Juez reciclado y viejo amigo del general Adel

Página/12

Guillermo Madueño tiene una larga carrera judicial y desde 1993 integra el Tribunal Oral 5, en el que condenó a un militar por apoderarse de la menor Claudia Poblete. Pero hace 30 años era el encubridor legal del V Cuerpo en Bahía Blanca y amigo personal de Adel Vilas.

Por Diego Martínez
“Mi relación era con el juez federal de esta ciudad, doctor Guillermo Federico Madueño. Nos reuníamos en compañía de nuestras esposas en el domicilio del general Azpitarte, ubicado en el barrio Palihue. Las señoras se iban al comedor mientras el juez, el general y yo permanecíamos en el living conversando secretamente de todo lo que acontecía en la subzona 51 contra la subversión y el terrorismo, lo que dio intervención al doctor Madueño a hacer la investigación en la Universidad Nacional del Sur.” La declaración es del general Adel Edgardo Vilas, segundo comandante del V Cuerpo y cara visible del terrorismo de Estado en el sur bonaerense, y consta en la foja 4 de su testimonio ante la Cámara Federal de Bahía Blanca en 1987. El anfitrión, general Osvaldo René Azpitarte, era el comandante del V Cuerpo. El juez Madueño era el encargado de rechazar los hábeas corpus presentados por los familiares de los secuestrados, entregarles los cadáveres ametrallados o calcinados, ordenar seccionar las manos de los supuestos NN para luego simular su identificación y por fin sobreseer y archivar en tiempo record las causas por los fusilamientos que las Fuerzas Armadas difundían como enfrentamientos. Esta colaboración lo convertía junto con el diario naval de Diana Julio de Massot en un eslabón fundamental de las operaciones psicológicas que Vilas admitió.

Madueño –a quien Página/12 intentó entrevistar y que agradeció el llamado pero explicó que tiene como norma hablar sólo por medio de sus fallos– asumió como juez federal de Bahía Blanca en 1975, año marcado a fuego por la intervención en la Universidad del Sur del integrista católico Remus Tetu, editorialista de La Nueva Provincia que se jactaba de haber integrado un grupo similar a los ustashas croatas en su Rumania natal. Tetu dio luz verde para que su “servicio de seguridad y vigilancia” impusiera el terror desde el primer día, cuando su jefe de custodios Jorge Argibay fusiló por la espalda y delante de sus compañeros en un pasillo al secretario del centro de estudiantes David Cilleruelo. El gran aporte de Madueño sería a partir de 1976, cuando la Alianza Anticomunista Argentina entregó la posta a las Fuerzas Armadas y cobraron cierta importancia los tintes de legalidad. En los once meses de mayo de 1976 hasta abril de 1977 el V Cuerpo informó sobre al menos diez enfrentamientos, cuyas víctimas, 14 hombres y 8 mujeres, habían sido en realidad secuestradas, torturadas y vejadas en La Escuelita, el campo de concentración donde fueron vistos por última vez cientos de vecinos del sur bonaerense y la Patagonia.

Atacados por los muertos
El 4 de septiembre el V Cuerpo informó que “como resultado de investigaciones” habían tomado conocimiento sobre una “reunión de la delincuencia subversiva, a la que se puso término”. Según el comunicado, el operativo concluyó con cuatro abatidos, dos identificados por sus documentos (Pablo Fornazari y Juan Carlos Castillo), más un hombre y una mujer no identificados. En la casa secuestraron un fusil, una escopeta y dos pistolas automáticas, un revólver y diez granadas, pero curiosamente ningún militar resultó herido. Como muestra del óptimo trabajo de inteligencia previo detallaron el prontuario de los delincuentes y La Nueva Provincia publicó sus fotos. Como era costumbre, el mayor Juan Mario Bruzzone informó desde el Comando de Operaciones Tácticas a la Policía Federal para que retiraran los cadáveres y dieran intervención al juez Madueño. El subcomisario Félix Alejandro Alais (miembro de la Triple A, hermano del general que nunca llegó a Campo de Mayo en la Semana Santa de 1987 y cuñado de Suárez Mason) suscribió el acta con absoluta honestidad. “Fueron atacadas las fuerzas del orden por los muertos”, escribió.

