La valiente muchachada de Massot

A 36 años de los asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas y delegados de los trabajadores de La Nueva Provincia, la Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó los procesamientos de siete marinos y prefectos. El único imputado del Ejército, que en la hipótesis judicial liberó la zona a los hombres de mar, es por el momento el general Juan Manuel Bayón, que se apresta a recibir su primera condena. Mientras los represores se retuercen ante el alegato del fiscal Abel Córdoba y la sociedad bahiense se resiste a salir de su letargo, el diario de Vicente Massot guarda un silencio atronador.

Por Diego Martínez

Desde Bahía Blanca

bahiagris.blogspot.com

Tres oficiales retirados de la Armada y cuatro ex miembros de Prefectura deberán rendir cuentas ante la justicia por los asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, los delegados de los trabajadores del diario La Nueva Provincia que fueron secuestrados, torturados y asesinados en julio de 1976. A 36 años de los crímenes de los gráficos que osaron enfrentar a la familia Massot, la Cámara Federal confirmó los procesamientos del contralmirante Manuel Jacinto García Tallada (condenado a 25 años de prisión en la causa ESMA) y de los capitanes de navío Guillermo Félix Botto y Oscar Alfredo Castro, como coautores mediatos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios agravados. La medida alcanza a los prefectos Félix Ovidio Cornelli y Francisco Manuel Martínez Loydi, responsables del informe de inteligencia que calificó a las víctimas como “personal a ser raleado de un medio de difusión fundamental” a los fines del terrorismo de Estado, y a sus subordinados Néstor Alberto Nogués y Luis Angel Bustos. Los últimos dos integraron la sección informaciones de la Prefectura zona Atlántico Norte que la inteligencia naval calificaba como “avanzada” de la Armada en la “lucha contra la subversión” y “ojo y vida” del Comando de Operaciones Navales (CON) a cargo del vicealmirante Luis María Mendía, el hombre que “en horas nocturnas” se encerraba a departir con la directora del diario, Diana Julio de Massot, quien murió impune en 2009. Bustos fue reconocido además en el secuestro de Gerardo Carcedo, un ex concejal del Frejuli visto por última vez en cautiverio en el centro clandestino que funcionó en la base de infantería de marina Baterías, en Punta Alta. Bustos admitió en privado que secuestró a Carcedo por orden de la Armada y agregó que fue asesinado en un vuelo de la muerte.

La relación de la familia Massot con la Armada data de mediados del siglo pasado. El 17 de septiembre de 1955, un día después del golpe de Estado que derrocó a Perón, el autodenominado “Comando Naval Revolucionario” designó a Federico Ezequiel Massot como interventor del diario que había heredado su esposa Diana, nieta del fundador. El capitán de fragata Raúl González Vergara, a cargo de la Aviación Naval que bombardeó Buenos Aires, comenzó entonces las gestiones para que su amigo fuera reintegrado al cuerpo diplomático. Perón había declarado cesante a Massot en mayo de 1952 por las deudas personales que contrajo como encargado de negocios en Manila, Filipinas, donde un mes antes había nacido su hijo Vicente, actual director y célebre apologista de la tortura. Como cartas de presentación para poder retornar al servicio exterior, Massot padre ofreció a dos marinos de la familia: su cuñado Alberto Antonini y su primo Juan Carlos Argerich, el capitán que al frente de 250 infantes de marina rodeó la Casa Rosada para tomarla luego del bombardeo. El lobby rindió frutos no sólo para Federico, que se convirtió en encargado de prensa de la embajada en Londres, sino también para su padre homónimo, un traductor y profesor de secundario a quien Aramburu designó en 1956 como cónsul general en Gotemburgo, Suecia.

