Cheques de la Iglesia para el capellán prófugo

Mientras la Justicia buscaba al cura Aldo Vara, imputado por crímenes de lesa humanidad, la arquidiócesis que encabeza Guillermo Garlatti le entregaba mensualmente un cheque a su apoderado. Los fiscales bahienses denunciaron al arzobispo por encubrimiento.

Por Diego Martínez

Guillermo Garlatti, arzobispo de Bahía Blanca

La Unidad Fiscal de Bahía Blanca denunció ayer por encubrimiento al arzobispo local Guillermo José Garlatti por financiar al ex capellán Aldo Omar Vara durante los ocho meses que estuvo prófugo. Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani presentaron la denuncia tras corroborar en el propio arzobispado que un apoderado retiraba todos los meses un cheque para el cura imputado por delitos de lesa humanidad a pesar de que tenía pedido de captura nacional e internacional y de que el Estado ofrecía una recompensa para encontrarlo. Vara fue detenido el lunes por Interpol en Ciudad del Este y, pese a su manifiesta voluntad de burlar la ley, un juez de garantías de Paraguay le concedió el arresto domiciliario hasta que se concrete su extradición. El ex capellán del Ejército seguirá cobijado por la Iglesia católica, que lo aloja en una parroquia de Ciudad del Este.

  El sociólogo Fortunato Mallimaci denunció ayer a primera hora en el programa radial “Frente a Cano” que “un apoderado (de Vara) retiraba todos los meses un cheque por la jubilación del ex capellán, que era entregado por la curia bahiense”. “Hay que preguntarle al obispo quién es ese apoderado, de dónde provenía ese dinero, si era por capellán, por jubilación o por docente”, propuso. A partir del dato, los fiscales se apersonaron en el arzobispado que conduce Garlatti. El administrador de la arquidiócesis, Bruno Cuchetti, les explicó entonces que la Iglesia católica tiene su propio sistema de jubilación y admitió que era cierto el dato del cheque mensual para el prófugo por medio de un apoderado. “El contador (por Cuchetti) se enojó con la inesperada visita y al despedir a los fiscales se recluyó en las oficinas del primer piso junto al obispo auxiliar Pedro María Laxague”, informó FM de la Calle.

  Con el dato corroborado, Nebbia y Palazzani fueron a la fiscalía de Antonio Castaño para denunciar a Garlatti y pedir que se lo indague por encubrimiento. El Código Penal pena con prisión de seis meses a tres años a quien “ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta”. Los fiscales destacaron en la denuncia que el arzobispado bahiense, entre otros, fue notificado por oficio del juzgado para que informara sobre el paradero de Vara, y pese a que todos los meses le hacía llegar un cheque no aportó ningún dato para facilitar la búsqueda. Agregaron que el oficio incluía los delitos de lesa humanidad por los que se lo acusa y que tanto la imputación como la fuga y la recompensa eran datos públicos que Garlatti no podía ignorar. El arzobispo, por medio de su canciller Emma Rosa Vila, también aseguró desconocer el paradero de Vara en noviembre último, en respuesta a un pedido de ayuda de Hijos Bahía Blanca, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Red por la Identidad local. Teniendo en cuenta que los cheques para el prófugo no salían del chanchito de Garlatti sino de una caja administrada por la Iglesia católica, la imputación por encubrimiento, ahora en manos del fiscal Castaño, podría alcanzar a instancias superiores de la jerarquía eclesiástica.

La estrategia de culpar a mamá

Vicente Massot declaró como acusado por delitos de lesa humanidad. Minimizó las pruebas en su contra y dijo que su madre y su hermano, ya fallecidos, manejaban el diario durante la dictadura. Una nueva declaración confirma que su madre le encomendó al comandante del Cuerpo V “chupar por izquierda” a los delegados que días después fueron secuestrados.

Por Diego Martínez

Foto: Red por la Identidad.