Madueño inició la causa por “atentado y resistencia a la autoridad y muerte” y ordenó identificar los dos cadáveres. A la semana, la división Dactiloscopía y Rastros de la Policía Bonaerense aconsejó seccionar las manos “por no contar con los medios idóneos”. Madueño dio luz verde y días después la Policía Federal le informó que el hombre se llamaba Manuel Tarchitzky pero que “el femenino no se pudo identificar”. Cuando se publicó la identificación de Tarchitzky, el padre de Zulma Matzkin intuyó que esa mujer era su hija y lo confirmó en la morgue. “Manolo y Zulma eran hermanos del corazón”, recuerda su hermana Susana Matzkin. Ambos enseñaban a leer en los barrios Maldonado y Villa Nocito.

Castillo y Fornazari habían sido detenidos tres meses antes del falso enfrentamiento en una camioneta Fiat 125 Multicarga que luego usaría quien manejaba la picana eléctrica en La Escuelita, el teniente coronel Julián Oscar Corres, alias Laucha. Un día después desvalijaron el negocio de repuestos de Castillo y secuestraron a su socio Héctor Rubén Sampini, quien continúa desaparecido. A Zulma Matzkin se la llevaron de la oficina donde trabajaba el 19 de julio al mediodía. Tarchitzky era físico nuclear egresado del Instituto Balseiro y había sido secuestrado dos días después, mientras dormía en la casa de su tío. Por el origen de su apellido su familia fue obligada a abandonar Bahía Blanca en 48 horas. En octubre la fiscal María del Carmen Valdunciel de Moroni dictaminó a favor de sobreseer la causa y cinco días después el juez Madueño y su secretaria Gloria Girotti la cerraron y archivaron sin oír a los verdugos ni cuestionar la versión oficial. Valdunciel de Moroni también logró reciclarse y actúa nada menos que como defensora oficial ante la Cámara Federal de Bahía Blanca.

Benditos niños
María Graciela Izurieta estaba embarazada de dos meses cuando fue secuestrada de su departamento junto con su esposo Ricardo Garralda, el 23 de julio de 1976. Los vecinos vieron cuando los cargaban en un camión del V Cuerpo y saqueaban sus bienes. El 18 de septiembre un comunicado informó sobre dos abatidos durante un enfrentamiento “al proceder a su detención”. Uno era José Luis Peralta, secuestrado un mes antes en Mar del Plata y visto en La Escuelita, el otro no estaba identificado. Esa misma noche el subjefe Alais redactó el acta con la versión del COT y dio intervención a Madueño, quien una vez más ordenó seccionar las manos del “NN masculino”. Dos semanas después informaron que se trataba de Garralda, quien “convivió con Graciela Izurieta, alias Corta, otra importante figura de la delincuencia subversiva local, actualmente prófuga (sic) y cuya captura procuran las fuerzas legales”. Cortita era el apodo que le habían puesto los guardias de La Escuelita mientras la hacían caminar vendada alrededor de una mesa por prescripción de médicos militares.

El cuerpo ametrallado de Garralda, con un tiro de gracia en la frente, fue reconocido por sus familiares previa autorización de Madueño, que días después rechazó un hábeas corpus presentado por la madre de Izurieta. El 15 de noviembre, sin haber identificado a los asesinos ni examinado sus armas ni las de los muertos que habían atacado a las fuerzas legales, y previo dictamen favorable de la fiscal Valdunciel de Moroni, el juez declaró “extinguida la acción penal” en la causa de los fusilamientos. En diciembre los padres de Izurieta recibieron una carta de puño y letra de Graciela. Les decía que era “un milagro” poder escribirles, que tenía “una panza bastante respetable”, que estaba viva gracias a su bebé y pronto la trasladarían a la cárcel de Villa Floresta. Ese mismo mes fue vista por última vez en La Escuelita y su hijo aún no conoce su verdadera identidad.

