margen de los cuentos absurdos sobre automovilistas que no acatan órdenes policiales y desconocidos que roban cadáveres a las tres de la madrugada, en la causa que Madueño cerró sin cuestionar consta que tras el “intento de evasión” del patrullero el médico de policía Ricardo Andrés Flores certificó que Bombara presentaba “excoriaciones y politraumatismos” y un “discreto grado de confusión, siendo el origen de los mismos aparentemente elementos contundentes”. No parece una referencia al asfalto. Su estado es “grave, siendo necesario su traslado a un centro médico asistencial especializado”, aconsejó.
Nada de eso. “En cumplimiento de lo ordenado por la autoridad militar” su cuerpo moribundo fue trasladado a la cárcel de Villa Floresta, donde según la documentación oficial murió a las 19.50 de ese 2 de enero (en realidad Bombara ya habría llegado a la cárcel sin vida, según declaró un médico del SPB durante el Juicio por la Verdad de Bahía Blanca). A la medianoche los médicos policiales Elbio Rossier, Jorge Pedrueza, el propio Flores y el médico del SPB Carmelo Nicotra “de común acuerdo” solicitaron el traslado del cuerpo a la morgue “para mejor determinar las causas de la muerte”. Tres horas después los prohombres de Suárez Mason harían tronar sus ametralladoras para que los vecinos bajaran las persianas, reconstruyeran el tiroteo en sus mentes aterrorizadas y lo certificaran con la crónica falsa de La Nueva Provincia. Luego Nicotra firmaría el certificado de defunción, el Departamento de Inteligencia 181 del Ejército devolvería el DNI de Bombara y Madueño no citaría a ninguno de los médicos que habían visto el cadáver torturado.
Las mujeres
Sin embargo para el juez la historia continuó. El 28 de abril, mientras el regimiento bahiense a cargo de los generales René Azpitarte y Adel Vilas secuestraba y torturaba en forma sistemática, Madueño y su secretario Hugo Mario Sierra tuvieron la feliz idea de trasladarse hasta la cárcel de Olmos para tomarle declaración indagatoria sobre el caso Rojas-Papini a dos mujeres detenidas en el mismo raid que Bombara pero que habían sobrevivido a la tortura. Una de ellas se sobrepuso al terror y denunció que aquel fatídico 29 de diciembre había sido detenida “por personas de civil” y luego “conducida en un patrullero hasta un lugar que no pude determinar y allí, con los ojos vendados, sometida a toda clase de torturas”. Dijo que “para evitar los castigos contestaba a todo afirmativamente” y que escuchó la voz de “otra persona que, igual que yo, había sido detenida”. Su testimonio lleva al pie las firmas de Madueño y Sierra (quien también logró reciclarse: en democracia se afilió a la Unión Cívica Radical y es titular de las cátedras Derecho Penal I y II en la carrera de derecho de la UNS).
Consultada para esta nota, esa mujer --que por razones personales pidió no ser citada pero que está dispuesta a ratificar este testimonio ante la justicia-- contó que “nos llevaron a un lugar apartado, sin casas. Lo recuerdo porque en un momento se me cayó la venda y por una ventana vi el horizonte. Nos hicieron desnudar y empezaron las torturas, de a uno. Me ataron de pies y manos al elástico de una cama, con correas de cuero, y me pasaron la picana por todo el cuerpo. Ahí estuvimos hasta la mañana siguiente, es decir el 30 de diciembre. A Daniel además le pegaban mucho, por esas cuestiones machistas de los militares. Luego nos repartieron por comisarías y días después me blanquearon. El 12 de enero llegué a la cárcel de Villa Floresta. El rumor que circulaba adentro era que el Servicio Penitenciario no había querido recibir a Daniel en tan mal estado. Después me trasladaron a Olmos, donde vino a tomarme declaración Madueño. Le conté que nos habían torturado y le pregunté qué iba a pasar con mi denuncia. Me dijo algo así como ‘mejor no poner esas cosas’. No sabía que había quedado escrito”.
La segunda mujer es María Emilia Salto. En su declaración ante el juez no consta que haya denunciado torturas. Consultada para esta nota hizo un relato similar al anterior, recordó haber escuchado los gritos de Bombara aunque duda haberlo declarado ante el juez. “Supongo que sí porque se lo decíamos a todos. El juez no buscó contradicciones, no fue un interrogatorio. Fue más bien como alguien que ya sabe lo que pasó y no tiene demasiado interés en saber más. Sé que el juez le pidió al Ejército las pruebas que tenían en mi contra y nunca las recibió, por eso planteó el sobreseimiento provisorio, actitud que en ese estado de terrible orfandad me pareció bastante legal”, concluye.
Cuatro meses después de recibir los testimonios, en agosto de 1976 y siempre con dictamen favorable de Valdunciel de Moroni, Madueño sobreseyó la causa y dejó que el Ejército hiciera justicia sin obstáculos. El 15 de diciembre por la mañana, durante el acto por el aniversario de la creación de ese comando y al cumplirse un año del robo de armas perpetrado por Montoneros, el general Azpitarte declaró que “el Cuerpo V está en el camino del cumplimiento de una misión y lo hace al estilo del soldado, silenciosamente, sin estridencia ni ampulosidad, con seriedad”. Esa noche sus subordinados fusilaron en el mismo lugar donde un año antes habían muerto los dos soldados a Fernando “Tito” Jara. Los vecinos del selecto barrio Palihue lo escucharon gritar “no me maten”. Al día siguiente el Cuerpo V difundió dos comunicados, ambos falsos. El primero informaba que a la 1.13 de la madrugada habían abatido a “un sospechoso” a quien “el personal militar intentaba identificar” y que “emprendió la carrera cubriendo la huida con disparos de fuego”. Agregaba que “se procura establecer la identidad del delincuente subversivo”. El segundo era sobre el esclarecimiento del caso Rojas-Papini e incluía entre los supuestos responsables a Jara en carácter de “prófugo” (sic). Quienes compartieron su cautiverio en La Escuelita contaron ante la justicia que Tito Jara había sido informado sobre su fusilamiento con un mes de anticipación y que en el respaldar de su cama le habían puesto la muda de ropa que usaría la noche de su muerte.
RECUADRO
Palabra de honor
El 19 de octubre de 1976 la patota del Ejército secuestró en su casa de Bahía Blanca al licenciado en economía Pablo Victorio Bohoslavsky. Antes de llevarlo a La Escuelita le pasaron corriente con un cable pelado delante de su mujer embarazada y sus dos hijos. Ese mismo día secuestraron a Julio Ruiz. Su esposa e hijos fueron encerrados en una habitación, por lo que sólo escucharon sus gritos. Cuando los militares de civil la dejaron salir, la mujer vio sobre su mesa un arsenal de armas y varios documentos ordenados con prolijidad, que tres días después aparecerían en una foto en el diario La Nueva Provincia. Luego de un mes de tormentos Bohoslavsky recibió la orden de bañarse y afeitarse. Junto con otros tres secuestrados lo subieron a una camioneta y lo dejaron en el Parque de Mayo. Antes de que pudieran desatarse las manos y sacarse las vendas sintieron otra camioneta y voces que simulaban discutir si perseguir o no a “los secuestradores”. Los socorristas, uniformados del Ejército, les explicaron que los había secuestrado “la Triple A” y los llevaron al comando, donde reconocieron la misma comida y los mismos utensilios de chapa gris que usaban en La Escuelita.