El empresario Vicente Massot se negó ayer a responder preguntas de los fiscales que lo acusan por delitos de lesa humanidad durante la dictadura y volvió a centrar todas las responsabilidades en su madre Diana Julio y su hermano Federico, ambos fallecidos. El director de La Nueva Provincia intentó minimizar la importancia de las actas labradas en 1975, en las que aparece negociando cara a cara con los delegados Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, y dijo no recordar cómo se enteró de sus asesinatos en julio de 1976. Las actas sobre el supuesto “sabotaje” al diario, en las que Massot figura dando órdenes desde el despacho de su mamá en los momentos más álgidos del conflicto, son la base del informe de Prefectura sobre “guerrilla sindical”, que concluyó con la decisión de “ralear” de la tierra a los dirigentes gremiales. La novedad que descolocó al empresario fue la declaración del teniente coronel Mauricio Gutiérrez, ex auditor del Ejército y abogado de represores, quien rompió el pacto de silencio al contar que el general Adel Vilas le dijo, en 1987, que escuchó cuando la directora del diario le pidió al general Osvaldo Azpitarte “chupar por izquierda” a los delegados que días después serían secuestrados. “Son declaraciones infames e infamantes”, se ofuscó Massot, quien sigue en libertad y volvería a ser citado por el juez federal subrogante Alvaro Coleffi para ampliar su declaración indagatoria.

Massot ingresó al juzgado a las 7.30, mientras militantes de organismos de derechos humanos y de izquierda llegaban con sus banderas. “Es un día histórico para la ciudad. Fue uno de los partícipes civiles más importantes de la dictadura”, recordó Alejandra Santucho, de HIJOS Bahía Blanca, en la radio de la Universidad Nacional del Sur. “Heinrich y Loyola hicieron un trabajo de hormiga para organizar a los trabajadores que habían sido expulsados del gremio”, recordó su compañero Jorge Manuel Molina, uno de los muchos entrevistados en la transmisión conjunta de FM de la Calle y LU3 Radio Bahía Blanca.

La indagatoria, que los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani habían pedido en mayo del año pasado, comenzó con la lectura de la acusación y el detalle de las pruebas. El acusado negó una a una las imputaciones y entregó notas de Clarín, La Nación y otros diarios para demostrar que publicaron “varios de los ejemplos de supuesta acción psicológica y complicidad” que se le adjudican a La Nueva Provincia. Luego precisó datos que había dado en su “declaración espontánea” del mes pasado.

El eje de la defensa de Massot, que comenzó el 18 de marzo, pasa por probar que vivía en Buenos Aires, que sólo hacía “visitas ocasionales en calidad de hijo”, que en 1976 hizo la conscripción y que recién en 1977 se hizo cargo de la oficina en Buenos Aires pero sin responsabilidades importantes. Ocho actas ante escribano durante el segundo semestre de 1975, sin embargo, prueban su intervención personal en el conflicto con los gráficos, encabezando negociaciones con Heinrich y Loyola. En julio su madre le firmó un poder para que negociara con obreros en huelga y le delegó facultades para suspender y despedir empleados. En septiembre citó a los delegados al despacho de la directora para tratar de que levantaran medidas de fuerza, fue a la rotativa a convencer a los armadores que cubrieran un “retiro de colaboración” y pasó varias madrugadas discutiendo sobre distribución de tareas y horas extra. Las actas, insumo del informe de Prefectura, muestran sus fracasos para evitar las medidas de fuerza, pero sobre todo su participación en decisiones cruciales de las que dependía la salida del diario.

“Las organizaciones subversivas habían matado” a once gerentes y jefes de personal, por lo cual su madre le pidió que se quedara en Bahía, dijo Massot el mes pasado, cuando sólo sabía de una de las actas. “Mi participación fue absolutamente accidental”, pretendió ayer, porque se limitó a “dos semanas en un conflicto de más de dos años”. Luego él mismo se refutó: entre enero y marzo de 1976, admitió, la madre le pidió colaboración “a toda la familia” para que saliera el diario, “con lo cual todos los días convivíamos tíos, primos, sobrinos, hermanos”.

La noticia que más lo incomodó ayer no fue ver su nombre en las actas ante escribano, sino el relato del diálogo de su mamá con el general Azpitarte en los días previos a los asesinatos, que Gutiérrez contó ante los fiscales. En 1987, antes de las leyes de impunidad, Vilas cumplía prisión preventiva en el Cuerpo V, donde solía conversar con el entonces auditor. Hablando de “la costumbre de ciertos sectores civiles de pedirles favores a los militares”, le contó que en junio de 1976 Azpitarte lo citó a su casa del barrio Palihue para participar de una entrevista pedida por Diana Julio. La directora del diario planteó allí “que tenía problemas con los obreros gráficos Heinrich y Loyola” y “pidió una solución porque le habían parado el diario”. Azpitarte le pidió opinión a Vilas, quien consideró que el tema no era “de incumbencia militar”. Su superior le ordenó retirarse y, mientras se alejaba, escuchó las palabras de la señora: “Osvaldo, no vamos a tener otro remedio que chuparlos por izquierda”, frase que Gutiérrez tradujo como “secuestrarlos”. El abogado apuntó que el diálogo fue “sobre fines de junio de 1976” y que días después se produjeron los secuestros. “Declaraciones infames e infamantes”, refunfuñó ayer Massot y curiosamente trató de desacreditar al militar diciendo que fue “defensor del general Vilas”, a quien su diario siempre consideró un héroe de la guerra sucia.

