Página/12
PRESENTACION DE LAS APDH DE NEUQUEN Y BAHIA BLANCA
La abogada Mirta Mántaras solicitó a la Cámara Federal de Bahía Blanca que declarara la nulidad del Punto Final y la Obediencia Debida. De ese modo se podría juzgar a los represores del Quinto Cuerpo de Ejército.
Las Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén y Bahía Blanca solicitaron a la Cámara Federal de Bahía Blanca la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final y el juzgamiento de militares que actuaron durante la dictadura en jurisdicción del Quinto Cuerpo de Ejército. Entre los represores que señalaron los organismos de derechos humanos, están el teniente coronel en actividad Julián Oscar Corres y el ex suboficial del Ejército Santiago Cruciani, quien era conocido como “El Tío” cuando era el jefe del centro clandestino de detención “La Escuelita”.
En la presentación de la abogada Mirta Mántaras que dirigentes de las APDH y familiares de desaparecidos entregaron ayer a la Cámara bahiense, se expresó que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar fueron “acciones planificadas y consumadas clandestinamente desde un aparato estatal de terror mediante la práctica sistemática en gran escala de secuestros, tormentos, eliminación y desaparición de personas” y que las consecuencias de esos crímenes “no se rigen por el derecho interno”. Los peticionantes plantearon que estos hechos constituyen “delitos de lesa humanidad”, según lo establecido por las normas internacionales y la Convención contra el Genocidio.
“Estos delitos revisten el carácter de imprescriptibles, inadmisibles a los que no se aplican los eximentes de obediencia debida y la prescripción ni los indultos”, se afirmó en el escrito. La Cámara Federal de Bahía Blanca –con una conformación diferente a la actual– ya se pronunció por la no aplicación de las normas que impiden el juzgamiento de los militares que violaron los derechos humanos.
Las APDH solicitaron que la Cámara citara a los generales Adel Vilas, José Luis Sexton y Braulio Olea, a los coroneles del área inteligencia Mario Gómez Arena y Oscar Reinhold y a los tenientes coroneles Aníbal Mason, Mario Méndez, Hugo Casela y a Corres. También pidieron que se interrogara al mayor Luis Alberto Farías Barrera y a los suboficiales Julio Francisco Oviedo, alias “El Loro” y Cruciani, alias “El Tío”. Todos están imputados por la privación ilegítima de la libertad, la aplicación de torturas y desaparición u homicidio calificado de Mónica Morán, María Graciela Izurieta y Javier Seminario.
Cruciani y Corres fueron citados por la Cámara para declarar en el juicio por la Verdad. El primero estuvo detenido un mes porque se negaba a aportar información, hasta que la Cámara de Casación ordenó su liberación. La intervención de ese tribunal –que dispuso que los militares que sean llamados a declarar en ese tipo de juicios no sean obligados a comprometerse a decir la verdad– se produjo justamente a pedido del otro militar: Corres, que fue denunciado por falso testimonio. Corres fue el primer miembro del Ejército en actividad citado en los juicios en los que se intenta conocer el destino de los desaparecidos. En su testimonio admitió haber “prestado servicios” en el centro clandestino La Escuelita pero negó que fueran ciertas las acusaciones que lo señalan por haberse infiltrado en organizaciones estudiantiles. A pesar de haberse presentado ante el tribunal, Corres apeló su citación ante Casación, que aceptó su queja y reclamó a Bahía Blanca el expediente completo de la causa por violaciones a los derechos humanos iniciada en 1986 e interrumpida por las leyes de obediencia debida y punto final. Esta medida provocó un conflicto entre ambos tribunales. Ahora, los organismos de derechos humanos pidieron que aquel juicio abierto en 1986 sea destrabado mediante la declaración de “nulidad insanable” de las leyes de impunidad, tal como lo hicieron los jueces Gabriel Cavallo y Claudio Bonadío. Antes del tribunal, deberá expedirse el fiscal Hugo Cañón, que en varias oportunidades se manifestó contra esas normas.
sábado, 20 de octubre de 2001
jueves, 14 de junio de 2001
En las malas se ven los amigos
Página/12
LOS JUICIOS POR LA VERDAD EN MENDOZA Y BAHIA BLANCA
Recusan a la Cámara Federal de Mendoza, por amistad con el general Juan Pablo Sáa, jefe de la represión en Cuyo. La Corte Suprema devolvió el expediente a Bahía Blanca, que podrá reanudar las audiencias de la verdad.
