Una comisión conjunta de la Policía Federal y de la PSA detuvo al militar que se había fugado de la comisaría de Bahía Blanca. El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, dijo que “lo encontraron en el placard”. Habló de “desidia o connivencia” en el escape.
Por Adriana Meyer
“Tráiganmelo como sea”, había sido la orden del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Aníbal Fernández. Es que el represor Julián “Laucha” Corres se había fugado de la delegación de la Policía Federal de Bahía Blanca, una fuerza que depende de su cartera, y desde el primer momento los investigadores sospecharon que el escape ocurrió con la complicidad de los azules bahienses. Y con el apoyo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), pudieron cumplir con el jefe. Pasado el mediodía de ayer, Corres fue detenido en la casa de su madre, en la localidad santafesina de Villa Constitución, tras 23 días de estar prófugo de la Justicia. “Lo encontraron en un placard”, le dijo a PáginaI12 el ministro Fernández. Más tarde, en conferencia de prensa diría: “Si uno hablaba de anomia o de desidia hablaba de hombres, no de la institución, era muy importante que la fuerza no quedara manchada, era todo un desafío para el Ministerio y para la Federal, y creemos que hemos cumplido; era nuestro deber pero nos hacía sentir muy mal”. Uno de los investigadores dijo a este diario que el entorno de Corres sabía que estaba rodeado.
El 3 de abril Interpol detuvo al torturador de La Escuelita, que había cambiado sus rasgos, cuando hacía 18 meses que estaba escondido. Pero el juez federal Alcindo Alvarez Canale, sobre quien pesan tres pedidos de juicio político, alojó a este ex oficial de inteligencia en una dependencia que no tenía las más mínimas condiciones de seguridad, y que estaba a cargo de un comisario que tenía relación íntima con el detenido. A los tres meses lo procesó por 47 secuestros, 38 torturas (está acusado de ser el que “usaba la picana”), 17 homicidios y siete desapariciones forzadas, y recién entonces ordenó su traslado a la cárcel de Campo de Mayo. Pero luego se fue de vacaciones y durante los treinta días siguientes el Servicio Penitenciario no concretó el traslado.
Por eso ayer el ministro Fernández explicó que “había una instrucción del juez del 25 de junio para que fuera retirado por el SPF, y se profugó un mes después, el 26 de julio, por esa razón hay un sumario en el Servicio Penitenciario para ver quién fue el responsable de no practicar ese traslado”. En ese momento anunció que dictó “una resolución por la cual, de ahora en más, los traslados deben producirse dentro de las 48 horas, para que no nos vuelva a pasar”. Y enfatizó: “No estamos de acuerdo con que haya ningún detenido en las fuerzas de seguridad, no tienen que hacer esa tarea, los calabozos son para contraventores”.
A las 13.15, “Laucha” Corres –de 56 años y con una barba de varios días en lugar de su característico bigotito– fue sorprendido en la casa de su madre, una anciana de 82 años, donde se habría refugiado en los últimos tres o cuatro días, por una comisión de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y una brigada de la Policía Federal encabezada por el comisario Osvaldo Romagnoli. Ambas fuerzas trabajaron de manera complementaria, aunque en este último tramo la PSA no supo que la casa materna de Corres, en la calle Lisandro de la Torre 10 casi esquina Colón, fuera un objetivo “prioritario”. El represor no opuso resistencia y se lo llevaron atado de pies y manos al vehículo con que lo trasladaron por autopista hasta la sede de Delitos Complejos de la Federal, en Cavia 3350. Al cierre de esta edición, voceros del ministerio de Fernández informaron que estaba siendo conducido a la cárcel de Marcos Paz. Final de vacaciones para el prófugo, que anoche durmió en el pabellón de “lesa”, con los demás represores allí detenidos. “Escapé para ver a mi madre”, alcanzó a decir ante las cámaras y micrófonos que lo esperaban en Cavia. El teléfono de Villa Constitución era uno de los 25 que estaban intervenidos en la investigación, y un llamado “sugestivo” dio el alerta. Los vecinos dicen haberlo visto pero afirman que no lo reconocieron.