La relación durante la última dictadura es más conocida. A mediados de los ’70, sotanas y uniformes blancos saturaban tapas y páginas de La Nueva Provincia. En mayo de 1975, cuando en teoría los marinos estaban en los cuarteles y las ejecuciones las firmaba la Triple A, Massera declaró en Puerto Belgrano que “la Armada vive en guerra y participa con la energía y decisión clásicas de su patrimonio histórico”. El almirante que derrocaría a Isabel Perón habló de su “vocación democrática” pero diferenció a “los subversivos” y dijo que la Armada estaba “segura en fuerza y en derechos para enfrentarlos y destruirlos”. El mismo día los Massot elogiaron sus palabras como “una de las más claras y precisas manifestaciones castrenses sobre el sentido del proceso que el país protagoniza”, en tiempo presente (LNP, 17.5.75). En noviembre, mientras Prefectura pulía su informe sobre “guerrilla sindical” en el diario, Massera contaba que “hace tiempo la Armada está actuando contra la subversión” aunque “en una forma más silenciosa” que el Ejército (LNP, 30.11.75). Mendía arengaba a sus soldados a avanzar en “el exterminio de la subversión apátrida que, como mala cizaña, debe ser eliminada de la tierra de los argentinos” (LNP, 8.11.75). “No habrá pausa contra la guerrilla”, advertía un mes antes del golpe (LNP 17.2.76).

El contralmirante García Tallada era al tiempo de los crímenes el jefe de Estado Mayor del CON a cargo a de Mendía (foto), el hombre que por las noches se encerraba en la dirección del diario según escribió el ex capitán Scilingo, y que murió sin condena igual que su anfitriona.  Del comando dependían once fuerzas de tareas, incluida la célebre FT3 de la ESMA. Cuatro de esas fuerzas estaban en el “Área de Interés Bahía Blanca-Punta Alta”, según la terminología del Plan de Capacidades (Placintara) elaborado para “aniquilar a la subversión”. De la Fuerza de Tareas 2 que comandaba el capitán de navío Oscar Alfredo Castro dependía la Prefectura Zona Atlántico Norte, responsable del informe “estrictamente secreto y confidencial” con la sentencia de muerte de Heinrich y Loyola.

“Heinrich y Loyola eran objeto de actividades de inteligencia en razón de integrar uno de los Elementos Esenciales de Información (EEI-2) establecidos por el Placintara”, explican en su resolución los camaristas Pablo Candisano Mera y Ángel Argañaraz. El EEI-2 se refería a “la actividad gremial o sindical obrera en fábricas” y “su principal ejecutor es el Departamento de Inteligencia del CON”, de donde “partían los requerimientos a las agencias colectoras y secciones o divisiones de inteligencia subordinadas”, como la sección a cargo de Martínez Loydi. El teniente de navío Guillermo Félix Botto estaba a cargo de la divisiones “Contrainteligencia” y “Obtención” del CON, subordinado directo del departamento Inteligencia que encabezaron Eduardo Morris Girling y Guillermo Obiglio, que también murió impune. Era “el enlace no sólo con la Prefectura sino con el resto de la comunidad informativa local”, explican los jueces. La FT2 a cargo de Castro “era la Fuerza de Tareas responsable del Área de Interés Principal Punta Alta-Bahía Blanca”. En la causa “quedó acreditado que era plenamente operativa en su jurisdicción y que fuerzas subordinadas, como Prefectura, detenían personas con destino COFUERTAR 2”.

