Operación Massot

La absolución del juez que se animó a indagar a Vicente Massot por delitos de lesa humanidad puso al desnudo la maniobra de la corporación judicial de Bahía Blanca para garantizar la impunidad del ex dueño de La Nueva Provincia. Su impulsor fue premiado por el gobierno de Macri y oficia de fiscal federal sin que el Estado repare en su conducta. Una historia de pago chico que reaviva el desafío de juzgar a los partícipes civiles del terrorismo de Estado y un leading case que duerme desde hace cuatro años en la Corte Suprema de Justicia.

Massot, al salir de su segunda indagatoria. Foto Horacio Culaciatti, Télam.

Por Diego Martínez
Unos pocos meses de 2014 como juez federal de Bahía Blanca le bastaron a Álvaro Coleffi para lograr avances significativos en las investigaciones a civiles que aportaron al terrorismo de Estado desde el poder judicial, la prensa y la Iglesia Católica. El magistrado que se atrevió a indagar a Vicente Massot por su actuación en el terrorismo de Estado y al arzobispo Guillermo Garlatti por encubrir a un ex capellán prófugo terminó el año apartado de las causas de lesa humanidad mediante una burda maniobra que tuvo como caras visibles al entonces juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez y a su secretario Mario Augusto Fernández Moreno. La novedad, cinco años después, es la absolución de Coleffi en un juicio por filtrar escuchas a la prensa, la acusación que los operadores judiciales del entonces dueño de La Nueva Provincia volcaron en sumarios y denuncias penales para disuadirlo de investigar a los partícipes civiles de la dictadura y garantizar la impunidad del empresario. El fiscal Gabriel González Da Silva, que desistió de acusar por falta de pruebas, demostró en su alegato que Martínez direccionó la causa contra Coleffi y no investigó a los jefes locales de Drogas Ilícitas de la policía bonaerense ni de Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia por la amistad que los une. Martínez fue recompensado por el gobierno que tuvo en primera línea a Nicolás Massot, sobrino del apologista de la tortura, y oficia como fiscal federal de Bahía Blanca sin que la Procuración General de la Nación repare en las graves irregularidades que puso en evidencia el juicio. El recurso extraordinario por el sobreseimiento encubierto de Massot está desde 2016 en la Corte Suprema de Justicia. El fiscal general Javier de Luca destacó que se trata de un leading case sobre delitos de lesa humanidad cometidos por civiles desde un medio de comunicación y advirtió que su impunidad compromete al Estado argentino.

Procurador Casal, fiscal Ulpiano Martínez. Foto: portal Fiscales.

La historia de la causa por violación de secretos judiciales que concluyó el mes pasado había comenzado el 8 de febrero de 2014 cuando la radio local La Brújula difundió la primera de una serie de escuchas a Juan Suris, detenido en una causa por narcotráfico. Coleffi, secretario penal del juzgado federal, fue quien redactó la denuncia para que se investigara la responsabilidad por la filtración de los audios que grabaron agentes de inteligencia y desgrabaron e interpretaron los policías. “El único que cumplió la obligación funcional de denunciar el posible delito fui yo”, destacó al declarar. Su informe lo recibió Martínez, quien asumió al frente de la causa pese a que integraba uno de los estamentos bajo sospecha y mantenía estrechos lazos de amistad y confianza con los actores a quienes debía investigar, según admitió en el juicio. Por tratarse de un delito de autor desconocido la instrucción quedó formalmente  a cargo del fiscal Alejandro Cantaro, por entonces amigo del juez. Durante los ocho meses siguientes el festival de escuchas continuó y el fiscal iba a la radio a comentarlas, pero la investigación no registró movimientos.