El 15 de diciembre los mismos actores simularon integrar un Consejo de Guerra Especial Estable que condenó a Bohoslavsky a un año y seis meses de prisión por “tenencia de armas y explosivos e incitación a la violencia”. Dos meses después el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas aumentó su pena a cuatro años y medio. La apelación recayó en el juzgado de Madueño, que en octubre de 1977 viajó al penal de Rawson a tomarle declaración. “Antes quiero declarar sobre el lugar donde estuve secuestrado y las torturas a que fui sometido”, le dijo Bohoslavsky. “Hagamos una cosa –propuso Madueño--. Usted no declara y yo no lo interrogo, y en veinte días va a ser sobreseído”. Días después cumplió con su palabra, consciente de que valía aún menos que su firma, y Bohoslavsky siguió preso, sobreseído pero a disposición del Poder Ejecutivo hasta mediados de 1981.
El actual miembro del Tribunal Oral Federal 5 era en 1975 juez federal de Bahía Blanca y tenía una íntima relación con los represores del Cuerpo V. Una historia de encubrimiento legal de torturas, secuestros y fusilamientos.
Por Diego Martínez
El actual juez del Tribunal Oral Federal 5 Guillermo Federico Madueño no sólo encubrió los fusilamientos fraguados por el Cuerpo V de Ejército en Bahía Blanca. Además de rechazar hábeas corpus, entregar cadáveres ametrallados y ordenar seccionar las manos de falsos NN mientras por las noches se reunía con los dos máximos jefes de ese comando “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión y el terrorismo”, historia que los lectores de Página/12 ya conocen, el entonces juez federal de Bahía Blanca también sobreseyó sin investigar la muerte por torturas de Daniel Bombara, el primer desaparecido de esa ciudad, anterior al golpe de Estado. Para justificar su fallecimiento el comando a cargo del general Carlos Guillermo Suárez Mason adujo que mientras lo trasladaban en un patrullero, esposado y acompañado por tres policías, Bombara había logrado abrir la puerta y tirarse al asfalto. Un día después, para no entregar su cadáver con signos de tortura, simularon que un grupo de “12 a 15 desconocidos” lo había robado mientras una ambulancia policial lo trasladaba a la morgue. En apenas un mes Madueño archivó la causa sin intentar identificar a los desconocidos de siempre. Ese fue su aporte al terrorismo de Estado previo al golpe. En abril de 1976 una mujer secuestrada en el mismo raid que Bombara le contó que habían sido detenidos por civiles. Luego fue “conducida en un patrullero hasta un lugar que no pude determinar y allí, con los ojos vendados, sometida a toda clase de torturas”. Madueño hizo oídos sordos, la sobreseyó pero no investigó la denuncia por torturas ni reabrió la canallesca causa de la ambulancia. Mientras las Fuerzas Armadas se dedicaban a secuestrar, torturar, fusilar y desaparecer los cuerpos de sus víctimas, Madueño y sus secretarios se prestaron durante tres años a una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista” en la Universidad Nacional del Sur que un grupo de profesores padeció con años de humillaciones en las cárceles de la dictadura. Por estas razones el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió su recusación en la causa por el secuestro de Claudia Poblete y su enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura. Madueño fue consultado para esta nota pero una vez más informó que “tiene como norma hablar sólo por medio de sus fallos”.
El caso Bombara
El 15 de diciembre de 1975 Montoneros emboscó a una camioneta del Ejército para conseguir armas. En el operativo murieron el cabo primero Bruno Rojas y el soldado René Papini, que desde la cabina intentaron repeler el ataque. Dos de los cuatro conscriptos que viajaban en la caja declararon ante el juzgado militar 90 que los atacantes los hicieron bajar y les dijeron “la cosa no es con ustedes, a la cabina le tiramos porque empezaron a tirar”. Los otros dos admitieron que salieron corriendo. Mientras Madueño comenzaba a instruir la causa por homicidio el Ejército comenzaba a investigar a su manera.
Dos semanas después, el 29 de diciembre, la policía detuvo a Daniel Bombara, un militante de la Juventud Peronista surgido de la Juventud Universitaria Católica y miembro del gremio de no-docentes de la UNS. El jefe de la Unidad Regional 5 comisario mayor Ricardo Bartola hizo constar en el acta que la detención fue “sin resistencia”, que “ordenó el procedimiento el señor jefe de la zona de defensa 5, subzona 51”, general de brigada Jorge Olivera Rovere, y que se realizó “bajo control operacional de las Fuerzas Armadas”. Bombara fue torturado hasta la muerte y es el primer desaparecido de Bahía Blanca, ya que hasta entonces la Triple A tiraba los cadáveres de sus víctimas al costado de alguna ruta.Para no devolver su cuerpo con rastros de tortura el Cuerpo V comandado por Suárez Mason montó una burda operación psicológica que un mes después Madueño archivó sin investigar y sin chistar. Primero informaron que el 1º de enero a la noche, esposado y acompañado por tres policías, Bombara había logrado abrir la puerta de un patrullero y tirarse al asfalto. “Por lo rápido del suceso no fue posible obtener testigos, pese a que por el lugar circulaban vehículos en distintas direcciones, ninguno de los cuales detuvo su marcha”, escribió el oficial José Alberto Rodríguez, enviado desde La Plata por la Dirección de Investigaciones de la policía bonaerense. Las heridas recibidas en ese “intento de fuga”, como se caratuló la causa, intentarían un día después justificar su muerte.
Pero la patraña no terminó ahí. En la madrugada del 3 de enero de 1976 se simuló el robo del cadáver por parte de “12 a 15 NN desconocidos” que habrían interceptado a la ambulancia de la Unidad Regional 5 que lo trasladaba desde la cárcel de Villa Floresta hasta la morgue del Hospital Municipal. Esta causa por “atentado a la autoridad y daño” junto con la del “intento de fuga” fueron elevadas a Madueño el 6 de enero. En apenas un mes se convenció de que era mejor no buscar a los falsos subversivos y la sobreseyó, previo dictamen de la fiscal federal María del Carmen Valdunciel de Moroni (reciclada hasta hoy como defensora ante la Cámara Federal de Bahía Blanca).
Al margen de los cuentos absurdos sobre automovilistas que no acatan órdenes policiales y desconocidos que roban cadáveres a las tres de la madrugada, en la causa que Madueño cerró sin cuestionar consta que tras el “intento de evasión” del patrullero el médico de policía Ricardo Andrés Flores certificó que Bombara presentaba “excoriaciones y politraumatismos” y un “discreto grado de confusión, siendo el origen de los mismos aparentemente elementos contundentes”. No parece una referencia al asfalto. Su estado es “grave, siendo necesario su traslado a un centro médico asistencial especializado”, aconsejó.
