Bahía Blanca: renunció el juez Ramos Padilla

El juez de Dolores subroga el Juzgado Federal 1 bahiense desde junio. Su renuncia tendrá efecto a partir del último día del año. La Cámara Federal se negó a tratarla. Ramos Padilla detalló la tarea que debió desempeñar para normalizar la “grave afectación al servicio de justicia” en que halló al Juzgado y criticó, con ejemplos, la “degradación” de la Justicia.

Por Diego Kenis / Agencia Paco Urondo

El último martes 24, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla elevó a la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca su renuncia indeclinable a la subrogancia que ejerce en el Juzgado Federal 1 de esa ciudad desde junio pasado, cuando se hizo cargo de la función tras la separación del hasta entonces subrogante Santiago Martínez y su secretario Mario Fernández Moreno, apartados por el Consejo de la Magistratura por las graves irregularidades comprobadas.

Derivada del fallo de la Corte Suprema del 4 de noviembre, la renuncia de Ramos Padilla cobrará vigencia a partir del último día de este año y fue comunicada con la antelación suficiente para que la Cámara Federal bahiense, que el miércoles se negó a tratarla, busque un reemplazo para ese Juzgado clave que lleva adelante causas de lesa humanidad y narcotráfico, entre otros temas sensibles.

En su carta de renuncia, que ayer difundió la asociación “Justicia Legítima”, el juez federal recordó que fue designado “de acuerdo a la ley y por expreso mandato del Consejo de la Magistratura” en una función que no le reportó “mayores beneficios, ni un cargo de mayor jerarquía” y que lo aceptó “en la creencia de que podía constituir un aporte para superar la grave situación que se vivía en la jurisdicción de Bahía Blanca”, a la que definió como “una grave afectación del servicio de justicia” que constató “apenas me hice cargo del Juzgado” y a la que enfrentó “con pocos recursos” y “esfuerzos extraordinarios”, sin que se le proveyera “el personal necesario que reclamé”. Este último punto había motivado que en septiembre pasado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la regional local de H.I.J.O.S remitieran una nota al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para respaldar al juez y solicitar al máximo tribunal “mayor cantidad de personal y medios adecuados” para su tarea.

El “enorme desgaste y cansancio personal” por atender dos Juzgados Federales distantes uno de otro en setecientos kilómetros no fue, sin embargo, la causa de la dimisión de Ramos Padilla a su subrogancia bahiense. La decisión del magistrado se precipitó por el fallo que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación votó el 4 de noviembre, declarando inválidas las leyes, reglamentos y designaciones efectuadas por el Consejo de la Magistratura y otorgando un plazo de tres meses para la expiración de las subrogancias aprobadas por el cuerpo.

“No comparto las consideraciones, ni la oportunidad de ese fallo; pero como Juez debo ser respetuoso de las decisiones del más alto tribunal y al mismo tiempo señalar claramente la situación en la que me coloca —al menos desde mi óptica- la declaración de invalidez mencionada”, escribió Ramos Padilla en su texto de renuncia. El juez agregó que “al declararnos y calificarnos como ‘inválidos’, ‘irregulares’, ‘vulnerables’, ‘designados por una mayoría circunstancial’, y ponernos fecha de vencimiento”, el máximo tribunal “puso en duda nuestra legitimidad y la de nuestras decisiones, que son para mí la base ética de la actividad de un Juez”.

Un Juzgado en condiciones de detonar

El texto de la renuncia de Ramos Padilla puntualiza las acciones que debió desarrollar para ordenar el grave cuadro que presentaba el Juzgado, donde los estupefacientes incautados atiborraban estantes o se encontraban al alcance de transeúntes o en lugares inadecuados como la terraza del edificio, junto a una considerable cantidad de basura. La droga hallada fue incinerada este mes en el cementerio bahiense, ante testigos y periodistas.

Entre las irregularidades aún más graves se encontraban las situaciones de detenidos a los cuales no se les tomó declaración indagatoria en los plazos legales o aquellos que, habiendo declarado, no tenían resuelto su estado procesal. Algunos llevaban tres años en esa situación, cuando el Código Procesal Penal de la Nación ordena un límite de diez días, prorrogable a otros diez excepcionalmente, entre la declaración y la resolución de la falta de mérito, el sobreseimiento o el procesamiento del imputado. La impericia de los antecesores de Ramos Padilla, consentida por la Cámara Federal anterior, produjo que no existiese siquiera un registro de los detenidos a disposición del Juzgado, ni de las condiciones y lugares de encierro y custodia. Producto de ello, decenas de ellos tenían ya su prisión preventiva vencida y no habían sido informados al Consejo de la Magistratura, encargado del registro.

Párrafo aparte merece la descripción del arsenal que Ramos Padilla encontró al asumir la subrogancia y que cobró notoriedad nacional cuando trascendió el informe del juez a la Comisión Interpoderes, cuyo detalle incluía el ya famoso proyectil antiaéreo que como informó el diario Página/12 estaba rotulado con la inscripción “Ojo: está activado”. El explosivo fue retirado y neutralizado por la Brigada Antiexplosiva de la Policía Federal.

El arsenal (foto), que durante meses puso en riesgo la vida de empleados, testigos y transeúntes y la seguridad pública, se conformaba además de 474 proyectiles, un millar de vainas y otro de municiones, 581 cartuchos, varios plomos y cargadores, una decena de pistolas, diecisiete revólveres, tres carabinas, dos escopetas, seis pistolones y una granada en condiciones de detonar, que el viernes 20 fueron retirados para su destrucción por el Registro Nacional de Armas (RENAR) tras los exámenes que sobre ellos practicaron peritos de la Policía Federal. Hasta la llegada de Ramos Padilla, el arsenal se encontraba disperso, al alcance de transeúntes o visitantes ocasionales del Juzgado y sin registro alguno ni indicación de su estado. Al armamento hallado debe agregarse a veintidós pistolas y revólveres, un fusil, cuatro escopetas y dos carabinas más cuyo origen no pudo siquiera establecerse y que continúan siendo objeto de pesquisas.