Corres sabía que la orden de traslado a la cárcel de Campo de Mayo estaba firmada y empezó a tejer la trama de la fuga con el apoyo de sus contactos, militares retirados y en actividad, y un empresario petrolero y bodeguero. Quizá en un intento de encubrir a los policías que participaron, su hermana Belén dijo ayer que usó un cuchillo para fugarse, al estilo superhéroe de serie televisiva. Pero los investigadores saben que salió por la puerta principal, que a la 1 de la mañana tenía los jeans puestos. Recién entrada la mañana los federales bahienses dicen haber advertido su ausencia. Pero en esa delegación no hay cámaras de seguridad ni custodia, y Corres entraba y salía de su celda cuando quería.
A los dos días de la fuga comenzó a intervenir la PSA. Once uniformados fueron puestos en disponibilidad y dos de ellos siguen detenidos e imputados, mientras el Ministerio de Justicia ordenaba que quedaba prohibido alojar a detenidos en causas de derechos humanos en sedes de fuerzas de seguridad. Además, dispuso otorgar una recompensa de 150 mil pesos a quien aportara datos del paradero de Corres. Ayer Fernández aclaró que no la cobró nadie porque todo fue producto de la investigación policial. La ministra de Defensa Nilda Garré pasó a disponibilidad al general Oscar Gómez, comandante del Cuerpo V de Ejército, mientras que el juez Canale llamó a declaración testimonial al ex secretario general de ese cuerpo, Jorge Roque Cocco.
La línea “Cocco” era una de las pistas de los investigadores, y la citación judicial no ayudó en absoluto. La otra hipótesis de trabajo era la propia Policía Federal, porque los datos que arrojaron los primeros procedimientos indicaron que “de ahí lo dejaron salir”, según comentó a PáginaI12 una alta fuente del caso. Con el paso de los días quedó expuesta la íntima relación entre el jefe de la delegación bahiense de la Federal, Gustavo Scelzi, el juez Alvarez Canale y el represor. “El juez comía en casa del comisario y viceversa, la mujer del comisario le hizo la fiesta de cumpleaños a Corres”, explicó la fuente. Según concluyó, hubo tres claves para el éxito de la misión: el entorno de Corres estaba muy presionado, Asuntos Internos de la Federal actuó sobre los detenidos de menor rango que se quebraron y uno de los presos que estaba con Corres declaró bajo identidad reservada y aportó un fidedigno panorama.
¿Qué hizo Corres en estas tres semanas? Si desde el principio sabía que no contaba con los recursos y la logística para salir del país, es posible que se haya ocupado de asuntos que le habrían quedado pendientes cuando lo detuvieron, vinculados a su holgada posición económica. Los investigadores descreen que haya mantenido contactos con otros camaradas para conspirar.
“Cuando el Estado pone empeño las cosas se pueden lograr”, dijo el fiscal federal de Bahía Blanca Hugo Cañón al elogiar la acción de las fuerzas de seguridad que intervinieron. Es sabido que la situación de prófugo requiere de recursos económicos y cierta inmunidad a la nostalgia de los afectos. El primer objetivo de los investigadores siempre son los teléfonos y las casas de la familia del clandestino, por lo tanto sostienen que es relativamente fácil atraparlos. Si es así, ¿cómo es que siguen prófugos 40 represores? La respuesta sería simple: a Corres lo atrapó la Federal porque se le escapó a la Federal.
EL FISCAL DE BAHIA BLANCA, HUGO CAñON, EN DIALOGO CON PAGINAI12
“Si el Estado actúa diligentemente, hay resultados”
Por Nora Veiras
La fuga de Julián “El Laucha” Corres desencadenó el relevamiento del jefe del V Cuerpo de Ejército, la detención del jefe y subjefe de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal y el pedido de juicio político de Alcindo Alvarez Canale, a cargo de la investigación. El fiscal Hugo Cañón, quien instruye las causas por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, destacó “la actividad profesional de Interpol y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que trabajaron muy bien para dar con el paradero de Corres. Es reparador y demuestra que cuando el Estado actúa diligentemente tiene resultados: si se hubiera reaccionado del mismo modo con Jorge Julio López, otro hubiese sido el resultado también”. El entramado de la fuga también abrió paso para escudriñar los lazos civiles que apoyaron a Corres: así aparece Héctor Lapeyrade, uno de los propietarios de la petrolera Chañares Herrades, quien le dio trabajo y ahora solventa a su mujer.