Nada de eso. “En cumplimiento de lo ordenado por la autoridad militar” su cuerpo moribundo fue trasladado a la cárcel de Villa Floresta, donde según la documentación oficial murió a las 19.50 de ese 2 de enero (en realidad Bombara ya habría llegado a la cárcel sin vida, según declaró un médico del SPB durante el Juicio por la Verdad de Bahía Blanca). A la medianoche los médicos policiales Elbio Rossier, Jorge Pedrueza, el propio Flores y el médico del SPB Carmelo Nicotra “de común acuerdo” solicitaron el traslado del cuerpo a la morgue “para mejor determinar las causas de la muerte”. Tres horas después los prohombres de Suárez Mason harían tronar sus ametralladoras para que los vecinos bajaran las persianas, reconstruyeran el tiroteo en sus mentes aterrorizadas y lo certificaran con la crónica falsa de La Nueva Provincia. Luego Nicotra firmaría el certificado de defunción, el Departamento de Inteligencia 181 del Ejército devolvería el DNI de Bombara y Madueño no citaría a ninguno de los médicos que habían visto el cadáver torturado.Las mujeres
Sin embargo para el juez la historia continuó. El 28 de abril, mientras el regimiento bahiense a cargo de los generales René Azpitarte y Adel Vilas secuestraba y torturaba en forma sistemática, Madueño y su secretario Hugo Mario Sierra tuvieron la feliz idea de trasladarse hasta la cárcel de Olmos para tomarle declaración indagatoria sobre el caso Rojas-Papini a dos mujeres detenidas en el mismo raid que Bombara pero que habían sobrevivido a la tortura. Una de ellas se sobrepuso al terror y denunció que aquel fatídico 29 de diciembre había sido detenida “por personas de civil” y luego “conducida en un patrullero hasta un lugar que no pude determinar y allí, con los ojos vendados, sometida a toda clase de torturas”. Dijo que “para evitar los castigos contestaba a todo afirmativamente” y que escuchó la voz de “otra persona que, igual que yo, había sido detenida”. Su testimonio lleva al pie las firmas de Madueño y Sierra (quien también logró reciclarse: en democracia se afilió a la Unión Cívica Radical y es titular de las cátedras Derecho Penal I y II en la carrera de derecho de la UNS).
Consultada para esta nota, esa mujer --que por razones personales pidió no ser citada pero que está dispuesta a ratificar este testimonio ante la justicia-- contó que “nos llevaron a un lugar apartado, sin casas. Lo recuerdo porque en un momento se me cayó la venda y por una ventana vi el horizonte. Nos hicieron desnudar y empezaron las torturas, de a uno. Me ataron de pies y manos al elástico de una cama, con correas de cuero, y me pasaron la picana por todo el cuerpo. Ahí estuvimos hasta la mañana siguiente, es decir el 30 de diciembre. A Daniel además le pegaban mucho, por esas cuestiones machistas de los militares. Luego nos repartieron por comisarías y días después me blanquearon. El 12 de enero llegué a la cárcel de Villa Floresta. El rumor que circulaba adentro era que el Servicio Penitenciario no había querido recibir a Daniel en tan mal estado. Después me trasladaron a Olmos, donde vino a tomarme declaración Madueño. Le conté que nos habían torturado y le pregunté qué iba a pasar con mi denuncia. Me dijo algo así como ‘mejor no poner esas cosas’. No sabía que había quedado escrito”.
La segunda mujer es María Emilia Salto. En su declaración ante el juez no consta que haya denunciado torturas. Consultada para esta nota hizo un relato similar al anterior, recordó haber escuchado los gritos de Bombara aunque duda haberlo declarado ante el juez. “Supongo que sí porque se lo decíamos a todos. El juez no buscó contradicciones, no fue un interrogatorio. Fue más bien como alguien que ya sabe lo que pasó y no tiene demasiado interés en saber más. Sé que el juez le pidió al Ejército las pruebas que tenían en mi contra y nunca las recibió, por eso planteó el sobreseimiento provisorio, actitud que en ese estado de terrible orfandad me pareció bastante legal”, concluye.
Cuatro meses después de recibir los testimonios, en agosto de 1976 y siempre con dictamen favorable de Valdunciel de Moroni, Madueño sobreseyó la causa y dejó que el Ejército hiciera justicia sin obstáculos. El 15 de diciembre por la mañana, durante el acto por el aniversario de la creación de ese comando y al cumplirse un año del robo de armas perpetrado por Montoneros, el general Azpitarte declaró que “el Cuerpo V está en el camino del cumplimiento de una misión y lo hace al estilo del soldado, silenciosamente, sin estridencia ni ampulosidad, con seriedad”. Esa noche sus subordinados fusilaron en el mismo lugar donde un año antes habían muerto los dos soldados a Fernando “Tito” Jara. Los vecinos del selecto barrio Palihue lo escucharon gritar “no me maten”. Al día siguiente el Cuerpo V difundió dos comunicados, ambos falsos. El primero informaba que a la 1.13 de la madrugada habían abatido a “un sospechoso” a quien “el personal militar intentaba identificar” y que “emprendió la carrera cubriendo la huida con disparos de fuego”. Agregaba que “se procura establecer la identidad del delincuente subversivo”. El segundo era sobre el esclarecimiento del caso Rojas-Papini e incluía entre los supuestos responsables a Jara en carácter de “prófugo” (sic). Quienes compartieron su cautiverio en La Escuelita contaron ante la justicia que Tito Jara había sido informado sobre su fusilamiento con un mes de anticipación y que en el respaldar de su cama le habían puesto la muda de ropa que usaría la noche de su muerte.
RECUADRO
Palabra de honor
El 19 de octubre de 1976 la patota del Ejército secuestró en su casa de Bahía Blanca al licenciado en economía Pablo Victorio Bohoslavsky. Antes de llevarlo a La Escuelita le pasaron corriente con un cable pelado delante de su mujer embarazada y sus dos hijos. Ese mismo día secuestraron a Julio Ruiz. Su esposa e hijos fueron encerrados en una habitación, por lo que sólo escucharon sus gritos. Cuando los militares de civil la dejaron salir, la mujer vio sobre su mesa un arsenal de armas y varios documentos ordenados con prolijidad, que tres días después aparecerían en una foto en el diario La Nueva Provincia. Luego de un mes de tormentos Bohoslavsky recibió la orden de bañarse y afeitarse. Junto con otros tres secuestrados lo subieron a una camioneta y lo dejaron en el Parque de Mayo. Antes de que pudieran desatarse las manos y sacarse las vendas sintieron otra camioneta y voces que simulaban discutir si perseguir o no a “los secuestradores”. Los socorristas, uniformados del Ejército, les explicaron que los había secuestrado “la Triple A” y los llevaron al comando, donde reconocieron la misma comida y los mismos utensilios de chapa gris que usaban en La Escuelita.