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Fugarse o no fugarse, ¿la disyuntiva del domingo?

Julio Bárbaro, Massot y Abel Posse (foto Federico Randazzo)

(En Página/12)

La Cámara Federal de Bahía Blanca escuchará el martes los argumentos de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani para que se detenga al empresario Vicente Massot. El juez Alvaro Coleffi citó al director de La Nueva Provincia a prestar declaración indagatoria para el jueves y le prohibió salir del país, pero, a diferencia del criterio aplicado con el resto de los imputados, le permitió llegar a esa instancia en libertad. Massot está acusado de coautor de los asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados de los gráficos de LNP, y por el rol de su diario como auxiliar de la inteligencia militar en operaciones de acción psicológica para justificar y encubrir crímenes de lesa humanidad.
Coleffi fundó la prohibición de salir del país en “la naturaleza de los delitos” y “la necesidad de garantizar” la indagatoria de Massot, pedida hace once meses. Para permitirle seguir libre invocó su arraigo en el país, su “conocimiento público” y su conducta durante el proceso. Los fiscales, al apelar la decisión, plantearon que es justamente la cita a indagatoria la que genera el riesgo de fuga y destacaron que dispone de abundantes recursos y contactos para profugarse. Nebbia y Palazzani pidieron que la Cámara reitere el criterio que aplicó el año pasado con el cura Aldo Vara, a quien ordenó detener e indagar. Aquella resolución llegó tarde porque el ex capellán militar ya se había fugado gracias a la negativa a detenerlo del juez subrogante Santiago Martínez. De seguir sus pasos, Massot se convertiría en el sexto prófugo de la causa bahiense.
El empresario que visitaba la ESMA en dictadura y que compartió la mesa familiar con los mayores iconos del terrorismo de Estado se presenta ahora como víctima de una “persecución ideológica” por parte de “quienes no sólo se creen dueños de la verdad sino del país y de las vidas y suertes de sus ciudadanos”. En su auxilio se expresó la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, que sin reparar en los asesinatos que se imputan alertó sobre “el riesgo de que se pretenda instaurar el delito de opinión”. Adepa entrega un premio denominado Federico Massot, hermano de Vicente y vicedirector del diario al tiempo de los crímenes, fallecido en 1990. La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas que preside Manuel Solanet (segundo de Martínez de Hoz en Economía) sugirió que se imputa a Massot “sobre la base de instrucciones dogmáticas e ideológicas” del Ministerio Público Fiscal. Un último apoyo notable, siempre desde las páginas de La Nación, lo aportó la Comisión Permanente de Homenaje a la Conquista del Desierto (sic), que alertó sobre “una actitud persecutoria propia de la intolerancia con que se castiga a quien piensa diferente”.

Allanaron La Nueva Provincia

Por Diego Martínez

 

La Unidad Fiscal de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos de Bahía Blanca allanó ayer durante más de once horas las oficinas comerciales y el archivo del diario La Nueva Provincia, investigado por su participación en el terrorismo de Estado. La medida la ordenó el juez federal Alvaro Coleffi, quien delegó la tarea en el equipo de trabajo que encabezan los fiscales federales José Nebbia y Miguel Palazzani. Los representantes del Ministerio Público secuestraron, entre otros materiales, los legajos personales de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados gremiales y dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas secuestrados, torturados y asesinados luego de encabezar durante sus últimos años de vida la representación de sus compañeros ante el multimedio que conducía Diana Julio de Massot, quien murió impune en 2009.