–¿Cómo sigue la investigación a partir de la detención de Corres?
–En realidad son dos causas. La principal, referida a los crímenes de lesa humanidad, reanuda el trámite normal y ya está próxima la posibilidad de elevarla a juicio oral, aunque todavía están pendientes algunos recursos en la Cámara Federal. Involucra a ocho militares, el general Juan Manuel Bayón, quien fue uno de los ideólogos de la Doctrina de Seguridad Nacional junto con Ramón Genaro Díaz Bessone, tres coroneles y tenientes coroneles y tres penitenciarios de la provincia de Buenos Aires. Está avanzada una segunda etapa para seguir con otros represores, pero no queremos continuar acumulando casos, preferimos que se eleve a juicio esta parte. La otra causa, en pleno trámite, es la iniciada por la fuga de Corres. Hasta ahora están imputados cuatro policías: el jefe de guardia Juan Carlos Lastra, el cabo Pablo Carbajal –que están excarcelados–, el comisario Gustavo Scelzi y el subcomisario Marcelo Voros, que están detenidos en la Unidad 4 de la cárcel de Bahía Blanca. El viernes se terminó de indagar a Voros. A estos dos últimos se les ratificó la detención.
–En el Consejo de la Magistratura se presentó un pedido de juicio político a Alvarez Canale por la fuga de Corres, ¿seguirá al frente de la causa?
–Nosotros lo acusamos por su amistad con Scelzi, los fiscales no participamos en esa indagatoria por esa razón. La Cámara rechazó la acusación. El juez no aceptó la amistad íntima, pero sí el vínculo con el comisario, iba a sus cumpleaños. Para nosotros es motivo de inhabilitación. La denuncia en el Consejo de la Magistratura habrá que ver qué curso tiene (N. de R.: el jueves pasado la Comisión de Acusación sorteó la presentación y quedó en manos del presidente del cuerpo, Mariano Candiotti). En la causa de la fuga, no sólo se investiga a los policías sino también las conexidades con gente del Ejército y con civiles.
–¿El teniente coronel Jorge Cocco admitió en su declaración que recibió órdenes de sus superiores para asistir a Corres?
–A Cocco se le tomó declaración testimonial, no indagatoria. Esa fue una de nuestras objeciones al juez Alvarez Canale, quien interrumpió su licencia para hacerse cargo de la causa el día que debía ser indagado Scelzi y tomó la decisión de citar a testimonial a Cocco y al empresario Héctor Lapeyrade. Lapeyrade es el protector de Corres, lo solventó durante un año y medio de prófugo y sigue pagándole 5000 pesos por mes a su esposa para los gastos. Al citarlos a los dos, el juez alteró dos vías de investigación.
–¿Cocco intentó ampararse en el cumplimiento de órdenes?
–Sí. Una de esas órdenes fue, según declaró, proveer de elementos como cama, colchones, sábanas, toallas, todo se lo llevó en camionetas del V Cuerpo de Ejército. La otra orden fue darle cobertura y asistencia médica y argumentó que eso era en función de lo que dice la ley respecto de la asistencia a detenidos. En realidad, en ese caso no es función de Defensa sino de Justicia y Seguridad, que es de donde dependen la Policía y el Servicio Penitenciario. Justamente, la remoción del jefe del V Cuerpo (general Oscar Gómez) fue porque esta camaradería importa una acción que no corresponde.
–¿Quiénes son los otros civiles que colaboraron con Corres?
–No podemos dar los demás datos. Alguien mandado por Lapeyrade le llevaba lechones desde la bodega que tiene Lapeyrade en Viedma. Corres contaba con un celular, las puertas de la celda estaban abiertas, usaba el baño de oficiales y suboficiales.
–¿Por qué se demoró tanto en trasladarlo a Campo de Mayo?
–El Servicio Penitenciario Federal debía ejecutar la orden mucho antes y no lo hizo. Hubo dos notificaciones de traslado que no se cumplieron. Muchas veces pasaron por Bahía Blanca y no pasaron a recogerlo. Puede haber connivencias en varios sectores no sólo institucionales, alianzas ideológicas o hechos de corrupción. El Ministerio de Justicia tendrá que investigar también qué pasó.
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