En las antípodas de esa parálisis, los avances en las investigaciones sobre la responsabilidad de civiles en delitos de lesa humanidad comenzaron a inquietar a poderosos actores locales. Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia habían pedido el año anterior la detención e indagatoria de Massot por los secuestros, torturas y asesinatos de los obreros gráficos y delegados Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola en 1976 y por la “participación criminal concreta y específica” de La Nueva Provincia en el genocidio. Martínez se negó a citarlo y escribió que no existía ni siquiera“algún grado de complicidad” del diario con la dictadura. La Cámara Federal revocó esa decisión, lo apartó de la causa y en su reemplazó nombró como juez ad hoc a Coleffi, quien ordenó el secreto de sumario, autorizó el allanamiento del diario y el 24 de abril de 2014 indagó por primera vez al empresario. En esos días se produjo un episodio que se resignificaría con el tiempo: el secretario Fernández Moreno le ofreció al juez un borrador para fundamentar la falta de mérito de Massot. “Cuando le pregunté quién se lo había encomendado me respondió que tenía ‘la convicción de que es lo que hay que hacer’”, recuerda Coleffi.

Otro caso que tocó fibras sensibles fue el del ex capellán Aldo Vara, quien durante el reinado de la impunidad llegó a admitir que había visto las secuelas de la picana en los cuerpos de estudiantes secundarios secuestrados por el Ejército. Martínez tampoco encontró “elementos suficientes” para indagarlo pero la Cámara opinó lo contrario, lo desplazó y ordenó la captura del sacerdote. La misión recayó en Coleffi, que como relator de la Cámara a fines de los ‘90 había escuchado a aquellos jóvenes durante el Juicio por la Verdad. El 28 de abril de 2014, luego de ocho meses prófugo, el sacerdote fue detenido por Interpol en una parroquia de Ciudad del Este donde lo había escondido la Iglesia católica.

Vara murió antes de ser extraditado pero su manutención y el ocultamiento de la información sobre su paradero generaron un nuevo incordio para quienes imparten justicia con crucifijos sobre sus cabezas. Palazzani y Nebbia denunciaron a Garlatti por encubrimiento tras corroborar que un apoderado retiraba todos los meses un cheque del arzobispado para el prófugo y se toparon otra vez con Martínez, quien demoró la autorización para allanar la curia y se negó a indagarlo. El 9 de junio, mientras el magistrado se tomaba licencia para pasear por Europa con Cantaro y con el presidente de la Cámara Federal, Pablo Candisano Mera, Página/12 informó sobre la “maniobra de quienes buscan evitar que el arzobispo sea citado a indagatoria” y destacó la“obstinación en frustrar el avance de las causas de lesa humanidad con imputados civiles”. Como subrogante lo reemplazó Coleffi, quien no dudó en citar a Garlatti a indagatoria. “A nadie se le ocurrió pensar dónde iba a parar esa plata”, dijo el sacerdote a modo de defensa. Cuando terminó la declaración le estrechó la mano con fuerza. “Doctor, Dios lo está mirando”, le advirtió al juez en tono admonitorio. Coleffi lo procesó por encubrimiento agravado y desobediencia.

Arzobispo Garlattí: "Doctor, Dios lo está mirando". Foto Emmanuel Briante, La Nueva Provincia

“A partir del procesamiento se desata la persecución, porque al mismo tiempo empieza a definirse la causa Massot”, rememora el ex magistrado. “Fue un juego a dos pinzas, con una instancia administrativa y otra penal, que comenzó a ejecutarse en octubre, cuando viajé veinte días a Estados Unidos por una capacitación”, precisa.

Invocando la inacción del fiscal, Martínez decidió reasumir al frente de la causa por las escuchas y --con ocho meses de demora-- iniciar un sumario para deslindar responsabilidades sobre las medidas tomadas para proteger los audios. El momento elegido permitió que declararan todos los empleados del juzgado menos quien había denunciado el presunto delito. La secretaria sumariante le confesó a Martínez que no le gustaba “hacer nada contra (sic) un compañero”, según declaró en el juicio. Cuando Coleffi  volvió del viaje y se reintegró al juzgado le dijeron que se presentara en el quinto piso, donde lo esperaban Martínez y Fernández Moreno. “Ahí me notificó que ‘preventivamente’  me sacaba de la secretaría penal alegando ‘pérdida insalvable de confianza’ y sin darme derecho a defensa. Me dijo que no iba a declarar porque ya se habían ‘formado convicción’ de mi supuesta responsabilidad y no me dejó leer el sumario”, relata.

