Proteger es divino. La Iglesia al servicio del ex capellán prófugo

Dos obispos, comprometidos en el encubrimiento del ex capellán acusado de delitos de lesa humanidad que estuvo ocho meses prófugo y fue detenido hace una semana en Paraguay. Son los encargados de su diócesis, Bahía Blanca, y la que lo acogió, Ciudad del Este. “Lo recibí a pedido de su obispo”, declaró el último

Garlatti, arzobispo de Bahía Blanca

Por Diego Martínez

El ex capellán Aldo Vara, imputado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, vivió los últimos ocho meses como prófugo de la Justicia gracias a la cobertura que le brindó la Iglesia Católica desde al menos dos países. Mientras el arzobispo bahiense Guillermo Garlatti le libraba cheques mes a mes por medio de un apoderado, Vara se mantuvo a resguardo en una parroquia de Ciudad del Este, diócesis que conduce el obispo Rogelio Livieres Plano, quien hace ya un lustro desató un escándalo entre los laicos por acoger a un cura acusado de abusos sexuales. “Vara se refugia porque no encuentra justicia en su país. Salió porque no era un proceso justo”, declaró a un diario local el párroco Ecar Rolón para justificar el encubrimiento en Paraguay. “Esto era posible al no existir sanción canónica”, lo respaldó el propio Livieres Plano, ex profesor de la Universidad Austral y ex vicario de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei en Buenos Aires. Mientras en Bahía Blanca la Justicia investiga a Garlatti por financiar al prófugo al mismo tiempo que el Estado ofrecía una recompensa para capturarlo, el comunicado de la diócesis de Ciudad del Este aporta un dato clave: el ex capellán “fue recibido a pedido de su Obispo”. El texto omite precisar nombre o jurisdicción, pero ese obispo con mayúscula no es otro que Garlatti, confirmó a Página/12 el sociólogo Fortunato Mallimaci. A la espera de la extradición, Vara seguirá dando misa y dormirá en la misma cama que cuando era un prófugo, ahora bajo arresto parroquial.

  El rol de Vara durante el terrorismo de Estado es público desde el Juicio a las Juntas por el testimonio de sobrevivientes del centro clandestino La Escuelita. En 1999, durante el Juicio por la Verdad de Bahía Blanca, el propio ex capellán admitió que supo de las torturas en el Cuerpo V de Ejército y que vio las secuelas de la picana sobre el cuerpo de jóvenes secuestrados en el Batallón de Comunicaciones 181. El entonces fiscal Hugo Cañón pidió su imputación, pero la Cámara Federal se la negó cuando todavía regían las leyes de impunidad. Trece años después, el tribunal que condenó al primer grupo de represores bahienses tomó nota de los testimonios sobre Vara, consideró probada su “culpabilidad” en secuestros y torturas, y ordenó que se lo investigara en primera instancia. En abril de 2013, los fiscales federales José Nebbia y Miguel Palazzani desmenuzaron las pruebas contra el cura, a quien caracterizaron como un agente de inteligencia que sólo por su técnica se diferenciaba de los militares, y pidieron su detención e indagatoria. El juez subrogante Santiago Martínez dijo no encontrar “elementos suficientes” (tampoco los encontró en el caso de los directivos del diario La Nueva Provincia) pero la Cámara Federal opinó lo contrario y en agosto ordenó la captura, que se concretó el lunes pasado en Ciudad del Este.
  “Interpol lo arrinconó y acordaron su presentación ‘voluntaria’ a la regional de la organización transnacional”, precisó el periódico E’a bajo el título “Iglesia paraguaya protegió a cura argentino acusado de torturas”. Una alta fuente de Interpol confió al diario que lo encontraron en la parroquia Virgen del Rosario y que, “como es una persona mayor”, le concedieron ese inusual beneficio. El imputado fue trasladado luego a Asunción, donde el juez de garantías Hugo Sosa Pasmor le concedió el arresto en la misma parroquia que lo cobijó como prófugo, a la que volvió con custodia policial. El párroco Rolón, que acompañó a Vara durante el simulacro de entrega, declaró al diario La Vanguardia que su compañero “salió (de la Argentina) porque no era un proceso justo”. En la misma línea que el ex juez Otilio Romano cuando pidió refugio en Chile o que el ex piloto naval Julio Poch cuando fue detenido en España, Rolón sugirió que Vara es víctima de una persecución y agregó que “se siente martirizado y golpeado por algo externo”, aunque aseguró que “la Justicia paraguaya estará resolviendo como corresponda”. Mientras cumpla el arresto en la parroquia, el cura de ochenta años seguirá oficiando misa, aclaró Rolón, que es capellán de la penitenciaría de Ciudad del Este.