 

“Estamos conformes con el resultado de la medida, secuestramos mucho material que ahora deberemos analizar”, declaró Nebbia a Página/12. El fiscal aclaró que “este material viene a engrosar un abundante cúmulo de pruebas que ya existía y que es suficiente para detener, procesar, llevar a juicio oral y condenar a Vicente Massot”. El actual director de La Nueva Provincia fue el interlocutor designado por su mamá en septiembre de 1975 para ocuparse del “trato con el personal”, al que representaban Heinrich y Loyola, a quienes un informe sobre “guerrilla sindical” en LNP, armado por inteligencia de Prefectura, decidió “ralear” poco antes de los crímenes. Massot, profesor de historia en la Universidad Católica Argentina, tiene prohibido salir del país y está citado a prestar declaración indagatoria el próximo jueves 24 de abril a las 8.15 de la mañana.

Los fiscales habían pedido el allanamiento en mayo del año pasado, cuando imputaron a los directivos del diario como coautores de los asesinatos de los delegados y como auxiliares de la inteligencia militar en las operaciones de acción psicológica desplegadas por el Ejército y la Armada. La imputación incluía a Diana Julio y a su hijo Federico Massot, ambos fallecidos, y al ex secretario de redacción Mario Gabrielli, que murió meses después. El juez federal subrogante Santiago Martínez sostuvo entonces que las pruebas no permitían siquiera hablar “de algún grado de complicidad” de los Massot con la dictadura, los desligó de cualquier delito, pero insólitamente autorizó al Ministerio Público a allanar el diario. Nebbia y Palazzani descartaron esa alternativa en base a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que establece que es inconstitucional “ir a la pesca” de pruebas, máxime en un medio de comunicación, ya que el acto hubiera sido nulo y habría puesto en riesgo toda la causa. Desde entonces y hasta ayer mismo, La Nueva Provincia y su satélite “La Brújula 24” machacaron sobre la “inexplicable” negativa del Ministerio Público, ocultando a sus lectores el verdadero motivo y rumiando bronca por el palito que los fiscales no pisaron.

La Cámara Federal de Bahía Blanca se tomó luego un semestre para reflexionar e ideó una original maniobra para no ordenar la indagatoria: sostuvo que Massot se había presentado cuando el Tribunal Oral Federal ordenó investigar a los directivos del diario y entonces tenía derecho a hacer una “declaración espontánea”, que en rigor Massot nunca había pedido. El 18 de marzo el juez Coleffi lo escuchó durante dos horas y de inmediato ordenó el secreto de sumario. Los fiscales, luego de escuchar al acusado sin poder hacer preguntas y ante las nuevas condiciones jurídicas y fácticas, reiteraron el pedido de allanamiento al diario, ubicado frente al plaza principal de Bahía Blanca, que finalmente se concretó ayer.

El operativo comenzó a las 8.45 y se prolongó durante más de once horas. Nebbia y Palazzani encabezaron un equipo de siete personas a quienes acompañaron uniformados de Gendarmería. Tal como ordenó el juez Coleffi y para respetar todas las garantías del empresario, a poco de ingresar se solicitó la presencia del abogado de Massot, su cuñado Rubén Diskin, quien defendió en los ’80 al general Adel Vilas y defiende al prófugo coronel Aldo Alvarez, ex jefe de inteligencia del Cuerpo V. Diskin y el contador Mario Marra, gerente administrativo y mano derecha de los patrones, siguieron atentos todos los pasos de la delegación judicial.

Además de los legajos de los empleados asesinados, los fiscales secuestraron diversos materiales sobre el período 1974-1983, al que acotó la búsqueda el juez. El allanamiento incluyó no sólo el archivo administrativo y fotográfico sino también los talleres donde trabajaban Heinrich y Loyola y las oficinas de la dirección donde Diana Julio recibía en plena dictadura a los principales iconos del terrorismo de Estado. El material que los gendarmes trasladaron a la fiscalía y que ahora deberá estudiar la Procuración incluye actas de la empresa, liquidaciones de haberes, legajos de trabajadores, materiales sobre giros comerciales, archivos digitales, parte de la colección del diario y fotos de coberturas de actos militares que podrían permitir identificar a más represores. El material, tal como indicaron los fiscales al pedir el allanamiento, busca también poder “reconstruir la integración real del grupo de personas que conducía y participaba de la toma de decisiones del diario en esa época”.

diemar75@gmail.com

Massot, a rendir cuentas

Por Diego Martínez

El empresario Vicente Gonzalo Massot, director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca y profesor de historia en la Universidad Católica Argentina, deberá prestar declaración indagatoria como imputado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. A casi once meses del pedido de detención de los fiscales federales José Nebbia y Miguel Palazzani, el juez federal subrogante Alvaro Coleffi decidió citar al ex funcionario menemista para el jueves 24 de abril a las 8.15 y decretó la prohibición de salir del país por “la naturaleza de los delitos” que le imputan y “la necesidad de garantizar” su presencia. “El juez dio un paso muy importante, hizo constar que tomó nota de las pruebas aportadas por la fiscalía, de la gravedad de los delitos y le prohibió salir del país”, evaluó con cautela el fiscal Ne-bbia, quien no cuestionó la decisión de Coleffi de permitirle a Massot seguir en libertad.