Cuando el sumario se elevó a la Cámara, que tras el procesamiento del arzobispo había dejado de asignarle causas, Candisano le encomendó la instrucción a Néstor Montezanti, ex agente de inteligencia del Ejército durante la dictadura e imputado en la causa Triple A. “En otro caso inédito se autodesignó instructor y luego formó parte del órgano decisor”, apunta Coleffi. “Es claro que la maniobra se urdió a partir de mi desempeño en lesa humanidad, que inquietó también a Montezanti ya que el juez que debía hacerse cargo de la causa Triple A y de sus antecedentes como agente era yo, y por cómo venía actuando sabía que iba a resolver lo que debiera”, reflexiona.

En el frente penal la activación derivó en el allanamiento y el secuestro de un pen drive y dos DVDs en el estudio de La Brújula, que seguía difundiendo las escuchas. El 5 de noviembre de 2014 Martínez procesó a su director Germán Sasso por encubrimiento, decisión que generó un amplio repudio de organizaciones y periodistas de todo el país y que revertiría la Cámara. “El procesamiento incluyó un lapsus, casi una confesión: Martínez escribió que no estaba identificado ‘el funcionario judicial (sic) que entregó los audios’ pese a que había cuatro estamentos que podían haberlos filtrado: policía, SIDE, juzgado y fiscalía”, repasa Coleffi.

El 11 de noviembre Massot estaba citado para ampliar su indagatoria pero una jugada de Martínez le permitió ganar tiempo. El día anterior a última hora le hizo saber a Coleffi que no le permitiría usar la sede del juzgado. “No dio ninguna razón funcional, simplemente dijo ‘acá no se hace’. Tuve que suspender la audiencia y fijar nueva fecha porque había una logística armada y trasladar todo al edificio de departamentos donde está la oficina de lesa humanidad era una locura”, explica.

La nueva cita fue el 20 de noviembre. Esa mañana, mientras policías y prefectos desplegaban un enorme operativo para escoltar al hombre más poderoso de la ciudad, Coleffi escuchó en la radio del empresario (LU2) la noticia sobre una denuncia penal en su contra por falsedad ideológica de documento público. La acusación era por falsear datos en el informe que había dado inicio a la causa de las escuchas y el denunciante era Martínez. Con ese mensaje poco sutil en mente indagó por segunda vez a Massot, que se negó a responder preguntas de los fiscales y centró todas las responsabilidades sobre las publicaciones y la relación con los delegados en su madre, Diana Julio de Massot, y en su hermano Federico, directora y vicedirector del diario en los ’70, ambos fallecidos.

Cuando empezó a correr el plazo para resolver la situación procesal del empresario, Fernández Moreno volvió a ofrecer sin que nadie se lo pidiera su borrador de falta de mérito. El 28 de noviembre, horas después de que los fiscales reforzaran la acusación con un documento de 600 páginas y pidieran la detención de Massot, el mismo secretario jugó otra carta para que la defensa pudiera recusar a Coleffi: escribió que le producían “violencia anímica y moral” sus reuniones con los fiscales, pese a que se hacían en el despacho, en horario judicial y a la vista de los empleados. Palazzani y Nebbia alertaron que la “burda maniobra” ocultaba “una cabal estrategia para la defensa de los imputados”, advirtieron que Martínez seguía operando “desde la sombras” y lo denunciaron ante el Consejo de la Magistratura. No sólo Massot usó esa carta: el abogado Hugo Sierra, ex secretario del juez federal Guillermo Madueño durante la dictadura y amigo íntimo de Martínez, también recusó al  juez que debía resolver su situación procesal. El abogado de ambos era Rubén Diskin, ex defensor del general Adel Vilas, cara visible del Estado terrorista en Bahía Blanca.

