Por Diego Martínez
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| Foto: Pablo Dondero. |
“Más que hablar de guerra, hay que hacer la guerra. De entre
todas las profesiones le cabe al periodismo un puesto de avanzada en las
trincheras de la patria (...) Nuestro deber, pues, se corresponde con el de las
Fuerzas Armadas en toda la línea de combate.” La declaración forma parte de un
editorial del diario La Nueva Provincia de noviembre de 1977, en pleno
terrorismo de Estado, y encabeza un escrito de casi 600 páginas en el que los
fiscales federales Miguel Palazzani y José Nebbia reiteran el pedido de
procesamiento y prisión preventiva del dueño y director del diario de Bahía
Blanca, Vicente Massot. El empresario, profesor de la Universidad Católica
Argentina y columnista del diario La Nación, fue indagado en dos oportunidades
por el juez federal subrogante Alvaro Coleffi, que ahora debe pronunciarse
sobre su situación procesal.
Massot está acusado como coautor de los secuestros, torturas
y asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, dirigentes del Sindicato
de Artes Gráficas de Bahía Blanca que lo tuvieron de interlocutor en sus
últimos meses de vida, y por el rol del diario como auxiliar de la inteligencia
militar en operaciones de acción psicológica para justificar y encubrir
crímenes de lesa humanidad.
El escrito de la Unidad de Derechos Humanos bahiense
complementa las pruebas presentadas en mayo del año pasado, cuando los fiscales
imputaron a los directivos del diario por su “participación concreta y
específica” en el terrorismo de Estado, que “se disfrazó bajo el ropaje de
actividad periodística”. A partir de un estudio meticuloso de editoriales,
notas de opinión e inclusive avisos que instigaban a los lectores a
transformarse en delatores, los fiscales desmenuzaron la construcción de un
discurso de odio con conceptos como “enemigo”, “delincuente subversivo”,
“guerra sucia” o “aniquilamiento”, que sintonizaban claramente con las
funciones asignadas por reglamentos y directivas militares.
Frente a la pretensión esbozada por Massot en las
indagatorias, cuando intentó equiparar el rol de La Nueva Provincia con el de
otros diarios que publicaban comunicados oficiales de las Fuerzas Armadas, los
fiscales enfatizaron que “el discurso de incitación al genocidio –en su afán
legitimador, encubridor e instigador– no sólo fue abrumadoramente mayoritario,
sino que adquirió niveles extremos de intensidad, tanto en la gravedad del
mensaje (el aniquilamiento total y definitivo en todos los campos de la
sociedad) como en su poder de inserción en el público (la altísima frecuencia,
la agobiante repetición e insistencia, la ubicación en espacios centrales del
ejemplar, etcétera)”.
La acusación original del Ministerio Público Fiscal incluía
a la madre de Massot, Diana Julio, y a su hermano Federico, directora y
vicedirector del diario, ambos fallecidos; también al entonces jefe de
redacción, Mario Gabrielli, quien murió meses después. A partir de las
ostensibles relaciones de los Massot con los distintos niveles del Estado
terrorista, los fiscales calificaron a ese núcleo duro como un “sujeto activo”
que integró “un grupo de pertenencia” junto a militares, policías y civiles. Argumentaron
que su conducta delictiva fue “voluntaria (no forzada), intencional e
interesada”, actitud que surge no sólo de admisiones como la que encabeza este
artículo sino también de la permanente exhortación a la población a cumplir un
rol activo en la delación y del repudio a toda expresión de indiferencia o
indefinición.
El elemento central en la estrategia de justificación del
genocidio “consistió en la creación de un enemigo que estaba en guerra con la
Patria”, explicaron los fiscales. Al caracterizarlo además como “no
convencional”, esas “acciones ‘bélicas’ escapaban a toda delimitación ética o
normativa” y todos los medios eran válidos para concretar el aniquilamiento. En
paralelo operaba el encubrimiento por medio de un “juego de ocultamiento” en el
cual “las prácticas más aberrantes que trascendían a la superficie eran
transferidas al oponente”.
La Unidad Fiscal distinguió una “exhortación al exterminio
grueso”, predominante en los meses previos e inmediatamente posteriores al
golpe de Estado y centrado en “la guerrilla” o “enemigo armado”, y en paralelo
un llamado al “exterminio fino” de la “subversión ideológica y cultural”, que
incluyó desde la “limpieza” de la Universidad del Sur y los colegios
secundarios hasta los jardines de infantes.
El análisis de esas exhortaciones pone en evidencia además
las tensiones al interior de las Fuerzas Armadas y el apoyo constante de los
Massot a la “línea dura” del Ejército, personificada en quienes se convertirían
en iconos del terrorismo de Estado como Ramón Camps, Adel Vilas, Ibérico Saint
Jean o Carlos Guillermo Suárez Mason. Las relaciones personales con esos
sectores no sólo se verifican en las páginas de La Nueva Provincia, sino
también en anécdotas relatadas por el propio Vicente Massot.
“A mí no me lo contó nadie, yo lo viví a eso”, confesó
durante una entrevista con el Programa de Historia Política del Instituto Gino
Germani, en la que relató su rol como mediador entre Suárez Mason y el general
Osvaldo Azpitarte, comandante del Cuerpo V de Bahía Blanca, en 1977. “Me llama
Suárez Mason y me dice: ‘Te pido Vicente que vayas a verlo al Vasco Azpitarte,
en Aeroparque tenés boleto de ida y vuelta. Andá y decile que lo quieren rajar
a fin de año, que la Junta de Calificaciones, o lo que está manejando Videla y
Viola, lo quieren rajar, y tenemos que hacer algún tipo de plan para tratar de
mantenernos’ (...) Yo fui y se lo dije a Azpitarte”, relató, sin ocultar el
nivel de confianza y la relación íntima que mantenía con los jefes de la
represión ilegal. “Mi madre había sido una de las personas que más había
insistido personalmente en la necesidad de que las Fuerzas Armadas
interviniesen en la forma en que lo hicieron”, admitió en aquella entrevista, y
recordó que al día siguiente del golpe de Estado visitaron a Suárez Mason para
agradecerle. “Bueno, Cacho. ¡Lo felicito!”, recordó las palabras de Diana Julio
para quien por esos días se convertía en dueño de vidas y muertes en la capital
del país.
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