De sanear, ralear y matar

El documento que este cronista publicó hace un lustro y sobre el que Vicente Massot nunca informó a los lectores de La Nueva Provincia se titula “Estudio realizado sobre el diario La Nueva Provincia de esta ciudad” y, entre paréntesis, “guerrilla sindical”. Elaborado en base a información “propia y de Policía Federal”, el informe detalla la supuesta “infiltración que, manejada desde la Universidad Nacional del Sur y grupos marxistas del peronismo, se llevó a cabo entre el personal” de la empresa. Menciona actos de sabotaje pero minimiza la importancia de detallarlos porque los Massot ya lo habían documentado, no ante el Ministerio de Trabajo sino ante “los comandos militares y navales de la zona”. El objetivo del informe es consignar datos sobre el “personal a SER REALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSIÓN FUNDAMENTAL (en mayúsculas) tal cual lo marca una efectiva acción ‘contrarrevolucionaria’ que tienda a sanear los medios preferidos por la revolución mundial para su labor de infiltración, subversión cultural y posterior victoria”. Luego enumeran 17 “activistas”. Heinrich y Loyola encabezan la lista y en ambos casos figuran las direcciones de sus casas, donde fueron secuestrados en la madrugada del 1º de julio de 1976.

Los camaristas distinguen las etapas de adquisición, concreción y ejecución del blanco. La primera, de recolección de información adentro de la empresa, se trabajó durante 1975, ya que el primer borrador que rescató el ex fiscal general Hugo Cañón data del 6 de diciembre de ese año. La Prefectura Zona Atlántico Norte estaba entonces a cargo del prefecto mayor Julio Benjamín Baeza y la sección informaciones del prefecto Bernardino Miguel Nieto (murió impune). La versión final está fechada el 22 de marzo de 1976, el mismo día que en el cine de Puerto Belgrano el vicealmirante Mendía informaba a 900 oficiales sobre la “muerte cristiana” que se aplicaría para preservar “la ideología occidental y cristiana”. Al tiempo de la “ejecución del blanco” la Prefectura estaba a cargo de Cornelli, que a fin de año pasó a despedirse en persona de Diana Julio y reafirmo su decisión de “aniquilar a las huestes de la delincuencia ideológica” (LNP, 11.12.76); la sección informaciones la encabezaba Martínez Loydi, que hace cinco años, consultado por el cronista, tradujo “raleado” como “movido, sacado”. “No creo que Prefectura se haya metido en la parte gremial”, dijo, sin saber que el fiscal Cañón había recuperado un archivo con cientos de documentos que prueban lo contrario.

--¿Alguna fuerza en particular se ocupaba de la seguridad de esa empresa?

--Pudo haber sido la SIPBA –dijo Martínez Loydi (foto), de buena memoria: el informe que había firmado 31 años antes destaca la “labor de esclarecimiento” sobre el supuesto sabotaje en La Nueva Provincia del comisario Héctor José Ramos, segundo jefe del Servicio de Informaciones de la policía de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA). Montoneros asesinó a Ramos el 20 de marzo de 1975 y se adjudicó el hecho en un comunicado, en el que explicó que era “el más eficiente torturador que conociera nuestra ciudad”. El dato de Ramos como “uno de los jefes de seguridad” de La Nueva Provincia estaba en el borrador de Prefectura pero fue eliminado en la versión final.

La sección informaciones de PZAN “tuvo una actuación excluyente en el proceso de adquisición de blancos dentro del ciclo de inteligencia”, que “posibilitó el secuestro y posterior homicidio” de Heinrich y Loyola, afirman Candisano Mera y Argañaraz. El trabajo del grupo de personas que conducía Martínez Loydi fue elogiado en 1977 por el jefe del departamento Inteligencia del comando de operaciones navales, capitán de navío Juan Iglesias, quien la calificó como el “ojo y vida” del comando a cargo de Mendía y la “avanzada” de la Armada en Bahía Blanca.

La confesión de Bustos

Néstor Alberto Nogués y Luis Angel Bustos eran dos de los nueve integrantes de la sección informaciones a cargo de Martínez Loydi. Bustos fue exonerado de Prefectura en plena dictadura luego de ser condenado por la justicia por la privación ilegal de la libertad de dos hermanas de catorce y quince años que protagonizó junto con su compañero Rodolfo Orlando García, quien violó a una de las adolescentes a punta de pistola en el mismo Falcon verde metalizado patente B1-106.521 que usaban para los secuestros. Los hechos ocurrieron el 26 de marzo de 1977 y comenzaron a esclarecerse un día después, cuando la policía los detuvo con otra mujer secuestrada a quien extorsionaban para tener sexo. Los prefectos intentaron explicar que estaban en “misión secreta” e interrogaban a una mujer “fichada en la comunidad informativa como comunista”, pero no convencieron y terminaron encerrados en dos calabozos. En septiembre de 1978, cuando se dictaron las condenas, ambos se habían fugado.