El cuadro que halló el juez subrogante se completaba con las demoras en el otorgamiento de más de un centenar y medio de cartas de ciudadanía reclamadas y el alto nivel de conflictividad interna que registraba el Juzgado, lo que comenzó a ser solucionado con capacitaciones, reordenamientos y atención a reclamos pendientes.

Responsable de este cuadro resulta en primera instancia el secretario judicial Santiago Martínez, que ejerció como subrogante hasta su desplazamiento y la llegada de Ramos Padilla. Martínez fue cuestionado por actores tan disímiles como los organismos de derechos humanos bahienses, que denunciaron obstaculizaciones permanentes en causas de lesa humanidad y con mayor énfasis en aquellas que involucraban a civiles, como por el Tribunal Oral local, que al fallar en el juicio contra el empresario Juan Suris criticó duramente a Martínez y su grupo por haber violado las garantías procesales básicas de los imputados de la causa, sobre los que se practicaron escuchas telefónicas incluso en sus conversaciones con sus defensores, y consentir una inversión de roles en que la Justicia quedaba como auxiliar de la policía y no a la inversa. Entre las acciones que llevó a cabo Ramos Padilla estuvo el impulso a sumarios administrativos contra Martínez y su ex secretario de Derechos Humanos Fernández Moreno.

Durante la subrogancia del juez federal de Dolores, además, se avanzó en forma inédita en la jurisdicción con las detenciones e imputaciones de varios militares por delitos de lesa humanidad cometidos después del 24 de marzo de 1976 y, sobre todo, de civiles acusados de los ilícitos perpetrados antes, con el accionar criminal de la versión local de la autodenominada Alianza Anticomunista Argentina. Entre los imputados de este último grupo se encuentra el abogado Néstor Montezanti, cuya sola figura ilustra  la complejidad institucional de la jurisdicción: Montezanti integraba, hasta su suspensión provisoria, la Cámara Federal de Apelaciones y como camarista era superior jerárquico del juez que debía resolver su situación procesal. A Ramos Padilla no le tembló el pulso. Recogió la acusación de los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, imputó y citó a declaración indagatoria a Montezanti y lo declaró en rebeldía cuando el camarista suspendido faltó por tercera vez sin motivo veraz. Los fueros de los que el imputado goza, aún suspendido, impiden hasta el momento su detención y la resolución de su estado procesal.

Los claros ejemplos

El último tramo de la carta de renuncia de Ramos Padilla deja reflexiones sobre lo que entiende una degradación del Poder Judicial y su legitimidad, y puntualiza que la dimisión fue elevada luego del balotaje presidencial “para evitar cualquier tipo de especulación política” sobre la decisión, resuelta a partir de la debilidad en que dejó a los jueces subrogantes el fallo de la Corte sobre la ley que regulaba sus designaciones.

“He visto durante años cómo se degradaba el Poder Judicial de la Nación, como jueces complacientes del poder de turno o de las grandes corporaciones acomodaban sus decisiones en pos de un interés mezquino”, expresó Ramos Padilla. “He visto como Jueces de las más altas jerarquías afectaban la legitimidad prorrogando sus mandatos por encima de la Constitución y supeditando su renuncia a fechas determinadas con clara intencionalidad política”, agregó, en obvia referencia al ministro de la Corte Suprema Carlos Fayt, cuya renuncia fue elevada en septiembre pero para entrar en vigencia un día después del recambio de autoridades del Ejecutivo nacional.

Los ejemplos enunciados “son para mí, la convalidación de las leyes de impunidad en los años 80, la Corte adicta de los años 90, el tratamiento que el Poder Judicial le dio la ley de medios y a la llamada democratización de la justicia, y el modo en que muchos magistrados se aferran a sus cargos incumpliendo los mandatos de la Constitución Nacional, los más claros ejemplos de esta degradación”, resumió el juez renunciante, que desde el primer día de enero próximo continuará sólo con sus funciones en Dolores. Para entonces, otro nombre deberá haber surgido del complejo sistema ordenado por la Corte para la selección de un magistrado subrogante. Ese futuro juez o jueza tendrá a su cargo algunas de las más trascendentes causas de la historia de Bahía Blanca y el sur argentino.

22 condenados por los crímenes de la Armada en Puerto Belgrano

Por Diego Kenis / Agencia Paco Urondo

Fotos: Luis Salomón y Rocío Cereijo

Con dieciocho acusados condenados a prisión perpetua y otros cuatro a penas privativas de la libertad de entre ocho y dieciocho años, concluyó ayer en Bahía Blanca el tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se ha celebrado en la jurisdicción desde 2011 y el primero desde la victoria en el balotaje presidencial de Mauricio Macri, cuya biografía familiar se cruza con la de algunos protagonistas del veredicto, como ya informó  AGENCIA PACO URONDO.

La causa elevada involucró a miembros retirados y ex miembros de la Armada, la Prefectura Naval, el Servicio Penitenciario, la Policía Bonaerense y el Ejército. El juicio comenzó en julio de 2014, se desarrolló en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS), que supo llamarse “Mártires de Trelew”, y presentó la novedad de ser el primero en la jurisdicción en que se analizaron delitos perpetrados bajo la órbita de la Armada, lo que le dio un sentido especial dada la identidad naval de la ciudad y su aledaña Punta Alta. Así lo leyó también el diario La Nueva Provincia, que saludó el día del veredicto con la publicación de una carta al lector en que la hija del almirante retirado Antonio Vañek cargó contra el juez Carlos Rozanski, desde este miércoles doctor honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata por su ejemplar actuación en causas platenses de lesa humanidad.

Ese claro día de justicia

A las 15 horas y con puntualidad, el juez Jorge Ferro comenzó a leer el veredicto que votó junto a sus pares José Triputti y Martín Bava. Una pantalla gigante reproducía sus palabras a las quinientas personas concentradas fuera del edificio, en la esquina de la avenida Colón y la peatonal Drago.

