Ecodías
A veinte años de la conformación del único organismo bahiense de defensa y promoción de los derechos humanos, Eduardo Hidalgo nos relata la historia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
1985. Inicios de la vida democrática.
Mientras muchos se dedicaban a tapar con la mano el sol y a jugar al “acá no pasó nada”, otro grupo de personas reunidos en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se dedicaba ya con todo tesón a la búsqueda de justicia para los crímenes de la dictadura y todo aquello que tenga que ver con la difusión de los Derechos Humanos, derechos reconocidos constitucionalmente.
Eduardo Hidalgo es uno de los miembros activos de la APDH. Su recuerdo permanente es para su amigo, su hermano, el querido Ernesto Malisia, quien a raíz de su trabajo en la CONADEP acercó la idea de conformar la APDH en Bahía Blanca, concretado el 31 de agosto de 1985. Funcionaron en primera instancia en O’Higgins 14 y después pasaron por avenida Colón 220. Y después por cuestiones económicas se quedaron sin local.
Comenzó siendo una delegación de la APDH a nivel nacional, y para los inicios de los años 90 conformaron la APDH de Bahía Blanca.
Así como a otras muchas instituciones que las acucia lo económico, la APDH no es excepción. Señala Eduardo: “Nos sigue faltando lo económico, es decir tener un local que nos permitiría la vinculación con mucha gente y permitiría desarrollar algunos otros proyectos ¿Cómo hacemos? No tenemos cómo hacerlo”. Igual trabajan constantemente porque lo que los moviliza no tiene freno.
Educación
Para la APDH la educación en los Derechos Humanos y el trabajo en ello es excluyente. “Nos parece que ahí tenemos el factor central para que esto cambie, especialmente los chicos que están en las escuelas, porque el tema de los derechos humanos es un tema que es manipulado desde la política como una cuestión secundaria y no es una cuestión secundaria”.
“Nosotros llegamos a las escuelas con enormes dificultades, salvo que algún docente o algún directivo nos abra un espacio con un hecho puntual, que tiene que ver con recordar la fechas relacionadas con los golpes de Estado, pero en general no hay una educación en ese terreno”. Eduardo remarca así que la educación en los Derechos Humanos es necesaria porque es necesario que los chicos entiendan y conozcan que son derechos garantizados por la Constitución, Constitución que todos los días es violada, pero que hay que hacerla cumplir. Y no deja de mencionar que si no se pone énfasis desde el Estado para que la población se eduque en esto es porque “no hay interés de que la población sepa, porque en la medida que se desconozca es mucho más fácil someterla a cualquier situación”.
Historia
Recuerda Eduardo que los Juicios por la Verdad en la ciudad se hicieron en Bahía a instancias de la APDH. “Cuando aparecieron los Juicios por la Verdad como una exigencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, nosotros nos pusimos en movimiento, se hizo un planteo ante la Cámara Federal de Bahía Blanca y se hicieron”.
Si bien los acusados o los que estaban planteados para ser indagados y que llegaron a declarar no aportaron nada nuevo, se logró que tuviera estado público: “Que la gente supiera que esos represores estaban sentados ahí y que esas caras eran de los que habían asesinado a tantos vecinos de la ciudad”.
No hubo muchas sorpresas y como sabemos el camino elegido por los represores es el de la mala memoria o la amnesia corporativa, por decirlo de alguna manera. Recuerda Hidalgo el caso de los médicos que ingresaban al Centro Clandestino de Detención La Escuelita, en tierras del V Cuerpo de Ejército. Uno de ellos, Streich, “sigue reconociendo que él iba a La Escuelita pero dice que a la gente nunca la vio vendada. Por lo tanto es un reconocimiento indirecto, porque están las víctimas que sobrevivieron, y el caso de Adalberti que sigue diciendo que él nunca fue a La Escuelita cuando hay una declaración que lo incrimina”. El doctor Adalberti es el mismo que durante años estuvo ligado a la Cruz Roja en Bahía Blanca y que ahora tiene algunos problemitas jurídicos con la institución.
Para Eduardo Hidalgo el silencio es una demostración del grado de cobardía de los represores, ya que en ese momento no había penalización y podrían haber dicho lo que quisieran y no habría pasado nada, y es también porque son concientes que la historia no es una línea de tiempo detenida y estática sino que el pasado regresa constantemente. “Por eso ellos saben que es así; los que están acusados como los que participaron, los que han sido sus cómplices y siguen siéndolo, cuando escriben en determinados medios, cuando salen a hablar, su discurso se basa en que hay que mirar hacia el futuro... porque nos dicen que los demás miramos hacia el pasado y no es así; el pasado viene solo, no lo traemos nosotros. El pasado viene solo cuando no lo resuelve la Justicia”.
Leyes de obediencia debida y punto final
En el momento de surgir estas leyes arremetieron brutalmente contra el trabajo de búsqueda de justicia para los crímenes cometidos en la época de la dictadura, mermaron los integrantes de numerosas organizaciones, entre ellas la APDH; y otra cosa que lograron es que los represores nos los podamos cruzar en el supermercado o que estén sentados en la mesa de al lado en un bar, libres y sin castigo.
Pero, como el pasado viene solo la derogación de estas leyes traen un reavivamiento de esta búsqueda de justicia. “A la caída de las leyes de impunidad nosotros vemos que se abren otras puertas a nivel del país que no estaban y en este momento estamos esperando que se terminen los trámites documentales de la Cámara Federal de Bahía Blanca, que va a permitir que se reinicien los juicios que quedaron suspendidos en el 1987 después de las leyes. Así que falta que esas causas pasen a primera instancia. Ahí iniciaremos la operatoria que quedó en suspenso por estas leyes. En los casos de los que fueron acusados y citados a indagatoria en aquel momento serán pedidas sus detenciones a partir de la acusación que hay, los que no llegaron a indagatoria los citaremos, los que no hayan declarado irán a declarar y se reiniciará en el lugar que quedo detenido el caso en su momento. Va a ser una lucha ardua, pero sabemos que una vez que se reinicie no se va a poder cerrar”.
jueves, 25 de agosto de 2005
sábado, 2 de julio de 2005
Cuando el Poder Judicial era el poder dictatorial
Página/12
Renunció el juez Guillermo Federico Madueño. Era miembro del Tribunal Oral Federal Nº 5. Se fue luego de que una investigación de Página/12 revelara sus vínculos con la dictadura en Bahía Blanca.
Por Diego Martínez
Una semana después de que la denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales fuera asignada a la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura y a días de que se adoptaran las primeras medidas de prueba, el doctor Guillermo Federico Madueño prefirió tirar la toalla y presentó su renuncia como juez del Tribunal Oral Federal Nº 5. A casi tres décadas de su paso por Bahía Blanca como juez federal de la última dictadura, una investigación periodística publicada por Página/12 en tres extensas notas había detallado la amistad del magistrado con los principales responsables del terrorismo de Estado del sur bonaerense y su complicidad en el encubrimiento de delitos de lesa humanidad, como torturas y enfrentamientos fraguados por el V Cuerpo de Ejército.
Entre 1975 y fines de 1978, Madueño junto a su secretario Hugo Mario Sierra (que aún es titular de las cátedras Derecho Penal I y II en la Universidad Nacional del Sur) fueron la pata judicial del terrorismo de Estado en Bahía Blanca: se encargaron de rechazar los habeas corpus presentados por los familiares de los desaparecidos, de cerrar en tiempo record y sin investigar los fusilamientos que el Ejército hacía pasar por enfrentamientos en los comunicados falsos que publicaba La Nueva Provincia, de entregar los cadáveres ametrallados e incluso de ordenar seccionar las manos de falsos NN para luego simular su identificación. Mientras tanto, se prestaron a una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista” en la UNS que un grupo de profesores padeció con años de humillaciones en las cárceles de la dictadura.
La colaboración del juez con el estado terrorista comenzó en diciembre de 1975, cuando archivó sin investigar la muerte por torturas de Daniel Bombara, el primer desaparecido de esa ciudad. Para justificar su muerte el comando adujo que mientras lo trasladaban en un patrullero, esposado y acompañado por tres policías, Bombara había logrado abrir la puerta y se había tirado al asfalto. Un día después, para no entregar su cadáver con signos de tortura, simularon que un grupo de desconocidos lo había robado de la ambulancia policial que lo trasladaba a la morgue. Ya en dictadura, en abril de 1976, una mujer secuestrada en el mismo raid que Bombara le contó que habían sido detenidos por civiles y luego torturados. Madueño hizo oídos sordos, la sobreseyó pero no investigó la denuncia por torturas ni reabrió la canallesca causa de la ambulancia.
Ya en plena dictadura, Madueño se reunía por las noches con los dos máximos jefes del Cuerpo V “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión y el terrorismo, lo que dio intervención (sic) al juez a hacer la investigación en la UNS”, según contó el general Adel Vilas a la justicia en 1987. Vilas dijo que invitó al juez a visitar el campo clandestino La Escuelita pero que Madueño se negó, aunque admitió: “Ya estoy integrado: menudo trabajo tengo con la investigación en la universidad”. El juicio a los profesores de la UNS, publicitado por el diario de la familia Massot como un ejemplo de lucha contra el marxismo infiltrado en la universidad, incluyó golpes y humillaciones a un grupo de profesores por parte del subcomisario Félix Alejandro Alais, ex miembro de la Triple A, cuñado de Suárez Mason y hoy a cargo de la agencia de seguridad Fast. Varios profesores contaron cómo Madueño y Sierra los interrogaban en la misma comisaría donde eran torturados y les insinuaban que ratificaran sin leer la declaración tomada por Alais si no querían seguir en los calabozos.