En 2001 Madueño debió recordar los sabrosos diálogos con Vilas y Azpitarte cuando en su tribunal recayó el primer juicio oral y público contra un militar por el robo de una criatura. Claudia Poblete tenía ocho meses cuando fue secuestrada el 28 de noviembre de 1978, junto con sus padres José Poblete y Gertrudis Hlaczik, ambos discapacitados y militantes del Frente de Lisiados Peronistas. Los tres fueron trasladados al centro clandestino El Olimpo mientras con idéntica metodología que sus pares bahienses un camión militar arrasaba con sus bienes, desde una máquina de escribir hasta las sábanas y toallas. El matrimonio continúa desaparecido, pero su hija quedó en manos del teniente coronel Ceferino Landa y su esposa Mercedes Moreira y en 2000 recuperó su identidad. En junio del 2001, los jueces Guillermo Gordo, Rafael Di Renzi y el mismísimo Madueño condenaron a Landa a nueve años y medio de prisión por retención y ocultamiento de una menor de 10 años y por falsificar su partida de nacimiento para anotarla como hija biológica. Después del fallo el público que acompañó a las Abuelas de Plaza de Mayo coreó: “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.

Soldados de papel
El 14 de agosto de 1976 los militares secuestraron en Bahía Blanca a Luis Alberto Sotuyo, a su mujer Dora Mercero y a un amigo que vivía con ellos, Roberto Lorenzo. Los vecinos los vieron salir con vida. Al día siguiente, mientras dos camiones del V Cuerpo desvalijaban la casa, leyeron en La Nueva Provincia que en esa dirección se había producido un enfrentamiento que culminó con “tres abatidos”. Según el comunicado, allí guardaban escopetas, revólveres, granadas, detonadores y uniformes, todo “enterrado en dispositivos especialmente construidos al efecto”, cuya foto publicó La Nueva Provincia. Días después, Madueño rechazó un hábeas corpus de los padres de Lorenzo. Los familiares de los tres jóvenes en realidad siempre supieron que sus hijos estaban en La Escuelita. Se los había dicho el capellán del V Cuerpo, Dante Inocencio Vega. “Tengan fe, los chicos están. No me nombren porque me comprometen, pero insistan”, les sugirió el mismo hombre que en 1983 juró por la Biblia no conocerlos.El 17 de septiembre, otro comunicado informó que, luego de intentar “eludir un control de ruta”, habían sido abatidos Cristina Coussement (secuestrada en Mar del Plata a principios de agosto) y un hombre no identificado. El conductor aceleró mientras la mujer “abría fuego contra el personal militar”, informaron, con tan mala puntería que ninguno había resultado herido. Una semana después, cuando el padre de Lorenzo viajó desde Necochea para pagar las costas del hábeas corpus rechazado, en la Policía Federal le mostraron como al pasar la foto del “NN abatido”. Era su hijo. Un trámite burocrático le había evitado a Madueño la desagradable orden de seccionar sus manos. Se limitó a cerrar la causa sin ordenar autopsias ni periciar armas ni interrogar a las “fuerzas legales”.

