Por la nulidad de las leyes

Página/12
PRESENTACION DE LAS APDH DE NEUQUEN Y BAHIA BLANCA

La abogada Mirta Mántaras solicitó a la Cámara Federal de Bahía Blanca que declarara la nulidad del Punto Final y la Obediencia Debida. De ese modo se podría juzgar a los represores del Quinto Cuerpo de Ejército.


Las Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén y Bahía Blanca solicitaron a la Cámara Federal de Bahía Blanca la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final y el juzgamiento de militares que actuaron durante la dictadura en jurisdicción del Quinto Cuerpo de Ejército. Entre los represores que señalaron los organismos de derechos humanos, están el teniente coronel en actividad Julián Oscar Corres y el ex suboficial del Ejército Santiago Cruciani, quien era conocido como “El Tío” cuando era el jefe del centro clandestino de detención “La Escuelita”.

En la presentación de la abogada Mirta Mántaras que dirigentes de las APDH y familiares de desaparecidos entregaron ayer a la Cámara bahiense, se expresó que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar fueron “acciones planificadas y consumadas clandestinamente desde un aparato estatal de terror mediante la práctica sistemática en gran escala de secuestros, tormentos, eliminación y desaparición de personas” y que las consecuencias de esos crímenes “no se rigen por el derecho interno”. Los peticionantes plantearon que estos hechos constituyen “delitos de lesa humanidad”, según lo establecido por las normas internacionales y la Convención contra el Genocidio.

“Estos delitos revisten el carácter de imprescriptibles, inadmisibles a los que no se aplican los eximentes de obediencia debida y la prescripción ni los indultos”, se afirmó en el escrito. La Cámara Federal de Bahía Blanca –con una conformación diferente a la actual– ya se pronunció por la no aplicación de las normas que impiden el juzgamiento de los militares que violaron los derechos humanos.

Las APDH solicitaron que la Cámara citara a los generales Adel Vilas, José Luis Sexton y Braulio Olea, a los coroneles del área inteligencia Mario Gómez Arena y Oscar Reinhold y a los tenientes coroneles Aníbal Mason, Mario Méndez, Hugo Casela y a Corres. También pidieron que se interrogara al mayor Luis Alberto Farías Barrera y a los suboficiales Julio Francisco Oviedo, alias “El Loro” y Cruciani, alias “El Tío”. Todos están imputados por la privación ilegítima de la libertad, la aplicación de torturas y desaparición u homicidio calificado de Mónica Morán, María Graciela Izurieta y Javier Seminario.

Cruciani y Corres fueron citados por la Cámara para declarar en el juicio por la Verdad. El primero estuvo detenido un mes porque se negaba a aportar información, hasta que la Cámara de Casación ordenó su liberación. La intervención de ese tribunal –que dispuso que los militares que sean llamados a declarar en ese tipo de juicios no sean obligados a comprometerse a decir la verdad– se produjo justamente a pedido del otro militar: Corres, que fue denunciado por falso testimonio. Corres fue el primer miembro del Ejército en actividad citado en los juicios en los que se intenta conocer el destino de los desaparecidos. En su testimonio admitió haber “prestado servicios” en el centro clandestino La Escuelita pero negó que fueran ciertas las acusaciones que lo señalan por haberse infiltrado en organizaciones estudiantiles. A pesar de haberse presentado ante el tribunal, Corres apeló su citación ante Casación, que aceptó su queja y reclamó a Bahía Blanca el expediente completo de la causa por violaciones a los derechos humanos iniciada en 1986 e interrumpida por las leyes de obediencia debida y punto final. Esta medida provocó un conflicto entre ambos tribunales. Ahora, los organismos de derechos humanos pidieron que aquel juicio abierto en 1986 sea destrabado mediante la declaración de “nulidad insanable” de las leyes de impunidad, tal como lo hicieron los jueces Gabriel Cavallo y Claudio Bonadío. Antes del tribunal, deberá expedirse el fiscal Hugo Cañón, que en varias oportunidades se manifestó contra esas normas.