Por Horacio Verbitsky
Familiares de 39 detenidos-desaparecidos solicitaron ayer a la Cámara Nacional de Casación Penal que aparte de los juicios por la verdad a todos los miembros de la Cámara Federal de Mendoza, dada la admitida amistad de su presidente, Luis Francisco Miret, con el general Juan Pablo Sáa, ex jefe de la Subzona de Seguridad 33. En 1987, Miret se había excusado de intervenir en los procesos contra Sáa por el secuestro y la desaparición de 21 personas, pero ahora rechazó la recusación presentada por los familiares de las víctimas y fue respaldado por sus colegas. El juicio de la verdad está suspendido desde hace tres meses.
Ayer se conoció también la resolución firmada por la Corte Suprema de Justicia el 21 de mayo, que convalidó la intervención de la Cámara de Casación en los juicios de la verdad de Bahía Blanca. Esas actuaciones, interrumpidas desde hace un año podrán reiniciarse ahora pero en las condiciones fijadas por la Cámara de Casación a instancias del Ejército: los militares no jurarán decir la verdad y no podrán ser arrestados si se niegan a responder preguntas del tribunal.
El general Sáa fue comandante de la Brigada de Infantería VIII de Mendoza desde el 3 de diciembre de 1977 hasta el 2 de febrero de 1979, y responsable de los centros clandestinos de detención que funcionaron en el Liceo Militar General Espejo, la Penitenciaría Provincial, la Compañía de Telecomunicaciones 141, el Campo de Los Andes, las sedes de la Policía Federal y de la Policía de San Luis. A partir de 1979 fue jefe de la Subzona 11, Buenos Aires, que incluía centros clandestinos de 23 partidos. Procesado en Mendoza, Carlos Menem lo indultó el 8 de octubre de 1989. En 1987, en la causa por la desaparición de Daniel Romero, Miret explicó que era amigo íntimo de toda la familia Sáa desde 1973, cuando era Procurador Fiscal Federal de San Luis, y se excusó de seguir investigando. Alegó que por ello carecía “de la objetividad necesaria para intervenir en el juzgamiento de la participación que pudiera atribuírsele en la comisión de delitos a mi amigo el general Juan Sáa”. Este año, en cambio, Miret no sólo no se excusó sino que dirigió el interrogatorio de su amigo Sáa el 23 de marzo. La recusación fue presentada por los familiares de las víctimas, representadas por los abogados Pablo Salinas y Alfredo Guevara, padre e hijo. La Cámara Federal rechazó la recusación de su presidente aduciendo que “el limitado objeto que tienen los llamados juicios por la verdad” es “la búsqueda del destino de personas desaparecidas” y que aunque se aplique el Código Procesal Penal, el procedimiento carece de “naturaleza penal”. Al recurrir en queja a la Casación, Salinas y Guevara consideran que el rechazo de la recusación fue arbitrario y que se encuentran comprometidas las garantías constitucionales de imparcialidad de los jueces y el principio de doble instancia. A su juicio los camaristas prejuzgaron, ya que “el objeto procesal de los juicios es amplio y comprende la búsqueda del destino de las personas desaparecidas, de los menores nacidos en cautiverio y la identificación de los responsables”. En cuanto a Sáa, las investigaciones podrían comprometerlo por delitos imprescriptibles como el la desaparición forzosa, la apropiación y sustitución de identidad de menores. Los abogados anunciaron que de ser necesario recurrirán a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Con el voto de los jueces Julio Nazareno, Eduardo Moliné, Adolfo Vázquez, Guillermo López, Antonio Boggiano, Carlos Fayt y Augusto Belluscio, la Corte Suprema de Justicia devolvió las actuaciones por el juicio de la verdad a la Cámara Federal de Bahía Blanca y declaró que la intervención de la de Casación Penal se ajustó a lo que prevé la ley procesal 23.984, que creó ese tribunal. La Cámara bahiense había sostenido que la Casación carecía de competencia para disponer la libertad de los suboficiales Santiago Cruciani y Armando Barrera. Por el voto de los miembros de su sala IV, Gustavo Hornos, Ana María Capolupo y Amelia Berraz de Vidal, la Cámara de Casación prohibió tomar juramento a todo militar convocado en los juicios de la verdad, de modo que “cuanto tenga que manifestar emane de su libre voluntad, guiado por los dictados de su conciencia y el respeto por las obligaciones que a la sociedad toda adeuda”. La resolución que impide interrogar como testigo a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas equivale a poner una vez más bajo sospecha a todos los militares, consecuencia buscada por el actual jefe del Estado Mayor del Ejército, Ricardo Brinzoni, quien así se siente mucho más acompañado. Los obstáculos puestos por Brinzoni a los juicios por la verdad, indujeron al CELS a solicitar la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida y la reapertura de las causas penales.