En los últimos días de ese septiembre, Vilas le informó por escrito a su juez amigo que el matrimonio Sotuyo-Mercero no estaba detenido. Habían pasado ya cincuenta días de los secuestros cuando Vilas autorizó a sus padres a entrar a la casa. Recién entonces pudieron constatar las reformas para la foto: un prolijo trabajo de albañilería, pisos levantados, el boquete donde guardaban el arsenal, cielorrasos rotos, pero ningún rastro del tiroteo. A fines de octubre, Vilas le repitió a Madueño y a su secretario Hugo Mario Sierra, que aún ejerce como abogado en Bahía Blanca, que las víctimas del 15 de agosto estaban “identificadas” pero no eran Sotuyo ni Mercero. El juez no preguntó quiénes eran. En 1987 Vilas confesó ante la Justicia que aquella había sido otra operación psicológica. Cuando el fiscal general Hugo Cañón le preguntó si también le mentían a los jueces que pedían información para los hábeas corpus, Vilas explicó que podían mentir sólo después de pedirle autorización a “la superioridad”, es decir a Azpitarte. Por la noche volverían a reunirse, mandarían a sus señoras al comedor y conversarían sobre la guerra que habían inventado.


Recuadro:
Foja de servicios
Lejos de dar explicaciones ante la Justicia o ser condenado al ostracismo, luego de su paso triunfal por Bahía Blanca, la carrera de Madueño continuó. En 1979 asumió como juez de primera instancia en lo penal económico. Al año renunció y asumió como asesor de la Dirección Nacional de Lealtad Comercial. En 1981 volvió a renunciar y se fue a vivir a Chile. En 1986, con acuerdo de la Legislatura de Neuquén, asumió como juez de la Cámara Criminal y Correccional, y un año después el Superior Tribunal de Justicia neuquino lo nombró defensor oficial interino. En junio de 1989 asumió como asesor del Ministerio de Defensa. A fines de 1992, Carlos Menem y su ministro de Justicia Jorge Maiorano propusieron su nombre para integrar un tribunal oral y el 24 de febrero de 1993 el Senado aprobó su pliego dentro de un paquete de 68 jueces. Su último gran aporte a la sociedad argentina fue la condena al ex agente pinochetista Enrique Arancibia Clavel por el secuestro de dos ciudadanas chilenas en Buenos Aires en 1977, noticia que para su desgracia Página/12 y La Nación publicaron sin confundirlo con su par de casación Raúl Madueño.

Ciafardini y Madueño

Por Diego Martínez *

Hace hoy veinte años moría de tristeza Horacio Ciafardini. Nacido en Rosario, estudió economía, psicología, historia y letras, emigró a sus 22 años y volvió de París y Varsovia con dos postgrados en planificación económica. A mediados del ‘72 ganó un concurso en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca para enseñar Teoría Económica Clásica II, centrada en la obra de David Ricardo, y ante la renuncia del titular del nivel III también dio cátedra de El Capital, verdaderos delitos de lesa humanidad en una región controlada por la Armada que le costarían seis años sin libros en las cárceles de la dictadura.

Cuando los militares derrocaron a Isabel Perón la UNS ya había sido devastada. La intervención del integrista católico Remus Tetu en 1975 no sólo implicó secuestros, asesinatos y matones armados en los pasillos. Con el auspicio de La Nueva Provincia, Tetu cesanteó a cientos de docentes y no-docentes, prohibió asambleas, juicios académicos y cátedras paralelas, proscribió los centros de estudiantes, fijó cupos de ingreso, eliminó toda intervención comunitaria, cerró para siempre la carrera de Pedagogía e impulsó una campaña de persecución ideológica centrada en los departamentos de Economía y Humanidades. Cuando el general Adel Vilas llegó a Bahía Blanca en 1976 no quedaban rastros de militancia en la UNS. Sin embargo, ese sería el año de una burda operación de prensa a la que el flamante juez federal Guillermo Federico Madueño le aportaría un tinte de legalidad.