El director del CELS Víctor Abramovich consideró ayer que “casos como el de Madueño demuestran que la actuación del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado fue fundamental para consagrar la impunidad de los delitos de lesa humanidad” y que “el impulso dado por el Consejo de la Magistratura a la denuncia fue una saludable respuesta institucional. Un desafío central para la marcha de los procesos judiciales impulsados por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia es lograr una renovación de aquellos sectores judiciales que fueron cómplices o estuvieron comprometidos con los crímenes que ahora deben investigar”.
Renunció el juez Guillermo Federico Madueño. Era miembro del Tribunal Oral Federal Nº 5. Se fue luego de que una investigación de Página/12 revelara sus vínculos con la dictadura en Bahía Blanca.
Por Diego Martínez
Una semana después de que la denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales fuera asignada a la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura y a días de que se adoptaran las primeras medidas de prueba, el doctor Guillermo Federico Madueño prefirió tirar la toalla y presentó su renuncia como juez del Tribunal Oral Federal Nº 5. A casi tres décadas de su paso por Bahía Blanca como juez federal de la última dictadura, una investigación periodística publicada por Página/12 en tres extensas notas había detallado la amistad del magistrado con los principales responsables del terrorismo de Estado del sur bonaerense y su complicidad en el encubrimiento de delitos de lesa humanidad, como torturas y enfrentamientos fraguados por el V Cuerpo de Ejército.
Entre 1975 y fines de 1978, Madueño junto a su secretario Hugo Mario Sierra (que aún es titular de las cátedras Derecho Penal I y II en la Universidad Nacional del Sur) fueron la pata judicial del terrorismo de Estado en Bahía Blanca: se encargaron de rechazar los habeas corpus presentados por los familiares de los desaparecidos, de cerrar en tiempo record y sin investigar los fusilamientos que el Ejército hacía pasar por enfrentamientos en los comunicados falsos que publicaba La Nueva Provincia, de entregar los cadáveres ametrallados e incluso de ordenar seccionar las manos de falsos NN para luego simular su identificación. Mientras tanto, se prestaron a una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista” en la UNS que un grupo de profesores padeció con años de humillaciones en las cárceles de la dictadura.
La colaboración del juez con el estado terrorista comenzó en diciembre de 1975, cuando archivó sin investigar la muerte por torturas de Daniel Bombara, el primer desaparecido de esa ciudad. Para justificar su muerte el comando adujo que mientras lo trasladaban en un patrullero, esposado y acompañado por tres policías, Bombara había logrado abrir la puerta y se había tirado al asfalto. Un día después, para no entregar su cadáver con signos de tortura, simularon que un grupo de desconocidos lo había robado de la ambulancia policial que lo trasladaba a la morgue. Ya en dictadura, en abril de 1976, una mujer secuestrada en el mismo raid que Bombara le contó que habían sido detenidos por civiles y luego torturados. Madueño hizo oídos sordos, la sobreseyó pero no investigó la denuncia por torturas ni reabrió la canallesca causa de la ambulancia.
Ya en plena dictadura, Madueño se reunía por las noches con los dos máximos jefes del Cuerpo V “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión y el terrorismo, lo que dio intervención (sic) al juez a hacer la investigación en la UNS”, según contó el general Adel Vilas a la justicia en 1987. Vilas dijo que invitó al juez a visitar el campo clandestino La Escuelita pero que Madueño se negó, aunque admitió: “Ya estoy integrado: menudo trabajo tengo con la investigación en la universidad”. El juicio a los profesores de la UNS, publicitado por el diario de la familia Massot como un ejemplo de lucha contra el marxismo infiltrado en la universidad, incluyó golpes y humillaciones a un grupo de profesores por parte del subcomisario Félix Alejandro Alais, ex miembro de la Triple A, cuñado de Suárez Mason y hoy a cargo de la agencia de seguridad Fast. Varios profesores contaron cómo Madueño y Sierra los interrogaban en la misma comisaría donde eran torturados y les insinuaban que ratificaran sin leer la declaración tomada por Alais si no querían seguir en los calabozos.
El director del CELS Víctor Abramovich consideró ayer que “casos como el de Madueño demuestran que la actuación del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado fue fundamental para consagrar la impunidad de los delitos de lesa humanidad” y que “el impulso dado por el Consejo de la Magistratura a la denuncia fue una saludable respuesta institucional. Un desafío central para la marcha de los procesos judiciales impulsados por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia es lograr una renovación de aquellos sectores judiciales que fueron cómplices o estuvieron comprometidos con los crímenes que ahora deben investigar”.
lunes, 30 de mayo de 2005
De cómo Madueño "limpió" la UNS de "subversivos"
Página/12
El actual miembro del Tribunal Oral Nº 5 se pasó tres años “trabajando” en una causa por la “infiltración” ideológica de la universidad local. Hubo torturas que él no vio, prisiones interminables y vidas arruinadas.
Por Diego Martínez
Mientras el Cuerpo V de Ejército de Bahía Blanca secuestraba, torturaba y hacía desaparecer los cuerpos de sus víctimas, el actual juez del Tribunal Oral Federal 5 Guillermo Federico Madueño no sólo se dedicó a archivar las causas de los fusilamientos fraguados mientras por las noches se reunía con los dos máximos jefes de ese comando “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión y el terrorismo”, como declaró en 1987 el general Adel Vilas. Durante tres años Madueño junto con su secretario Hugo Mario Sierra y la fiscal federal María del Carmen Valdunciel de Moroni se prestaron a una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista” en la Universidad Nacional del Sur que un grupo de profesores padeció con años de humillaciones en las cárceles de la dictadura. En esa gigantesca causa judicial no constan las denuncias por las torturas que los profesores recibían en la delegación bahiense de la Policía Federal en manos del subcomisario Félix Alejandro Alais, miembro de la Triple A, cuñado de Suárez Mason y actual dueño de la agencia de seguridad Fast. Sin embargo, consultados para esta nota, varios profesores contaron que Madueño les tomaba declaración en esa misma seccional, a la que concurría nada menos que con el ex interventor de la UNS, el integrista católico rumano Remus Tetu. Allí mantenía charlas amenas con Tetu y con Alais. Después ignoraba las denuncias por torturas y les sugería a los profesores que ratificaran las declaraciones testimoniales si no querían seguir encerrados en los calabozos. También por esta causa el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió su recusación en la causa por el secuestro de Claudia Poblete y su enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura. Madueño fue consultado para esta nota pero una vez más prefirió guardar silencio.
El general Vilas relató en 1987 ante la Cámara Federal de Bahía Blanca que se reunían con Madueño en la casa del comandante, general Osvaldo René Azpitarte, “lo que dio intervención (sic) al juez a hacer la investigación en la Universidad del Sur”. Azpitarte solicitó que “en cumplimiento de sus obligaciones” el juez visitara el “lugar de reunión de detenidos”, eufemismo para referirse al centro de detención clandestino La Escuelita, que funcionó dentro del predio del Ejército. Según Vilas, esa gestión fracasó.
- ¿Cuándo me vas a venir a visitar? -dijo que le preguntó.
- Tengo mucho trabajo -dijo que le respondió el juez.
- ¿Cuándo te vas a integrar?
- Ya estoy integrado. Menudo trabajo tengo con la investigación en la universidad.
Cuentas pendientes
Cuando las Fuerzas Armadas derrocaron a Isabel Perón hacía un año que la Universidad Nacional del Sur había sido devastada. La intervención de Remus Tetu en 1975 no sólo implicó secuestros, asesinatos y matones armados en los pasillos. Con el auspicio del diario naval La Nueva Provincia, Tetu cesanteó a cientos de docentes y no-docentes, prohibió asambleas, juicios académicos y cátedras paralelas, proscribió los centros de estudiantes, fijó cupos de ingreso, eliminó toda intervención comunitaria, cerró para siempre la carrera de Pedagogía e impulsó una campaña de persecución ideológica centrada en los departamentos de Economía y Humanidades. Cuando Vilas llegó a Bahía Blanca en 1976 no quedaban rastros de militancia en la UNS. Sin embargo, ese sería el año de una burda operación a la que el juez Madueño le aportaría un tinte de legalidad.
Para Vilas y la revista Cabildo, que se imprimía en las rotativas de La Nueva Provincia, el ex presidente militar Alejandro Lanusse era el primer responsable de consentir la conspiración marxista contra la Nación. El apacible contexto bahiense, donde ese mismo año una caravana con banderas argentinas acompañaría a Vilas al aeropuerto, era el ideal para orquestar la venganza. La operación ideada fue un juicio por “infiltración ideológica marxista”. El señuelo: un ex ministro de Educación de Lanusse que antes había sido rector de la UNS a quien se acusaría de consentir el ingreso de “ideólogos marxistas”.
El 4 de agosto, con Madueño presente para legitimar la farsa, Vilas dio una ampulosa conferencia de prensa que trascendió las fronteras e incluyó medallas para los policías investigadores. “Debemos anular las fuentes mismas en que se nutre, forma y adoctrina el delincuente subversivo y esa fuente está en la universidad y los colegios secundarios”, explicó. “La investigación llevada a cabo por la delegación local de la Policía Federal bajo control operacional de este comando, con la colaboración inestimable del señor interventor en la UNS capitán de navío Raúl González y la intervención del juez federal Guillermo Madueño llegó a las raíces de la llamada penetración ideológica de la izquierda revolucionaria”, detalló. Luego Alais se explayó sobre el proceso que habría convertido a la UNS en una “usina subversiva” y destacó como etapa inicial “la gestión del doctor Gustavo Malek”, el “cripto-comunista” ex ministro de Lanusse.