Desde dos horas antes, los organismos de derechos humanos bahienses habían comenzado con un festival artístico que incluyó los rostros de las víctimas y un muñeco del empresario Vicente Massot, dueño y director del diario La Nueva Provinciae imputado por dos de los crímenes que se examinaron en el debate, los de los obreros gráficos y delegados gremiales Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, y por prestar colaboración general y esencial al genocidio a nivel comunicacional, psicológico y filosófico.

Uno a uno, Ferro leyó los nombres de las sesenta y seis víctimas y de los veintidós victimarios y pronunció las condenas a prisión perpetua de los marinos Eduardo Fracassi, Luis Pons, Enrique de León, Oscar Alfredo Castro, Alberto Pazos, Edmundo Núñez, Leandro Maloberti, Tomás Carrizo y José Luis Ripa, los prefectos Luis Bustos, Néstor Nougués, Francisco Martínez Loydi y los miembros retirados y ex miembros del Ejército Óscar Otero, Guillermo González Chipont, Víctor Aguirre, Raúl Domínguez, Felipe Ayala y Carlos Stricker. Stricker y Ayala, sádico guardia del Centro Clandestino al que llamaban “Chamamé”, acumularon su segunda condena a perpetuidad.

Por otra parte, el prefecto Pedro Pila fue sentenciado a dieciocho años de prisión, mientras que el dos veces prófugo Alejandro Lawless, el comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense Víctor Fogelman, famoso por dirigir a desvío la investigación del caso Cabezas, y el ex jefe de la Unidad Penitenciaria 4 Héctor Selaya fueron condenados a ocho años cada uno. En el caso de Selaya, la pena se computará con la de diecisiete años y medio de prisión que le impuso el mismo Tribunal en 2011.

En todos los casos de miembros retirados de las fuerzas, el Tribunal elevó las solicitudes a los Poderes Ejecutivos de la Nación y la provincia de Buenos Aires, a fin de que los condenados sean destituidos, y dispuso que las condenas se cumplan en cárceles comunes. Además, remitió copias de la documentación de la causa a juzgados de La Plata y Mar del Plata, ciudades en que comenzaron o continuaron ilícitos examinados en el debate. Como en los dos anteriores juicios que tuvo a cargo, el Tribunal dejó expresa constancia que los delitos contemplados en el fallo constituyeron crímenes de lesa humanidad y que fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura, cuyo carácter “cívico militar” subrayaron sus jueces.

La hora de la verdad

El fallo conocido ayer, cuyos fundamentos serán publicados el primer día de marzo próximo, incluye también la resolución favorable al pedido de los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia para que el diario La Nueva Provincia rectifique la información publicada en 1976 respecto de las muertes y detenciones de nueve víctimas, a las que dio por arrestadas en procedimientos militares o abatidas en enfrentamientos cuando en verdad habían sido secuestradas, torturadas y, algunas de ellas, asesinadas por sus captores de uniforme.

El diario dirigido por Massot tendrá diez días desde el momento en que la sentencia quede firme para publicar la rectificación, que oficiará como “acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria” y deberá incluir el relato de lo acreditado en el juicio y la mención de las fechas, páginas y secciones en que se publicaron las noticias falsas en 1976.

El pedido, presentado por los fiscales como un “derecho a réplica colectivo” que las querellas avalaron, buscaba honrar la memoria de las víctimas, caracterizadas como delincuentes por el diario, y asegurar un relato veraz de lo ocurrido a las futuras generaciones, de modo que cuarenta años después cesen los efectos de la “comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra”, como la llamó el propio Tribunal en 2012. Por esos aportes comunicacionales y filosóficos al plan criminal del terrorismo de Estado, que los fiscales consideran “esenciales” y se encontraban tipificados al detalle en reglamentos castrenses, también está imputado Massot en los tribunales bahienses.

Perseverante en su actitud, el matutino no publicó ni una línea del juicio que concluyó a trescientos metros de su redacción y en que se decidió este punto, además de tratarse los casos de los secuestros y homicidios de sus obreros gráficos Heinrich y Loyola, cuyos asesinatos causaron “estupor” a Massot, según él mismo narró a la investigadora del CONICET Ana Belén Zapata, y por los que se encuentra acusado como instigador y coautor.

Bajo el sol vertical de la tarde en la avenida Colón, su muñeco repetía en cambio el rostro circunspecto que el empresario mostró en sus visitas al Juzgado para declarar como imputado. Las banderas de los H.I.J.O.S., el sindicato de Gráficos y distintas agrupaciones políticas tapaban la visual de sus anteojos oscuros. Desde dos grandes retratos multicolores, los rostros de Heinrich y Loyola, con la visual despejada y limpia, lo señalaban con la mirada.

El análisis de la Fiscalía sobre la histórica sentencia por los crímenes de la Armada

Bahía Blanca: “Se develó un sistema represivo que en otros juicios no pudimos mostrar”

Publicado en Fiscales.gob.ar

Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani destacaron las condenas a 22 acusados, que incluyeron 18 prisiones perpetuas, la medida reparatoria de publicar en La Nueva Provincia la verdad sobre lo sucedido a las víctimas y la visibilización de la violencia sexual.

El fiscal general Miguel Palazzani y el fiscal ad hoc José Nebbia se manifestaron "muy conformes" con las condenas dictadas ayer por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, que receptó la acusación del Ministerio Público y condenó a prisión perpetua a 18 ex militares y dictó penas de entre 8 y 18 años de prisión para otros cuatro, y además ordenó -entre otras medidas- que el diario La Nueva Provincia rectifique y publique que las personas que durante la dictadura informó como terroristas muertas en enfrentamientos fueron, en realidad, víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Los fiscales destacaron cuatro puntos principales de la sentencia: que sostiene la hipóstesis propuesta por la Unidad Fiscal sobre "el complejo funcionamiento de la Armada en la región" en conjunto con el Cuerpo V del Ejército, la Policía bonaerense y el Servicio Peniteniciario provincial. "Se develó un sistema represivo que en otros juicios no pudimos mostrar", resaltó Palazzani, al tiempo que razonó que "las condenas están mostrando que los jueces aceptaron la hipótesis de la Fiscalía, que explicó durante los alegatos el funcionamiento global de ese sistema y luego la responsabilidad penal de cada uno" de sus integrantes.