LOS JUICIOS POR LA VERDAD EN MENDOZA Y BAHIA BLANCA
Recusan a la Cámara Federal de Mendoza, por amistad con el general Juan Pablo Sáa, jefe de la represión en Cuyo. La Corte Suprema devolvió el expediente a Bahía Blanca, que podrá reanudar las audiencias de la verdad.
Por Horacio Verbitsky
Familiares de 39 detenidos-desaparecidos solicitaron ayer a la Cámara Nacional de Casación Penal que aparte de los juicios por la verdad a todos los miembros de la Cámara Federal de Mendoza, dada la admitida amistad de su presidente, Luis Francisco Miret, con el general Juan Pablo Sáa, ex jefe de la Subzona de Seguridad 33. En 1987, Miret se había excusado de intervenir en los procesos contra Sáa por el secuestro y la desaparición de 21 personas, pero ahora rechazó la recusación presentada por los familiares de las víctimas y fue respaldado por sus colegas. El juicio de la verdad está suspendido desde hace tres meses.
Ayer se conoció también la resolución firmada por la Corte Suprema de Justicia el 21 de mayo, que convalidó la intervención de la Cámara de Casación en los juicios de la verdad de Bahía Blanca. Esas actuaciones, interrumpidas desde hace un año podrán reiniciarse ahora pero en las condiciones fijadas por la Cámara de Casación a instancias del Ejército: los militares no jurarán decir la verdad y no podrán ser arrestados si se niegan a responder preguntas del tribunal.
El general Sáa fue comandante de la Brigada de Infantería VIII de Mendoza desde el 3 de diciembre de 1977 hasta el 2 de febrero de 1979, y responsable de los centros clandestinos de detención que funcionaron en el Liceo Militar General Espejo, la Penitenciaría Provincial, la Compañía de Telecomunicaciones 141, el Campo de Los Andes, las sedes de la Policía Federal y de la Policía de San Luis. A partir de 1979 fue jefe de la Subzona 11, Buenos Aires, que incluía centros clandestinos de 23 partidos. Procesado en Mendoza, Carlos Menem lo indultó el 8 de octubre de 1989. En 1987, en la causa por la desaparición de Daniel Romero, Miret explicó que era amigo íntimo de toda la familia Sáa desde 1973, cuando era Procurador Fiscal Federal de San Luis, y se excusó de seguir investigando. Alegó que por ello carecía “de la objetividad necesaria para intervenir en el juzgamiento de la participación que pudiera atribuírsele en la comisión de delitos a mi amigo el general Juan Sáa”. Este año, en cambio, Miret no sólo no se excusó sino que dirigió el interrogatorio de su amigo Sáa el 23 de marzo. La recusación fue presentada por los familiares de las víctimas, representadas por los abogados Pablo Salinas y Alfredo Guevara, padre e hijo. La Cámara Federal rechazó la recusación de su presidente aduciendo que “el limitado objeto que tienen los llamados juicios por la verdad” es “la búsqueda del destino de personas desaparecidas” y que aunque se aplique el Código Procesal Penal, el procedimiento carece de “naturaleza penal”. Al recurrir en queja a la Casación, Salinas y Guevara consideran que el rechazo de la recusación fue arbitrario y que se encuentran comprometidas las garantías constitucionales de imparcialidad de los jueces y el principio de doble instancia. A su juicio los camaristas prejuzgaron, ya que “el objeto procesal de los juicios es amplio y comprende la búsqueda del destino de las personas desaparecidas, de los menores nacidos en cautiverio y la identificación de los responsables”. En cuanto a Sáa, las investigaciones podrían comprometerlo por delitos imprescriptibles como el la desaparición forzosa, la apropiación y sustitución de identidad de menores. Los abogados anunciaron que de ser necesario recurrirán a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Con el voto de los jueces Julio Nazareno, Eduardo Moliné, Adolfo Vázquez, Guillermo López, Antonio