Alegato de fiscalía. 6. Complicidades: poder judicial, prensa, iglesia católica, empresarios.

Ferro (Pte): doctor, puede continuar.

Córdoba (Fiscal): Muchas gracias. Vamos a desarrollar otras complicidades y coautorías. Luego de la enumeración que va  a pasar por el poder judicial, el rol de la prensa local, la Iglesia local y otras agrupaciones, pasaremos al relato de los hechos materia de juzgamiento.  En primer lugar y en cuanto al rol del poder judicial local en el plan criminal de extermino, voy a centrar la mención en la actuación del  Juzgado Federal 1, donde se decidió que no hayan causas judiciales. A cargo del doctor MADUEÑO, y las secretarías que actuaban en estos expedientes, la mayoría de hábeas corpus, eran las del doctor SIERRA o la doctora GIROTTI. Cuando había un fusilamiento presentado como un “enfrentamiento”, ni siquiera había una investigación orientada a encubrir esos hechos, la investigada era la víctima. Se iniciaba la investigación con el rol inverso. La justicia estaba bloqueada desde el inicio del planteo. Las víctimas eran imputadas, y luego sobreseídas, por resistencia a la autoridad. En los casos de los hábeas corpus, es sistemático el rechazo de los mismos, aún cuando había respuesta positiva. En la causa hay hábeas corpus, en los casos de María Emilia SALTO y Laura MANZO, en los cuales las autoridades militares responden al juez que ellas habían sido detenidas: aún en ese caso el Hábeas Corpus fue rechazado. Cuando la formalidad fue permeada por la realidad, aún así, se siguió cumpliendo el aporte del poder judicial al plan criminal. Cuando se hace el primer hábeas corpus de Eduardo HIDALGO, la fiscal VALDUNCIEL de MORONI dictaminó que debería investigarse “si no fue secuestrado por alguna banda subversiva”. Este plan llegó a tener a magistrados judiciales en sesiones de torturas, al lado de VILAS, como declararon numerosos testigos en esta audiencia. Por eso hay imputaciones y algún procesamiento en primera instancia, por participación y coautoría en torturas. El funcionario judicial en sesiones de tortura está lejos de  poder justificarse en el marco de una actuación al servicio de la justicia.  Lo que voy a rescatar en esto, es lo que significaba para una víctima que estaba en cautiverio, que iba a ser llevado ante el Juez: Mario MEDINA sintió que la aparición del juez del otro lado de las vendas, y secundado por ametralladoras del V Cuerpo, fue en ese caso, la confirmación que no había “plan B”. No lo iba a salvar ni el juez. No era ya que no había alguna esperanza que un juez se pudiera enterar y actuar. MEDINA confirmó no sólo que el juez estaba con sus captores, confirmó que el juez era uno de sus torturadores. Eso deshace cualquier esperanza institucional en el poder judicial, y es un tormento especial que se le infligió. La institución que podía ayudarlo no estaba con los verdugos: eran los verdugos. Lo mismo explicó José ALOISI respecto al caso Luis SOTUYO, cuando fue al Juzgado Federal y vio, entrando y saliendo, a personal militar con expedientes, como si el juzgado federal fuera un anexo del Vto. Cuerpo. Otros juzgados de la provincia actuaron del mismo modo. La Magistratura fue puesta al servicio de las armas. Es revelador un documento agregado a la causa, en el archivo Memoria Anual de la Sección Informaciones de la Prefectura Naval Argentina, estrictamente secreto y confidencial, fechado en abril de 1978. En ese documento, el informante le comunica a su jefe de inteligencia que el 4 de abril se tomó conocimiento que el actual Juez Federal de Bahía Blanca, MADUEÑO estaría haciendo gestiones para que se lo trasladara a la Capital Federal para ejercer una actividad similar allá. Lo que finalmente consiguió. Añade que esa gestión se sustentaría en un sentimiento de frustración del magistrado, porque consideraba que no se le habían reconocido sus esfuerzos en pos de la depuración ideológica de la UNS. Es decir, ahí está la prueba más allá de las numerosas actuaciones, de una magistratura puesta al servicio de las armas, en ese afán de formar parte de cuanto plan criminal hubiera. Ese reconocimiento lo tuvo después: fue juez de instancias superiores hasta bien entrado la década del 2000. En el año 1978 al no ser reconocido “debidamente” MADUEÑO hacía esos planteos a las Fuerzas Armadas, buscaba “reconocimiento”.