El 15 de diciembre los mismos actores simularon integrar un Consejo de Guerra Especial Estable que condenó a Bohoslavsky a un año y seis meses de prisión por “tenencia de armas y explosivos e incitación a la violencia”. Dos meses después el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas aumentó su pena a cuatro años y medio. La apelación recayó en el juzgado de Madueño, que en octubre de 1977 viajó al penal de Rawson a tomarle declaración. “Antes quiero declarar sobre el lugar donde estuve secuestrado y las torturas a que fui sometido”, le dijo Bohoslavsky. “Hagamos una cosa –propuso Madueño--. Usted no declara y yo no lo interrogo, y en veinte días va a ser sobreseído”. Días después cumplió con su palabra, consciente de que valía aún menos que su firma, y Bohoslavsky siguió preso, sobreseído pero a disposición del Poder Ejecutivo hasta mediados de 1981.
domingo, 17 de octubre de 2004
Juez reciclado y viejo amigo del general Adel
Página/12
Guillermo Madueño tiene una larga carrera judicial y desde 1993 integra el Tribunal Oral 5, en el que condenó a un militar por apoderarse de la menor Claudia Poblete. Pero hace 30 años era el encubridor legal del V Cuerpo en Bahía Blanca y amigo personal de Adel Vilas.
Por Diego Martínez
“Mi relación era con el juez federal de esta ciudad, doctor Guillermo Federico Madueño. Nos reuníamos en compañía de nuestras esposas en el domicilio del general Azpitarte, ubicado en el barrio Palihue. Las señoras se iban al comedor mientras el juez, el general y yo permanecíamos en el living conversando secretamente de todo lo que acontecía en la subzona 51 contra la subversión y el terrorismo, lo que dio intervención al doctor Madueño a hacer la investigación en la Universidad Nacional del Sur.” La declaración es del general Adel Edgardo Vilas, segundo comandante del V Cuerpo y cara visible del terrorismo de Estado en el sur bonaerense, y consta en la foja 4 de su testimonio ante la Cámara Federal de Bahía Blanca en 1987. El anfitrión, general Osvaldo René Azpitarte, era el comandante del V Cuerpo. El juez Madueño era el encargado de rechazar los hábeas corpus presentados por los familiares de los secuestrados, entregarles los cadáveres ametrallados o calcinados, ordenar seccionar las manos de los supuestos NN para luego simular su identificación y por fin sobreseer y archivar en tiempo record las causas por los fusilamientos que las Fuerzas Armadas difundían como enfrentamientos. Esta colaboración lo convertía junto con el diario naval de Diana Julio de Massot en un eslabón fundamental de las operaciones psicológicas que Vilas admitió.
Madueño –a quien Página/12 intentó entrevistar y que agradeció el llamado pero explicó que tiene como norma hablar sólo por medio de sus fallos– asumió como juez federal de Bahía Blanca en 1975, año marcado a fuego por la intervención en la Universidad del Sur del integrista católico Remus Tetu, editorialista de La Nueva Provincia que se jactaba de haber integrado un grupo similar a los ustashas croatas en su Rumania natal. Tetu dio luz verde para que su “servicio de seguridad y vigilancia” impusiera el terror desde el primer día, cuando su jefe de custodios Jorge Argibay fusiló por la espalda y delante de sus compañeros en un pasillo al secretario del centro de estudiantes David Cilleruelo. El gran aporte de Madueño sería a partir de 1976, cuando la Alianza Anticomunista Argentina entregó la posta a las Fuerzas Armadas y cobraron cierta importancia los tintes de legalidad. En los once meses de mayo de 1976 hasta abril de 1977 el V Cuerpo informó sobre al menos diez enfrentamientos, cuyas víctimas, 14 hombres y 8 mujeres, habían sido en realidad secuestradas, torturadas y vejadas en La Escuelita, el campo de concentración donde fueron vistos por última vez cientos de vecinos del sur bonaerense y la Patagonia.
Atacados por los muertos
El 4 de septiembre el V Cuerpo informó que “como resultado de investigaciones” habían tomado conocimiento sobre una “reunión de la delincuencia subversiva, a la que se puso término”. Según el comunicado, el operativo concluyó con cuatro abatidos, dos identificados por sus documentos (Pablo Fornazari y Juan Carlos Castillo), más un hombre y una mujer no identificados. En la casa secuestraron un fusil, una escopeta y dos pistolas automáticas, un revólver y diez granadas, pero curiosamente ningún militar resultó herido. Como muestra del óptimo trabajo de inteligencia previo detallaron el prontuario de los delincuentes y La Nueva Provincia publicó sus fotos. Como era costumbre, el mayor Juan Mario Bruzzone informó desde el Comando de Operaciones Tácticas a la Policía Federal para que retiraran los cadáveres y dieran intervención al juez Madueño. El subcomisario Félix Alejandro Alais (miembro de la Triple A, hermano del general que nunca llegó a Campo de Mayo en la Semana Santa de 1987 y cuñado de Suárez Mason) suscribió el acta con absoluta honestidad. “Fueron atacadas las fuerzas del orden por los muertos”, escribió.
Madueño inició la causa por “atentado y resistencia a la autoridad y muerte” y ordenó identificar los dos cadáveres. A la semana, la división Dactiloscopía y Rastros de la Policía Bonaerense aconsejó seccionar las manos “por no contar con los medios idóneos”. Madueño dio luz verde y días después la Policía Federal le informó que el hombre se llamaba Manuel Tarchitzky pero que “el femenino no se pudo identificar”. Cuando se publicó la identificación de Tarchitzky, el padre de Zulma Matzkin intuyó que esa mujer era su hija y lo confirmó en la morgue. “Manolo y Zulma eran hermanos del corazón”, recuerda su hermana Susana Matzkin. Ambos enseñaban a leer en los barrios Maldonado y Villa Nocito.
Castillo y Fornazari habían sido detenidos tres meses antes del falso enfrentamiento en una camioneta Fiat 125 Multicarga que luego usaría quien manejaba la picana eléctrica en La Escuelita, el teniente coronel Julián Oscar Corres, alias Laucha. Un día después desvalijaron el negocio de repuestos de Castillo y secuestraron a su socio Héctor Rubén Sampini, quien continúa desaparecido. A Zulma Matzkin se la llevaron de la oficina donde trabajaba el 19 de julio al mediodía. Tarchitzky era físico nuclear egresado del Instituto Balseiro y había sido secuestrado dos días después, mientras dormía en la casa de su tío. Por el origen de su apellido su familia fue obligada a abandonar Bahía Blanca en 48 horas. En octubre la fiscal María del Carmen Valdunciel de Moroni dictaminó a favor de sobreseer la causa y cinco días después el juez Madueño y su secretaria Gloria Girotti la cerraron y archivaron sin oír a los verdugos ni cuestionar la versión oficial. Valdunciel de Moroni también logró reciclarse y actúa nada menos que como defensora oficial ante la Cámara Federal de Bahía Blanca.