La reacción de Lanusse no se hizo esperar. Le escribió una carta pública a Vilas en la cual lo cuestionaba por arrogarse atribuciones que no le correspondían. Como castigo Videla lo sancionó con cinco días de arresto. En 1987 Vilas explicó ante la justicia que “el exitoso trabajo y sacrificio del juez federal auxiliado por la delegación de la Policía Federal permitió probar judicialmente la penetración ideológica de la Cuarta Internacional en el ámbito universitario, aportando los elementos necesarios para dar forma a una nueva figura delictiva comprobable (sic)”. Hasta aquí la historia pública de ese juicio.
Cosa rara
La causa 612/76 contra los profesores de la UNS tiene 16 cuerpos, 3.264 fojas y un comienzo de antología. Dos estudiantes secundarios dialogan en el patio del colegio durante una hora libre. Una compañera para la oreja: hablan de “llevar un paquete a la estación ferroviaria”. Perciben su desconfianza y deciden hacerle una broma. “No cuentes nada o te va a costar la vida”, le dice uno. En su casa la chica cuenta que quien la amenazó “es adicto” y que “esos paquetes son de droga”. El 29 de junio de 1976 a la noche madre e hija declaran ante Alais. Sostienen que el chico “siempre se revela contra autoridades nacionales (sic) y hasta ha expresado que luego de cumplir los 16 años se ausentará de su domicilio con el fin de internarse en los bosques y hacer vida de ‘guerrillero’”. Peor aún: la profesora de castellano dijo que “andaban en cosa rara”. Alais se frota las manos, apunta que “da intervención” a Madueño y esa madrugada sale con una patota de civil en busca de los flamantes subversivos.
En la casa del supuesto adicto secuestran paquetes de cigarrillos, “una bolsita con polvo blanco”, pero también ejemplares de la revista Transformaciones y cuatro láminas con mensajes temibles como “El grupo no participa de las decisiones” o “El líder paternal se hace cargo de los problemas y piensa por todos”. La dueña de casa explica que el polvo es bicarbonato de sodio para la acidez estomacal y que usa las revistas y las láminas porque es asistente social, pero no convence. “Material de contenido ideológico subversivo”, anota Alais. La mujer y los dos menores quedan detenidos. Alais consulta por primera vez a Madueño, quien “una vez interiorizado dispone aprobar todo” y seguir adelante con declaraciones e “informes ambientales de los núcleos familiares”.
Ya en la delegación de la Policía Federal la mujer “desea manifestar”, por algún extraño designio, que en 1973 fue interventora de una escuela y que “en su gestión hubo gran infiltración ideológica de la revolución proletaria” (sic). También da la dirección de la imprenta donde se fotocopian apuntes “de economía marxista”. Un día después, 1º de julio, la dueña de la imprenta “entrega en forma espontánea” textos y nombres de profesores de economía y “hojas sueltas con distintas concepciones de ideología marxista-leninista y de neto corte subversivo”. Con los nombres Madueño da vía libre para “que se proceda a practicar averiguaciones y detención de quienes aparezcan como involucrados en estas actuaciones”.
Caza de brujas
Con el visto bueno del juez, Alais envió órdenes de detención a todo el país. La mayoría de sus presas habían sido cesanteadas por Tetu en marzo de 1975 y debieron buscar trabajo en otros pagos. Otros se habían exiliado ese mismo año ante las amenazas de la Triple A. La mayor parte de los operativos tuvieron el sello de la época: de madrugada y de civil. La Policía Federal secuestró decenas de bibliotecas, con autores que iban de Marx a Félix Luna. A medida que llegaban a la delegación bahiense de la Policía Federal, todos realizaban “manifestaciones espontáneas”. Para evitar suspicacias Alais apuntó que declaraban “en el uso de sus facultades plenas psíquicas y físicas” y que los testimonios “no le(s) han sido requeridos en ningún instante por la autoridad policial, sino que lo hace(n) con el fin de ayudar en la investigación”. Mientras tanto el juez por teléfono disponía “aprobar todo” y mantenerlos “detenidos e incomunicados”. En algunos casos Madueño se enteraba de las detenciones cuando sus presos ya estaban en la cárcel de Villa Floresta, previos golpes y humillaciones en la seccional de calle Rondeau.
El economista Alberto Barbeito fue detenido en su casa de Avellaneda y trasladado a Bahía Blanca. Durante el Juicio a las Juntas contó que después de escuchar una arenga patriotera de Alais lo hicieron desnudar y permanecer dos días en un calabozo de cemento. Esa semana de julio había nevado. Llegó a delirar de frío. Contó que le manifestó esa situación al juez y que durante la declaración tenía “permanentes temblores en las extremidades”. Consultado para esta nota recordó que “el juez nos vio maltrechos, golpeados, en una situación penosa. Se lo hice notar pero procedió al interrogatorio de rutina: quién era, con quién me reunía”. La viuda del economista Horacio Ciafardini, María Inés Olivella, recuerda que “cuando llegó a Bahía Blanca se encontró con ex compañeros desnudos, golpeados y congelados en el patio de la seccional”.
Carlos Barrera, quien desde que dejó el país en 1979 vive en Francia, recuerda que “cuando Alais se cansó de pegarme ordenó ‘déjenlo en bolas en el calabozo para que se cague de frío’. Así estuve unas treinta horas, hasta que dos suboficiales me dieron un pantalón. Declaré ante el mismo Alais, conocido en su execrable medio como un ‘sovietólogo’. Las menciones de Keynes y De Gaulle lo hicieron estallar gritando que eran otros reverendos hijos de puta. Durante varios días esperé al juez en el calabozo. Llegó acompañado por su secretario Sierra y por Remus Tetu. Tuvieron una larga reunión con Alais. El saludo de Madueño consistió en preguntarme cómo me habían tratado. ‘Muy mal’, le dije. Su respuesta fue una cínica sonrisa diciéndome ‘¡qué le va a hacer!’. No sólo vino a interrogarme en el mismo lugar donde me habían torturado sino que me insinuó que era mejor ratificar la declaración ante Alais, que no había podido leer, pues de lo contrario tendría que quedarme en el calabozo. Me hizo firmar y salió con una sonrisa junto al hipócrita de su secretario, Sierra, quien luego se encargaría de la tortura sicológica de nuestros familiares”.
Otro economista, Dolio Sfascia, también desde Francia recuerda que en la delegación policial “se había institucionalizado un régimen de terror. Me decían ‘judío’, que para ellos era un insulto, y me daban golpes y puntapiés. Estuve en un calabozo desde el 2 hasta el 14 de julio, cuando me llevan a la cárcel. El 13 vino Madueño, aunque la declaración me la tomó su secretario Sierra. Al juez lo vi de lejos, en la oficina junto con Alais”. En la causa consta que el 17 de julio Madueño ordenó su liberación pero desde la cárcel le informaron que no podían liberarlo “por haber sido entregado a autoridades militares”. Continúa Sfascia: “El 19 un guardia me dice que me van a liberar. Me meten a patadas en un camión blindado con otros dos detenidos y nos llevan al Regimiento de Infantería de Villa Floresta. Pasamos la noche en un calabozo y al día siguiente nos juntan con un grupo de sindicalistas, con los que pasamos dos o tres semanas. Hasta que sale el decreto del PEN, el 13 de agosto, podría decirse que estuve secuestrado por los militares. No creo que el juez pudiera ignorarlo”.
En agosto de 1976 Madueño dictó las primeras prisiones preventivas por “penetración de doctrinas ajenas al sentir nacional” (sic). El delito que les endilgaban era la reforma del plan de estudios de economía en 1972. Si bien había sido aprobado por el consejo superior de la UNS mientras regía la ley 17.401 de represión del comunismo, Madueño fundamentó su decisión en la ley de seguridad 20.840, sancionada en 1974, por considerar que la penetración era un “delito permanente” que varios profesores habían cometido hasta sus cesantías. En mayo de 1977 los camaristas Ricardo Rojo, Jorge Horacio Peri y Gualterio Monacelli confirmaron las preventivas por considerar que “se propiciaba y mantenía un trabajo constante tendiente a subvertir los principios”. Omitieron especificar “occidentales y cristianos”.
El 11 de septiembre de 1976 varios profesores fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Rawson. Los bajaron del avión de los pelos, sin escalerilla y con las manos atadas, y los recibieron con una sesión de golpes a la que el ex diputado Mario Amaya no sobrevivió. En febrero de 1978 Madueño viajó a Rawson para ampliar las indagatorias. Barbeito contó en 1985 que “le hice conocer toda la experiencia vivida a través de la represión en el interior del penal. Respondió que lamentablemente no podía hacer nada porque yo estaba a disposición del Poder Ejecutivo pero que le iba a transmitir mi relato a las autoridades del Cuerpo V”.
Durante tres años el juez junto con su secretario y la fiscal se entretuvieron recibiendo declaraciones testimoniales a cientos de alumnos y profesores, con preguntas exhaustivas como “si en 1974 oyó reflexiones sobre el papel de la universidad tradicional en el contexto de un país capitalista dependiente”. Cuando le preguntaron a un alumno si durante sus clases Ciafardini hablaba de “estado dependiente” u “opresión de la clase obrera” les explicó que era imposible no hacerlo porque enseñaba El Capital y “Marx los usa en forma frecuente”. Otra estudiante confesó que nunca había sentido miedo durante el período sobre el que la habían interrogado pero sí en 1975, durante la gestión Tetu, “cuando en los recintos universitarios se vieron en forma permanente diversos individuos ajenos al ámbito exhibiendo armas en forma ostentosa”. Obviamente no le hicieron más preguntas. La necesidad de incorporar “subversivos” también permitió a profesores identificados con el régimen saldar rencillas domésticas acusando a sus enemigos de adoctrinamiento marxista. Aún hoy docentes que soportaron años de cárcel se cruzan en los pasillos de la UNS con quienes los difamaron.