El 9 de diciembre de 2014 Coleffi aceptó apartarse en ambas causas y se explayó sobre la persecución. Calificó el escrito de Fernández Moreno de “infamia”, remarcó que era “una espada directamente enviada para punzar” y se preguntó “quién es el autor detrás del autor”. “He resistido el embate metódico, diario, concertado, organizado y obstaculizador. He tolerado estoicamente el juego de ‘doble pinzas” que pretendió condicionar mi labor”, escribió. “Al no poder torcer mi desempeño es que ahora la orquesta interpreta otra melodía, refuerza sus instrumentos y los toca escandalosa y ordinariamente”, graficó. “Hasta aquí fueron sumarios administrativos y denuncias penales, todo a oscuras y todo con un mismo origen: Santiago Ulpiano Martínez”, subrayó.

--¿Por qué aceptó la recusación si era conciente de la maniobra?

--Para no manchar la causa, porque si no me apartaba pasaba a ser yo el sospechado  --explica cinco años después--. En mi carrera aprendí que si hay sospechas de parcialidad no es juego limpio, me eduqué así. Hubiera podido quedarme en esas condiciones y resolver conforme a las constancias de la causa pero era ir contra mis convicciones.

Al enemigo, ni justicia

Durante un asado de la cofradía judicial bahiense tras la sucesión de medidas que confirmaron la imposibilidad de subordinar a Coleffi, Massot disparó una frase que uno de los comensales comentaría asombrado: “A este pibe lo mato o me mata”, dijo el mismo empresario que el 24 de marzo de 1976 se paseó con la bandera argentina por la rotativa donde trabajaban los gráficos que reclamaban derechos para sus compañeros y terminarían acribillados. Los hechos posteriores para disciplinar al juez que osó indagarlo sugieren una férrea voluntad para instrumentar sus deseos.

Vicente Massot. "A este pibe lo mato o me mata".

Después de armar la causa contra Coleffi por la filtración, Martínez se apartó y la Cámara nombró como juez ad hoc a Martín Miguel Otaño Manterola, miembro de un estudio jurídico de estrecha relación con Massot y por entonces secretario del Colegio de Abogados local. “Fue una decisión nula porque lo seleccionó Montezanti a sola firma, sin la mayoría que exige la Cámara para intervenir y sabiendo de su posición adversa en temas de derechos humanos”, recuerda Coleffi. Por orden de Otaño Manterola y con la supervisión de Fernández Moreno lo requisaron en su lugar de trabajo con una comitiva de diez policías, le allanaron la casa, le secuestraron teléfonos, computadoras y el GPS del auto, y le revisaron hasta los juguetes de sus hijos.

El 7 de mayo de 2015, cuando se aprestaba a tomar licencia para rendir en el concurso para fiscal federal, la Cámara lo cesanteó invocando “pérdida insalvable de confianza”. La decisión la firmaron Candisano, que se negó a excusarse pese a su amistad con Martínez, y Montezanti, que ese año presentaría su renuncia cuando el Consejo se aprestaba a destituirlo. En paralelo Otaño Manterola lo citó a indagatoria para el día anterior al examen que debía dar en Buenos Aires. En junio lo procesó por “violación de secretos”, noticia que mereció una amplia cobertura de La Nueva Provincia, donde Massot conserva escribas en puestos claves. La instrucción que se acaba de caer a pedazos la confirmaría la Cámara con votos de Juan Leopoldo Velásquez, que en 2011 no pudo intervenir en el primer juicio por delitos de lesa humanidad local porque lo descubrieron reunido con abogados de represores y con su amigo Sierra, y de José Triputti. En disidencia, Jorge Ferro se pronunció por el sobreseimiento.

En los primeros días del gobierno de Mauricio Macri la procuradora Alejandra Gils Carbó contrató al ex secretario, sin trabajo y sin ingresos, para sumarlo a la Unidad de Asistencia a los juicios. Seis meses después, invocando “incompatibilidad de cargos”, la Cámara volvió a cesantearlo. La Nueva Provincia, exultante, tituló “¿Récord? Echan dos veces a un secretario federal”. “Cuando la Corte Suprema anuló la primera cesantía puse en conocimiento a la Corte y a la Cámara que me estaba desempeñando en el Ministerio Público, pedí licencia en el poder judicial y dejé de trabajar hasta que resolvieran. En lugar de tratar mi pedido me cesantearon sin hacer siquiera un sumario administrativo”, relata.