Durante los meses que estuvo preso, Bustos fue reconocido por un testigo del secuestro de Carcedo (foto), concejal de Bahía Blanca hasta el día del golpe de Estado. Eugenio Senesi, vecino del concejal peronista, declaró que vio cuando  personas de civil forcejearon con Carcedo y lo cargaron en un Falcon verde, en la madrugada del 17 de octubre de 1976, en la puerta de una confitería en Avenida Colón 220.. “Pude ver a un solo de ellos. Esa persona me miró”, dijo ante la justicia. Meses después, en 1977, Senesi estaba detenido en la cárcel de Villa Floresta cuando Bustos y García llegaron a la Unidad 4 acusados de violación. Lo contactó por medio de un enfermero del penal y le preguntó por Carcedo. “Cuando te encuentre en la calle te voy a contar”, prometió el prefecto. Se reencontraron tres años después en la confitería del hotel Comahue, en Viedma. Bustos, ya exonerado y en teoría prófugo, admitió que él y García habían participado del secuestro de Carcedo, dijo que el operativo había sido ordenado por la Armada y que tiempo después el dirigente peronista fue arrojado desde un avión naval al Río de la Plata.

El octavo acusado por los asesinatos de los empleados de La Nueva Provincia es el general Bayón (foto), el militar de mayor jerarquía de los acusados en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. La Cámara Federal explicó en su resolución que para secuestrar y matar a Heinrich y Loyola fue necesario “un operativo conjunto conducido por elementos de Ejército y de Marina”, ya que “debió coordinarse entre las dos autoridades de ambas Fuerzas: Comando del V Cuerpo de Ejército y Comando de Operaciones Navales”. La coordinación implicaba liberar la zona: los secuestradores esperaron a Loyola en su casa durante siete horas y con sus vehículos en la calle, un operativo impensable sin el visto bueno del Estado Mayor del Cuerpo V que integraba Bayón.

Los camaristas cuestionan en su resolución al juez ad hoc Eduardo Tentoni por elaborar “una hipótesis que vincula casi exclusivamente (con los crímenes) al Ejército” y que consideran “forzada”, lo critican por sus “vicios de fundamentación”, “difícil y oscura lectura”, “repetición hasta el hartazgo de la transcripción de algunas pruebas”, “extenso desarrollo histórico a través del cual se hace hincapié con gran detalle en aspectos de poca incidencia sobre las cuestiones a decidir”, en tanto lo dedicado a la prueba “es realmente parco”. A pedido del fiscal Córdoba, la Cámara incorpora además el procesamiento por asociación ilícita que Tentoni omitió.

El asesinato de los dirigentes gremiales que molestaban a la familia Massot no forma parte del juicio oral que se desarrolla por estos días en el aula magna de la Universidad del Sur. El rol cómplice de La Nueva Provincia, diario que no publica una línea del proceso que transcurre a cien metros de la redacción, es sin embargo moneda corriente. El Ministerio Público que representan Córdoba y Horacio Azzolin terminó de desmenuzar anoche los casos de las 90 víctimas por las que se realiza el juicio y comenzarán a detallar hoy la responsabilidad de cada acusado. Para los primeros días de agosto, tras la feria judicial, está previsto el fin del alegato, y en septiembre terminaría el juicio. Por el momento son casi ochenta los represores que esperan su turno, incluidos los valientes muchachos de Massot, que al servicio de “un medio de difusión fundamental” masacraron a Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola.