En el Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca se encontraron más de ochenta
pistolas, revólveres y escopetas, muchos con municiones. También más de 40
panes de droga, además de indagatorias pendientes y ausencia de registros sobre
detenidos.
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| Colección de armas en el juzgado federal de Bahía Blanca |
Por Diego Martínez
Detenidos a
quienes no se les tomaba declaración indagatoria durante meses. Indagados en el
limbo, con situaciones procesales irresueltas durante años. Drogas y armas
dispersas, sin identificar y sin las más elementales condiciones de seguridad y
custodia. El diagnóstico sobre el estado del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca
pertenece al juez federal Alejo Ramos Padilla, subrogante designado por el
Consejo de la Magistratura ante la sumatoria de irregularidades documentadas
por el Ministerio Público Fiscal, y forma parte de un informe presentado a la
Comisión Interpoderes creada por la Corte Suprema para impulsar los juicios de
lesa humanidad. La “grave situación institucional” que advirtió en junio el
Consejo de la Magistratura tenía lugar con el visto bueno de la Cámara Federal
de Bahía Blanca, que presidió hasta el jueves pasado Néstor Montezanti,
suspendido por el Consejo e imputado en la causa Triple A, y en la que sólo
sobrevive Pablo Candisano Mera, íntimo amigo de quien subrogó el juzgado del
caos en los últimos años, Santiago Ulpiano Martínez.
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| Ex juez ad hoc Santiago Martínez |
“En 33 años de
labor judicial no recuerdo que se haya vivido en democracia una situación de
conflicto tan intensa y prolongada como la de Bahía Blanca”, confesó meses
atrás la jueza Gabriela Vázquez, presidenta del Consejo. Ramos Padilla describe
en el informe el escenario con el que se encontró: infinitas indagatorias
pendientes, “prisiones preventivas vencidas y no informadas al Consejo”, “droga
–más de 40 panes– y armas” dispersas, “material estupefaciente a la intemperie
en la terraza del juzgado”, ausencia de registros sobre cantidad de detenidos y
menos aún sobre lugares de alojamiento, falta de control sobre arrestos
domiciliarios (imputados con armas en sus casas) y sobre traslados, detenidos
por delitos de lesa humanidad alojados en la seccional de la Policía Federal de
la que se fugó el fallecido torturador Julián Corres, retrasos generalizados,
“más de dos mil escritos por agregar” y “centenares de sentencias vencidas”.
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| Juez federal Alejo Ramos Padilla |
Sobre las más de
ochenta pistolas, revólveres y escopetas (muchos con municiones) desparramados
en armarios, cajones e inclusive a la vista, en las últimas semanas se trabajó
en la identificación de las causas a las que pertenecen, se procedió al desarme
y se pidió al Registro Nacional de Armas (Renar) que las traslade en forma urgente
a una dependencia con una custodia acorde a semejante arsenal. Un perito en
explosivos convocado por el juez llamó la atención sobre un proyectil de un
“arma antiaérea” catalogado como “material explosivo en condiciones de
detonar”. Estaba en un sobre con la tranquilizante leyenda “Carátula
3-20636–OJO: ESTA ACTIVADO”.
Ramos Padilla
advirtió también que “se borraron archivos y registros de utilidad de la
Secretaría de Derechos Humanos” del juzgado, destacó que a los “conflictos
internos” entre funcionarios se sumó el “temor a represalias” y la “falta de
personal capacitado”, y reclamó a la comisión que encabeza el supremo Ricardo
Lorenzetti que le provea recursos humanos para afrontar la ardua tarea en el
juzgado, donde además de las causas comunes están radicadas dos megacausas por
delitos de lesa humanidad con un universo de aproximadamente 750 víctimas y
alrededor de 100 imputados, incluidos militares, policías, empresarios como
Vicente Massot y ex magistrados como Hugo Sierra, Gloria Girotti y el propio Montezanti.
La Cámara Federal de Bahía Blanca, responsable
por sus facultades de superintendencia de controlar el funcionamiento del
juzgado que albergaba el arsenal, fue presidida hasta el jueves por Montezanti,
quien será sometido a un jury en el Consejo de la Magistratura por sus
“comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos”, por sus conductas
“incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y su falta de
“idoneidad moral y vocación democrática” para ser juez de la Nación. El mismo
día, luego de resolver el caso del magistrado y ex agente del Destacamento de
Inteligencia 181, la Comisión de Selección de Magistrados aconsejó al plenario
del Consejo cubrir las cuatro vocalías vacantes con otros tantos camaristas
federales. Los propuestos son Alberto Lugones, de San Martín; Alejandro Segura,
de San Justo; Roberto Lemos Arias, de La Plata, y Jorge Ferro, camarista de Mar
del Plata y juez subrogante en el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca que
este año concluirá el juicio a represores de la Armada y Prefectura. El
plenario podría designarlos en su próximo encuentro, el jueves 1º de octubre.
Hasta entonces los empleados de la Cámara deberán seguir tragando saliva y
compartiendo los pasillos con el abogado que según el Consejo “comulgó con el plan
de exterminio sostenido por los genocidas y fue partícipe del accionar de la
Triple A”, ya sin chances de usar el sello que consiguió durante el interinato
del senador Eduardo Duhalde aunque con su estirpe calabresa intacta.
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