Sólo dos profesores, Carlos Barrera y Mario Usabiaga, llegaron a ser condenados, aunque no por infiltración sino por privación ilegítima de la libertad. Los acusaron de integrar “una turba” que en marzo de 1975 se había presentado durante una reunión de los flamantes directores departamentales de Remus Tetu para reclamar por sus cesantías injustificadas. Tan violentas eran sus intenciones que habían llevado un escribano para documentar los hechos. Alguno de los escritos en defensa de Barrera los firmó el ex presidente Raúl Alfonsín, aunque el abogado que los redactaba era el ex legislador y ministro Héctor Bertoncello, quien recuerda que “como la mujer de Barrera era francesa vino a Bahía el cónsul honorario de Francia. Primero habló con Madueño y después lo llevé en mi auto a ver al comandante, general (José Antonio) Vaquero. Tras su intervención les permitieron salir del país, después de cuatro años presos”.
En marzo de 1979 Madueño sobreseyó provisionalmente a los profesores porque “la prueba reunida no resulta suficiente”. Como al ser procesados la mayoría había quedado a disposición del Poder Ejecutivo y para pedir la opción de exiliarse precisaban un sobreseimiento definitivo, continuaron en prisión. En abril de 1982, pese a que se habían cumplido los seis años de pena máxima establecidos por la ley 20.840, los camaristas Ricardo Rojo y Jorge Enrique Alcolea alegaron que la prescripción se había interrumpido por la célebre “secuela de juicio” y les negaron el sobreseimiento definitivo. Rojo era amigo personal del general Azpitarte. Vilas contó que solía cruzarlo dentro del comando donde funcionaba La Escuelita. Alcolea es aún hoy presidente de la sala I de la cámara penal de Bahía Blanca. También se reciclaron Valdunciel de Moroni, actual defensora ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, y el ex secretario Sierra, titular de las cátedras Derecho Penal I y II en la carrera de derecho de la UNS.
El último en salir en libertad fue el profesor Horacio Ciafardini, en 1982. Cuentan sus compañeros que en la cárcel enseñó economía e idiomas y se ganó el apodo de “Asceta” por comer la basura que les daban para impedir que los guardias lucraran con su sufrimiento. Durante años no pudo leer más que cartas y los diarios viejos que había para limpiarse el culo en las celdas de castigo. “Pero aunque no me crean estoy bien: el hombre es un animal de costumbres”, le escribió a su compañera. Una tía que era a su vez madrina de un secretario de Videla le consiguió la opción para salir del país, pero Ciafardini la rechazó. “No es cuestión de salir como rata por tirante –escribió. Hay que desentrañar la patraña jurídica de connivencia con la dictadura”. Murió en 1984, sin sospechar que de la mano de Carlos Menem en 1992 Madueño asumiría como juez de la nación.
El actual miembro del Tribunal Oral Nº 5 se pasó tres años “trabajando” en una causa por la “infiltración” ideológica de la universidad local. Hubo torturas que él no vio, prisiones interminables y vidas arruinadas.
Por Diego Martínez
Mientras el Cuerpo V de Ejército de Bahía Blanca secuestraba, torturaba y hacía desaparecer los cuerpos de sus víctimas, el actual juez del Tribunal Oral Federal 5 Guillermo Federico Madueño no sólo se dedicó a archivar las causas de los fusilamientos fraguados mientras por las noches se reunía con los dos máximos jefes de ese comando “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión y el terrorismo”, como declaró en 1987 el general Adel Vilas. Durante tres años Madueño junto con su secretario Hugo Mario Sierra y la fiscal federal María del Carmen Valdunciel de Moroni se prestaron a una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista” en la Universidad Nacional del Sur que un grupo de profesores padeció con años de humillaciones en las cárceles de la dictadura. En esa gigantesca causa judicial no constan las denuncias por las torturas que los profesores recibían en la delegación bahiense de la Policía Federal en manos del subcomisario Félix Alejandro Alais, miembro de la Triple A, cuñado de Suárez Mason y actual dueño de la agencia de seguridad Fast. Sin embargo, consultados para esta nota, varios profesores contaron que Madueño les tomaba declaración en esa misma seccional, a la que concurría nada menos que con el ex interventor de la UNS, el integrista católico rumano Remus Tetu. Allí mantenía charlas amenas con Tetu y con Alais. Después ignoraba las denuncias por torturas y les sugería a los profesores que ratificaran las declaraciones testimoniales si no querían seguir encerrados en los calabozos. También por esta causa el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió su recusación en la causa por el secuestro de Claudia Poblete y su enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura. Madueño fue consultado para esta nota pero una vez más prefirió guardar silencio.
El general Vilas relató en 1987 ante la Cámara Federal de Bahía Blanca que se reunían con Madueño en la casa del comandante, general Osvaldo René Azpitarte, “lo que dio intervención (sic) al juez a hacer la investigación en la Universidad del Sur”. Azpitarte solicitó que “en cumplimiento de sus obligaciones” el juez visitara el “lugar de reunión de detenidos”, eufemismo para referirse al centro de detención clandestino La Escuelita, que funcionó dentro del predio del Ejército. Según Vilas, esa gestión fracasó.
- ¿Cuándo me vas a venir a visitar? -dijo que le preguntó.
- Tengo mucho trabajo -dijo que le respondió el juez.
- ¿Cuándo te vas a integrar?
- Ya estoy integrado. Menudo trabajo tengo con la investigación en la universidad.
Cuentas pendientes
Cuando las Fuerzas Armadas derrocaron a Isabel Perón hacía un año que la Universidad Nacional del Sur había sido devastada. La intervención de Remus Tetu en 1975 no sólo implicó secuestros, asesinatos y matones armados en los pasillos. Con el auspicio del diario naval La Nueva Provincia, Tetu cesanteó a cientos de docentes y no-docentes, prohibió asambleas, juicios académicos y cátedras paralelas, proscribió los centros de estudiantes, fijó cupos de ingreso, eliminó toda intervención comunitaria, cerró para siempre la carrera de Pedagogía e impulsó una campaña de persecución ideológica centrada en los departamentos de Economía y Humanidades. Cuando Vilas llegó a Bahía Blanca en 1976 no quedaban rastros de militancia en la UNS. Sin embargo, ese sería el año de una burda operación a la que el juez Madueño le aportaría un tinte de legalidad.
Para Vilas y la revista Cabildo, que se imprimía en las rotativas de La Nueva Provincia, el ex presidente militar Alejandro Lanusse era el primer responsable de consentir la conspiración marxista contra la Nación. El apacible contexto bahiense, donde ese mismo año una caravana con banderas argentinas acompañaría a Vilas al aeropuerto, era el ideal para orquestar la venganza. La operación ideada fue un juicio por “infiltración ideológica marxista”. El señuelo: un ex ministro de Educación de Lanusse que antes había sido rector de la UNS a quien se acusaría de consentir el ingreso de “ideólogos marxistas”.
El 4 de agosto, con Madueño presente para legitimar la farsa, Vilas dio una ampulosa conferencia de prensa que trascendió las fronteras e incluyó medallas para los policías investigadores. “Debemos anular las fuentes mismas en que se nutre, forma y adoctrina el delincuente subversivo y esa fuente está en la universidad y los colegios secundarios”, explicó. “La investigación llevada a cabo por la delegación local de la Policía Federal bajo control operacional de este comando, con la colaboración inestimable del señor interventor en la UNS capitán de navío Raúl González y la intervención del juez federal Guillermo Madueño llegó a las raíces de la llamada penetración ideológica de la izquierda revolucionaria”, detalló. Luego Alais se explayó sobre el proceso que habría convertido a la UNS en una “usina subversiva” y destacó como etapa inicial “la gestión del doctor Gustavo Malek”, el “cripto-comunista” ex ministro de Lanusse.
La reacción de Lanusse no se hizo esperar. Le escribió una carta pública a Vilas en la cual lo cuestionaba por arrogarse atribuciones que no le correspondían. Como castigo Videla lo sancionó con cinco días de arresto. En 1987 Vilas explicó ante la justicia que “el exitoso trabajo y sacrificio del juez federal auxiliado por la delegación de la Policía Federal permitió probar judicialmente la penetración ideológica de la Cuarta Internacional en el ámbito universitario, aportando los elementos necesarios para dar forma a una nueva figura delictiva comprobable (sic)”. Hasta aquí la historia pública de ese juicio.
Cosa rara
La causa 612/76 contra los profesores de la UNS tiene 16 cuerpos, 3.264 fojas y un comienzo de antología. Dos estudiantes secundarios dialogan en el patio del colegio durante una hora libre. Una compañera para la oreja: hablan de “llevar un paquete a la estación ferroviaria”. Perciben su desconfianza y deciden hacerle una broma. “No cuentes nada o te va a costar la vida”, le dice uno. En su casa la chica cuenta que quien la amenazó “es adicto” y que “esos paquetes son de droga”. El 29 de junio de 1976 a la noche madre e hija declaran ante Alais. Sostienen que el chico “siempre se revela contra autoridades nacionales (sic) y hasta ha expresado que luego de cumplir los 16 años se ausentará de su domicilio con el fin de internarse en los bosques y hacer vida de ‘guerrillero’”. Peor aún: la profesora de castellano dijo que “andaban en cosa rara”. Alais se frota las manos, apunta que “da intervención” a Madueño y esa madrugada sale con una patota de civil en busca de los flamantes subversivos.