Para Vilas y la revista Cabildo, que se imprimía en las rotativas de La Nueva Provincia, el ex presidente militar Alejandro Lanusse era el primer responsable de consentir la conspiración marxista contra la Nación. El apacible contexto bahiense, donde ese mismo año una caravana con banderas argentinas acompañaría a Vilas hasta el aeropuerto, era el ideal para orquestar la venganza. La operación ideada fue una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista” en la UNS a cargo de Madueño. El señuelo fue un ex ministro de Educación de Lanusse que antes había sido rector de la UNS, a quien se acusaría de consentir el ingreso de “ideólogos marxistas”. Los responsables de analizar los programas de estudio fueron agentes de la Policía Federal y entre los invitados a dictaminar sobre el programa de economía figuró el profesor cordobés Domingo Cavallo. El 4 de agosto, con Madueño presente para legitimar la farsa, Vilas dio una ampulosa conferencia de prensa que trascendió las fronteras e incluyó medallas para los policías investigadores. “Debemos anular las fuentes mismas en que se nutre, forma y adoctrina el delincuente subversivo y esa fuente está en la universidad y los colegios secundarios”, explicó. Luego el subcomisario Félix Alais se explayó sobre el proceso que habría convertido a la UNS en una “usina subversiva” y destacó como etapa inicial “la gestión del doctor Gustavo Malek”, el “cripto-comunista” ex ministro de Lanusse.

La reacción de Lanusse no se hizo esperar. Le escribió una carta pública a Vilas en la cual lo cuestionaba por arrogarse atribuciones que no le correspondían. Como castigo Videla lo sancionó con cinco días de arresto. En 1987 Vilas explicó ante la justicia que “el exitoso trabajo y sacrificio del juez federal auxiliado por la delegación de la Policía Federal permitió probar judicialmente la penetración ideológica de la Cuarta Internacional en el ámbito universitario”.

Para concretar su empresa Vilas, Madueño & Cía. ordenaron detenciones en todo el país, encarcelaron durante años a los pocos sobrevivientes de la limpieza de Tetu e incluyeron al dueño de la fotocopiadora donde vendían los programas. La necesidad de incorporar “subversivos” permitió a profesores identificados con el régimen saldar rencillas domésticas acusando a sus enemigos de “adoctrinamiento marxista”. Aún hoy docentes que padecieron las cárceles de la dictadura se cruzan en los pasillos de la UNS con quienes los difamaron. Incluso el secretario de Madueño, doctor Hugo Mario Sierra, logró reciclarse y hoy dicta Derecho Penal en la UNS ante jóvenes que ignoran su pasado.

Ciafardini fue detenido el 21 de julio de 1976 en el Consejo Federal de Inversiones, mientras otra patota secuestraba sus libros. Al día siguiente fue entregado a la Policía Federal de Bahía Blanca. El licenciado Alberto Barbeito, que soportó idéntico calvario, recuerda que “nos recibieron con golpes, amenazas, nos hicieron desnudar y nos metieron en calabozos. Estuvimos tres días tiritando, casi delirando. Al tercer día el juez Madueño, acompañado por Sierra, fue a tomarnos declaración. Nos vio maltrechos, en una situación penosa. Se lo hice notar pero procedió al interrogatorio de rutina: quién era, con quién me reunía”. Tras un par de meses en la cárcel de Villa Floresta los trasladaron a la de máxima seguridad de Rawson. El diputado Mario Abel Amaya no sobreviviría a los golpes de ese viaje.

En la cárcel Ciafardini enseñó economía e idiomas y se ganó el apodo de “Asceta” por comer la basura que les daban para impedir que los guardias lucraran con su sufrimiento. Durante años no pudo leer más que cartas y los diarios viejos que había para limpiarse el culo en las celdas de castigo. “Pero aunque no me crean estoy bien: el hombre es un animal de costumbres”, le explicó a su compañera. Una tía que era a su vez madrina de un secretario de Videla le consiguió la opción para salir del país. Ciafardini la rechazó. “No es cuestión de salir como rata por tirante –escribió. Hay que desentrañar la patraña jurídica de connivencia con la dictadura”. Fue el último de los profesores en salir en libertad vigilada, en 1982. Sobrevivió dos años pero no soportó ver el país devastado, una universidad que le negaba su espacio y ex compañeros que ya esbozaban su readaptación al nuevo contexto y no toleraban su coherencia y entereza.