En el mismo sentido, ayer hablé del caso POSE, ese que CATUZZI ejemplificó cómo los órdenes de la “Lucha contra la Subversión” habían fluido por la cadena de mando: cuando CATUZZI supo que POSE había matado a dos personas, viendo que había actuado por propia iniciativa –la actuación criminal no podía ser por propia iniciativa en las fuerzas armadas- y sin posibilidad de vincularlo con ninguna actividad antisubversiva, dijo CATUZZI que en menos de doce horas le retiró el uniforme y armamento y lo puso a disposición de la justicia provincial, siendo condenado finalmente a cadena perpetua.

Es de destacar allí que si bien la condena fue a cadena perpetua, quien era Fiscal de Cámaras por ese entonces, Raúl Fernández OROZCO actual Juez Federal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, pidió la pena de muerte!. Eso tampoco está ajeno al plan criminal: es parte de una señal desde el poder judicial hacia adentro de las fuerzas armadas de ese momento. FERNÁNDEZ OROZCO actuó como magistrado durante toda la dictadura militar, luego cuando vino la democracia se tuvo que ir, y volvió al igual que la Fiscal MANGUERA de MARRA,  una vez que se organizaron los Tribunales. Está claro que está pendiente un proceso de desnazificación del Poder Judicial en esta ciudad.

En cuanto al rol de la prensa, la última dictadura arrasó con la libertad de expresión. Hubo un centenar de periodistas desaparecidos. Los grandes medios fueron acríticos y reverentes con la dictadura, se han beneficiado económicamente además, pero el papel de la prensa en Bahía Blanca tiene una faceta especial: es difícil establecer un ejemplo más acabado del compromiso de la prensa, como lo es entre La Nueva Provincia y las Fuerzas Armadas una relación de intimidad y consustanciación difícil de superar. Es revelador que en octubre de 1976 durante la “XXXVII Asamblea General de la SIP” Federico MASSOT dijo que en Argentina había libertad de prensa, que no había problemas para informar, opinar ni criticar al gobierno, lo que no se podía hacer en Argentina era apología del crimen. En este sentido destaco que en Bahía Blanca aún hoy se publican los titulares más autoritarios de la lengua española. Ante la SIP también, en marzo del 77, Vicente MASSOT dijo que ante la escalada marxista internacional, era lógico que las fuerzas armadas se vieran obligadas a tomar algunas decisiones lesivas para los derechos individuales, en salvaguarda de la integridad de la Nación. Era habitual si se leen los diarios de esos años, que cada autoridad militar que asumiera pasara por la Dirección del diario. VILAS al ser pasado a retiro, pasó por La Nueva Provincia. Al otro día el diario publicó que VILAS era un ejemplo para el país que se quería construir para las próximas generaciones. El acusado SELAYA lo primero que hizo al llegar a Bahía Blanca, fue ir al diario. Hay una foto con NUÑEZ y SELAYA saludando en la Dirección del diario La Nueva Provincia. Pensemos en el mensaje político, y criminal, que eso implicaba para las víctimas o las que podían serlo, o sus familiares: el director de la Cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense. en compañía del enlace con el centro clandestino, fotografiándose en la Dirección del diario. Un párrafo aparte merece también el caso HENRICH y LOYOLA: ambos ran trabajadores de los talleres de La Nueva Provincia, fueron secuestrados en junio del ’76 luego de hacer paros previo a la dictadura, y obtener algunos logros sindicales. Hay documentación agregada en la causa, donde la empresa informaba a los comandos militares y navales de la zona -está procesado el autor de ese informe- indicaba el personal a ser raleado. Antes de ese informe de Prefectura, ambas víctimas fueron convocadas y amenazadas en el Vto. Cuerpo “para que se dejen de joder”.  Si bien no forma parte de este juicio, en este repaso del rol de diferentes instituciones locales, es ineludible hacer referencia a esos hechos.  También porque BAYON no puede estar ajeno al lugar donde transcurrió el cautiverio de cuatro días de esos trabajadores, antes de su fusilamiento. Ni ante quién fueron interrogados. Ni a quién se lo mostraron, atados y amordazados, como trofeos de guerra.