Livieres Plano, obispo de Ciudad del Este

  El obispo Livieres Plano, más precavido, se dirigió “a los fieles y medios de prensa” mediante un comunicado oficial de la diócesis de Ciudad del Este. “Habiendo conocido que pesaba sobre él (Vara) una orden judicial, emanada de autoridades argentinas, se presentó” ante Interpol, apuntó en un claro intento de desmentir a las publicaciones que habían informado sobre la falsa entrega voluntaria. El obispo, que es también abogado y escribano, apuntó que el ex capellán ayudó “en la liturgia y otras actividades” de la parroquia y aclaró, por si el dato contrariaba a algún feligrés, que “esto era posible al no existir sanción canónica” (vale aclarar que la Iglesia Católica tampoco aplicó una “sanción canónica” al ex capellán Christian von Wernich, condenado a prisión perpetua en 2007 como “torturador y asesino”, según el Tribunal Oral Federal de La Plata). “El citado sacerdote goza de la estima de la comunidad parroquial por sus servicios y calidez humana”, aseguró, y le agradeció “la entrega y sacrificio demostrados durante este poco tiempo en que estuvo desarrollando actividades pastorales”.

"Se desconoce su paradero"

  Livieres Plano numeró del uno al cinco los puntos relevantes para el frente interno y mencionó como al pasar, en la introducción, un dato clave para la investigación del encubrimiento por parte del Arzobispado de Bahía Blanca, que denunció el martes el Ministerio Público. Vara “fue recibido en la Diócesis de Ciudad del Este a pedido de su Obispo”, escribió, sin precisar el nombre ni la jurisdicción eclesiástica de origen. Consultado por Página/12, Mallimaci explicó que “Vara es un sacerdote incardinado, es decir, con anclaje territorial permanente, por lo que depende siempre de un solo obispo, en su caso el de Bahía Blanca”. “Para que pudiera ejercer en otra diócesis, Garlatti debió haberlo recomendado o cuanto menos haber certificado que es un sacerdote en plenitud”, agregó.
El arzobispo que pidió a su par paraguayo recibir a Vara y que todos los meses libraba un cheque para el prófugo por medio de su apoderado Leopoldo Bochile es el mismo hombre que en noviembre, ante un pedido de ayuda de organismos de derechos humanos, dijo desconocer el paradero de Vara. El fiscal Castaño ya promovió la acción penal por encubrimiento, en principio contra Garlatti y Bochile, dueño de Bochile Inmobiliaria en Bahía Blanca. La causa está en manos del juez subrogante Martínez, quien debería excusarse porque ya se pronunció a favor de la inocencia del ex capellán.
diemar75@gmail.com

"Mi aporte sacerdotal"

Por D.M.

La participación de Aldo Vara en el terrorismo de Estado se conoce desde el Juicio a las Juntas.

Aldo Vara fue capellán auxiliar del Cuerpo V de Ejército entre 1971 y 1979 y es el único sobreviviente de los religiosos que tuvieron un rol protagónico junto a los represores del comando. En los últimos años murieron impunes el ex arzobispo Jorge Mayer, que llegó a bendecir medallas de torturadores; su segundo Emilio Ogñenovich, que en 1976 justificó que “los profetas de una moral sin Dios están recogiendo las consecuencias lógicas”, y Dante Vega, el capellán del Cuerpo V que durante la dictadura admitió ante madres de secuestrados que sus hijos estaban en La Escuelita y, en democracia, juró por la Biblia no conocerlas.