Boggiano, Carlos Fayt y Augusto Belluscio, la Corte Suprema de Justicia devolvió las actuaciones por el juicio de la verdad a la Cámara Federal de Bahía Blanca y declaró que la intervención de la de Casación Penal se ajustó a lo que prevé la ley procesal 23.984, que creó ese tribunal. La Cámara bahiense había sostenido que la Casación carecía de competencia para disponer la libertad de los suboficiales Santiago Cruciani y Armando Barrera. Por el voto de los miembros de su sala IV, Gustavo Hornos, Ana María Capolupo y Amelia Berraz de Vidal, la Cámara de Casación prohibió tomar juramento a todo militar convocado en los juicios de la verdad, de modo que “cuanto tenga que manifestar emane de su libre voluntad, guiado por los dictados de su conciencia y el respeto por las obligaciones que a la sociedad toda adeuda”. La resolución que impide interrogar como testigo a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas equivale a poner una vez más bajo sospecha a todos los militares, consecuencia buscada por el actual jefe del Estado Mayor del Ejército, Ricardo Brinzoni, quien así se siente mucho más acompañado. Los obstáculos puestos por Brinzoni a los juicios por la verdad, indujeron al CELS a solicitar la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida y la reapertura de las causas penales.
lunes, 8 de enero de 2001
"No se resignaron a la infamia"
Página/12
Los argentinos Juan Gelman, Horacio Verbitsky y Hugo Omar Cañón recibieron los premios Verdad y Justicia, Periodismo y Justicia Universal de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos.
La Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid premió al poeta Juan Gelman, al periodista Horacio Verbitsky y al fiscal federal de Bahía Blanca Hugo Omar Cañón por su actividad en defensa y promoción de los derechos humanos. “Quienes han dedicado parte de su vida a ello -recordaron los organizadores– no suelen tener más satisfacción que la del cumplimiento del deber que se imponen y el agradecimiento de quienes se benefician de su tarea.” Los premios apuntan a reconocer especialmente a quienes han apoyado y difundido el proceso judicial que se tramita en España contra los crímenes de lesa humanidad cometidos por las dictaduras militares de Argentina y Chile.
En el caso de Gelman, que recibió el premio Verdad y Justicia por su lucha por la recuperación de su nieta, la intención fue que en la figura del poeta también estuvieran representados “todos aquellos familiares que en circunstancias esquivas y desiguales no se resignaron a la infamia y la impunidad”.
Gelman logró confirmar la identidad de su nieta en marzo pasado, en el Uruguay, donde la joven –hija de Marcelo Gelman y María Claudia Irureta Goyena, ambos desaparecidos– había nacido en cautiverio 23 años atrás. “Su conmovedora lucha simboliza la expresión más alta de la dignidad humana” señaló la Asociación durante la ceremonia de entrega, “y volvió a poner al desnudo uno de los crímenes más espeluznantes que cometió la dictadura argentina: el secuestro de niños”.
El premio Periodismo Internacional fue otorgado a Horacio Verbitsky “por toda una vida dedicada a la investigación y difusión de los crímenes de la dictadura militar argentina” y en mérito a su trabajo en favor de los derechos humanos.
Al fiscal Hugo Cañón, quien desde la fiscalía de la Cámara Federal de Bahía Blanca impugnó por anticonstitucionales y contrarios a los tratados internacionales la ley de Punto Final, la Obediencia Debida y los indultos, se destinó el reconocimiento Justicia Universal.
Los organizadores subrayaron específicamente su tarea en el Juicio por la Verdad que se realiza en esa cámara. Por el mismo motivo, mencionaron a los titulares de la cámara bahiense y su par de cámara de La Plata Leopoldo Schiffrin.