Los fiscales resaltaron que el Tribunal, además, "visibilizó la violencia sexual". Los jueces Jorge Ferro, José Mario Tripputi y Martín Bava condenaron por abusos sexuales a nueve de los acusados por el MInisterio Público durante el debate en el marco de una ampliación. "El Tribunal lo autonomizó como lesión al bien jurídico protegido de las víctimas, que era la integridad sexual y pudimos discutir la violencia sexual contra las mujeres, que fue un colectivo especialmente atacado en el ámbito de los centro clandestinos de detención (CCD)", indicó Palazzani.

La reparación

Otro de los puntos destacados por la Fiscalía es "la fijación como CCD de la 7ma Batería de la Base de Infantería de Marina Baterías", luego de que las víctimas reconocieran en lugar. Los jueces requirieron al Poder Ejecutivo que lo estatuya como "Sitio de la Memoria del Terrorismo de Estado".

Nebbia y Palazzani puntualizaron, por último, que los integrantes del Tribunal adoptaronla "inédita" propuesta de "la reparación a la biografía de las víctimas de este juicio con la orden de rectificar la información" en el diario La Nueva Provincia, "para que diga que fueron fusiladas o ejecutadas".

"Ese derecho de rectificación como parte del derecho a la reparación, es una marca de este Tribunal, que ha venido corriendo el límite en cada uno de los tres juicios que se han llevado a cabo. En cada uno dijo algo importante. A pedido nuestro, también. En este caso los jueces entendieron que el MPF titularizaba la posibilidad de reclamar por las víctimas y le ordena al diario esta rectificación, que es inédita. No conozco una situación igual", señaló Palazzani, y destacó que la sentencia se dio a conocer "en una semana desde donde un editorial de un diario se emprendió contra el proceso de verdad y justicia".

En efecto, los jueces dispusieron en el punto 46 del veredicto que, una vez firme la sentencia, "en el plazo de diez días, el diario La Nueva de esta ciudad (ex “La Nueva Provincia”) publique la rectificación, como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria, de la información oportunamente vertida en ese periódico donde se comunicaba a la ciudadanía que Edgardo Carracedo, Rodolfo Canini, Néstor Giorno, Hugo Mario Giorno, Aedo Héctor Juárez, Héctor Ramón Duck, Cristina Coussement y José Luis Peralta fueron detenidos o abatidos en enfrentamientos militares, cuando quedó debidamente acreditado en este proceso que fueron objeto de secuestro, tortura y en su caso, fusilamiento por parte del personal militar de la época, haciendo expresa mención de la fecha, página y sección en la cual fueron vertidas tales noticias".

Maridajes 

El fiscal Nebbia, en tanto, señaló que "el juicio termina de cerrar la historia de La Nueva Provincia, porque se había visto hasta ahora su relación respecto de las víctimas del Ejército. Y uno sabe que su maridaje con la Marina fue aún mayor y eso ha quedado expuesto".

Por otro lado, Nebbia ponderó "la documentación de inteligencia y legajos de marinos que dieron cuenta de la actuación de la Iglesia Católica en maridaje con la Marina" y, en ese sentido, ejemplificó: "El capellán del comando de Operaciones Navales intervino dos capillas de Punta Alta por la tendencia de los curas tercermundistas de allí. Es decir, desde la Capellanía Naval, la Iglesia interviene dos capillas por su 'actividad subversiva'".

Palazzani y Nebbia destacaron, además, que el resultado de este juicio es la consecuencia de la labor coordinada del equipo de la Unidad Fiscal de esa ciudad. En ese punto, Nebbia resaltó que desde el MPF se llevó adelante "un trabajo personal, metódico, diario, con las víctimas, que junto a los familiares reconocieron el trabajo de la Fiscalía".

Entre los logros del juicio, Nebbia destacó una anécdota que ocurrió ayer en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur, donde se llevó a cabo el juicio: "Uno de los secuestrados le vio la cara después de 39 años a tres mujeres que compartieron el cautiverio con él en la Armada. Estuvo meses secuestrados con ellas, escuchó las voces y ayer le puso rostro a esos comentarios. Es un hombre que vivía en Brasil y vino para conocer a sus compañeros de cautiverio".

18 Perpetuas

Las condenas a prisión perpetua -que, en todos los casos, coincidieron con las requeridas por la Fiscalía- recayeron sobre el ex vicealmirante Eduardo Rene Fracassi; el ex capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons; el ex capitán de navío Enrique de León; el capitán de navío Alberto Gerardo Pazos; el ex capitán de navío Edmundo Oscar Núñez; el ex capitán de fragata José Luis Ripa; el ex capitán de navío Tomás Hermógenes Carrizo; el ex capitán de navío Leandro Marcelo Maloberti; el ex prefecto Francisco Manuel Martínez Loydi; el ex prefecto Néstor Alberto Nougues; el ex prefecto Luis Ángel Bustos; el ex coronel Carlos Andrés Stricker; el ex teniente coronel Óscar Raúl Otero; el ex teniente coronel Guillermo Julio González Chipont; el ex suboficial mayor del Ejército Víctor Raúl Aguirre; el ex suboficial Felipe Ayala, y el ex suboficial del Ejército Raúl Artemio Domínguez.

