Teoría y práctica de la tortura

Página/12

Luego de apartar de mala gana a dos de sus principales comisarios, Solá pidió el mismo rigor con todas las policías del país. Ni imaginaba en qué llaga ponía el dedo. El comisario que el gobierno nacional presenta como reverso de los ineficientes y corruptos bonaerenses está procesado por privación ilegítima de la libertad y torturas. En la misma causa está bajo proceso el presidente de una de las mayores empresas privadas de seguridad, que preside el apologista de la tortura Vicente Massot.

Por Horacio Verbitsky

Estrangulado por los intendentes del conurbano, que esta semana le declararon la guerra, y el gobierno nacional, que le exige un improbable cambio de personalidad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires aceptó remover a dos de los cuatro más altos jefes de su policía, horas después de minimizar los cargos que pesaban contra ellos. Con su último hilo de voz dijo que no habría contemplaciones para quienes delinquen pero reclamó que el mismo rigor se aplique con las policías del resto del país. Puso así el dedo en una llaga más ardiente de lo que él mismo sabe: el comisario de la Policía Federal que el gobierno nacional presenta como el modelo a seguir, reverso de los ineficientes y corruptos bonaerenses, está procesado por privación ilegal de la libertad y torturas, delitos que pueden castigarse hasta con 25 años de reclusión o prisión. Uno de sus compañeros de causa, procesado por el mismo delito, forma parte de un complejo empresarial que controla por satélite y computadora a 150 patrulleros de la Policía Federal y 1500 de la de Buenos Aires. Allí no terminan las coincidencias: el presidente de esa empresa, quien debió alejarse del gobierno de Carlos Menem por hacer la defensa pública de la tortura, responde a la misma cofradía integrista que el secretario de seguridad interior. Más aún, es director y principal accionista de un diario que en 1976 respaldó con entusiasmo el golpe militar y ahora reclama el patrullaje de las calles por el Ejército.

Los duros

El martes 11 el Secretario de Seguridad Interior de la Nación, Norberto Quantín, presentó la flamante División Antisecuestros de la Policía Federal, cuyos integrantes sólo se dedicarán a investigar esos delitos, a pedido de jueces o fiscales de cualquier lugar del país. Junto a Quantín se sentó el jefe del Departamento Delitos Complejos de la Policía Federal, comisario inspector Carlos Alberto Sablich, de quien depende la nueva División. Quantín dijo que la Policía Federal “actúa de una manera dura, profesional y eficaz”. De la dureza, profesionalidad y eficacia de Sablich hay constancias en un expediente que instruye el juez Luis Alberto Zelaya. Desde 1991, Zelaya mantiene un contumaz forcejeo con los jueces de la Sala VII de la Cámara del Crimen. Una y otra vez, el magistrado sobreseyó a Sablich por privación ilegítima de la libertad y torturas y otras tantas la Cámara revocó o anuló sus decisiones y le ordenó profundizar la investigación.

Horas antes de los comicios de noviembre de 1991 el entonces presidente Carlos Menem y su ministro del Interior José Luis Manzano anunciaron en forma triunfal el esclarecimiento del secuestro extorsivo del hombre de negocios Mauricio Macri, cometido por una banda de policías. Tres de los detenidos, los suboficiales Miguel Angel Ramírez, Juan Carlos Bayarri y Carlos Alberto Benito denunciaron que personal de Defraudaciones y Estafas los privó en forma ilegal de su libertad y los torturó para que confesaran. Como dijo Jorge Luis Borges, “se comieron a los caníbales”. Otro de los detenidos fue el subcomisario retirado José Ahmed. Su hermano Camilo Ahmed cometió tres meses después uno de los suicidios más originales de la historia: se arrojó desde un piso 12 en Mar del Plata pero para estar seguro de lograr su propósito también se pegó un tiro en la sien.