Como ninguno de los tres argentinos pudo estar en el acto de entrega de los premios, que se realizó en la ciudad de Madrid en diciembre, las distinciones fueron recibidas por el periodista Juan Carlos Algañaraz –en nombre de Verbitsky– y el fiscal Carlos Castresana por su par argentino Cañón. Roberto Libedinsky, integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos y también padre de una joven desaparecida, lo hizo en lugar de Gelman.
Hubo también distinciones para personas e instituciones españolas, como la Asociación contra la Tortura española, que centra su trabajo en la denuncia de la situación de las cárceles y comisarías de ese país. Esta fue la segunda edición de los premios de la Asociación Pro Derechos Humanos. El premio Periodismo Nacional fue entregado a José Manuel Martín Medem, responsable de informativos internacionales de Televisión Española. La Asociación subrayó su “dedicación plena y constante para denunciar las violaciones a los derechos humanos en América latina” y la difusión de los testimonios de quienes hicieron posible que exista y avance el proceso que se sigue en la Audiencia Nacional.
Los argentinos Juan Gelman, Horacio Verbitsky y Hugo Omar Cañón recibieron los premios Verdad y Justicia, Periodismo y Justicia Universal de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos.
La Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid premió al poeta Juan Gelman, al periodista Horacio Verbitsky y al fiscal federal de Bahía Blanca Hugo Omar Cañón por su actividad en defensa y promoción de los derechos humanos. “Quienes han dedicado parte de su vida a ello -recordaron los organizadores– no suelen tener más satisfacción que la del cumplimiento del deber que se imponen y el agradecimiento de quienes se benefician de su tarea.” Los premios apuntan a reconocer especialmente a quienes han apoyado y difundido el proceso judicial que se tramita en España contra los crímenes de lesa humanidad cometidos por las dictaduras militares de Argentina y Chile.
En el caso de Gelman, que recibió el premio Verdad y Justicia por su lucha por la recuperación de su nieta, la intención fue que en la figura del poeta también estuvieran representados “todos aquellos familiares que en circunstancias esquivas y desiguales no se resignaron a la infamia y la impunidad”.
Gelman logró confirmar la identidad de su nieta en marzo pasado, en el Uruguay, donde la joven –hija de Marcelo Gelman y María Claudia Irureta Goyena, ambos desaparecidos– había nacido en cautiverio 23 años atrás. “Su conmovedora lucha simboliza la expresión más alta de la dignidad humana” señaló la Asociación durante la ceremonia de entrega, “y volvió a poner al desnudo uno de los crímenes más espeluznantes que cometió la dictadura argentina: el secuestro de niños”.
El premio Periodismo Internacional fue otorgado a Horacio Verbitsky “por toda una vida dedicada a la investigación y difusión de los crímenes de la dictadura militar argentina” y en mérito a su trabajo en favor de los derechos humanos.
Al fiscal Hugo Cañón, quien desde la fiscalía de la Cámara Federal de Bahía Blanca impugnó por anticonstitucionales y contrarios a los tratados internacionales la ley de Punto Final, la Obediencia Debida y los indultos, se destinó el reconocimiento Justicia Universal.
Los organizadores subrayaron específicamente su tarea en el Juicio por la Verdad que se realiza en esa cámara. Por el mismo motivo, mencionaron a los titulares de la cámara bahiense y su par de cámara de La Plata Leopoldo Schiffrin.
Como ninguno de los tres argentinos pudo estar en el acto de entrega de los premios, que se realizó en la ciudad de Madrid en diciembre, las distinciones fueron recibidas por el periodista Juan Carlos Algañaraz –en nombre de Verbitsky– y el fiscal Carlos Castresana por su par argentino Cañón. Roberto Libedinsky, integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos y también padre de una joven desaparecida, lo hizo en lugar de Gelman.
Hubo también distinciones para personas e instituciones españolas, como la Asociación contra la Tortura española, que centra su trabajo en la denuncia de la situación de las cárceles y comisarías de ese país. Esta fue la segunda edición de los premios de la Asociación Pro Derechos Humanos. El premio Periodismo Nacional fue entregado a José Manuel Martín Medem, responsable de informativos internacionales de Televisión Española. La Asociación subrayó su “dedicación plena y constante para denunciar las violaciones a los derechos humanos en América latina” y la difusión de los testimonios de quienes hicieron posible que exista y avance el proceso que se sigue en la Audiencia Nacional.
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