En tanto, el Tribunal condenó al ex prefecto Pedro Alberto Pila a 18 años de prisión (la Fiscalía le había pedido 25), y al ex oficial Alejandro Lawless, al ex jefe de la Unidad Penal N°4 del Servicio Penitenciario Bonaerense, Héctor Luis Selaya, y al ex comisario mayor de la policía provincial, Víctor Oscar Fogelman, a 8 años de prisión. Los fiscales habían requerido para Lawless 19 años, para Selaya 18 y para Fogelman diez años de prisión.

"Esperaremos los fundamentos -se darán a conocer el 1° de marzo de 2016- para evaluar si hay cuestiones que debemos recurrir a la Cámara Federal de Casación Penal, pero estamos muy conformes con el veredicto", indicó Palazzani.

Juicio a la Armada: 18 condenas a prisión perpetuas

El Tribunal Oral Federal leyó el veredicto del tercer proceso por crímenes de lesa que se realizó en Bahía Blanca e hizo lugar al pedido de los fiscales de que la sentencia sea publicada en La Nueva Provincia.

Por Maximiliano Ceci / Diario digital Contexto.

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó a perpetua a 18 represores e impuso penas de entre 8 y 18 años de prisión a otros cuatro imputados. “Fue una sentencia increíble, muy importante y con todas las expectativas cubiertas. El Tribunal que en las dos causas anteriores también había dictado unas sentencias ejemplares, no perdió su lineamiento, y prácticamente falló en favor de todo lo pedido por las partes acusatorias”, explicó a Contexto Alejandra Santucho, integrante de H.I.J.O.S Regional Bahía Blanca, tras conocerse la histórica sentencia. Además, los jueces hicieron lugar al pedido de los fiscales para que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad y, en un hecho inédito, ordenaron que el fallo condenatorio sea publicado en el diario La Nueva Provincia, un medio que durante la dictadura funcionó como difusor de la propaganda genocida.

Los condenados a perpetua son el ex vicealmirante Eduardo Rene Fracassi; ex capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons; ex capitán de navío Enrique de León; ex capitán de navío Oscar Alfredo Castro; el ex capitán de navío Alberto Gerardo Pazos; el ex capitán de navío Edmundo Oscar Núñez; ex prefecto Luis Ángel Bustos; ex prefecto Néstor Alberto Nougues; ex prefecto Francisco Manuel Martínez Loydi; ex capitán de navío Leandro Marcelo Maloberti; ex capitán de navío Tomás Hermógenes Carrizo; ex capitán de fragata José Luis Ripa; ex coronel Carlos Andrés Stricker; ex teniente coronel Óscar Raúl Otero; ex teniente coronel Guillermo Julio González Chipont; ex suboficial mayor del Ejército Víctor Raúl Aguirre; ex suboficial Felipe Ayala; ex suboficial del Ejército Raúl Artemio Domínguez.

Además, los magistrados otorgaron 18 años para el ex prefecto Pedro Alberto Pila; 8 años de prisión para el ex oficial Alejandro Lawless; 8 años de prisión para el ex jefe de la Unidad Penal N°4, Héctor Luis Selaya; y ocho años de prisión para el ex comisario mayor Víctor Oscar Fogelman.

El Tribunal, integrado por los jueces Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava, también juzgó los delitos sexuales cometidos por los imputados. “Los fallos sobre los delitos sexuales  son muy importante.Durante la lectura del veredicto, había mujeres que habían padecido esos abusos y que tan valientemente pusieron su testimonio en este juicio. Creemos que esto fue sumamente reparador para ellas, sus familiares y todos nosotros”, contó Santucho. Y agregó: “Los sobrevivientes, realmente son un orgullo y el sostén de estos juicios. En este caso, las mujeres que pudieron contar las aberraciones a las que fueron sometidas, las reivindicamos enormemente”.

“LOS SOBREVIVIENTES, REALMENTE SON UN ORGULLO Y EL SOSTÉN DE ESTOS JUICIOS. EN ESTE CASO, LAS MUJERES QUE PUDIERON CONTAR LAS ABERRACIONES A LAS QUE FUERON SOMETIDAS, LAS REIVINDICAMOS ENORMEMENTE”.

Este Tribunal estuvo a cargo de los tres juicios que se llevaron a cabo en Bahía Blanca por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar. Esta última causa puso el foco sobre el accionar de la Armada, que tuvo a la base naval Puerto Belgrano como centro de operaciones. “Los jueces  dispusieron como sitio de memoria la Batería Séptima de la base de Puerto Belgrano. Si bien la justicia punitiva es reparadora,  es aún más importante una justicia que marque la memoria. Aquellos que tuvimos la posibilidad de conocerlo, sabemos que es un lugar muy siniestro”, indicó a Contexto Anahí Junquera, integrante de H.I.J.O.S  Regional Bahía Blanca.

En la antesala de la lectura de la sentencia, los organismos de derechos humanos se manifestaron y realizaron actividades en memoria de las víctimas del terrorismo de Estado.“El desenlace del juicio es un ladrillo más en la construcción del fin de la impunidad, pero es una coyuntura compleja por la asunción de un gobierno que no aseguró la continuidad de la política de memoria, verdad y justicia”, dijo Eduardo Hidalgo, secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca.

DE LAS 66 VÍCTIMAS TENIDAS EN CUENTA EN LA CAUSA 12 SIGUEN DESAPARECIDAS, CINCO FUERON ASESINADAS Y LAS RESTANTES SOBREVIVIERON AL SECUESTRO Y TORTURAS QUE SUFRIERON EN CENTROS CLANDESTINOS DEL ÁREA DE PUERTO BELGRANO, EL MAYOR EMPLAZAMIENTO DE LA ARMADA EN LA ARGENTINA.

De las 66 víctimas tenidas en cuenta en la causa 12 siguen desaparecidas, cinco fueron asesinadas y las restantes sobrevivieron al secuestro y torturas que sufrieron en centros clandestinos del área de Puerto Belgrano, el mayor emplazamiento de la Armada en la Argentina. Algunos de esos centros clandestinos funcionaron en el ya desaparecido crucero 9 de Julio, mellizo del Belgrano y en la Base de Infantería de Baterías, ambos de la Armada, y en dependencias del V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca.