La denuncia del sargento Ramírez fue corroborada por el testimonio de Ricardo Kuperbank, pero los peritajes efectuados muchos días después no registraron rastros de los apremios, por lo que en este caso la Cámara dejó en pie el sobreseimiento. Benito dijo que luego de su detención en Córdoba lo subieron a un auto y en el traslado a Buenos Aires lo patearon y trompearon hasta hacerle escupir varios dientes. Después lo llevaron a un lugar clandestino, le metieron la cabeza en un fuentón con agua y le clavaron pinches debajo de las uñas. Entre otros camaradas reconoció al entonces subcomisario Sablich, quien volvió a amenazarlo en el Departamento de Policía, adonde lo condujeron después. Todos negaron, pero tres peritos médicos certificaron las lesiones y la pérdida de dientes. Además, tres testigos confirmaron los hechos. La Cámara dejó constancia de que no compartía el sobreseimiento provisional, aunque por razones formales tampoco podía revocarlo.

Sí lo hizo en el caso de la privación ilegítima de la libertad y las torturas al sargento Bayarri y su padre. La fecha y lugar de su verdadera detención no coinciden con las asentadas en el expediente. Según la policía, Bayarri fue detenido en La Boca. Pero cuatro testigos demostraron que el arresto se produjo un día antes, en la esquina de las avenidas Mitre y Centenario, de Sarandí. La falsedad surge incluso del propio expediente. El secretario Eduardo Larrea certificó haber recibido el 19 de noviembre la denuncia anónima que habría permitido la detención de Bayarri. Pero el entonces juez Nerio Bonifati consignó que Bayarri estaba detenido a su disposición por el secuestro de Macri desde el 18 de noviembre. Esas 24 horas fueron el lapso empleado para las torturas. Bayarri dijo que a raíz de las torturas con picana eléctrica, golpes y submarino seco, aplicadas por Sablich y otro subcomisario, sufrió una hemorragia y la rotura del tímpano. Esto le produjo una pérdida de capacidad auditiva. Las lesiones fueron confirmadas por los peritos médicos de la policía, de la cárcel y de la Justicia y por el enfermero que le efectuó una curación, quien dejó constancia escrita de ello en el libro de guardia. Hay además tres testimonios y fotografías de Bayarri golpeado. En abril de 1997 los jueces de la Sala VII Abel Bonorino Peró, Guillermo Ouviña y José Manuel Piombo revocaron el sobreseimiento provisorio de Sablich y de los suyos por la privación ilegal de la libertad y los apremios ilegales contra el sargento Bayarri y sostuvieron que “la gravedad de los hechos denunciados requiere profundizar la investigación emprendida, la que dista de estar agotada”.

Hasta 25 años

Ante la pasividad del juez, el 29 de diciembre de ese mismo año Ouviña y Piombo consideraron necesario exhortarlo a “dar trámite urgente y adecuado al sumario adoptando todas las medidas y diligencias conducentes”. En febrero de 1998, Zelaya decidió el procesamiento de Sablich y de una decena de comisarios, subcomisarios y suboficiales de Defraudaciones y Estafas. Pero el 2 de julio de 1998 volvió a sobreseerlo, decisión que los mismos camaristas volvieron a revocar en octubre de ese año, en términos muy severos para el juez y para el fiscal de la causa. Por su prolongada detención sin sentencia, Bayarri recurrió incluso al sistema interamericano de protección a los derechos humanos, que pidió explicaciones al Estado argentino. Además, protestó ante la Cámara por retardo de justicia. En diciembre de 2000 la misma sala, integrada en ese caso por Bonorino Peró y Mario Filozof le dio la razón, recriminó al juez haber paralizado la causa y le recomendó “el estricto acatamiento” de los plazos fijados por el Código Procesal.

Ni siquiera esas dilaciones sirvieron a Sablich para obtener el sobreseimiento por prescripción que buscaba. Primero el juez y luego la Cámara se lo negaron. En abril del año pasado, Bonorino Peró y Piombo sostuvieron que no correspondía la prescripción, dado que “no puede descartarse que los hechos que se le atribuyen” correspondan a los delitos contemplados “en el artículo 144 tercero del Código Penal”. Ese artículo contempla penas de “reclusión o prisión de 8 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua” para “el funcionario público que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura. El mínimo se incrementa a 10 años si la tortura produjera la “pérdida de un sentido o un órgano”.