Benditos niños
María Graciela Izurieta estaba embarazada de dos meses cuando fue secuestrada de su departamento junto con su esposo Ricardo Garralda, el 23 de julio de 1976. Los vecinos vieron cuando los cargaban en un camión del V Cuerpo y saqueaban sus bienes. El 18 de septiembre un comunicado informó sobre dos abatidos durante un enfrentamiento “al proceder a su detención”. Uno era José Luis Peralta, secuestrado un mes antes en Mar del Plata y visto en La Escuelita, el otro no estaba identificado. Esa misma noche el subjefe Alais redactó el acta con la versión del COT y dio intervención a Madueño, quien una vez más ordenó seccionar las manos del “NN masculino”. Dos semanas después informaron que se trataba de Garralda, quien “convivió con Graciela Izurieta, alias Corta, otra importante figura de la delincuencia subversiva local, actualmente prófuga (sic) y cuya captura procuran las fuerzas legales”. Cortita era el apodo que le habían puesto los guardias de La Escuelita mientras la hacían caminar vendada alrededor de una mesa por prescripción de médicos militares.
El cuerpo ametrallado de Garralda, con un tiro de gracia en la frente, fue reconocido por sus familiares previa autorización de Madueño, que días después rechazó un hábeas corpus presentado por la madre de Izurieta. El 15 de noviembre, sin haber identificado a los asesinos ni examinado sus armas ni las de los muertos que habían atacado a las fuerzas legales, y previo dictamen favorable de la fiscal Valdunciel de Moroni, el juez declaró “extinguida la acción penal” en la causa de los fusilamientos. En diciembre los padres de Izurieta recibieron una carta de puño y letra de Graciela. Les decía que era “un milagro” poder escribirles, que tenía “una panza bastante respetable”, que estaba viva gracias a su bebé y pronto la trasladarían a la cárcel de Villa Floresta. Ese mismo mes fue vista por última vez en La Escuelita y su hijo aún no conoce su verdadera identidad.
En 2001 Madueño debió recordar los sabrosos diálogos con Vilas y Azpitarte cuando en su tribunal recayó el primer juicio oral y público contra un militar por el robo de una criatura. Claudia Poblete tenía ocho meses cuando fue secuestrada el 28 de noviembre de 1978, junto con sus padres José Poblete y Gertrudis Hlaczik, ambos discapacitados y militantes del Frente de Lisiados Peronistas. Los tres fueron trasladados al centro clandestino El Olimpo mientras con idéntica metodología que sus pares bahienses un camión militar arrasaba con sus bienes, desde una máquina de escribir hasta las sábanas y toallas. El matrimonio continúa desaparecido, pero su hija quedó en manos del teniente coronel Ceferino Landa y su esposa Mercedes Moreira y en 2000 recuperó su identidad. En junio del 2001, los jueces Guillermo Gordo, Rafael Di Renzi y el mismísimo Madueño condenaron a Landa a nueve años y medio de prisión por retención y ocultamiento de una menor de 10 años y por falsificar su partida de nacimiento para anotarla como hija biológica. Después del fallo el público que acompañó a las Abuelas de Plaza de Mayo coreó: “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.
Soldados de papel
El 14 de agosto de 1976 los militares secuestraron en Bahía Blanca a Luis Alberto Sotuyo, a su mujer Dora Mercero y a un amigo que vivía con ellos, Roberto Lorenzo. Los vecinos los vieron salir con vida. Al día siguiente, mientras dos camiones del V Cuerpo desvalijaban la casa, leyeron en La Nueva Provincia que en esa dirección se había producido un enfrentamiento que culminó con “tres abatidos”. Según el comunicado, allí guardaban escopetas, revólveres, granadas, detonadores y uniformes, todo “enterrado en dispositivos especialmente construidos al efecto”, cuya foto publicó La Nueva Provincia. Días después, Madueño rechazó un hábeas corpus de los padres de Lorenzo. Los familiares de los tres jóvenes en realidad siempre supieron que sus hijos estaban en La Escuelita. Se los había dicho el capellán del V Cuerpo, Dante Inocencio Vega. “Tengan fe, los chicos están. No me nombren porque me comprometen, pero insistan”, les sugirió el mismo hombre que en 1983 juró por la Biblia no conocerlos.El 17 de septiembre, otro comunicado informó que, luego de intentar “eludir un control de ruta”, habían sido abatidos Cristina Coussement (secuestrada en Mar del Plata a principios de agosto) y un hombre no identificado. El conductor aceleró mientras la mujer “abría fuego contra el personal militar”, informaron, con tan mala puntería que ninguno había resultado herido. Una semana después, cuando el padre de Lorenzo viajó desde Necochea para pagar las costas del hábeas corpus rechazado, en la Policía Federal le mostraron como al pasar la foto del “NN abatido”. Era su hijo. Un trámite burocrático le había evitado a Madueño la desagradable orden de seccionar sus manos. Se limitó a cerrar la causa sin ordenar autopsias ni periciar armas ni interrogar a las “fuerzas legales”.
En los últimos días de ese septiembre, Vilas le informó por escrito a su juez amigo que el matrimonio Sotuyo-Mercero no estaba detenido. Habían pasado ya cincuenta días de los secuestros cuando Vilas autorizó a sus padres a entrar a la casa. Recién entonces pudieron constatar las reformas para la foto: un prolijo trabajo de albañilería, pisos levantados, el boquete donde guardaban el arsenal, cielorrasos rotos, pero ningún rastro del tiroteo. A fines de octubre, Vilas le repitió a Madueño y a su secretario Hugo Mario Sierra, que aún ejerce como abogado en Bahía Blanca, que las víctimas del 15 de agosto estaban “identificadas” pero no eran Sotuyo ni Mercero. El juez no preguntó quiénes eran. En 1987 Vilas confesó ante la Justicia que aquella había sido otra operación psicológica. Cuando el fiscal general Hugo Cañón le preguntó si también le mentían a los jueces que pedían información para los hábeas corpus, Vilas explicó que podían mentir sólo después de pedirle autorización a “la superioridad”, es decir a Azpitarte. Por la noche volverían a reunirse, mandarían a sus señoras al comedor y conversarían sobre la guerra que habían inventado.