En las páginas de La Nueva Provincia

“Disponer, para el momento en que se encuentre firme la sentencia, que en el plazo de diez días, el diario “LA NUEVA” de esta ciudad (ex “La Nueva Provincia”) publique la rectificación, como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria, de la información oportunamente vertida en ese periódico donde se comunicaba a la ciudadanía que Edgardo Carracedo, Rodolfo Canini, Néstor Giorno, Hugo Mario Giorno, Aedo Héctor Juárez, Héctor Ramón Duck, Cristina Coussement y José Luis Peralta fueron detenidos o abatidos en enfrentamientos militares, cuando quedó debidamente acreditado en este proceso que fueron objeto de secuestro, tortura y en su caso, fusilamiento por parte del personal militar de la época, haciendo expresa mención de la fecha, página y sección en la cual fueron vertidas tales noticias”, señaló el Tribunal tal como lo había pedido la Unidad Fiscal integrada por José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani.

“Todo aquel que fue ejecutado, asesinado y que aparecía muerto en un enfrentamiento va a haber reparado su biografía en las páginas del diario”, dijo Palazzani. Y agregó: “Ese derecho a réplica colectivo que habíamos planteado la verdad que el Tribunal ha dado un paso más en esto de la dimensión de la reparación total de las biografías de las víctimas, que aparece como reparador, que alivia y que ayuda un poco lo vivido”.

Por su parte, Santucho destacó la importancia de esta medida:  “Es muy importante y no solo simbólicamente. Se repara la memoria de las víctimas y el Diario debe reconocer, que lo que publicó en su momento era mentira. Realmente es inédito, no hay otro fallo igual”.

 “ES MUY IMPORTANTE Y NO SOLO SIMBÓLICAMENTE. SE REPARA LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS Y EL DIARIO DEBE RECONOCER, QUE LO QUE PUBLICÓ EN SU MOMENTO ERA MENTIRA. REALMENTE ES INÉDITO, NO HAY OTRO FALLO IGUAL”. ALEJANDRA SANTUCHO (H.I.J.O.S)

“Nosotros seguiremos por la unificación de lo que queda (Armada y Ejército) y esperando que este nuevo gobierno que asuma, dé señales claras de qué va a hacer con los juicios y las políticas de DDHH. Hasta ahora no lo han hecho, y no alcanza con solo decir que van a continuar. Es necesario que digan si seguirán siendo políticas de Estado”, concluyó Santucho.

Así cubrió La Nueva Provincia ("La Nueva") la sentencia a los asesinos de Heinrich y Loyola, por los que también está imputado el director del diario, Vicente Gonzalo Massot. Una oración, sin nombres de víctimas ni de victimarios, sin descripción de hechos.

Un arsenal en los tribunales bahienses

En el Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca se encontraron más de ochenta pistolas, revólveres y escopetas, muchos con municiones. También más de 40 panes de droga, además de indagatorias pendientes y ausencia de registros sobre detenidos.

Colección de armas en el juzgado federal de Bahía Blanca

Por Diego Martínez

Detenidos a quienes no se les tomaba declaración indagatoria durante meses. Indagados en el limbo, con situaciones procesales irresueltas durante años. Drogas y armas dispersas, sin identificar y sin las más elementales condiciones de seguridad y custodia. El diagnóstico sobre el estado del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca pertenece al juez federal Alejo Ramos Padilla, subrogante designado por el Consejo de la Magistratura ante la sumatoria de irregularidades documentadas por el Ministerio Público Fiscal, y forma parte de un informe presentado a la Comisión Interpoderes creada por la Corte Suprema para impulsar los juicios de lesa humanidad. La “grave situación institucional” que advirtió en junio el Consejo de la Magistratura tenía lugar con el visto bueno de la Cámara Federal de Bahía Blanca, que presidió hasta el jueves pasado Néstor Montezanti, suspendido por el Consejo e imputado en la causa Triple A, y en la que sólo sobrevive Pablo Candisano Mera, íntimo amigo de quien subrogó el juzgado del caos en los últimos años, Santiago Ulpiano Martínez.

Ex juez ad hoc Santiago Martínez

“En 33 años de labor judicial no recuerdo que se haya vivido en democracia una situación de conflicto tan intensa y prolongada como la de Bahía Blanca”, confesó meses atrás la jueza Gabriela Vázquez, presidenta del Consejo. Ramos Padilla describe en el informe el escenario con el que se encontró: infinitas indagatorias pendientes, “prisiones preventivas vencidas y no informadas al Consejo”, “droga –más de 40 panes– y armas” dispersas, “material estupefaciente a la intemperie en la terraza del juzgado”, ausencia de registros sobre cantidad de detenidos y menos aún sobre lugares de alojamiento, falta de control sobre arrestos domiciliarios (imputados con armas en sus casas) y sobre traslados, detenidos por delitos de lesa humanidad alojados en la seccional de la Policía Federal de la que se fugó el fallecido torturador Julián Corres, retrasos generalizados, “más de dos mil escritos por agregar” y “centenares de sentencias vencidas”.

Juez federal Alejo Ramos Padilla

Sobre las más de ochenta pistolas, revólveres y escopetas (muchos con municiones) desparramados en armarios, cajones e inclusive a la vista, en las últimas semanas se trabajó en la identificación de las causas a las que pertenecen, se procedió al desarme y se pidió al Registro Nacional de Armas (Renar) que las traslade en forma urgente a una dependencia con una custodia acorde a semejante arsenal. Un perito en explosivos convocado por el juez llamó la atención sobre un proyectil de un “arma antiaérea” catalogado como “material explosivo en condiciones de detonar”. Estaba en un sobre con la tranquilizante leyenda “Carátula 3-20636–OJO: ESTA ACTIVADO”.