En cuanto al rol de la Iglesia, voy a distinguir en lo que hace a los casos que estamos tratando. Hay al mismo tiempo por parte de la iglesia católica, víctimas, persecuciones de sacerdotes tercermundistas y de jóvenes que se habían formado en el catolicismo cercano a referentes del tercermundismo o curas con ideas de justicia social. Al mismo tiempo, Jorge MAYER bendecía las medallas que el Ejército le daba a MENDEZ o a  CORRES por el fusilamiento de HIDALGO o de SOUTO CASTILLO. También resultan significativas las respuestas que les daban a los familiares. MAYER les respondía “en algo andarán”, “los buenos no son para este mundo” y la culpabilización de los padres como responsables de las conductas de las Fuerzas Armadas. Emilio OGÑENOVICH, el 25 de mayo de 1976, según está publicado, decía que “los profetas de una moral sin Dios están recogiendo las consecuencias lógicas: la muerte” y llegó a decirle a algún familiar que reclamaba: “mi auto ya va solito al V Cuerpo”. Otro dato que da cuenta del rol y de la información que la iglesia católica tenía respecto de los hechos del Vto Cuerpo, o del desarrollo del accionar militar, lo da que la primera noticia que tuvo Adel VILAS de su pase a retiro. Esa novedad, de su pase a retiro, se la dio Monseñor TORTOLO. No el Ejército.  Esto lo revela Horacio VERBITSKY en el libro “La mano izquierda de Dios” en la página 136 (cita párrafos del autor). Según VILAS, había actuado contra la cabeza visible en la UNS, Gustavo MALEK pero no contra el ideólogo. También Adel VILAS contó en diferentes publicaciones, y en la indagatoria, que la iglesia católica le pedía ayuda para relevar o nombrar diferentes sacerdotes. La contracara de la actuación de MAYER y OGÑENOVICH son el monseñor Jaime de NEVARES y Miguel HESAYNE. En el libro de VERBITSKY se da cuenta de ello. HESAYNE cuestionó abiertamente el uso de la tortura ante el Comandante. Explica cuál fue el trasfondo de la liberación de CHIRONI. HESAYNE le advirtió a CATUZZI que lo legalizaba, o no le iba a permitir comulgar. Pero recién cuando HESAYNE le anunció a VIDELA que declararía este entredicho a toda la provincia de Río Negro y  que cerraría sus templos, ahí CHIRONI recuperó su libertad. HESAYNE propuso entonces que los torturadores directos o indirectos fueran excomulgados. Pero no obtuvo eco del Episcopado. También es significativa la frase de CATUZZI a la familia de CHIRONI, en cuanto a que el dolor purificaba, ahí está la idea del sufrimiento y destrucción de la vida como el modo de forjar un héroe bélico. Solo que en la práctica de esa teoría, el sufrimiento siempre es del otro. La teoría originada en NIETZCHE, es que el sufrimiento forja un “Héroe bélico”. Estas personas que invocaban esa filosofía, hacían una pequeña distinción: el dolor tenía que ser el del otro, eso los convertía en una especie de “nietzchenianos rengos”. La purificación la iban a obtener siempre con el dolor ajeno.    

