El hogar de la Marina

Página/12

Por Diego Martínez
Luego de treinta años de absoluta impunidad la Justicia Federal de Bahía Blanca investigará por primera vez los delitos de lesa humanidad cometidos en la base naval de Puerto Belgrano y su vecina base de infantería de marina Baterías. Los primeros ocho imputados son oficiales superiores de la Armada que la Cámara Federal local citó a indagatoria en 1988 por 42 casos de secuestros y torturas, indultados por el ex presidente Carlos Menem por decreto 1002 de 1989. Entre ellos, se destacan el contraalmirante Luis María Mendía y los vicealmirantes Julio Antonio Torti y Antonio Vañek, hoy procesados con arresto domiciliario en la causa ESMA. Vañek será juzgado además por robo sistemático de bebés, causa que ayer elevó a juicio oral el juez federal Guillermo Montenegro.

Puerto Belgrano es el mayor asentamiento naval del país. Cuna de los conspiradores que bombardearon Plaza de Mayo en 1955 y símbolo de persecución ideológica durante el último medio siglo, la historia de los secuestros, torturas y asesinatos cometidos en sus bases de Punta Alta es poco conocida. En los ’80, diferencias de criterio sobre el departamento judicial que debía investigar sus centros clandestinos postergaron el comienzo de la instrucción. En julio de 1988 la Cámara Federal bahiense citó a indagatoria a los ex comandantes de operaciones navales Mendía y Torti al jefe de Estado Mayor de Operaciones Navales Vañek, al comandante de la fuerza de submarinos vicealmirante Juan José Lombardo, al comandante de Puerto Belgrano, capitán de navío Zenón Saúl Bolino; a los ex jefes de la Base Naval de Mar del Plata contraalmirantes Juan Carlos Malugani (actualmente alojado en dependencias de la Policía Federal de esa ciudad por su responsabilidad como jefe de la base) y Raúl Alberto Marino, y el capitán de navío Edmundo Núñez. Gracias a los artilugios de sus defensores y a los indultos menemistas no llegaron a ser procesados.

Por pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local e H.I.J.O.S. Capital, en diciembre de 2005 el juez federal Alcindo Alvarez Canale declaró inconstitucionales las leyes de impunidad, pero se excusó de intervenir en causas de la Armada por su parentesco con el contraalmirante Marino. Durante más de un año se excusaron o fueron recusados una docena de abogados, en algunos casos por su identificación “con los postulados del Proceso de Reorganización Nacional”. En junio –mientras Página/12 publicaba por primera vez el testimonio de una sobreviviente de Puerto Belgrano–, el fiscal federal Antonio Castaño solicitó la inconstitucionalidad del decreto de indulto que benefició a los ocho marinos, su detención y alojamiento “en el Servicio Penitenciario Federal, con el objeto de ser citados a prestar indagatoria”. Pero la causa seguía sin juez.

Recién en febrero se declaró competente Eduardo Tentoni, abogado de reconocida trayectoria en el Colegio de Abogados bahiense, quien de inmediato aceptó las excusaciones, solicitó documentación oficial de la Armada y notificó a los imputados del pedido de inconstitucionalidad de las querellas. Si bien Tentoni no tiene despacho en tribunales, en teoría dispone –igual que Alvarez Canale– de los seis secretarios y ayudantes que el Estado designó para colaborar con causas por delitos de lesa humanidad.

En Punta Alta hubo al menos dos centros clandestinos. Uno en Baterías, probablemente en el ex Batallón de Infantería de Artillería Antiaérea, contra la costa, más conocido como séptima batería, edificio viejo y húmedo que se inundaba cuando llovía. Los secuestrados pasaban día y noche en colchonetas inmundas, sobre piso de portland, vendados y encapuchados. Desde allí escuchaban a gente distendida en una playa. El otro funcionó en un barco desmantelado, copado por ratas, amarrado a un muelle, aparentemente frente a la plaza del comando anfibios en Baterías, aunque otras fuentes creen que estaba adentro de Puerto Belgrano.

Los guardias se intercambiaban los apodos para no ser reconocidos. Entre los interrogadores sobresalían Legui y Rubio. Junto con Cacho (oficial culto con olor mezcla de perfume y tabaco fino) ambos tenían autoridad sobre el resto. Entre los torturadores se destacaban el Turco y Leona. Del testimonio de sobrevivientes se sabe que los guardias eran unos quince, estaban siempre borrachos y usaban alias como Jaime, Negro, Tierno, Laucha, García, Tornillo, Jimmy, Viejo, Pájaro y Carlitos. También un enfermero concurría a limpiarles las úlceras en los tobillos y a ponerles gotas en los ojos. De la Justicia depende saber quiénes de los miles de oficiales y suboficiales que caminan impunes por Bahía Blanca y Punta Alta usaban esos apodos en las mesas de torturas.