En la casa del supuesto adicto secuestran paquetes de cigarrillos, “una bolsita con polvo blanco”, pero también ejemplares de la revista Transformaciones y cuatro láminas con mensajes temibles como “El grupo no participa de las decisiones” o “El líder paternal se hace cargo de los problemas y piensa por todos”. La dueña de casa explica que el polvo es bicarbonato de sodio para la acidez estomacal y que usa las revistas y las láminas porque es asistente social, pero no convence. “Material de contenido ideológico subversivo”, anota Alais. La mujer y los dos menores quedan detenidos. Alais consulta por primera vez a Madueño, quien “una vez interiorizado dispone aprobar todo” y seguir adelante con declaraciones e “informes ambientales de los núcleos familiares”.
Ya en la delegación de la Policía Federal la mujer “desea manifestar”, por algún extraño designio, que en 1973 fue interventora de una escuela y que “en su gestión hubo gran infiltración ideológica de la revolución proletaria” (sic). También da la dirección de la imprenta donde se fotocopian apuntes “de economía marxista”. Un día después, 1º de julio, la dueña de la imprenta “entrega en forma espontánea” textos y nombres de profesores de economía y “hojas sueltas con distintas concepciones de ideología marxista-leninista y de neto corte subversivo”. Con los nombres Madueño da vía libre para “que se proceda a practicar averiguaciones y detención de quienes aparezcan como involucrados en estas actuaciones”.
Caza de brujas
Con el visto bueno del juez, Alais envió órdenes de detención a todo el país. La mayoría de sus presas habían sido cesanteadas por Tetu en marzo de 1975 y debieron buscar trabajo en otros pagos. Otros se habían exiliado ese mismo año ante las amenazas de la Triple A. La mayor parte de los operativos tuvieron el sello de la época: de madrugada y de civil. La Policía Federal secuestró decenas de bibliotecas, con autores que iban de Marx a Félix Luna. A medida que llegaban a la delegación bahiense de la Policía Federal, todos realizaban “manifestaciones espontáneas”. Para evitar suspicacias Alais apuntó que declaraban “en el uso de sus facultades plenas psíquicas y físicas” y que los testimonios “no le(s) han sido requeridos en ningún instante por la autoridad policial, sino que lo hace(n) con el fin de ayudar en la investigación”. Mientras tanto el juez por teléfono disponía “aprobar todo” y mantenerlos “detenidos e incomunicados”. En algunos casos Madueño se enteraba de las detenciones cuando sus presos ya estaban en la cárcel de Villa Floresta, previos golpes y humillaciones en la seccional de calle Rondeau.
El economista Alberto Barbeito fue detenido en su casa de Avellaneda y trasladado a Bahía Blanca. Durante el Juicio a las Juntas contó que después de escuchar una arenga patriotera de Alais lo hicieron desnudar y permanecer dos días en un calabozo de cemento. Esa semana de julio había nevado. Llegó a delirar de frío. Contó que le manifestó esa situación al juez y que durante la declaración tenía “permanentes temblores en las extremidades”. Consultado para esta nota recordó que “el juez nos vio maltrechos, golpeados, en una situación penosa. Se lo hice notar pero procedió al interrogatorio de rutina: quién era, con quién me reunía”. La viuda del economista Horacio Ciafardini, María Inés Olivella, recuerda que “cuando llegó a Bahía Blanca se encontró con ex compañeros desnudos, golpeados y congelados en el patio de la seccional”.
Carlos Barrera, quien desde que dejó el país en 1979 vive en Francia, recuerda que “cuando Alais se cansó de pegarme ordenó ‘déjenlo en bolas en el calabozo para que se cague de frío’. Así estuve unas treinta horas, hasta que dos suboficiales me dieron un pantalón. Declaré ante el mismo Alais, conocido en su execrable medio como un ‘sovietólogo’. Las menciones de Keynes y De Gaulle lo hicieron estallar gritando que eran otros reverendos hijos de puta. Durante varios días esperé al juez en el calabozo. Llegó acompañado por su secretario Sierra y por Remus Tetu. Tuvieron una larga reunión con Alais. El saludo de Madueño consistió en preguntarme cómo me habían tratado. ‘Muy mal’, le dije. Su respuesta fue una cínica sonrisa diciéndome ‘¡qué le va a hacer!’. No sólo vino a interrogarme en el mismo lugar donde me habían torturado sino que me insinuó que era mejor ratificar la declaración ante Alais, que no había podido leer, pues de lo contrario tendría que quedarme en el calabozo. Me hizo firmar y salió con una sonrisa junto al hipócrita de su secretario, Sierra, quien luego se encargaría de la tortura sicológica de nuestros familiares”.
Otro economista, Dolio Sfascia, también desde Francia recuerda que en la delegación policial “se había institucionalizado un régimen de terror. Me decían ‘judío’, que para ellos era un insulto, y me daban golpes y puntapiés. Estuve en un calabozo desde el 2 hasta el 14 de julio, cuando me llevan a la cárcel. El 13 vino Madueño, aunque la declaración me la tomó su secretario Sierra. Al juez lo vi de lejos, en la oficina junto con Alais”. En la causa consta que el 17 de julio Madueño ordenó su liberación pero desde la cárcel le informaron que no podían liberarlo “por haber sido entregado a autoridades militares”. Continúa Sfascia: “El 19 un guardia me dice que me van a liberar. Me meten a patadas en un camión blindado con otros dos detenidos y nos llevan al Regimiento de Infantería de Villa Floresta. Pasamos la noche en un calabozo y al día siguiente nos juntan con un grupo de sindicalistas, con los que pasamos dos o tres semanas. Hasta que sale el decreto del PEN, el 13 de agosto, podría decirse que estuve secuestrado por los militares. No creo que el juez pudiera ignorarlo”.
En agosto de 1976 Madueño dictó las primeras prisiones preventivas por “penetración de doctrinas ajenas al sentir nacional” (sic). El delito que les endilgaban era la reforma del plan de estudios de economía en 1972. Si bien había sido aprobado por el consejo superior de la UNS mientras regía la ley 17.401 de represión del comunismo, Madueño fundamentó su decisión en la ley de seguridad 20.840, sancionada en 1974, por considerar que la penetración era un “delito permanente” que varios profesores habían cometido hasta sus cesantías. En mayo de 1977 los camaristas Ricardo Rojo, Jorge Horacio Peri y Gualterio Monacelli confirmaron las preventivas por considerar que “se propiciaba y mantenía un trabajo constante tendiente a subvertir los principios”. Omitieron especificar “occidentales y cristianos”.
El 11 de septiembre de 1976 varios profesores fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Rawson. Los bajaron del avión de los pelos, sin escalerilla y con las manos atadas, y los recibieron con una sesión de golpes a la que el ex diputado Mario Amaya no sobrevivió. En febrero de 1978 Madueño viajó a Rawson para ampliar las indagatorias. Barbeito contó en 1985 que “le hice conocer toda la experiencia vivida a través de la represión en el interior del penal. Respondió que lamentablemente no podía hacer nada porque yo estaba a disposición del Poder Ejecutivo pero que le iba a transmitir mi relato a las autoridades del Cuerpo V”.
Durante tres años el juez junto con su secretario y la fiscal se entretuvieron recibiendo declaraciones testimoniales a cientos de alumnos y profesores, con preguntas exhaustivas como “si en 1974 oyó reflexiones sobre el papel de la universidad tradicional en el contexto de un país capitalista dependiente”. Cuando le preguntaron a un alumno si durante sus clases Ciafardini hablaba de “estado dependiente” u “opresión de la clase obrera” les explicó que era imposible no hacerlo porque enseñaba El Capital y “Marx los usa en forma frecuente”. Otra estudiante confesó que nunca había sentido miedo durante el período sobre el que la habían interrogado pero sí en 1975, durante la gestión Tetu, “cuando en los recintos universitarios se vieron en forma permanente diversos individuos ajenos al ámbito exhibiendo armas en forma ostentosa”. Obviamente no le hicieron más preguntas. La necesidad de incorporar “subversivos” también permitió a profesores identificados con el régimen saldar rencillas domésticas acusando a sus enemigos de adoctrinamiento marxista. Aún hoy docentes que soportaron años de cárcel se cruzan en los pasillos de la UNS con quienes los difamaron.
Sólo dos profesores, Carlos Barrera y Mario Usabiaga, llegaron a ser condenados, aunque no por infiltración sino por privación ilegítima de la libertad. Los acusaron de integrar “una turba” que en marzo de 1975 se había presentado durante una reunión de los flamantes directores departamentales de Remus Tetu para reclamar por sus cesantías injustificadas. Tan violentas eran sus intenciones que habían llevado un escribano para documentar los hechos. Alguno de los escritos en defensa de Barrera los firmó el ex presidente Raúl Alfonsín, aunque el abogado que los redactaba era el ex legislador y ministro Héctor Bertoncello, quien recuerda que “como la mujer de Barrera era francesa vino a Bahía el cónsul honorario de Francia. Primero habló con Madueño y después lo llevé en mi auto a ver al comandante, general (José Antonio) Vaquero. Tras su intervención les permitieron salir del país, después de cuatro años presos”.
