Por
amplia mayoría, el Consejo de la Magistratura resolvió suspender e iniciar un
jury Néstor Montezanti, juez de la Cámara Federal de Bahía Blanca, ex agente de
Inteligencia del Ejército e imputado por su participación en delitos de lesa
humanidad.
Por
Diego Martínez
El
Consejo de la Magistratura resolvió ayer por amplia mayoría la suspensión y la apertura del procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento deMagistrados de Néstor Luis Montezanti, juez de la Cámara Federal de Bahía
Blanca, agente de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura y de
probados vínculos con miembros de la Triple A local. A partir de su actuación
durante el terrorismo de Estado pero también de sus “comportamientos
indecorosos, arbitrarios y despóticos” en democracia, de los que dan fe los
empleados de la Cámara y los alumnos de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional del Sur, el plenario del Consejo concluyó que las
conductas de Montezanti son “incompatibles con la vigencia de los derechos
humanos” y que carece de la “idoneidad moral y la vocación democrática”
indispensables para ser juez de la Nación.
Plenario del Consejo de la Magistratura. Foto Valeria Rossi. |
Montezanti fue imputado por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia por suparticipación en 22 homicidios de la Triple A entre 1974 y 1975, por elsecuestro y los tormentos de un militante de la Juventud Peronista que loreconoció durante su interrogatorio en el Cuerpo V de Ejército en 1977 y por surol como agente del Destacamento de Inteligencia 181. Quien avaló sus
“condiciones morales, ideológicas y familiares” y dijo conocerlo “en
profundidad” desde 1975 fue el coronel José Osvaldo “Balita” Riveiro, ex
miembro de la Triple A, condenado en ausencia en Francia por su actuación en el Plan Cóndor y prófugo de la Justicia. El juez federal Alejo Ramos Padilla ordenó
la citación de Montezanti a indagatoria y lo declaró en rebeldía luego de que el imputado faltara tres veces en una semana sin alegar motivos razonables ymintiendo abiertamente.
El
vínculo de Montezanti con la Triple A lo denunció en 2002 en una reunión del
Consejo Superior de la UNS el ex estudiante Alberto Rodríguez, delegado de la
Asociación Argentina de Actores y testigo en abril de 1975 del asesinato a
sangre fría de su compañero David Cilleruelo, con quien militaba en la
Federación Juvenil Comunista. El asesino –tal como informó Página/12 en 2007– fue el suboficial naval Jorge Oscar Argibay, ícono de la Triple A bahiense y
custodio del rector interventor Remus Tetu, a quien Montezanti había asesorado
cuando una asamblea de estudiantes promovió su destitución por usar textos
filonazis. Detenido a fines de 1975 por un tiroteo en Puerto Quequén, cuando le
informaron su derecho a designar un defensor, Argibay nombró al “doctor Néstor
Luis Montezanti”.
Asumió
como camarista a fines de 2002, ocultando al Senado su pasado en la
inteligencia militar. En 2004 se sintió injuriado con efecto retardado y
querelló a Rodríguez. Al dictar sentencia, el juez José Luis Ares consideró“convincentes y veraces” las declaraciones de cinco testigos que en 1974 vieron a Montezanti en medio de un grupo de matones de la Triple A que a punta depistola ocupaban la Universidad Tecnológica Nacional. La patota incluía a
Argibay (fallecido), a Juan Carlos Curcio y a Héctor Chisu, ambos imputados
este año en la causa Triple A. Chisu además fue en 1976 custodio del general
Adel Vilas y agente del mismo Destacamento 181. El otro dato clave del juicio
lo aportó el concejal y ex diputado radical Juan Pedro Tunessi: contó que en1984, de visita en el estudio de Montezanti, vio “un certificado o constancia de la Liga Anticomunista Argentina firmado por el general (Carlos) SuárezMason”, comandante del Cuerpo V en 1975.
Laprimera denuncia contra Montezanti en el Consejo la presentó en 2008 la Unión de Empleados Judiciales de Julio Piumato, que remarcó su “clara actitud
antisindical” sumada a “condiciones de trabajo humillantes y vejatorias”, abuso
de autoridad, trato despectivo y discriminatorio. En 2010, cuando la presidenta
Cristina Kirchner firmó el decreto que permitió conocer la nómina del personal
civil de inteligencia de la dictadura, se supo con certeza que había integrado
el Destacamento 181 como “asesor universitario”. Entonces fue el profesor de la
UNS Dante Patrignani quien denunció ante el Consejo la complicidad de
Montezanti con la dictadura y pidió su destitución. Patrignani pidió además el
juicio académico en la UNS, que los amigos del acusado en la Facultad de Derecho se encargaron de cajonear y que recién se destrabó tras la citación a
indagatoria. El mes pasado el Consejo Superior de la UNS admitió la “falta de ética en el ámbito universitario” del entonces profesor Montezanti y resolvióel inicio del juicio académico.
En ese
contexto, a partir de un dictamen del secretario de Justicia, Julián Alvarez,
se activó el Consejo de la Magistratura. La semana pasada la Comisión de
Acusación y Disciplina aprobó la apertura del proceso de remoción, que ayer
avaló el plenario. El dictamen fue aprobado por once de los trece consejeros,
dos más de los necesarios para alcanzar los dos tercios requeridos para el
jury. “Como jueza lamento que no me acompañen mis colegas”, destacó Gabriela
Vázquez en referencia a Leónidas Moldes y Luis María Cabral. “Montezanti tenía
conductas propias de personal castrense con los empleados judiciales”, remarcó
la jueza. Moldes fundó su negativa en que “cuestiones de procedimiento que
están siendo vulneradas”. Cabral acompañó en silencio, con silbidos de fondo de
militantes del Sitraju con carteles que reclaman “Una justicia al servicio del
pueblo”.
La diputada Anabel Fernández Sagasti recordó que en Mendoza se está juzgando a ex camaristas por acusaciones similares. “Queremos jueces imparciales, con espíritu y valores democráticos”, dijo. “No podemos tapar el sol con la mano, todos conocemos la situación de Bahía Blanca. Estamos trabajando con éxito y responsabilidad para normalizar la situación de esa jurisdicción. Es un día histórico para que la sociedad conozca el entramado de lo que sucedió en Bahía Blanca, donde hubo complicidad civil, judicial y eclesiástica”, recordó. El diputado Héctor Recalde, quien junto al abogado Miguel Piedecasas tendrá la responsabilidad de la acusación en el jury, remarcó que “fueron muchos los trabajadores que sufrieron la persecución en Bahía Blanca y merecemos conocer la verdad y que se haga justicia por ellos”. “Pedimos también que se aceleren los juicios por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca”, reclamó.
Consejeros Héctor Recalde y Julián Alvarez |
Tuve que abandonar Bahia Blanca el 8 d octubre de 1974 ante las amenazas de la Triple A. Recuerdo que entre los amenazados estaba el Director de Agronomía, Ferretjans,otra gente d la UNS,un abogado, Julio Camblor, creo que eremos 6 en total y hasta donde sé, los primeros amenazados. Yo era la Directora de Estudios Basicos (el Ciclo Basico que habia empezado ese año y tuv que dejar mi trabajo, mi casa y mi vida entera en un par de horas. Me pregunto porqué nunca fuí contactada por Uds y spero qu no haya habido discriminación política.
ResponderEliminarMi nombre es Lidia Henales