Ramos Padilla advirtió también que “se borraron archivos y registros de utilidad de la Secretaría de Derechos Humanos” del juzgado, destacó que a los “conflictos internos” entre funcionarios se sumó el “temor a represalias” y la “falta de personal capacitado”, y reclamó a la comisión que encabeza el supremo Ricardo Lorenzetti que le provea recursos humanos para afrontar la ardua tarea en el juzgado, donde además de las causas comunes están radicadas dos megacausas por delitos de lesa humanidad con un universo de aproximadamente 750 víctimas y alrededor de 100 imputados, incluidos militares, policías, empresarios como Vicente Massot y ex magistrados como Hugo Sierra, Gloria Girotti y el propio Montezanti.

La Cámara Federal de Bahía Blanca, responsable por sus facultades de superintendencia de controlar el funcionamiento del juzgado que albergaba el arsenal, fue presidida hasta el jueves por Montezanti, quien será sometido a un jury en el Consejo de la Magistratura por sus “comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos”, por sus conductas “incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y su falta de “idoneidad moral y vocación democrática” para ser juez de la Nación. El mismo día, luego de resolver el caso del magistrado y ex agente del Destacamento de Inteligencia 181, la Comisión de Selección de Magistrados aconsejó al plenario del Consejo cubrir las cuatro vocalías vacantes con otros tantos camaristas federales. Los propuestos son Alberto Lugones, de San Martín; Alejandro Segura, de San Justo; Roberto Lemos Arias, de La Plata, y Jorge Ferro, camarista de Mar del Plata y juez subrogante en el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca que este año concluirá el juicio a represores de la Armada y Prefectura. El plenario podría designarlos en su próximo encuentro, el jueves 1º de octubre. Hasta entonces los empleados de la Cámara deberán seguir tragando saliva y compartiendo los pasillos con el abogado que según el Consejo “comulgó con el plan de exterminio sostenido por los genocidas y fue partícipe del accionar de la Triple A”, ya sin chances de usar el sello que consiguió durante el interinato del senador Eduardo Duhalde aunque con su estirpe calabresa intacta.

“Partícipe del accionar de la Triple A”

Por amplia mayoría, el Consejo de la Magistratura resolvió suspender e iniciar un jury Néstor Montezanti, juez de la Cámara Federal de Bahía Blanca, ex agente de Inteligencia del Ejército e imputado por su participación en delitos de lesa humanidad.

Por Diego Martínez

El Consejo de la Magistratura resolvió ayer por amplia mayoría la suspensión y la apertura del procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento deMagistrados de Néstor Luis Montezanti, juez de la Cámara Federal de Bahía Blanca, agente de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura y de probados vínculos con miembros de la Triple A local. A partir de su actuación durante el terrorismo de Estado pero también de sus “comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos” en democracia, de los que dan fe los empleados de la Cámara y los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, el plenario del Consejo concluyó que las conductas de Montezanti son “incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y que carece de la “idoneidad moral y la vocación democrática” indispensables para ser juez de la Nación.

Plenario del Consejo de la Magistratura. Foto Valeria Rossi.

Montezanti fue imputado por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia por suparticipación en 22 homicidios de la Triple A entre 1974 y 1975, por elsecuestro y los tormentos de un militante de la Juventud Peronista que loreconoció durante su interrogatorio en el Cuerpo V de Ejército en 1977 y por surol como agente del Destacamento de Inteligencia 181. Quien avaló sus “condiciones morales, ideológicas y familiares” y dijo conocerlo “en profundidad” desde 1975 fue el coronel José Osvaldo “Balita” Riveiro, ex miembro de la Triple A, condenado en ausencia en Francia por su actuación en el Plan Cóndor y prófugo de la Justicia. El juez federal Alejo Ramos Padilla ordenó la citación de Montezanti a indagatoria y lo declaró en rebeldía luego de que el imputado faltara tres veces en una semana sin alegar motivos razonables ymintiendo abiertamente.

El vínculo de Montezanti con la Triple A lo denunció en 2002 en una reunión del Consejo Superior de la UNS el ex estudiante Alberto Rodríguez, delegado de la Asociación Argentina de Actores y testigo en abril de 1975 del asesinato a sangre fría de su compañero David Cilleruelo, con quien militaba en la Federación Juvenil Comunista. El asesino –tal como informó Página/12 en 2007– fue el suboficial naval Jorge Oscar Argibay, ícono de la Triple A bahiense y custodio del rector interventor Remus Tetu, a quien Montezanti había asesorado cuando una asamblea de estudiantes promovió su destitución por usar textos filonazis. Detenido a fines de 1975 por un tiroteo en Puerto Quequén, cuando le informaron su derecho a designar un defensor, Argibay nombró al “doctor Néstor Luis Montezanti”.

Asumió como camarista a fines de 2002, ocultando al Senado su pasado en la inteligencia militar. En 2004 se sintió injuriado con efecto retardado y querelló a Rodríguez. Al dictar sentencia, el juez José Luis Ares consideró“convincentes y veraces” las declaraciones de cinco testigos que en 1974 vieron a Montezanti en medio de un grupo de matones de la Triple A que a punta depistola ocupaban la Universidad Tecnológica Nacional. La patota incluía a Argibay (fallecido), a Juan Carlos Curcio y a Héctor Chisu, ambos imputados este año en la causa Triple A. Chisu además fue en 1976 custodio del general Adel Vilas y agente del mismo Destacamento 181. El otro dato clave del juicio lo aportó el concejal y ex diputado radical Juan Pedro Tunessi: contó que en1984, de visita en el estudio de Montezanti, vio “un certificado o constancia de la Liga Anticomunista Argentina firmado por el general (Carlos) SuárezMason”, comandante del Cuerpo V en 1975.