En cuanto al rol de las corporaciones políticas y empresariales locales: Adel VILAS incentivaba la delación como parte de la operación psicológica. Había publicaciones constantes acerca de “si ve algún subversivo o algún acto subversivo delátelo”, fueron tantos los llamados –según declaró el propio VILAS- que tuvieron que empezar a filtrarlos, principalmente de los empresarios que denunciaban a sus empleados. El testigo Norberto CEVEDIO explicó cómo él que tenía la oficina de VILAS cerca, y cómo veía desfilar los empresarios yendo a delatar a sus empleados, y pidiéndole a VILAS que actúe. En ese sentido hay un pronunciamiento de la Corporación del Comercio y la Industria del año ’77, con firma de DI MEGLIO y RAMIREZ, donde estos destacan el espíritu de sacrificio y colaboración del sector empresario con la Patria y dicen también que “el empresariado sufrió y sufre los embates de la subversión, que pretende destruir la Nación”. El Ejército también en el Área Operaciones, intervino los gremios, y como ejemplo de consustanciación de los sectores productivos y represivos está la “Operación Trigo”. Adel VILAS ordenó un operativo de cercado en Tres Arroyos, que ejecutó PAEZ y la Agrupación Tropas. Había un interés que confluía en este sentido.

En cuanto a la Universidad Nacional del Sur, he dicho ya que el golpe de estado en Bahía Blanca empezó un año antes. En febrero del 75, asumió el rectorado REMUS TETU, que fue el rostro local de la misión IVANISEVICH en el Ministerio de Educación. El 2 de marzo de 1975, le planteaba el diario La Nueva Provincia al nuevo “Rector”: “si hay factores nocivos en la Universidad del Sur que la perturban, deben ser eliminados sin flaquezas”. Tenemos el resultado: la gestión de REMUS TETU significó la cesantía de docentes y no docentes, la prohibición de asambleas, la proscripción de Centros de Estudiantes,el  cierre de carreras. Si uno ve la lista de cesanteados, uno encuentra  los informes de Inteligencia relacionados: uno de los cesanteados fue Oscar Amílcar BERMUDEZ, según el informe: “considerado como Troskysta en el ámbito en que actúa y estaría relacionado con el ERP”. Esto, en abril del 75. Quince meses después estaba secuestado en “La Escuelita”. Néstor del RIO, según el mismo informe fue cesanteado en la UNS, sindicado “militante de izquierda”, de la JUP. Meses después, sería acribillado en una sala de internación del Hospital Municipal. Hugo SING CHUAN, sindicado “militante de izquierda”, era pareja de Mónica MORAN. Daniel CALLEJAS, militante de la JUP, al poco tiempo de ese informe, también estaría secuestrado en “la escuelita”. Y también Daniel BOMBARA, sindicado como “activista”. Este informe es de abril del ’5 y omitieron de la lista a Carlos RIVERA, quien luego de ser cesanteado también a los pocos meses sería víctima de la represión por parte del Ejército.  En este repaso por la estructura militar, por el rol de algunos otros actores e instituciones, y personas que aún continúan con actuación, cabe señalar que si bien el crimen de masas tuvo como marco las estructuras militares, hay que distinguir que la aplicación del poder punitivo no fue en ejercicio de funciones bélicas, sino que fue producto de la Doctrina de Seguridad Nacional. Fueron operaciones aplicando funciones policiales, eso quedó claro en la indagatoria de MÉNDEZ. La aplicación del poder punitivo, llegó a los niveles que llegó, en cuanto a la profundidad de la represión, porque la función materialmente policial abarca el dominio del territorio, que es uno de los presupuestos de la lucha “contrainsurgente” en la doctrina francesa, a partir de la división del territorio en zonas, subzonas y áreas. Ahora el doctor AZZOLIN va a seguir con el desarrollo de una de las instituciones centrales del Terrorismo de Estado, los centros clandestinos de detención.