En marzo de 1979 Madueño sobreseyó provisionalmente a los profesores porque “la prueba reunida no resulta suficiente”. Como al ser procesados la mayoría había quedado a disposición del Poder Ejecutivo y para pedir la opción de exiliarse precisaban un sobreseimiento definitivo, continuaron en prisión. En abril de 1982, pese a que se habían cumplido los seis años de pena máxima establecidos por la ley 20.840, los camaristas Ricardo Rojo y Jorge Enrique Alcolea alegaron que la prescripción se había interrumpido por la célebre “secuela de juicio” y les negaron el sobreseimiento definitivo. Rojo era amigo personal del general Azpitarte. Vilas contó que solía cruzarlo dentro del comando donde funcionaba La Escuelita. Alcolea es aún hoy presidente de la sala I de la cámara penal de Bahía Blanca. También se reciclaron Valdunciel de Moroni, actual defensora ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, y el ex secretario Sierra, titular de las cátedras Derecho Penal I y II en la carrera de derecho de la UNS.
El último en salir en libertad fue el profesor Horacio Ciafardini, en 1982. Cuentan sus compañeros que en la cárcel enseñó economía e idiomas y se ganó el apodo de “Asceta” por comer la basura que les daban para impedir que los guardias lucraran con su sufrimiento. Durante años no pudo leer más que cartas y los diarios viejos que había para limpiarse el culo en las celdas de castigo. “Pero aunque no me crean estoy bien: el hombre es un animal de costumbres”, le escribió a su compañera. Una tía que era a su vez madrina de un secretario de Videla le consiguió la opción para salir del país, pero Ciafardini la rechazó. “No es cuestión de salir como rata por tirante –escribió. Hay que desentrañar la patraña jurídica de connivencia con la dictadura”. Murió en 1984, sin sospechar que de la mano de Carlos Menem en 1992 Madueño asumiría como juez de la nación.
domingo, 29 de mayo de 2005
Un juez que supo ayudar a los represores
Página/12
El actual miembro del Tribunal Oral Federal 5 era en 1975 juez federal de Bahía Blanca y tenía una íntima relación con los represores del Cuerpo V. Una historia de encubrimiento legal de torturas, secuestros y fusilamientos.
Por Diego Martínez
El actual juez del Tribunal Oral Federal 5 Guillermo Federico Madueño no sólo encubrió los fusilamientos fraguados por el Cuerpo V de Ejército en Bahía Blanca. Además de rechazar hábeas corpus, entregar cadáveres ametrallados y ordenar seccionar las manos de falsos NN mientras por las noches se reunía con los dos máximos jefes de ese comando “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión y el terrorismo”, historia que los lectores de Página/12 ya conocen, el entonces juez federal de Bahía Blanca también sobreseyó sin investigar la muerte por torturas de Daniel Bombara, el primer desaparecido de esa ciudad, anterior al golpe de Estado. Para justificar su fallecimiento el comando a cargo del general Carlos Guillermo Suárez Mason adujo que mientras lo trasladaban en un patrullero, esposado y acompañado por tres policías, Bombara había logrado abrir la puerta y tirarse al asfalto. Un día después, para no entregar su cadáver con signos de tortura, simularon que un grupo de “12 a 15 desconocidos” lo había robado mientras una ambulancia policial lo trasladaba a la morgue. En apenas un mes Madueño archivó la causa sin intentar identificar a los desconocidos de siempre. Ese fue su aporte al terrorismo de Estado previo al golpe. En abril de 1976 una mujer secuestrada en el mismo raid que Bombara le contó que habían sido detenidos por civiles. Luego fue “conducida en un patrullero hasta un lugar que no pude determinar y allí, con los ojos vendados, sometida a toda clase de torturas”. Madueño hizo oídos sordos, la sobreseyó pero no investigó la denuncia por torturas ni reabrió la canallesca causa de la ambulancia. Mientras las Fuerzas Armadas se dedicaban a secuestrar, torturar, fusilar y desaparecer los cuerpos de sus víctimas, Madueño y sus secretarios se prestaron durante tres años a una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista” en la Universidad Nacional del Sur que un grupo de profesores padeció con años de humillaciones en las cárceles de la dictadura. Por estas razones el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió su recusación en la causa por el secuestro de Claudia Poblete y su enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura. Madueño fue consultado para esta nota pero una vez más informó que “tiene como norma hablar sólo por medio de sus fallos”.
El caso Bombara
El 15 de diciembre de 1975 Montoneros emboscó a una camioneta del Ejército para conseguir armas. En el operativo murieron el cabo primero Bruno Rojas y el soldado René Papini, que desde la cabina intentaron repeler el ataque. Dos de los cuatro conscriptos que viajaban en la caja declararon ante el juzgado militar 90 que los atacantes los hicieron bajar y les dijeron “la cosa no es con ustedes, a la cabina le tiramos porque empezaron a tirar”. Los otros dos admitieron que salieron corriendo. Mientras Madueño comenzaba a instruir la causa por homicidio el Ejército comenzaba a investigar a su manera.
Dos semanas después, el 29 de diciembre, la policía detuvo a Daniel Bombara, un militante de la Juventud Peronista surgido de la Juventud Universitaria Católica y miembro del gremio de no-docentes de la UNS. El jefe de la Unidad Regional 5 comisario mayor Ricardo Bartola hizo constar en el acta que la detención fue “sin resistencia”, que “ordenó el procedimiento el señor jefe de la zona de defensa 5, subzona 51”, general de brigada Jorge Olivera Rovere, y que se realizó “bajo control operacional de las Fuerzas Armadas”. Bombara fue torturado hasta la muerte y es el primer desaparecido de Bahía Blanca, ya que hasta entonces la Triple A tiraba los cadáveres de sus víctimas al costado de alguna ruta.
Para no devolver su cuerpo con rastros de tortura el Cuerpo V comandado por Suárez Mason montó una burda operación psicológica que un mes después Madueño archivó sin investigar y sin chistar. Primero informaron que el 1º de enero a la noche, esposado y acompañado por tres policías, Bombara había logrado abrir la puerta de un patrullero y tirarse al asfalto. “Por lo rápido del suceso no fue posible obtener testigos, pese a que por el lugar circulaban vehículos en distintas direcciones, ninguno de los cuales detuvo su marcha”, escribió el oficial José Alberto Rodríguez, enviado desde La Plata por la Dirección de Investigaciones de la policía bonaerense. Las heridas recibidas en ese “intento de fuga”, como se caratuló la causa, intentarían un día después justificar su muerte.
Pero la patraña no terminó ahí. En la madrugada del 3 de enero de 1976 se simuló el robo del cadáver por parte de “12 a 15 NN desconocidos” que habrían interceptado a la ambulancia de la Unidad Regional 5 que lo trasladaba desde la cárcel de Villa Floresta hasta la morgue del Hospital Municipal. Esta causa por “atentado a la autoridad y daño” junto con la del “intento de fuga” fueron elevadas a Madueño el 6 de enero. En apenas un mes se convenció de que era mejor no buscar a los falsos subversivos y la sobreseyó, previo dictamen de la fiscal federal María del Carmen Valdunciel de Moroni (reciclada hasta hoy como defensora ante la Cámara Federal de Bahía Blanca).
Al margen de los cuentos absurdos sobre automovilistas que no acatan órdenes policiales y desconocidos que roban cadáveres a las tres de la madrugada, en la causa que Madueño cerró sin cuestionar consta que tras el “intento de evasión” del patrullero el médico de policía Ricardo Andrés Flores certificó que Bombara presentaba “excoriaciones y politraumatismos” y un “discreto grado de confusión, siendo el origen de los mismos aparentemente elementos contundentes”. No parece una referencia al asfalto. Su estado es “grave, siendo necesario su traslado a un centro médico asistencial especializado”, aconsejó.
Nada de eso. “En cumplimiento de lo ordenado por la autoridad militar” su cuerpo moribundo fue trasladado a la cárcel de Villa Floresta, donde según la documentación oficial murió a las 19.50 de ese 2 de enero (en realidad Bombara ya habría llegado a la cárcel sin vida, según declaró un médico del SPB durante el Juicio por la Verdad de Bahía Blanca). A la medianoche los médicos policiales Elbio Rossier, Jorge Pedrueza, el propio Flores y el médico del SPB Carmelo Nicotra “de común acuerdo” solicitaron el traslado del cuerpo a la morgue “para mejor determinar las causas de la muerte”. Tres horas después los prohombres de Suárez Mason harían tronar sus ametralladoras para que los vecinos bajaran las persianas, reconstruyeran el tiroteo en sus mentes aterrorizadas y lo certificaran con la crónica falsa de La Nueva Provincia. Luego Nicotra firmaría el certificado de defunción, el Departamento de Inteligencia 181 del Ejército devolvería el DNI de Bombara y Madueño no citaría a ninguno de los médicos que habían visto el cadáver torturado.
Las mujeres
Sin embargo para el juez la historia continuó. El 28 de abril, mientras el regimiento bahiense a cargo de los generales René Azpitarte y Adel Vilas secuestraba y torturaba en forma sistemática, Madueño y su secretario Hugo Mario Sierra tuvieron la feliz idea de trasladarse hasta la cárcel de Olmos para tomarle declaración indagatoria sobre el caso Rojas-Papini a dos mujeres detenidas en el mismo raid que Bombara pero que habían sobrevivido a la tortura. Una de ellas se sobrepuso al terror y denunció que aquel fatídico 29 de diciembre había sido detenida “por personas de civil” y luego “conducida en un patrullero hasta un lugar que no pude determinar y allí, con los ojos vendados, sometida a toda clase de torturas”. Dijo que “para evitar los castigos contestaba a todo afirmativamente” y que escuchó la voz de “otra persona que, igual que yo, había sido detenida”. Su testimonio lleva al pie las firmas de Madueño y Sierra (quien también logró reciclarse: en democracia se afilió a la Unión Cívica Radical y es titular de las cátedras Derecho Penal I y II en la carrera de derecho de la UNS).
