Por Diego Martínez
El arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti, imputado por encubrir al ex capellán militar Aldo Vara durante los ocho meses en que estuvo prófugo, deberá prestar declaración indagatoria hoy a las 8.30 ante el juez federal Alvaro Coleffi. Garlatti conduce la diócesis de la que dependía el fallecido Vara, quien a poco del comienzo del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca decidió mudarse a Paraguay y fue acogido en una parroquia de Ciudad del Este “a pedido de su obispo”, según informó el obispado esteño. De la investigación del Ministerio Público Fiscal surge que el arzobispado continuó pagándole un beneficio jubilatorio al capellán mientras estaba prófugo, al tiempo que omitía aportar ese dato y decía desconocer su paradero ante los requerimientos del juez. A partir de las 11, en tanto, será indagado el empresario inmobiliario Leopoldo Bochile, ex apoderado del cura. Vara murió la semana pasada mientras cumplía arresto parroquial en Ciudad del Este. El Ministerio Público y el juez Coleffi pidieron una autopsia para conocer la causa del fallecimiento, medida que hasta anoche no se habría concretado.
La denuncia por encubrimiento la formularon los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani al día siguiente de la captura de Vara, luego de certificar en la curia que nunca había dejado de cobrar su jubilación. El juez subrogante Santiago Martínez dejó pasar una semana, delegó la causa en el fiscal Antonio Castaño y diez días después de la denuncia autorizó el allanamiento al arzobispado, donde se encontró un poder de Vara a Bochile y constancias de los cobros. Ante la licencia de Castaño, lo reemplazó el fiscal Alejandro Cantaro, quien pidió el allanamiento de la casa de Bochile, donde se secuestró una computadora. Ambos fiscales insistieron sin suerte con los pedidos de indagatoria a Martínez, que también se tomó licencia. El lunes lo reemplazó Coleffi, quien analizó las pruebas acumuladas y de inmediato fijó la fecha de las indagatorias.
Garlatti se presentará hoy en tribunales acompañado por su abogado Héctor Bertoncello, ex senador nacional y antes funcionario del gobierno bonaerense del radical Alejandro Armendáriz. El ex apoderado de Vara, titular de Bochile Inmobiliaria, será defendido por Rubén Diskin, abogado a su vez del empresario Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, quien ya fue indagado por su actuación durante el terrorismo de Estado. Por el Ministerio Público, ante las licencias de Castaño y Cantaro, actuará la fiscal María Cristina Manghera de Marra, ex esposa del contador y hombre de confianza de Massot.
El obispo de Ciudad del Este, Rogelio Livieres Plano, informó que le dio cobijo a Vara “a pedido de su obispo”. “Vara se refugia porque no encuentra justicia en su país. Salió porque no era un proceso justo”, blanqueó el motivo el párroco Ecar Rolón. Ante requerimientos del juez, tanto el Vaticano como la Conferencia Episcopal Argentina y los arzobispados de Mendoza, San Rafael, La Plata y Bahía Blanca dijeron desconocer el paradero de Vara. Garlatti, de quien dependía el fugado, agregó que Vara no había elevado ninguna solicitud para trasladarse al exterior. Omitió, en cambio, decir que Vara seguía cobrando mes a mes un “fondo de solidaridad” por medio de su apoderado. De los documentos secuestrados en la curia surge que Garlatti firmaba todos los meses la misma planilla donde Bochile dejaba constancia del cobro para el prófugo.
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