Recuadro:
Foja de servicios
Lejos de dar explicaciones ante la Justicia o ser condenado al ostracismo, luego de su paso triunfal por Bahía Blanca, la carrera de Madueño continuó. En 1979 asumió como juez de primera instancia en lo penal económico. Al año renunció y asumió como asesor de la Dirección Nacional de Lealtad Comercial. En 1981 volvió a renunciar y se fue a vivir a Chile. En 1986, con acuerdo de la Legislatura de Neuquén, asumió como juez de la Cámara Criminal y Correccional, y un año después el Superior Tribunal de Justicia neuquino lo nombró defensor oficial interino. En junio de 1989 asumió como asesor del Ministerio de Defensa. A fines de 1992, Carlos Menem y su ministro de Justicia Jorge Maiorano propusieron su nombre para integrar un tribunal oral y el 24 de febrero de 1993 el Senado aprobó su pliego dentro de un paquete de 68 jueces. Su último gran aporte a la sociedad argentina fue la condena al ex agente pinochetista Enrique Arancibia Clavel por el secuestro de dos ciudadanas chilenas en Buenos Aires en 1977, noticia que para su desgracia Página/12 y La Nación publicaron sin confundirlo con su par de casación Raúl Madueño.
Guillermo Madueño tiene una larga carrera judicial y desde 1993 integra el Tribunal Oral 5, en el que condenó a un militar por apoderarse de la menor Claudia Poblete. Pero hace 30 años era el encubridor legal del V Cuerpo en Bahía Blanca y amigo personal de Adel Vilas.
Por Diego Martínez
“Mi relación era con el juez federal de esta ciudad, doctor Guillermo Federico Madueño. Nos reuníamos en compañía de nuestras esposas en el domicilio del general Azpitarte, ubicado en el barrio Palihue. Las señoras se iban al comedor mientras el juez, el general y yo permanecíamos en el living conversando secretamente de todo lo que acontecía en la subzona 51 contra la subversión y el terrorismo, lo que dio intervención al doctor Madueño a hacer la investigación en la Universidad Nacional del Sur.” La declaración es del general Adel Edgardo Vilas, segundo comandante del V Cuerpo y cara visible del terrorismo de Estado en el sur bonaerense, y consta en la foja 4 de su testimonio ante la Cámara Federal de Bahía Blanca en 1987. El anfitrión, general Osvaldo René Azpitarte, era el comandante del V Cuerpo. El juez Madueño era el encargado de rechazar los hábeas corpus presentados por los familiares de los secuestrados, entregarles los cadáveres ametrallados o calcinados, ordenar seccionar las manos de los supuestos NN para luego simular su identificación y por fin sobreseer y archivar en tiempo record las causas por los fusilamientos que las Fuerzas Armadas difundían como enfrentamientos. Esta colaboración lo convertía junto con el diario naval de Diana Julio de Massot en un eslabón fundamental de las operaciones psicológicas que Vilas admitió.
Madueño –a quien Página/12 intentó entrevistar y que agradeció el llamado pero explicó que tiene como norma hablar sólo por medio de sus fallos– asumió como juez federal de Bahía Blanca en 1975, año marcado a fuego por la intervención en la Universidad del Sur del integrista católico Remus Tetu, editorialista de La Nueva Provincia que se jactaba de haber integrado un grupo similar a los ustashas croatas en su Rumania natal. Tetu dio luz verde para que su “servicio de seguridad y vigilancia” impusiera el terror desde el primer día, cuando su jefe de custodios Jorge Argibay fusiló por la espalda y delante de sus compañeros en un pasillo al secretario del centro de estudiantes David Cilleruelo. El gran aporte de Madueño sería a partir de 1976, cuando la Alianza Anticomunista Argentina entregó la posta a las Fuerzas Armadas y cobraron cierta importancia los tintes de legalidad. En los once meses de mayo de 1976 hasta abril de 1977 el V Cuerpo informó sobre al menos diez enfrentamientos, cuyas víctimas, 14 hombres y 8 mujeres, habían sido en realidad secuestradas, torturadas y vejadas en La Escuelita, el campo de concentración donde fueron vistos por última vez cientos de vecinos del sur bonaerense y la Patagonia.
Atacados por los muertos
El 4 de septiembre el V Cuerpo informó que “como resultado de investigaciones” habían tomado conocimiento sobre una “reunión de la delincuencia subversiva, a la que se puso término”. Según el comunicado, el operativo concluyó con cuatro abatidos, dos identificados por sus documentos (Pablo Fornazari y Juan Carlos Castillo), más un hombre y una mujer no identificados. En la casa secuestraron un fusil, una escopeta y dos pistolas automáticas, un revólver y diez granadas, pero curiosamente ningún militar resultó herido. Como muestra del óptimo trabajo de inteligencia previo detallaron el prontuario de los delincuentes y La Nueva Provincia publicó sus fotos. Como era costumbre, el mayor Juan Mario Bruzzone informó desde el Comando de Operaciones Tácticas a la Policía Federal para que retiraran los cadáveres y dieran intervención al juez Madueño. El subcomisario Félix Alejandro Alais (miembro de la Triple A, hermano del general que nunca llegó a Campo de Mayo en la Semana Santa de 1987 y cuñado de Suárez Mason) suscribió el acta con absoluta honestidad. “Fueron atacadas las fuerzas del orden por los muertos”, escribió.
Madueño inició la causa por “atentado y resistencia a la autoridad y muerte” y ordenó identificar los dos cadáveres. A la semana, la división Dactiloscopía y Rastros de la Policía Bonaerense aconsejó seccionar las manos “por no contar con los medios idóneos”. Madueño dio luz verde y días después la Policía Federal le informó que el hombre se llamaba Manuel Tarchitzky pero que “el femenino no se pudo identificar”. Cuando se publicó la identificación de Tarchitzky, el padre de Zulma Matzkin intuyó que esa mujer era su hija y lo confirmó en la morgue. “Manolo y Zulma eran hermanos del corazón”, recuerda su hermana Susana Matzkin. Ambos enseñaban a leer en los barrios Maldonado y Villa Nocito.
Castillo y Fornazari habían sido detenidos tres meses antes del falso enfrentamiento en una camioneta Fiat 125 Multicarga que luego usaría quien manejaba la picana eléctrica en La Escuelita, el teniente coronel Julián Oscar Corres, alias Laucha. Un día después desvalijaron el negocio de repuestos de Castillo y secuestraron a su socio Héctor Rubén Sampini, quien continúa desaparecido. A Zulma Matzkin se la llevaron de la oficina donde trabajaba el 19 de julio al mediodía. Tarchitzky era físico nuclear egresado del Instituto Balseiro y había sido secuestrado dos días después, mientras dormía en la casa de su tío. Por el origen de su apellido su familia fue obligada a abandonar Bahía Blanca en 48 horas. En octubre la fiscal María del Carmen Valdunciel de Moroni dictaminó a favor de sobreseer la causa y cinco días después el juez Madueño y su secretaria Gloria Girotti la cerraron y archivaron sin oír a los verdugos ni cuestionar la versión oficial. Valdunciel de Moroni también logró reciclarse y actúa nada menos que como defensora oficial ante la Cámara Federal de Bahía Blanca.
Benditos niños
María Graciela Izurieta estaba embarazada de dos meses cuando fue secuestrada de su departamento junto con su esposo Ricardo Garralda, el 23 de julio de 1976. Los vecinos vieron cuando los cargaban en un camión del V Cuerpo y saqueaban sus bienes. El 18 de septiembre un comunicado informó sobre dos abatidos durante un enfrentamiento “al proceder a su detención”. Uno era José Luis Peralta, secuestrado un mes antes en Mar del Plata y visto en La Escuelita, el otro no estaba identificado. Esa misma noche el subjefe Alais redactó el acta con la versión del COT y dio intervención a Madueño, quien una vez más ordenó seccionar las manos del “NN masculino”. Dos semanas después informaron que se trataba de Garralda, quien “convivió con Graciela Izurieta, alias Corta, otra importante figura de la delincuencia subversiva local, actualmente prófuga (sic) y cuya captura procuran las fuerzas legales”. Cortita era el apodo que le habían puesto los guardias de La Escuelita mientras la hacían caminar vendada alrededor de una mesa por prescripción de médicos militares.
El cuerpo ametrallado de Garralda, con un tiro de gracia en la frente, fue reconocido por sus familiares previa autorización de Madueño, que días después rechazó un hábeas corpus presentado por la madre de Izurieta. El 15 de noviembre, sin haber identificado a los asesinos ni examinado sus armas ni las de los muertos que habían atacado a las fuerzas legales, y previo dictamen favorable de la fiscal Valdunciel de Moroni, el juez declaró “extinguida la acción penal” en la causa de los fusilamientos. En diciembre los padres de Izurieta recibieron una carta de puño y letra de Graciela. Les decía que era “un milagro” poder escribirles, que tenía “una panza bastante respetable”, que estaba viva gracias a su bebé y pronto la trasladarían a la cárcel de Villa Floresta. Ese mismo mes fue vista por última vez en La Escuelita y su hijo aún no conoce su verdadera identidad.
En 2001 Madueño debió recordar los sabrosos diálogos con Vilas y Azpitarte cuando en su tribunal recayó el primer juicio oral y público contra un militar por el robo de una criatura. Claudia Poblete tenía ocho meses cuando fue secuestrada el 28 de noviembre de 1978, junto con sus padres José Poblete y Gertrudis Hlaczik, ambos discapacitados y militantes del Frente de Lisiados Peronistas. Los tres fueron trasladados al centro clandestino El Olimpo mientras con idéntica metodología que sus pares bahienses un camión militar arrasaba con sus bienes, desde una máquina de escribir hasta las sábanas y toallas. El matrimonio continúa desaparecido, pero su hija quedó en manos del teniente coronel Ceferino Landa y su esposa Mercedes Moreira y en 2000 recuperó su identidad. En junio del 2001, los jueces Guillermo Gordo, Rafael Di Renzi y el mismísimo Madueño condenaron a Landa a nueve años y medio de prisión por retención y ocultamiento de una menor de 10 años y por falsificar su partida de nacimiento para anotarla como hija biológica. Después del fallo el público que acompañó a las Abuelas de Plaza de Mayo coreó: “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.
Soldados de papel
El 14 de agosto de 1976 los militares secuestraron en Bahía Blanca a Luis Alberto Sotuyo, a su mujer Dora Mercero y a un amigo que vivía con ellos, Roberto Lorenzo. Los vecinos los vieron salir con vida. Al día siguiente, mientras dos camiones del V Cuerpo desvalijaban la casa, leyeron en La Nueva Provincia que en esa dirección se había producido un enfrentamiento que culminó con “tres abatidos”. Según el comunicado, allí guardaban escopetas, revólveres, granadas, detonadores y uniformes, todo “enterrado en dispositivos especialmente construidos al efecto”, cuya foto publicó La Nueva Provincia. Días después, Madueño rechazó un hábeas corpus de los padres de Lorenzo. Los familiares de los tres jóvenes en realidad siempre supieron que sus hijos estaban en La Escuelita. Se los había dicho el capellán del V Cuerpo, Dante Inocencio Vega. “Tengan fe, los chicos están. No me nombren porque me comprometen, pero insistan”, les sugirió el mismo hombre que en 1983 juró por la Biblia no conocerlos.El 17 de septiembre, otro comunicado informó que, luego de intentar “eludir un control de ruta”, habían sido abatidos Cristina Coussement (secuestrada en Mar del Plata a principios de agosto) y un hombre no identificado. El conductor aceleró mientras la mujer “abría fuego contra el personal militar”, informaron, con tan mala puntería que ninguno había resultado herido. Una semana después, cuando el padre de Lorenzo viajó desde Necochea para pagar las costas del hábeas corpus rechazado, en la Policía Federal le mostraron como al pasar la foto del “NN abatido”. Era su hijo. Un trámite burocrático le había evitado a Madueño la desagradable orden de seccionar sus manos. Se limitó a cerrar la causa sin ordenar autopsias ni periciar armas ni interrogar a las “fuerzas legales”.
En los últimos días de ese septiembre, Vilas le informó por escrito a su juez amigo que el matrimonio Sotuyo-Mercero no estaba detenido. Habían pasado ya cincuenta días de los secuestros cuando Vilas autorizó a sus padres a entrar a la casa. Recién entonces pudieron constatar las reformas para la foto: un prolijo trabajo de albañilería, pisos levantados, el boquete donde guardaban el arsenal, cielorrasos rotos, pero ningún rastro del tiroteo. A fines de octubre, Vilas le repitió a Madueño y a su secretario Hugo Mario Sierra, que aún ejerce como abogado en Bahía Blanca, que las víctimas del 15 de agosto estaban “identificadas” pero no eran Sotuyo ni Mercero. El juez no preguntó quiénes eran. En 1987 Vilas confesó ante la Justicia que aquella había sido otra operación psicológica. Cuando el fiscal general Hugo Cañón le preguntó si también le mentían a los jueces que pedían información para los hábeas corpus, Vilas explicó que podían mentir sólo después de pedirle autorización a “la superioridad”, es decir a Azpitarte. Por la noche volverían a reunirse, mandarían a sus señoras al comedor y conversarían sobre la guerra que habían inventado.
Recuadro:
Foja de servicios
Lejos de dar explicaciones ante la Justicia o ser condenado al ostracismo, luego de su paso triunfal por Bahía Blanca, la carrera de Madueño continuó. En 1979 asumió como juez de primera instancia en lo penal económico. Al año renunció y asumió como asesor de la Dirección Nacional de Lealtad Comercial. En 1981 volvió a renunciar y se fue a vivir a Chile. En 1986, con acuerdo de la Legislatura de Neuquén, asumió como juez de la Cámara Criminal y Correccional, y un año después el Superior Tribunal de Justicia neuquino lo nombró defensor oficial interino. En junio de 1989 asumió como asesor del Ministerio de Defensa. A fines de 1992, Carlos Menem y su ministro de Justicia Jorge Maiorano propusieron su nombre para integrar un tribunal oral y el 24 de febrero de 1993 el Senado aprobó su pliego dentro de un paquete de 68 jueces. Su último gran aporte a la sociedad argentina fue la condena al ex agente pinochetista Enrique Arancibia Clavel por el secuestro de dos ciudadanas chilenas en Buenos Aires en 1977, noticia que para su desgracia Página/12 y La Nación publicaron sin confundirlo con su par de casación Raúl Madueño.