La imputación y los sumarios lo dejaron fuera de juego en dos concursos para los que estaba bien posicionado. En el de juez federal había quedado primero en orden de mérito entre más de 120 postulantes pero el Consejo lo excluyó de la terna que elevó al Ejecutivo. El gobierno de la meritocracia eligió al octavo en la lista inicial de méritos y antecedentes: Walter López da Silva, ex secretario del juez Leónidas Moldes, cuyo voto en el Consejo de la Magistratura era clave para asegurarse la mayoría.

Candisano y Velázquez, con el crucifijo detrás, le toman juramento a Da Silva.

En el de fiscal federal integró la terna elevada pero fue impugnado ante el ministro Germán Garavano por el propio Martínez en base a la maniobra que él mismo había urdido. La gestión de Massot, tío del entonces jefe del bloque de diputados de Cambiemos, Nicolás Massot, hizo que el gobierno lo excluyera de la terna e incorporara a Martínez. Cuando Macri propuso su nombre a la Comisión de Acuerdos fue impugnado por H.I.J.O.S., Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos. El CELS destacó su “falta de cuidado y respeto por la función judicial” y su “incapacidad absoluta” para asumir semejante responsabilidad. Su pliego se aprobó con 33 votos a favor y 20 en contra.

El combo del castigo a Coleffi lo completó el Colegio de Abogados bahiense, que le impidió matricularse pese a que la causa estaba en etapa de instrucción. El principio de inocencia, bien gracias. El Colegio funciona en el mismo edificio donde Vilas, Luis María Mendía y otros íconos del terrorismo de Estado se reunían con Diana Julio de Massot en plena dictadura y donde Federico Massot renegaba ante el marino Adolfo Scilingo de que los dictadores eran “cagones” que no se animaban a fusilar en las plazas públicas.

“Una cosa rara”

La causa por las escuchas que Martínez activó súbitamente tras ocho meses de hibernación y cuando comenzaba a avizorarse el fin de la impunidad de Massot llegó a juicio en marzo, a seis años de la difusión del primer audio, y concluyó el 14 de mayo con la absolución de Coleffi dictada por el juez Luis Roberto Salas. “No se trata de dudas sino de otro fenómeno: falta de pruebas”, afirmó el fiscal González Da Silva al anunciar que desistía de acusar.

Su alegato  fue una clase práctica de cómo el juez y el secretario direccionaron la instrucción contra Coleffi. “Martínez y Fernández Moreno fueron determinantes en la construcción de la hipótesis imputativa” que Otaño Manterola volcaría en el procesamiento, destacó. El elemento central para inculparlo fueron los llamados que intercambió con el director de La Brújula. “Martínez le achacó responsabilidad basándose sustancialmente en esas conversaciones”, que tenían una explicación simple: “Sasso habló con el juez unas cuantas veces hasta que en un momento, textualmente, Martínez le dijo ‘que no le rompiera más las bolas’ y hablara con su secretario”, explicó el fiscal.

Juan Martínez, secretario Fernández Moreno. Fotos FM de la Calle.

Otro supuesto indicio, la cercanía horaria entre los llamados a Coleffi y los twits de Sasso sobre la causa Suris, fue refutado por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal. “Esto que se sostuvo a lo largo de toda la investigación no pudo ser probado por la pericia de la DATIP”, que no encontró “ningún grado de conexión, vínculo personal, económico, financiero o profesional”, leyó el fiscal.

El dato que “trastoca toda la investigación”, remarcó, lo aportó el propio Martínez al admitir que “descartó como posibles autores” del delito al jefe de Drogas Ilícitas, comisario Diego Fernando Díaz Aguirre, porque era “de (su) extrema confianza”, y al jefe de Observaciones Judiciales, Néstor Rubén Galli, hombre de su “amistad más cercana”. “Martínez descarta que hayan filtrado las escuchas en base a su amistad y confianza con ellos”, que desde el sumario inicial declararon como testigos, a diferencia de Coleffi que nunca fue citado, explicó con asombro. El fiscal comparó el proceso con “una película de suspenso de Hitchcock” donde “todo el mundo sabe que el asesino es el mayordomo” pero que en este caso “desilusiona” cuando al final se comprende que no lo es y que “no se investigaron otras puntas”.