Actual integrante del Tribunal Oral Federal 5, Madueño fue el juez encargado en Bahía Blanca de rechazar los hábeas corpus que presentaban los familiares de los secuestrados, entregarles los cadáveres ametrallados y calcinados, ordenar seccionar las manos de los supuestos NN para luego simular su identificación, y sobreseer en tiempo record las causas por los fusilamientos que las Fuerzas Armadas difundían como enfrentamientos. Hoy la Universidad Nacional de Rosario recordará a Ciafardini. No podrá ser completo el homenaje mientras Madueño siga siendo juez de la Nación.

* Escribí esta nota con la intención de publicarla en Página12 el 15 de octubre de 2004, cuando se cumplían veinte años de la muerte de Horacio Ciafardini y mientras Guillermo Madueño todavía era juez de un tribunal oral. La ofrecí pero, como suele ocurrirle a los “colaboradores” (tal el nombre de los trabajadores precarizados en el gremio de prensa) no obtuve ni un mísero acuse de recibo. Ocho años después, tras la muerte del torturador Félix Alais, alguien que no conozco recuerda a su “profesor Ciafardini” y me viene a la mente este artículo, que rescato del archivo y comparto. DM

El diario de los Massot tiene un negocio en mente

Página/12

La Nueva Provincia se inspiró: por módico millón y medio de pesos quiere venderle su edificio al Concejo Deliberante de Bahía Blanca. Así pasaría de símbolo reaccionario a sede democrática.

Por Diego Martínez
Da escalofríos: el Concejo Deliberante de Bahía Blanca se mudaría al edificio del diario naval La Nueva Provincia. Su director le planteó el negocio al ex intendente radical y en 1999 el edificio se valuó en 1.550.000 pesos, cifra exorbitante para un municipio. La oferta del radical no convenció y tomó la posta Rodolfo López, sucesor con banderas del PJ y funcionarios de la UCeDé. El negocio debía cerrarse en silencio pero trascendió.

No debería ser un tema local, porque hay muchos más feudos que San Luis o Santiago donde escasean micrófonos a disposición de quienes luchan. Por ejemplo, el 24 de marzo, mientras el Presidente pedía perdón en nombre del Estado por tantas atrocidades silenciadas, un grupo de hombres y mujeres se reunió por primera vez frente a la tranquera de La Escuelita, el campo de concentración del Cuerpo 5 de Ejército. Recordaron a los desaparecidos, a los bebés robados allí por militares, y dejaron como testimonio poemas impresos sobre telas, precarias por la certeza de que durarían poco. Dos horas después no estaban. La mayoría de los bahienses lo ignora, como ignora el fraude que se negocia a sus espaldas.

La Escuelita es el símbolo sureño del genocidio pero es invisible, también la desaparecieron. Bahía tiene sin embargo un símbolo imponente y en pleno centro, pegado a la catedral, el edificio de la dirección de La Nueva Provincia, a cargo de Diana Julio y de sus hijos Vicente y Alejandro Massot, ex plumas de Cabildo, El Fortín y el movimiento Dios, Patria y Familia. Desde allí se promovió la cacería y aún hoy se hace una apología diaria del terrorismo de Estado. Adolfo Scilingo, amigo de la casa cuando tiraba cuerpos dopados al mar y enemigo tras confesarlo, escribió que “en horas nocturnas” de 1976 visitaba a la señora el vicealmirante Luis María Mendía, comandante de operaciones navales y compañero de Massera. Compartían “chimentos de alto nivel”, previsibles entre quienes promovían aniquilar la subversión y sus ejecutores. También el jefe de la Policía Bonaerense Ramón Camps consultaba a la señora antes de tomar cualquier decisión sobre sus subordinados en la Unidad Regional 5. Otro amigo de la casa era el general Adel Vilas, que trasladó su Escuelita de Famaillá al camino La Carrindanga y en 1987 explicó la “planificada acción psicológica” para “buscar el acompañamiento de la población”. Se sabe: comunicados falsos sobre enfrentamientos simulados. El lector de LNP nunca escuchó hablar de “operaciones psicológicas” y la mayoría aún ignora que los “delincuentes abatidos” eran secuestrados que llegaban inconscientes sólo para ser fusilados.