“Error grave”

Cuando Zelaya sobreseyó una vez más a Sablich, además del querellante Bayarri apeló la fiscal Gladys Nancy Romero. La Cámara, integrada esta vez por Bonorino Peró, Piombo y Guillermo Navarro, declaró nula esa resolución hace dos meses, con considerandos muy severos. El juez cerró la causa “con argumentos de fragmentada valoración de la prueba” y mediante “apreciaciones contradictorias que resienten la validez del fallo”. Para los camaristas esa decisión no tiene valor como “pieza judicial, en tanto no responde a una derivación razonada del derecho vigente, fundada en las circunstancias de hecho que han sido probadas en la causa”. Dijeron que el juez había actuado con “subjetividad”, le reprocharon falta de “equidistancia valorativa” y desdeñaron su razonamiento como una mera “elucubración”. Respecto de Sablich, dijeron que Zelaya supuso “de manera ajena a todo sustento probatorio” que Bayarri “pudo referirse en sus dichos a otras personas”. Esta no es una apreciación válida, sino “un parecer personal del juzgador”, que si tenía alguna duda debería haber interrogado una vez más a Bayarri “pues de interpretar sus manifestaciones se trata”. Tampoco les pareció razonable que el juez desconociera o se negara a considerar que Bayarri incriminó a Sablich ya en la décima foja del expediente y que lo reiteró en presentaciones posteriores. “Menos admisible” aún les pareció la afirmación del juez de que Sablich no participó en la privación ilegítima de la libertad y las torturas a Bayarri porque el 18 de noviembre de 1991 estaba en Córdoba, ya que el 19 ya había regresado “y Bayarri, según sostiene, para entonces se encontraba en el lugar que denominó el pozo”. Esto demuestra “un error grave en el razonamiento lógico” del magistrado “para arribar a un juicio certero sobre dicha imposibilidad”.

El socio electrónico

Otro de los procesados junto con Sablich es el suboficial de la Policía Federal Delfor Héctor Panelli. El juez Zelaya también lo había sobreseído pero los camaristas declararon nula esa decisión. Zelaya no explicó los hechos en los que Panelli estaba involucrado y redujo el delito al de falso testimonio, dicen Piombo, Bonorino y Navarro. La conducta de Panelli puede “importar una directa intervención en los graves sucesos denunciados” ya que su declaración versó “sobre los procedimientos policiales que comprenden la imputación”, agregan. Antes de la resolución de los hechos denunciados no es posible determinar la suerte procesal de Panelli. Si se consideran probadas las torturas y la privación ilegítima de la libertad por las cuales está procesado Sablich, Panelli debería responder por delitos mucho más graves que el falso testimonio, porque él mismo estaría involucrado. Cinco presidentes después de los hechos, Sablich prosigue su exitosa carrera policial. Panelli, en cambio, se dedicó a algunos negocios vinculados con su profesión.

En 1997, el mismo año en que la Cámara anuló el primer sobreseimiento de ambos, se creó la empresa Megatrans, con sede en Balcarce 216, a dos cuadras de la Casa Rosada. Su especialidad es la localización de vehículos y la transmisión de datos móviles, con servicios en todo el territorio nacional. Posee una red propia de navegación y comunicación y aplica en el país el sistema de localización automática de vehículos Siemens-Datatrak, en cuya instalación se invirtieron más de diez millones de dólares. Instalado a bordo de vehículos particulares, de carga, transporte, asistencia sanitaria, o fuerzas de seguridad, el sistema permite su localización instantánea y su control desde teléfonos celulares o pantallas de computadora, vía Internet. El equipamiento básico comprende un localizador con una batería alimentada por el vehículo y antenas de navegación y transmisión que pueden ocultarse en el vehículo o entre la carga. Al localizador se conectan los sensores de puerta, botón de pánico y otros periféricos que permiten detectar cualquier anormalidad. La cabecera de Megatrans funciona en la División Alarmas de la Policía Federal. El sistema también fue homologado por la Gendarmería. Según el Newsletter 6 de Megatrans, desde 2001 también controla 150 móviles de la Policía Federal y 1500 de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Esto debería permitir “un control más eficaz” de estas “herramientas críticas en el cuidado de personas y bienes en la ciudad de Buenos Aires y en el densamente poblado conurbano bonaerense”.