Consultada para esta nota, esa mujer --que por razones personales pidió no ser citada pero que está dispuesta a ratificar este testimonio ante la justicia-- contó que “nos llevaron a un lugar apartado, sin casas. Lo recuerdo porque en un momento se me cayó la venda y por una ventana vi el horizonte. Nos hicieron desnudar y empezaron las torturas, de a uno. Me ataron de pies y manos al elástico de una cama, con correas de cuero, y me pasaron la picana por todo el cuerpo. Ahí estuvimos hasta la mañana siguiente, es decir el 30 de diciembre. A Daniel además le pegaban mucho, por esas cuestiones machistas de los militares. Luego nos repartieron por comisarías y días después me blanquearon. El 12 de enero llegué a la cárcel de Villa Floresta. El rumor que circulaba adentro era que el Servicio Penitenciario no había querido recibir a Daniel en tan mal estado. Después me trasladaron a Olmos, donde vino a tomarme declaración Madueño. Le conté que nos habían torturado y le pregunté qué iba a pasar con mi denuncia. Me dijo algo así como ‘mejor no poner esas cosas’. No sabía que había quedado escrito”.
La segunda mujer es María Emilia Salto. En su declaración ante el juez no consta que haya denunciado torturas. Consultada para esta nota hizo un relato similar al anterior, recordó haber escuchado los gritos de Bombara aunque duda haberlo declarado ante el juez. “Supongo que sí porque se lo decíamos a todos. El juez no buscó contradicciones, no fue un interrogatorio. Fue más bien como alguien que ya sabe lo que pasó y no tiene demasiado interés en saber más. Sé que el juez le pidió al Ejército las pruebas que tenían en mi contra y nunca las recibió, por eso planteó el sobreseimiento provisorio, actitud que en ese estado de terrible orfandad me pareció bastante legal”, concluye.
Cuatro meses después de recibir los testimonios, en agosto de 1976 y siempre con dictamen favorable de Valdunciel de Moroni, Madueño sobreseyó la causa y dejó que el Ejército hiciera justicia sin obstáculos. El 15 de diciembre por la mañana, durante el acto por el aniversario de la creación de ese comando y al cumplirse un año del robo de armas perpetrado por Montoneros, el general Azpitarte declaró que “el Cuerpo V está en el camino del cumplimiento de una misión y lo hace al estilo del soldado, silenciosamente, sin estridencia ni ampulosidad, con seriedad”. Esa noche sus subordinados fusilaron en el mismo lugar donde un año antes habían muerto los dos soldados a Fernando “Tito” Jara. Los vecinos del selecto barrio Palihue lo escucharon gritar “no me maten”. Al día siguiente el Cuerpo V difundió dos comunicados, ambos falsos. El primero informaba que a la 1.13 de la madrugada habían abatido a “un sospechoso” a quien “el personal militar intentaba identificar” y que “emprendió la carrera cubriendo la huida con disparos de fuego”. Agregaba que “se procura establecer la identidad del delincuente subversivo”. El segundo era sobre el esclarecimiento del caso Rojas-Papini e incluía entre los supuestos responsables a Jara en carácter de “prófugo” (sic). Quienes compartieron su cautiverio en La Escuelita contaron ante la justicia que Tito Jara había sido informado sobre su fusilamiento con un mes de anticipación y que en el respaldar de su cama le habían puesto la muda de ropa que usaría la noche de su muerte.
RECUADRO
Palabra de honor
El 19 de octubre de 1976 la patota del Ejército secuestró en su casa de Bahía Blanca al licenciado en economía Pablo Victorio Bohoslavsky. Antes de llevarlo a La Escuelita le pasaron corriente con un cable pelado delante de su mujer embarazada y sus dos hijos. Ese mismo día secuestraron a Julio Ruiz. Su esposa e hijos fueron encerrados en una habitación, por lo que sólo escucharon sus gritos. Cuando los militares de civil la dejaron salir, la mujer vio sobre su mesa un arsenal de armas y varios documentos ordenados con prolijidad, que tres días después aparecerían en una foto en el diario La Nueva Provincia. Luego de un mes de tormentos Bohoslavsky recibió la orden de bañarse y afeitarse. Junto con otros tres secuestrados lo subieron a una camioneta y lo dejaron en el Parque de Mayo. Antes de que pudieran desatarse las manos y sacarse las vendas sintieron otra camioneta y voces que simulaban discutir si perseguir o no a “los secuestradores”. Los socorristas, uniformados del Ejército, les explicaron que los había secuestrado “la Triple A” y los llevaron al comando, donde reconocieron la misma comida y los mismos utensilios de chapa gris que usaban en La Escuelita.
El 15 de diciembre los mismos actores simularon integrar un Consejo de Guerra Especial Estable que condenó a Bohoslavsky a un año y seis meses de prisión por “tenencia de armas y explosivos e incitación a la violencia”. Dos meses después el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas aumentó su pena a cuatro años y medio. La apelación recayó en el juzgado de Madueño, que en octubre de 1977 viajó al penal de Rawson a tomarle declaración. “Antes quiero declarar sobre el lugar donde estuve secuestrado y las torturas a que fui sometido”, le dijo Bohoslavsky. “Hagamos una cosa –propuso Madueño--. Usted no declara y yo no lo interrogo, y en veinte días va a ser sobreseído”. Días después cumplió con su palabra, consciente de que valía aún menos que su firma, y Bohoslavsky siguió preso, sobreseído pero a disposición del Poder Ejecutivo hasta mediados de 1981.
El actual miembro del Tribunal Oral Federal 5 era en 1975 juez federal de Bahía Blanca y tenía una íntima relación con los represores del Cuerpo V. Una historia de encubrimiento legal de torturas, secuestros y fusilamientos.
Por Diego Martínez
El actual juez del Tribunal Oral Federal 5 Guillermo Federico Madueño no sólo encubrió los fusilamientos fraguados por el Cuerpo V de Ejército en Bahía Blanca. Además de rechazar hábeas corpus, entregar cadáveres ametrallados y ordenar seccionar las manos de falsos NN mientras por las noches se reunía con los dos máximos jefes de ese comando “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión y el terrorismo”, historia que los lectores de Página/12 ya conocen, el entonces juez federal de Bahía Blanca también sobreseyó sin investigar la muerte por torturas de Daniel Bombara, el primer desaparecido de esa ciudad, anterior al golpe de Estado. Para justificar su fallecimiento el comando a cargo del general Carlos Guillermo Suárez Mason adujo que mientras lo trasladaban en un patrullero, esposado y acompañado por tres policías, Bombara había logrado abrir la puerta y tirarse al asfalto. Un día después, para no entregar su cadáver con signos de tortura, simularon que un grupo de “12 a 15 desconocidos” lo había robado mientras una ambulancia policial lo trasladaba a la morgue. En apenas un mes Madueño archivó la causa sin intentar identificar a los desconocidos de siempre. Ese fue su aporte al terrorismo de Estado previo al golpe. En abril de 1976 una mujer secuestrada en el mismo raid que Bombara le contó que habían sido detenidos por civiles. Luego fue “conducida en un patrullero hasta un lugar que no pude determinar y allí, con los ojos vendados, sometida a toda clase de torturas”. Madueño hizo oídos sordos, la sobreseyó pero no investigó la denuncia por torturas ni reabrió la canallesca causa de la ambulancia. Mientras las Fuerzas Armadas se dedicaban a secuestrar, torturar, fusilar y desaparecer los cuerpos de sus víctimas, Madueño y sus secretarios se prestaron durante tres años a una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista” en la Universidad Nacional del Sur que un grupo de profesores padeció con años de humillaciones en las cárceles de la dictadura. Por estas razones el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió su recusación en la causa por el secuestro de Claudia Poblete y su enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura. Madueño fue consultado para esta nota pero una vez más informó que “tiene como norma hablar sólo por medio de sus fallos”.
El caso Bombara
El 15 de diciembre de 1975 Montoneros emboscó a una camioneta del Ejército para conseguir armas. En el operativo murieron el cabo primero Bruno Rojas y el soldado René Papini, que desde la cabina intentaron repeler el ataque. Dos de los cuatro conscriptos que viajaban en la caja declararon ante el juzgado militar 90 que los atacantes los hicieron bajar y les dijeron “la cosa no es con ustedes, a la cabina le tiramos porque empezaron a tirar”. Los otros dos admitieron que salieron corriendo. Mientras Madueño comenzaba a instruir la causa por homicidio el Ejército comenzaba a investigar a su manera.
Dos semanas después, el 29 de diciembre, la policía detuvo a Daniel Bombara, un militante de la Juventud Peronista surgido de la Juventud Universitaria Católica y miembro del gremio de no-docentes de la UNS. El jefe de la Unidad Regional 5 comisario mayor Ricardo Bartola hizo constar en el acta que la detención fue “sin resistencia”, que “ordenó el procedimiento el señor jefe de la zona de defensa 5, subzona 51”, general de brigada Jorge Olivera Rovere, y que se realizó “bajo control operacional de las Fuerzas Armadas”. Bombara fue torturado hasta la muerte y es el primer desaparecido de Bahía Blanca, ya que hasta entonces la Triple A tiraba los cadáveres de sus víctimas al costado de alguna ruta.Para no devolver su cuerpo con rastros de tortura el Cuerpo V comandado por Suárez Mason montó una burda operación psicológica que un mes después Madueño archivó sin investigar y sin chistar. Primero informaron que el 1º de enero a la noche, esposado y acompañado por tres policías, Bombara había logrado abrir la puerta de un patrullero y tirarse al asfalto. “Por lo rápido del suceso no fue posible obtener testigos, pese a que por el lugar circulaban vehículos en distintas direcciones, ninguno de los cuales detuvo su marcha”, escribió el oficial José Alberto Rodríguez, enviado desde La Plata por la Dirección de Investigaciones de la policía bonaerense. Las heridas recibidas en ese “intento de fuga”, como se caratuló la causa, intentarían un día después justificar su muerte.