Parece humor blumbergiano pero es la esencia de la tragedia bahiense: para LNP la acción psicológica continúa. Según sus editorialistas Kirchner es “enemigo de las Fuerzas Armadas”, la autocrítica de Godoy fue una “bajeza”, la de Rohde una “complacencia de servilismo pusilánime” que revela su “miseria moral”, los derechos humanos son “la venganza del terrorismo derrotado” y “el negocio de quienes lo explotan consiguiendo ventajas personales y reverente acogida entre los ingenuos” y los piqueteros “son peligrosos y no dudan en atacar”. Según sus informantes, siempre uniformados, los presos se autoagreden, en tanto “sospechosos” de robar zapatillas o fumar un porro son estigmatizados con nombre, apellido, edad y dirección. “De tanto tratar con delincuentes”, titula un editor, policías asaltan y hieren a un camionero. Y la máxima: desde la cárcel Etchecolatz denuncia “inconcebibles agravios y padecimientos”.

Columnistas y lectores no se quedan atrás. Se identifican como “la mayoría silenciosa” (Mónica Almada), dicen que España está llena de desaparecidos argentinos (Miguel De Lorenzo), piden deportar extranjeros reincidentes (Oscar Rimondi) y castrar violadores (Florentino Suárez). Los piqueteros son “grupos armados con garrotes, cuchillos y armas” (Dr. Rubén HéctorVara), los limpiavidrios “una agresión sin límites” (Alcira Rader), los presos “inmundicias que habitan cárceles” (César Triventi) y las Madres de Plaza de Mayo una “horda” (Víctor Ordóñez). El padre de un alumno pide que echen a un chico de un colegio privado por teñirse el pelo (Jorge Rech). Un intérprete divino alerta sobre la “Revolución Mundial Anticristiana” (Antonio Caponnetto, de la revista Cabildo), otro asegura que la existencia de Dios está probada científicamente (Ricardo Héctor Alcolea) y en Navidad, en tapa digna de Barcelona, Jesús cuenta que debió colarse en su fiesta y que los chicos corrieron hacia “un gordo vestido de rojo” que “había bebido de más”. Uniones homosexuales son “formas de convivencia antinaturales a las que nadie se volcaría por decisión voluntaria” (editorial) y una marcha de personas con distintas orientaciones sexuales es “una concentración de endeñados de variada ralea sexual, pobres seres gesticulantes y hastiados que se congregan en tenebrosas ‘comunidades’ parodiando con estilo satánico las congregaciones de fines espirituales” (Juan Olmedo Alba Posse).

Meses atrás el intendente López invitó a “no perder de vista que un 25 de mayo de 1973 se retomó la democracia”. Pero para LNP el triunfo de Cámpora fue un ejemplo de “tiranía del número, pura formalidad de un simple acto electoral”. Un cuarto de siglo después la política sigue siendo un “cáncer que no ha hecho más que crecer” desde 1983 y que “requiere con inminencia de un bisturí certero que lo extraiga de cuajo”. Para la Familia, el negocio de vender su edificio es un hecho, aseguran. En manos de concejales y un intendente que dice ser peronista está la decisión de darles el gusto a los dueños del feudo y pasar a la historia por trasladar un órgano deliberativo a un edificio emblemático del horror. El final de esta historia depende de ellos y de la sociedad bahiense.