Los capos de la cárcel

Ecodías

Andrés Reynaldo Miraglia y Héctor Luis Selaya regentearon la Unidad Penitenciaria N° 4 de Villa Floresta durante los años de plomo. Su función allí era la de "blanquear" a las víctimas torturadas por la patota del centro clandestino de detención La Escuelita.

Desde el 17 de junio pasan sus días en la cárcel de Campo de Mayo por ser "participes necesarios" de los crímenes de la causa caratulada: "Investigación de Delitos de Lesa Humanidad cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército" que tramita en el Juzgado Federal Nº 1 la Secretaría de Derechos Humanos a cargo del Dr. Mario Fernández Moreno.

Ambos represores, imputados por "haber formado parte del plan criminal -clandestino e ilegal- implementado para secuestrar, torturar, asesinar y producir desaparición forzada de personas, utilizando la estructura orgánica de las fuerzas armadas y las de seguridad a ellas subordinadas -federales y provinciales-", centraron sus declaraciones indagatorias en recargar las responsabilidades en las autoridades militares e intentaron ampararse en las inspecciones que realizaban funcionarios del Poder Judicial.

"Era visitada por todos los jueces"

El "Bicho" Miraglia suma 66 oscuras primaveras y está retirado del Servicio Penitenciario provincial. Fue director de la Unidad 4, según su legajo personal, desde el 30 de noviembre de 1976 y hasta el 16 de junio de 1980.

Ante el juez Alcindo Álvarez Canale y los fiscales federales, aseguró que la cárcel "se encontraba bajo el mando operacional del Comando V Cuerpo de Ejército, principalmente con el Departamento I Personal que se hallaba a cargo del coronel Fantone". Desde allí, los mayores Palmieri, Delmé y Farías -consecutivamente- "me remitían la documentación de los detenidos y me ordenaban se fuera a retirarlos".

Para los traslados, como "enlace" con el Comando,"estaba abocado el ayudante de la jefatura de Unidad que era Leonardo Núñez, que cuando recibo el establecimiento el 7/1/77 actuaba como ayudante del sr. Selaya (…) dependía exclusivamente de mí".

Estas detenciones no se informaban al juez federal Guillermo Madueño porque había una directiva de "no comunicar" proveniente "del Servicio Penitenciario e implícita del Ejército".

Miraglia detalló que el viaje hacia la cárcel "si lo traían ellos y no iba Núñez porque no se lo pedían, venían en un Ford Falcon o una camioneta, pero generalmente el traslado lo hacía Núñez en un celular del establecimiento que los iba a buscar".

"Las condiciones físicas y psíquicas (en) que llegaban eran regulares y causa de una situación forzada en alojamiento inadecuado, en mal estado de higiene personal y, a veces, con alguna lesión", manifestó y agregó que "llegaban vendados y esposados. No venían maniatados porque el oficial Núñez le ponía las esposas".

"Quiero dejar constancia de que mensualmente, como era normal, el establecimiento era visitado por todos los jueces de primera instancia en lo provincial como también el juez federal de Bahía Blanca y trimestralmente por la Cámara provincial de los juzgados penales y por la Cámara Federal. (…) todo el mundo estaba sabiendo que había detenidos especiales", dijo el ex director del penal. JUSTICIA

"A disposición de las autoridades militares"

La información remitida por la UP4, dice que Héctor Luis Selaya se desempeñó como director desde el 13 de enero de 1976 hasta el 30 de noviembre del mismo año. El imputado tiene hoy 75 años de edad, es jubilado del Servicio Penitenciario bonaerense y abogado en ejercicio de la profesión.

En su declaración comentó que días después del golpe militar comenzaron a ingresar detenidos políticos, a veces "por personal del Ejército directamente y en otras oportunidades nos pedían que mandáramos el celular nuestro con personal nuestro. Allí se los entregaban en el V Cuerpo de Ejército, no sé en qué lugar". Se trataba de un sitio que los enlaces "no me sabían precisar".

Al recibirlos en Villa Floresta, Selaya sostuvo que "algunos llegaban con los ojos vendados, casi la mayoría, totalmente sucios, con visos de haber estado en una situación completamente anormal de subsistencia, algunos venían con algunos golpes, principalmente en la parte de la cara donde estaban vendados, en la parte de debajo de los ojos y en la frente".

"Quiero expresar que una vez que se entrevistaban conmigo se tranquilizaban mucho, se daban cuenta de que su situación había dado un giro total de 180 grados como mínimo, y se les hacía entender que mientras permanecieran en la Unidad, que era donde nosotros teníamos jurisdicción, el riesgo de perder la vida había desaparecido totalmente", subrayó.

Algunos detenidos entraban al penal a disposición del Poder Ejecutivo remitidos por autoridades militares y otros "venían a disposición del PEN y de un juez, en forma conjunta. En ese caso se le informaba al juez de la causa".

El fallo

Álvarez Canale concluye en su resolución que "los argumentos esgrimidos por ambos imputados tienen por objeto cargar la responsabilidad penal de esos hechos exclusivamente en la esfera de actuación del Comando V Cuerpo de Ejército, para así procurar su desvinculación".

En referencia a las manifestaciones que intentan ampararse en las inspecciones realizadas por funcionarios del Poder Judicial -federal y provincial-, el juez sostiene que "lejos de justificar" la conducta de los imputados "implicarían la responsabilidad penal de los funcionarios que, teniendo la obligación de denunciar las irregularidades en que incurría el Servicio Penitenciario en esta ciudad, no lo hicieron".

Por lo tanto, el magistrado dictó la falta de mérito de Héctor Selaya en nueve casos -por no ejercer el cargo al momento de ocurrir los hechos o encontrarse de licencia- y lo procesó, en cambio, por ser partícipe necesario en cinco privaciones ilegales de la libertad y tormentos. Misma calificación le pesó a Miraglia en la privación ilegal de la libertad y tormentos de once personas. Ambos están cumpliendo la prisión preventiva en el Instituto Penal de Campo de Mayo y afrontan embargos millonarios.