Pero la patraña no terminó ahí. En la madrugada del 3 de enero de 1976 se simuló el robo del cadáver por parte de “12 a 15 NN desconocidos” que habrían interceptado a la ambulancia de la Unidad Regional 5 que lo trasladaba desde la cárcel de Villa Floresta hasta la morgue del Hospital Municipal. Esta causa por “atentado a la autoridad y daño” junto con la del “intento de fuga” fueron elevadas a Madueño el 6 de enero. En apenas un mes se convenció de que era mejor no buscar a los falsos subversivos y la sobreseyó, previo dictamen de la fiscal federal María del Carmen Valdunciel de Moroni (reciclada hasta hoy como defensora ante la Cámara Federal de Bahía Blanca).
Al margen de los cuentos absurdos sobre automovilistas que no acatan órdenes policiales y desconocidos que roban cadáveres a las tres de la madrugada, en la causa que Madueño cerró sin cuestionar consta que tras el “intento de evasión” del patrullero el médico de policía Ricardo Andrés Flores certificó que Bombara presentaba “excoriaciones y politraumatismos” y un “discreto grado de confusión, siendo el origen de los mismos aparentemente elementos contundentes”. No parece una referencia al asfalto. Su estado es “grave, siendo necesario su traslado a un centro médico asistencial especializado”, aconsejó.
Nada de eso. “En cumplimiento de lo ordenado por la autoridad militar” su cuerpo moribundo fue trasladado a la cárcel de Villa Floresta, donde según la documentación oficial murió a las 19.50 de ese 2 de enero (en realidad Bombara ya habría llegado a la cárcel sin vida, según declaró un médico del SPB durante el Juicio por la Verdad de Bahía Blanca). A la medianoche los médicos policiales Elbio Rossier, Jorge Pedrueza, el propio Flores y el médico del SPB Carmelo Nicotra “de común acuerdo” solicitaron el traslado del cuerpo a la morgue “para mejor determinar las causas de la muerte”. Tres horas después los prohombres de Suárez Mason harían tronar sus ametralladoras para que los vecinos bajaran las persianas, reconstruyeran el tiroteo en sus mentes aterrorizadas y lo certificaran con la crónica falsa de La Nueva Provincia. Luego Nicotra firmaría el certificado de defunción, el Departamento de Inteligencia 181 del Ejército devolvería el DNI de Bombara y Madueño no citaría a ninguno de los médicos que habían visto el cadáver torturado.Las mujeres
Sin embargo para el juez la historia continuó. El 28 de abril, mientras el regimiento bahiense a cargo de los generales René Azpitarte y Adel Vilas secuestraba y torturaba en forma sistemática, Madueño y su secretario Hugo Mario Sierra tuvieron la feliz idea de trasladarse hasta la cárcel de Olmos para tomarle declaración indagatoria sobre el caso Rojas-Papini a dos mujeres detenidas en el mismo raid que Bombara pero que habían sobrevivido a la tortura. Una de ellas se sobrepuso al terror y denunció que aquel fatídico 29 de diciembre había sido detenida “por personas de civil” y luego “conducida en un patrullero hasta un lugar que no pude determinar y allí, con los ojos vendados, sometida a toda clase de torturas”. Dijo que “para evitar los castigos contestaba a todo afirmativamente” y que escuchó la voz de “otra persona que, igual que yo, había sido detenida”. Su testimonio lleva al pie las firmas de Madueño y Sierra (quien también logró reciclarse: en democracia se afilió a la Unión Cívica Radical y es titular de las cátedras Derecho Penal I y II en la carrera de derecho de la UNS).
Consultada para esta nota, esa mujer --que por razones personales pidió no ser citada pero que está dispuesta a ratificar este testimonio ante la justicia-- contó que “nos llevaron a un lugar apartado, sin casas. Lo recuerdo porque en un momento se me cayó la venda y por una ventana vi el horizonte. Nos hicieron desnudar y empezaron las torturas, de a uno. Me ataron de pies y manos al elástico de una cama, con correas de cuero, y me pasaron la picana por todo el cuerpo. Ahí estuvimos hasta la mañana siguiente, es decir el 30 de diciembre. A Daniel además le pegaban mucho, por esas cuestiones machistas de los militares. Luego nos repartieron por comisarías y días después me blanquearon. El 12 de enero llegué a la cárcel de Villa Floresta. El rumor que circulaba adentro era que el Servicio Penitenciario no había querido recibir a Daniel en tan mal estado. Después me trasladaron a Olmos, donde vino a tomarme declaración Madueño. Le conté que nos habían torturado y le pregunté qué iba a pasar con mi denuncia. Me dijo algo así como ‘mejor no poner esas cosas’. No sabía que había quedado escrito”.
La segunda mujer es María Emilia Salto. En su declaración ante el juez no consta que haya denunciado torturas. Consultada para esta nota hizo un relato similar al anterior, recordó haber escuchado los gritos de Bombara aunque duda haberlo declarado ante el juez. “Supongo que sí porque se lo decíamos a todos. El juez no buscó contradicciones, no fue un interrogatorio. Fue más bien como alguien que ya sabe lo que pasó y no tiene demasiado interés en saber más. Sé que el juez le pidió al Ejército las pruebas que tenían en mi contra y nunca las recibió, por eso planteó el sobreseimiento provisorio, actitud que en ese estado de terrible orfandad me pareció bastante legal”, concluye.
Cuatro meses después de recibir los testimonios, en agosto de 1976 y siempre con dictamen favorable de Valdunciel de Moroni, Madueño sobreseyó la causa y dejó que el Ejército hiciera justicia sin obstáculos. El 15 de diciembre por la mañana, durante el acto por el aniversario de la creación de ese comando y al cumplirse un año del robo de armas perpetrado por Montoneros, el general Azpitarte declaró que “el Cuerpo V está en el camino del cumplimiento de una misión y lo hace al estilo del soldado, silenciosamente, sin estridencia ni ampulosidad, con seriedad”. Esa noche sus subordinados fusilaron en el mismo lugar donde un año antes habían muerto los dos soldados a Fernando “Tito” Jara. Los vecinos del selecto barrio Palihue lo escucharon gritar “no me maten”. Al día siguiente el Cuerpo V difundió dos comunicados, ambos falsos. El primero informaba que a la 1.13 de la madrugada habían abatido a “un sospechoso” a quien “el personal militar intentaba identificar” y que “emprendió la carrera cubriendo la huida con disparos de fuego”. Agregaba que “se procura establecer la identidad del delincuente subversivo”. El segundo era sobre el esclarecimiento del caso Rojas-Papini e incluía entre los supuestos responsables a Jara en carácter de “prófugo” (sic). Quienes compartieron su cautiverio en La Escuelita contaron ante la justicia que Tito Jara había sido informado sobre su fusilamiento con un mes de anticipación y que en el respaldar de su cama le habían puesto la muda de ropa que usaría la noche de su muerte.
RECUADRO
Palabra de honor
El 19 de octubre de 1976 la patota del Ejército secuestró en su casa de Bahía Blanca al licenciado en economía Pablo Victorio Bohoslavsky. Antes de llevarlo a La Escuelita le pasaron corriente con un cable pelado delante de su mujer embarazada y sus dos hijos. Ese mismo día secuestraron a Julio Ruiz. Su esposa e hijos fueron encerrados en una habitación, por lo que sólo escucharon sus gritos. Cuando los militares de civil la dejaron salir, la mujer vio sobre su mesa un arsenal de armas y varios documentos ordenados con prolijidad, que tres días después aparecerían en una foto en el diario La Nueva Provincia. Luego de un mes de tormentos Bohoslavsky recibió la orden de bañarse y afeitarse. Junto con otros tres secuestrados lo subieron a una camioneta y lo dejaron en el Parque de Mayo. Antes de que pudieran desatarse las manos y sacarse las vendas sintieron otra camioneta y voces que simulaban discutir si perseguir o no a “los secuestradores”. Los socorristas, uniformados del Ejército, les explicaron que los había secuestrado “la Triple A” y los llevaron al comando, donde reconocieron la misma comida y los mismos utensilios de chapa gris que usaban en La Escuelita.
El 15 de diciembre los mismos actores simularon integrar un Consejo de Guerra Especial Estable que condenó a Bohoslavsky a un año y seis meses de prisión por “tenencia de armas y explosivos e incitación a la violencia”. Dos meses después el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas aumentó su pena a cuatro años y medio. La apelación recayó en el juzgado de Madueño, que en octubre de 1977 viajó al penal de Rawson a tomarle declaración. “Antes quiero declarar sobre el lugar donde estuve secuestrado y las torturas a que fui sometido”, le dijo Bohoslavsky. “Hagamos una cosa –propuso Madueño--. Usted no declara y yo no lo interrogo, y en veinte días va a ser sobreseído”. Días después cumplió con su palabra, consciente de que valía aún menos que su firma, y Bohoslavsky siguió preso, sobreseído pero a disposición del Poder Ejecutivo hasta mediados de 1981.