Tras el rechazo a la excarcelación, hay tres prófugos en Bahía Blanca
Luego de un proceso irregular donde se otorgaron excarcelaciones a discreción en las causas por violaciones a derechos humanos en Bahía Blanca, el proceso fue revertido y tres represores permanecen prófugos.
Publicado por Gabriel Morini en PáginaI12
Las excarcelaciones otorgadas a discreción, que fueran recientemente revocadas a represores involucrados en causas pordelitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, dejaron como resultado tres imputados prófugos. Cuando la policía allanó los domicilios que los militares Alejandro Lawless, José Héctor Fidalgo y Raúl Oscar Otero habían fijado en sede judicial, no encontraron a ninguno de los acusados. Mientras tanto, los abogados de los represores ingresaron pedidos de eximición de prisión para intentar disimular el carácter de evadidos de sus representados, pero se espera que sean rechazados por los jueces bahienses y que se dispongan medidas de investigación para lograr dar con su paradero. La situación irregular de las excarcelaciones en Bahía Blanca venía siendo denunciada por el fiscal Abel Córdoba, que lamentó un “nuevo escollo en el proceso” camino a un juicio oral para el que aún no hay fecha fija. El Tribunal Oral Federal de Bahía deberá decidir ahora sobre los nuevos pedidos de la fiscalía para anular otras ocho excarcelaciones.
Lo que el Ministerio Público y los organismos de derechos humanos temían, finalmente sucedió: de las cuarenta y cuatro órdenes de detención que se libraron los primeros días de enero contra represores involucrados en las causas por crímenes cometidos durante la dictadura en el V Cuerpo del Ejército y de la Armada, tres ya dieron por resultado represores prófugos. Los magistrados Alcindo Alvarez Canale y Eduardo Tentoni habían ordenado las detenciones a partir del pedido de Córdoba, sustentado en fallos de la Corte Suprema sobre la necesidad de extremar precauciones para que los imputados en libertad no obstruyeran el accionar de la Justicia. En estos tres casos, y en los que podrían llegar a sumarse, la Justicia ordenaría desde la captura nacional e internacional, hasta que pase a manos del Estado el dinero y los bienes que los acusados dejaron como fianza para garantizar que se ajustarían al proceso. A su vez, desde la fiscalía solicitarán que se pongan en marcha los mecanismos de investigación para encontrarlos y que se ofrezca una recompensa por datos sobre su paradero.
Ni Fidalgo ni Otero ni Lawless estaban en las direcciones que habían fijado en la Justicia como lugar de residencia permanente. La situación no es nueva para Lawless –subteniente en el Batallón de Comunicaciones 181–, que estuvo fugado durante un año, sin que esto representara un obstáculo para que fuera beneficiado con la excarcelación, luego de apenas unos días de detención. El teniente coronel Otero, que jamás logró ser detenido en todo el proceso previo al juicio pese a estar acusado de 87 delitos, es gerente en una agencia de seguridad privada: Eulen de Seguridad SA forma parte de un grupo multinacional que incluye servicios de vigilancia, y que puso a Otero a cargo de la filial que abrió en territorio bonaerense. Con esta revocatoria, su situación es nuevamente la de prófugo. El negocio de las agencias de seguridad privada posibilitó a Otero y a otros represores acceder a los medios necesarios para evadir a la Justicia. La utilización de guardias que dan aviso de los allanamientos y cubren la retirada y de teléfonos satelitales para impedir intercepciones son algunas de las maniobras que algunos imputados han aprovechado de la logística que administran. En paralelo, sus abogados presentan medidas de eximición de prisión. “Se colocan primero en situación de prófugos y luego comienzan a tramitar las excarcelaciones indefinidamente”, dijo a Página/12 el fiscal Córdoba, que se quejó del perjuicio de “no tener asegurada la presencia de los imputados” a esta altura del proceso y del “nuevo escollo” que representa para las causas denominadas “04/07” y “05/07”.
Ahora, el TOF de Bahía Blanca deberá decidir si hace lugar al nuevo pedido del fiscal para que se anulen las excarcelaciones a los imputados Héctor Arturo Gonçalves, Vicente Antonio Forcheti, Héctor Jorge Abelleira, Carlos Alberto Contreras, Hugo Carlos Fantoni, Norberto Condal y Mario Carlos Méndez. La medida también incluye al ex teniente coronel Miguel Angel García Moreno, quien se desempeñó durante el interinato de Eduardo Duhalde nada menos que como director del Registro Nacional de las Personas y supo ser diputado, asesor de Miguel Angel Toma y legislador porteño.
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