Por Diego Martínez
Organismos de derechos humanos de Bahía Blanca pidieron
ayuda a las autoridades de la Iglesia Católica, y por su intermedio al papa
Francisco, para dar con el paradero del capellán prófugo Aldo Omar Vara,
imputado por delitos de lesa humanidad en el ex Cuerpo V de Ejército durante la
última dictadura. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S. y
la Red por el Derecho a la Identidad locales recordaron que el sacerdote
admitió en el Juicio por la Verdad que supo de las torturas en el centro
clandestino La Escuelita y vio las secuelas de la picana sobre el cuerpo de
jóvenes secuestrados en el Batallón de Comunicaciones 181, a quienes aconsejó
no hablar. El último domicilio de Vara en el país fue la casa del Instituto del
Verbo Encarnado, en San Rafael, Mendoza, y sus últimos rastros, hace más de dos
años, lo ubicaban en San Pablo, Brasil. “Nuestro pedido concreto al papa
Francisco es que, en virtud de su autoridad canónica y espiritual, interceda,
instruya u ordene cuanta acción considere útil para que Vara se allane al
proceso judicial”, precisaron los organismos.
El rol de Vara en la represión ilegal se conoce desde 1985
gracias al testimonio de estudiantes secundarios que estuvieron secuestrados en
La Escuelita. Un grupo de militares los abandonó en una ruta, otro simuló
rescatarlos y los llevó al batallón, donde los visitaba el capellán. Vara les
llevaba galletitas y cigarrillos, les aconsejaba rezar, pero cuando le
relataban las torturas guardaba silencio. Un día les dijo que los
secuestradores eran paramilitares que actuaban por su cuenta y que los estaban
buscando, apuntó en su sentencia la Cámara Federal porteña. Cuando la madre de
una secuestrada le pidió que le acercara medicamentos, Vara le dijo que no
podía, pero que se quedara tranquila, que “a las chicas las tratan bien”. “La
víctima declaró y contó los vejámenes que sufrió en La Escuelita, donde también
nacieron dos niños que fueron apropiados y sus madres desaparecidas”,
recordaron los organismos.
El tribunal que condenó al primer grupo de represores
bahienses ordenó en su sentencia que se investigue a Vara. Los fiscales José
Nebbia y Miguel Palazzani pidieron su detención, pero el juez subrogante
Santiago Martínez no encontró “elementos suficientes”. La Cámara Federal opinó
lo contrario y en agosto ordenó la captura, que encomendó a Interpol. La carta
de la APDH, H.I.J.O.S. y la Red por el Derecho a la Identidad está dirigida al
arzobispo bahiense Guillermo Garlatti, al de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Mario Poli, y al nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig. “El papa
Francisco dijo a las Abuelas que cuenten con él para lo que necesiten, que
estaba dispuesto a ayudar en lo que sea –recordaron–. Creemos que ésta es una
buena oportunidad para ayudar.”
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