viernes, 15 de octubre de 2004
Ciafardini y Madueño
Por
Diego Martínez *
Cuando los militares derrocaron a Isabel Perón la UNS ya había sido
devastada. La intervención del integrista católico Remus Tetu en 1975 no sólo
implicó secuestros, asesinatos y matones armados en los pasillos. Con el
auspicio de La Nueva Provincia, Tetu cesanteó a cientos de docentes y
no-docentes, prohibió asambleas, juicios académicos y cátedras paralelas,
proscribió los centros de estudiantes, fijó cupos de ingreso, eliminó toda
intervención comunitaria, cerró para siempre la carrera de Pedagogía e impulsó
una campaña de persecución ideológica centrada en los departamentos de Economía
y Humanidades. Cuando el general Adel Vilas llegó a Bahía Blanca en 1976 no
quedaban rastros de militancia en la UNS. Sin embargo, ese sería el año de una
burda operación de prensa a la que el flamante juez federal Guillermo Federico
Madueño le aportaría un tinte de legalidad.
Para Vilas y la revista Cabildo, que se imprimía en las rotativas de La
Nueva Provincia, el ex presidente militar Alejandro Lanusse era el primer
responsable de consentir la conspiración marxista contra la Nación. El apacible
contexto bahiense, donde ese mismo año una caravana con banderas argentinas
acompañaría a Vilas hasta el aeropuerto, era el ideal para orquestar la venganza.
La operación ideada fue una parodia de juicio por “infiltración ideológica
marxista” en la UNS a cargo de Madueño. El señuelo fue un ex ministro de
Educación de Lanusse que antes había sido rector de la UNS, a quien se acusaría
de consentir el ingreso de “ideólogos marxistas”. Los responsables de analizar
los programas de estudio fueron agentes de la Policía Federal y entre los
invitados a dictaminar sobre el programa de economía figuró el profesor
cordobés Domingo Cavallo. El 4 de agosto, con Madueño presente para legitimar
la farsa, Vilas dio una ampulosa conferencia de prensa que trascendió las
fronteras e incluyó medallas para los policías investigadores. “Debemos anular
las fuentes mismas en que se nutre, forma y adoctrina el delincuente subversivo
y esa fuente está en la universidad y los colegios secundarios”, explicó. Luego
el subcomisario Félix Alais se explayó sobre el proceso que habría convertido a
la UNS en una “usina subversiva” y destacó como etapa inicial “la gestión del
doctor Gustavo Malek”, el “cripto-comunista” ex ministro de Lanusse.
La reacción de
Lanusse no se hizo esperar. Le escribió una carta pública a Vilas en la cual lo
cuestionaba por arrogarse atribuciones que no le correspondían. Como castigo
Videla lo sancionó con cinco días de arresto. En 1987 Vilas explicó ante la
justicia que “el exitoso trabajo y sacrificio del juez federal auxiliado por la
delegación de la Policía Federal permitió probar judicialmente la penetración
ideológica de la Cuarta Internacional en el ámbito universitario”.
Para concretar su empresa Vilas, Madueño & Cía. ordenaron detenciones
en todo el país, encarcelaron durante años a los pocos sobrevivientes de la
limpieza de Tetu e incluyeron al dueño de la fotocopiadora donde vendían los
programas. La necesidad de incorporar “subversivos” permitió a profesores
identificados con el régimen saldar rencillas domésticas acusando a sus
enemigos de “adoctrinamiento marxista”. Aún hoy docentes que padecieron las
cárceles de la dictadura se cruzan en los pasillos de la UNS con quienes los
difamaron. Incluso el secretario de Madueño, doctor Hugo Mario Sierra, logró
reciclarse y hoy dicta Derecho Penal en la UNS ante jóvenes que ignoran su
pasado.
Ciafardini fue detenido el 21 de julio de 1976 en el Consejo Federal de
Inversiones, mientras otra patota secuestraba sus libros. Al día siguiente fue
entregado a la Policía Federal de Bahía Blanca. El licenciado Alberto Barbeito,
que soportó idéntico calvario, recuerda que “nos recibieron con golpes,
amenazas, nos hicieron desnudar y nos metieron en calabozos. Estuvimos tres
días tiritando, casi delirando. Al tercer día el juez Madueño, acompañado por
Sierra, fue a tomarnos declaración. Nos vio maltrechos, en una situación
penosa. Se lo hice notar pero procedió al interrogatorio de rutina: quién era,
con quién me reunía”. Tras un par de meses en la cárcel de Villa Floresta los
trasladaron a la de máxima seguridad de Rawson. El diputado Mario Abel Amaya no
sobreviviría a los golpes de ese viaje.
En la cárcel
Ciafardini enseñó economía e idiomas y se ganó el apodo de “Asceta” por comer
la basura que les daban para impedir que los guardias lucraran con su
sufrimiento. Durante años no pudo leer más que cartas y los diarios viejos que
había para limpiarse el culo en las celdas de castigo. “Pero aunque no me crean
estoy bien: el hombre es un animal de costumbres”, le explicó a su compañera.
Una tía que era a su vez madrina de un secretario de Videla le consiguió la
opción para salir del país. Ciafardini la rechazó. “No es cuestión de salir como
rata por tirante –escribió. Hay que desentrañar la patraña jurídica de
connivencia con la dictadura”. Fue el último de los profesores en salir en
libertad vigilada, en 1982. Sobrevivió dos años pero no soportó ver el país
devastado, una universidad que le negaba su espacio y ex compañeros que ya
esbozaban su readaptación al nuevo contexto y no toleraban su coherencia y
entereza.
Actual integrante del Tribunal Oral Federal 5,
Madueño fue el juez encargado en Bahía Blanca de rechazar los hábeas corpus que presentaban los
familiares de los secuestrados, entregarles los cadáveres ametrallados y
calcinados, ordenar seccionar las manos de los supuestos NN para luego simular
su identificación, y sobreseer en tiempo record las causas por los
fusilamientos que las Fuerzas Armadas difundían como enfrentamientos. Hoy la
Universidad Nacional de Rosario recordará a Ciafardini. No podrá ser completo
el homenaje mientras Madueño siga siendo juez de la Nación.
* Escribí
esta nota con la intención de publicarla en Página12 el 15 de octubre de 2004,
cuando se cumplían veinte años de la muerte de Horacio Ciafardini y mientras
Guillermo Madueño todavía era juez de un tribunal oral. La ofrecí pero, como suele
ocurrirle a los “colaboradores” (tal el nombre de los trabajadores precarizados
en el gremio de prensa) no obtuve ni un mísero acuse de recibo. Ocho años
después, tras la muerte del torturador Félix Alais, alguien que no conozco
recuerda a su “profesor Ciafardini” y me viene a la mente este artículo, que rescato
del archivo y comparto. DM
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