Al analizar los testimonios de los policías concluyó que no aplicaban ningún protocolo para custodiar las escuchas porque “se los llevaban a la casa” y “pasaban semanas” hasta que las entregaban a la justicia. Un caso llamativo fue el de Walter Schell, que fue “fue bastante parco” pero “reconoció que algunos de los audios eran los que había transcripto”. Según el defensor de Coleffi, el ex diputado Dámaso Larraburu, Schell intercambió 39 llamados con el periodista y tenía antecedentes de haber manipulado escuchas difundidas por La Brújula en la causa “Garcés” sobre narcotráfico. Cuando le preguntaron a Fernández Moreno si no le llamó la atención esa cantidad de comunicaciones “dijo que las vio pero (no le dio importancia por)que Schell sostuvo que se conocían desde antes”, apuntó el fiscal. “No se investigó en el sumario y tampoco se nos permitió a través de una instrucción suplementaria”, destacó el fiscal. Larraburu lamentó también que no se investigara a Galli, que “fue jefe de Observaciones Judiciales más de 25 años pero no recordó ninguna publicación previa de audios en la ciudad”. Para demostrar que “fue un testigo reticente” expuso ejemplares de La Nueva Provincia de 2006, cuando “salieron veinte hojas enteras con escuchas al intendente (Rodolfo) López”.

El fiscal cerró su alegato con el testimonio del director de La Brújula, que calificó de “lapidario”. Sasso contó que durante los ocho meses que la causa estuvo paralizada habló “más de diez veces con Martínez y con el fiscal Cantaro sobre los audios” y “no estaban sorprendidos ni les molestaba” que los difundiera. Adjudicó su procesamiento a “una vendetta por el tema de las fotos del viaje”, en referencia a la difusión de imágenes de Martínez, Candisano & Cantaro en la ruta del vino del País Vasco, que eran públicas en Facebook, y cuestionó que “usaron su cargo para cometer semejante abuso de autoridad”. Se amparó en el derecho constitucional a no revelar su fuente pero “fue contundente en afirmar que le pidió las escuchas a Coleffi pero se las negó”, destacó el fiscal. “No fue Coleffi y es una injusticia que esté acá”, remarcó Sasso, quien subrayó que “nos allanaron después de ocho meses” y sugirió que “una cosa rara (sic) pasó en el medio”.

Mientras la absolución de Coleffi puso fin a lo que llama su “muerte civil” durante un lustro, Ulpiano Martinez sigue en carrera como fiscal federal sin que el procurador interino Eduardo Casal repare en la conducta que el juicio dejó en evidencia y Fernández Moreno concursa para llegar a juez. Massot, por su parte, disfruta del plus de impunidad derivado de la falta de mérito que firmó el juez ad hoc Claudio Pontet y convalidó la Cámara en los albores del gobierno de Macri. La decisión sobre su futuro está desde 2016 en manos de la Corte Suprema de Justicia. El fiscal Javier de Luca advirtió en su recurso extraordinario que la convalidación de la falta de mérito constituye un sobreseimiento encubierto que pone en riesgo la soberanía del Estado por tratarse de delitos de jurisdicción universal. Destacó que los mensajes de “incitación al genocidio” y “exhortación al aniquilamiento total y definitivo de un colectivo humano” que propagaba La Nueva Provincia convierten a la causa Massot en un leading case que brinda “la oportunidad de fijar un estándar internacional sobre la intervención de civiles en delitos de lesa humanidad, no mediante vías de hecho sino a través del poder simbólico de las palabras difundidas por importantes medios de comunicación”.

“Más que hablar de guerra, hay que hacer la guerra. De entre todas las profesiones le cabe al periodismo un puesto de avanzada en las trincheras de la Patria (…) Nuestro deber, pues, se corresponde con el de las Fuerzas Armadas en toda la línea de combate”. (“La Argentina en guerra”, editorial de tapa de La Nueva Provincia, 19 de noviembre de 1977)