El más conocido de los casos que involucran a Vara es público desde el Juicio a las Juntas gracias al testimonio de un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 1 que fueron secuestrados en diciembre de 1976 y torturados durante un mes en La Escuelita. Abandonados en una ruta, otro grupo de militares simuló rescatarlos y los llevó al Batallón, donde recibieron varias visitas del capellán. Uno contó que “nos traía galletitas, cigarrillos, preguntaba cómo habíamos llegado ahí, pero no les avisó a nuestros padres como le pedíamos”. Gustavo Aragón consideró una ironía que Vara fuera a llevarles “la palabra de Dios” y a hacerlos rezar mientras seguían en cautiverio. Gustavo López contó que a veces iba con sotana y otras con pantalón, siempre con cuello blanco. José María Petersen declaró que les daba “una especie de contención”, pero cuando relataban las torturas permanecía en silencio. Recordó una respuesta de antología que el tribunal apuntó en la sentencia: Vara sugirió que los secuestradores eran paramilitares que actuaban por su cuenta y que los estaban buscando.
Cuando Dorys Lundquist de Chabat supo que su hija Patricia estaba secuestrada en los fondos del Cuerpo V intentó hacerle llegar ropa y medicamentos homeopáticos a través de Vara. Dos días después de dejarle el envío en la casa que el cura compartía con su madre, Vara la visitó en su Citroën amarillo limón. Le dijo que no podía hacerle llegar el paquete a su hija pero que se quedara tranquila que estaba bien atendida y bien alimentada. “A las chicas las respetan”, le aseguró, en referencia a lo que ocurría en el centro clandestino. Dos días después de ser blanqueada en la cárcel de Villa Floresta, con signos visibles de tortura, Patricia recibió la visita del sacerdote, a quien había conocido en su adolescencia. Vara le aconsejó olvidarse de los padecimientos en cautiverio y le dijo que todo era culpa de sus padres.
No sólo los sobrevivientes recordaron la actuación de Vara durante el juicio oral. El ex conscripto Daniel Fonti, quien ingresó al Cuerpo V a fines de 1975 luego de recibirse de médico, declaró que Vara tenía “mucho contacto con la gente asignada a La Escuelita”. “Al centro clandestino iban religiosos, curas”, relató a su turno el médico Alberto Taranto. “Supe cómo se llamaban (los capellanes) pero no recuerdo”, agregó.
Citado como testigo en el Juicio por la Verdad en 1999, luego de que el fiscal Hugo Cañón le recordara su obligación de no mentir, Vara confirmó el relato de los estudiantes de la ENET. “Esos chicos dijeron que habían estado en un lugar clandestino llamado La Escuelita, que nunca visité”, se adelantó a la pregunta. “Todo el mundo en la ciudad hablaba de La Escuelita”, sugirió. “Alguno dijo que había sido torturado” con “métodos eléctricos”, recordó, y admitió que tenían secuelas. “No recuerdo exactamente (en qué parte del cuerpo) pero me las mostraron”, dijo. Como “corrían peligro de vida ellos y sus familias” les recomendó que no hablaran “más que con su papá y su mamá”, al menos “hasta que llegaran tiempos en que se pudiera hablar”.
Cañón acusó a Vara como partícipe secundario de los delitos de torturas y privaciones ilegales de la libertad. Los jueces Luis Ramón Dardanelli Alsina, Víctor Américo Bambill y José Pedro Díaz, con las leyes de impunidad en vigencia, se negaron a citarlo a indagatoria.
En septiembre de 2012, luego de escuchar a casi 400 testigos, los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava ordenaron en su sentencia que se investigara a Vara, a quien no pudieron escuchar como testigo porque la Iglesia Católica dijo ignorar su paradero. El tribunal consideró haber “determinado a esta altura de los hechos y con el grado de probabilidad suficiente la culpabilidad del sacerdote” en delitos de lesa humanidad. Como el juez subrogante Santiago Martínez delegó la investigación en el Ministerio Público, la orden del tribunal recayó en los fiscales Nebbia y Palazzani, que dos días después de la mutación del cardenal Bergoglio en papa Francisco pidieron la detención del ex capellán.
“Vara garantizó la continuidad de la privación ilegal de la libertad y torturó psíquicamente a los cautivos dentro del centro clandestino y a sus familiares afuera”, escribieron los fiscales. “Así como los médicos ponían sus saberes al servicio del plan represivo, los sacerdotes, amparándose en su misión pastoral, interrogaban a los secuestrados”, apuntaron, y destacaron que Vara “comparte el pacto de silencio cínico y cruel que une a todos los responsables, silenciando información que podría aliviar el dolor de sobrevivientes y familiares”. Entre los elementos que refuerzan las pruebas del rol de Vara citaron su carta de despedida al jefe del Batallón 181 en 1979. “Fue un honor para mí haber podido comprometer mi vida, y arriesgarla, durante estos largos años de iniquidad y salvajismo. Fue un honor brindar mi aporte sacerdotal a una empresa tan difícil.”