Massot está imputado por el rol de LNP como auxiliar de la inteligencia militar en las operaciones de acción psicológica desplegadas por el Ejército y la Armada en el sur bonaerense y como coautor de los asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados y dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca. La acusación del Ministerio Público incluía a su mamá y directora del diario, Diana Julio de Massot, a su hermano y vicedirector, Federico Massot, y al secretario de redacción Mario Gabrielli, pero los tres murieron impunes.
“El caso de los Massot difiere de la típica complicidad de los empresarios con el terrorismo de Estado. En este caso lo central no fue la cuestión económica, más allá de los beneficios derivados del disciplinamiento de los trabajadores tras los asesinatos de Heinrich y Loyola”, explicó Nebbia a Página/12. “La complicidad de La Nueva Provincia fue mucho más profunda: mientras los sicarios fueron miembros de las Fuerzas Armadas, los Massot fueron ideólogos y después justificaron el exterminio”, resumió. “Un exterminio de las características que tuvo el argentino no se produce de un día para el otro: se prepara, se ejecuta y después tiene que justificarse. La Nueva Provincia fue partícipe de todas las etapas: construyó al enemigo, a ese ‘otro’ que debía ser eliminado, generando odio en la población; señaló lo que había que hacer, llegando a tratar de ‘cagones’ a los militares que no actuaban como ellos pretendían, e incluso anticipó algunos ‘problemas’ como el de los ‘desaparecidos’, siempre entre comillas, diciendo ‘ya vendrán los derrotados’ a denunciar violaciones de derechos humanos”, recordó Nebbia.
Columnista del diario La Nación y profesor en el doctorado en Ciencias Políticas de la UCA, Massot es socio de La Nueva Provincia desde 1974, cuando tenía 22 años y era un activo militante del nacionalismo católico. En mayo de 1973, una semana antes de la asunción del presidente Héctor Cámpora, publicó el primer número de la revista Cabildo, donde haría pública su admiración por el fascismo. Fue en esos años cuando comenzó a tener incidencia directa en los editoriales de LNP, diario que primero reclamó a las Fuerzas Armadas que impidieran el ascenso del gobierno peronista y luego que lo derrocaran. “El nacionalismo ultrafascistoide le ‘brotó’ a LNP cuando uno de los nenes (el que está en el fino humor de Cabildo) comenzó a incursionar en el ‘periodismo’”, entrecomilló en 1974 un redactor de la revista Militancia sin imaginar que 40 años después Massot respondería “ponga periodista” cuando el juez le preguntó por su oficio.
El paso de Massot por Cabildo, El Fortín y Restauración permite corroborar su vocación democrática aunque no forma parte de la acusación. Los hechos que lo involucran directamente comienzan en 1975, cuando los editoriales de LNP criminalizaban abiertamente a delegados y activistas. El 28 de septiembre de ese año la mamá le encomendó a Vicente “todo trato con el personal”, incluidos los gráficos a los que representaban Heinrich y Loyola. Poco antes, en el marco de lo que debió ser una negociación salarial, un editorial anunció que “LNP se encuentra en guerra” y otro la presentó como víctima de “la infiltración más radicalizada”. También por esos meses (porque el primer borrador data de diciembre) la sección informaciones de Prefectura zona del Atlántico Norte elaboró un informe titulado “Guerrilla sindical” en LNP que concluyó con una lista de “personal a ser raleado”. La encabezaban los dos delegados e incluía las direcciones de donde los secuestraron para torturarlos y matarlos. Dos días antes del golpe de Estado se elaboró el informe definitivo de Prefectura y el 24 de marzo de 1976, eufóricos, madre e hijo se pasearon por la rotativa con una bandera argentina provocando a los gráficos. Cuando aparecieron los cadáveres atados y masacrados dieron la noticia en veinte líneas bajo el título “Son investigados dos homicidios” y nunca más retomaron el tema. El próximo jueves 24, con casi 38 años de demora, Vicente Massot comenzará a rendir cuentas por esos crímenes.