Dios los cría

El principal accionista de Megatrans es el diario bahiense La Nueva Provincia y su presidente el director del matutino, Vicente Massot. En la década de 1970, Massot fue jefe de redacción de la revista Cabildo y colaborador de la revista Verbo, que propagaron en la Argentina la doctrina integrista del grupo Cité Catholique y del obispo francés Marcel Lefebvre. Verbo tradujo y publicó los trabajos de los capellanes franceses de la guerra de Argelia que justificaban con argumentos teológicos la tortura y la ejecución de prisioneros. Uno de los fieles que asisten a la iglesia de la calle Venezuela donde se practica el culto lefebvrista es el secretario de Seguridad Interior Quantín. Como fiscal, Quantín convalidó en 1980 la detención por tiempo indeterminado, sin cargos ni defensa, de personas sometidas a torturas. En 1990 y 2003, reivindicó el perdón a los responsables de crímenes de lesa humanidad.

Menem designó a Massot secretario de Defensa, cargo al que debió renunciar en 1993, luego de defender en un reportaje el empleo de la tortura. En 1996 escribió una columna en La Nación sobre “Nuevos flagelos sociales”, en la que sostuvo que a diferencia de la hiperinflación, que puede ser desterrada por un ajuste ortodoxo, “la desocupación, en el mejor de los casos, requiere años para desaparecer”. Su preocupación era que “los hijos de estos hombres sin trabajo, desde la infancia comenzarán a codearse con la delincuencia, la drogadicción y la marginalidad”. Es preciso “repensar estas cuestiones sin concesiones a la demagogia” ya que “no existen soluciones ni rápidas, ni fáciles, ni mágicas”. Como la desocupación “no desaparecerá instrumentando planes de beneficencia social ni la violencia dejará de asolarnos porque la economía crezca”, el país “debe prever y su dirigencia orquestar decisiones que nos permitan convivir, en el futuro, con una peligrosa combinación nueva para nosotros, de tasas de desocupación altas y una violencia creciente”. Tuvo la cautela de librar a la comprensión cómplice de sus lectores cuáles deberían ser esas soluciones. ¿Acaso una de ellas sea la tortura y otra la privatización de la seguridad?

Megatrans comparte el negocio con otra empresa, GIF Operaciones, con domicilio en Tucumán 834, parte de una consultora especializada en prevención del fraude telefónico e informático, en 2001 GIF Operaciones se hizo cargo de los servicios de alarma para Megatrans. Las facturas de ambas empresas llegan a sus clientes en el mismo sobre. GIF Operaciones atiende el Centro de Operaciones Mega (COP Mega, un juego de palabras en inglés, traducible como Cana Gigante) “en reporte paralelo con la Policía Federal” y en contacto punto a punto con un sistema propio de comunicaciones con “las distintas policías provinciales”. El presidente de GIF Operaciones es Delfor H. Panelli, el coprocesado con el comisario Sablich por privación ilegítima de la libertad y torturas.

En una comunicación de abril del año pasado a los clientes de ambas empresas, informó que GIF Operaciones “cuenta con helicóptero y vehículos terrestres de rastreo y localización, como soporte a la acción policial para el recupero de los vehículos y de la carga”. En caso de alarma, la Dirección de Operaciones de GIF “dispone y coordina las tareas ejecutivas para una rápida intervención policial”. Esa Dirección de Operaciones está integrada por el Comisario General (R) Luis S. Fernández y por el Comisario Mayor (R) Rubén Parravicini. (Luis Santiago Fernández, ex superintendente de seguridad metropolitana, fue uno de los comisarios investigados por el actual secretario de Justicia y ex fiscal Pablo Lanusse, por el cobro de coimas a vendedores ambulantes, prostitutas y hoteleros. El comisario mayor Rubén Parravicini, fue designado director de seguridad de la policía de Buenos Aires, cuando el ex gobernador Eduardo Duhalde removió a su ministro Carlos Arslanian y comenzó la primera contrarreforma). ¿Qué diría el gobierno nacional si Felipe Solá mantuviera en cargos clave para la seguridad de la población bonaerense a hombres con antecedentes como los de Quantín y Sablich?