Sotanas manchadas
Por D.M.

El avance de los procesos por delitos de lesa humanidad durante la dictadura apenas roza a la Iglesia Católica. Mientras sus jerarcas se beneficiaron con la impunidad biológica, entre los capellanes que consolaron a pilotos de la muerte o a torturadores de centros clandestinos hay apenas un condenado: Christian von Wernich (foto).

“La complicidad de la Iglesia Católica con la Junta Militar no parece despertar interés por parte de los tribunales”, apunta el CELS en su informe anual 2014. El Poder Judicial “se ciñó a dilucidar –y sólo en contados casos– las responsabilidades individuales de sus miembros, a pesar de la vasta literatura, prueba documental y de la contundencia de los testimonios que desde el Juicio a las Juntas evidenció la necesidad de un abordaje institucional”, destaca el informe, aún inédito.
El obispo Oscar Justo Laguna fue el único miembro de la jerarquía eclesiástica que llegó a estar procesado en una causa derivada de juicios por delitos de lesa humanidad. Meses antes de su muerte, la Cámara Federal de Rosario consideró que Laguna mintió al declarar sobre el asesinato del ex obispo de San Nicolás Carlos Ponce de León, en un accidente fraguado en 1977. De los dos capellanes que llegaron a juicio sólo Von Wernich fue condenado. José Eloy Mijalchyk, denunciado por sobrevivientes del centro clandestino que funcionó en el arsenal Miguel de Azcuénaga como partícipe en sesiones de tortura, fue absuelto por el Tribunal Oral Federal de Tucumán. Las razones se sabrán cuando se conozcan los fundamentos del fallo. El único procesado es Eugenio Segundo Zitelli, que como capellán del Servicio de Informaciones y de la Alcaidía de la jefatura de policía de Rosario participaba de interrogatorios vestido con sotana. Alberto Espinal, capellán del regimiento de Toay, La Pampa, fue citado a prestar declaración indagatoria pero hasta ahora logró evitarla alegando problemas de salud. Carlos Marozzi, capellán castrense en Santiago del Estero, fue imputado por el Ministerio Público pero todavía no fue citado a declarar.
Con pedido de captura internacional y dando pelea para que la Justicia de Italia no lo extradite, se encuentra Franco Reverberi Boschi, ex capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael, Mendoza, imputado por delitos en el centro clandestino La Departamental. Reverberi Boschi está radicado en Sorbolo, provincia de Parma. También en Italia, aunque sin pedido de captura, vive el ex obispo de San Luis durante la dictadura Juan Rodolfo Laise, el mismo que le pidió al coronel Miguel Angel Fernández Gez –que lo declaró antes de ser condenado– hacer desaparecer a un sacerdote que había abandonado los hábitos.