Laprimera denuncia contra Montezanti en el Consejo la presentó en 2008 la Unión de Empleados Judiciales de Julio Piumato, que remarcó su “clara actitud antisindical” sumada a “condiciones de trabajo humillantes y vejatorias”, abuso de autoridad, trato despectivo y discriminatorio. En 2010, cuando la presidenta Cristina Kirchner firmó el decreto que permitió conocer la nómina del personal civil de inteligencia de la dictadura, se supo con certeza que había integrado el Destacamento 181 como “asesor universitario”. Entonces fue el profesor de la UNS Dante Patrignani quien denunció ante el Consejo la complicidad de Montezanti con la dictadura y pidió su destitución. Patrignani pidió además el juicio académico en la UNS, que los amigos del acusado en la Facultad de Derecho se encargaron de cajonear y que recién se destrabó tras la citación a indagatoria. El mes pasado el Consejo Superior de la UNS admitió la “falta de ética en el ámbito universitario” del entonces profesor Montezanti y resolvióel inicio del juicio académico.

En ese contexto, a partir de un dictamen del secretario de Justicia, Julián Alvarez, se activó el Consejo de la Magistratura. La semana pasada la Comisión de Acusación y Disciplina aprobó la apertura del proceso de remoción, que ayer avaló el plenario. El dictamen fue aprobado por once de los trece consejeros, dos más de los necesarios para alcanzar los dos tercios requeridos para el jury. “Como jueza lamento que no me acompañen mis colegas”, destacó Gabriela Vázquez en referencia a Leónidas Moldes y Luis María Cabral. “Montezanti tenía conductas propias de personal castrense con los empleados judiciales”, remarcó la jueza. Moldes fundó su negativa en que “cuestiones de procedimiento que están siendo vulneradas”. Cabral acompañó en silencio, con silbidos de fondo de militantes del Sitraju con carteles que reclaman “Una justicia al servicio del pueblo”.

La diputada Anabel Fernández Sagasti recordó que en Mendoza se está juzgando a ex camaristas por acusaciones similares. “Queremos jueces imparciales, con espíritu y valores democráticos”, dijo. “No podemos tapar el sol con la mano, todos conocemos la situación de Bahía Blanca. Estamos trabajando con éxito y responsabilidad para normalizar la situación de esa jurisdicción. Es un día histórico para que la sociedad conozca el entramado de lo que sucedió en Bahía Blanca, donde hubo complicidad civil, judicial y eclesiástica”, recordó. El diputado Héctor Recalde, quien junto al abogado Miguel Piedecasas tendrá la responsabilidad de la acusación en el jury, remarcó que “fueron muchos los trabajadores que sufrieron la persecución en Bahía Blanca y merecemos conocer la verdad y que se haga justicia por ellos”. “Pedimos también que se aceleren los juicios por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca”, reclamó.

Consejeros Héctor Recalde y Julián Alvarez

Además de faltar a las citaciones de Ramos Padilla, Montezanti prefirió no dar la cara cuando lo citó el Consejo. Su única aparición pública en los últimos meses fue un autorreportaje publicado el martes en La Nueva Provincia, el diario de su amigo Vicente Massot, imputado ycon falta de mérito gracias a una maniobra del propio Montezanti, quien ideó unsumario para apartar por “pérdida insalvable de confianza” al juez federal ad hoc Alvaro Coleffi. Paradójicamente, en las dos oportunidades en que se refirió a su pasado en el Destacamento 181 el ahora juez suspendido dio dos versiones distintas. En 2013, en una radio bahiense, explicó que “trabajaba de abogado”. “Los empleados cometen infidelidades, se separan, no pagan deudas” y “todo eso requiere de un enfoque por parte de alguien especializado”. “Iba (al destacamento) a diario, no más de una hora” y “ni siquiera máquina de escribir tenía: pedía una, hacía un informe, se lo dejaba al jefe y me iba”. Esta semana Montezanti refutó a Montezanti: aseguró que “las consultas que evacué” fueron “respecto del diferendo con Chile” y por la guerra de Malvinas. El dictamen del Consejo no deja dudas: “resulta a todas luces evidente que el Dr. Montezanti comulgó con el plan de exterminio sostenido por los genocidas y fue partícipe del accionar de la Triple A”.

Triple A de Bahía Blanca: detuvieron a "Satanás" Chisu

Oscar Chisu, "Satanás", de joven.

Por Diego Martínez

Héctor Oscar Chisu se convirtió ayer en el primer ex miembro de la Triple A de Bahía Blanca detenido por delitos de lesa humanidad antes y durante la dictadura. El pedido lo habían formulado los fiscales Miguel Angel Palazzani y José Nebbia, que debieron presentar dos recursos de pronto despacho para que el juez subrogante Santiago Martínez ordenara la captura. Chisu, de 63 años, fue detenido por la mañana por la Policía Federal en el barrio Malvinas Argentinas de Trelew, donde vivía.

Oscar (alias Satanás) y su hermano Miguel Angel Chisu (Oso, fallecido) fueron notorios miembros de una patota criminal que prestó servicios para Rodolfo Ponce, delegado de la CGT y diputado nacional, y para Remus Tetu, interventor de la Universidad Nacional del Sur en 1975. Oscar fue chofer de Tetu, columnista de La Nueva Provincia. Militantes de los ’70 los recuerdan ostentando armas en La Fiambrera (Fiat 125 que usaban para los secuestros), en un Dodge Polara y en ambulancias de la Junta Nacional de Granos que devolvían ensangrentadas. Después del golpe de Estado estuvieron varias semanas guardados en un barco en la ría bahiense hasta que el mayor Luis González se los presentó al coronel Antonio Losardo, jefe del Destacamento de Inteligencia 181, que los contrató como custodios del general Adel Vilas. El nombre de cobertura de Héctor Oscar fue Hugo Omar Chávez y el de Miguel Angel, Mario Alberto Chávez, aunque quienes tuvieron la desgracia de conocerlos en 1976 los recuerdan como Ginebra y Petaca. Tras el retorno de la democracia supieron llevar en andas al eterno precandidato a intendente Dámaso Larraburu, quien ayer confirmó que volverá a presentarse por el Frente Renovador de Sergio Massa.

 

Oscar Chisu