Si algo no existe es el olvido (Jorge Luis Borges)

Página/12

Por Hugo Cañón
El martes 24 de octubre fuimos recibidos –a las cinco en punto de la tarde– por el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, quien estaba acompañado por el secretario de Asuntos Militares, licenciado Miguel Tello. Los integrantes de la Comisión Provincial de la Memoria (creada por Ley 12.483 de la Provincia de Buenos Aires) expresamos al ministro cuáles son los objetivos generales de ésta y, en particular, peticionamos que gestionara la transferencia del espacio físico donde funcionó el “centro clandestino de detención” de Bahía Blanca, conocido como “La Escuelita”, para recuperar ese lugar y destinarlo a la concreción de un proyecto dirigido a preservar la memoria. Indicamos –conforme lo probado– que por allí pasaron cientos de vecinos de la ciudad y de las provincias de Río Negro y Neuquén; que algunos de ellos son sobrevivientes y testimonios vivos del terror, otros fueron asesinados en enfrentamientos fraguados y muchos permanecen en esa condición aberrante de “desaparecidos”. Además, que nacieron en el lugar niños que aún hoy continuamos buscando. Hemos sido escuchados en formal y respetuoso silencio.

Hicimos referencia a los Juicios por la Verdad, a la incomprensible situación que se presenta al consentir que continúen en actividad militares que –como está probado– participaron en la represión ilegal (con lo cual el espíritu de cuerpo funciona para encubrir y no para sanear a una institución). Manifestamos nuestro estupor ante el silencio oficial que se guarda cuando un militar como Jorge Olivera comete un fraude procesal para eludir la acción de la Justicia, mientras se levantan otras voces que reivindican ese hecho ilícito, como también los mismos crímenes que se le imputan. También aludimos a nuestro mismo asombro cuando se denuncia que se estaría gestando otra maniobra procesal para sustraer a Ricardo Miguel Cavallo, para que no se haga efectivo un pedido de extradición formulado por el Reino de España y el gobierno no hace el mentís más rotundo –de no ser veraz esa actividad– o sanciona severamente a quienes intenten realizar ese tipo de operaciones. La ética pública lo reclama.

Hicimos notar que no se cumple con la ley –como sostiene el ministro de Defensa– solamente ordenando que los militares comparezcan ante la citación de los jueces sino que –como cualquier ciudadano– deben sentarse ante el Tribunal y declarar y no es válido consentir que se amparen en la excusa de la supuesta “autoincriminación” para no decir ni cómo se llaman o dónde viven. Todo escuchó el ministro y todo negó el ministro.

Sostuvo que Argentina –como ningún país en el mundo– dio ejemplo de persecución de estos crímenes y que no existe impunidad alguna. “Hay que mirar para adelante”, dijo, añadiendo que nunca avalará la creación de un lugar de evocación o de memoria, porque –además de otras razones– era su íntima convicción. “Yo no voy a auspiciar un monumento o museo o algo similar en un entorno militar porque eso actuaría como elemento de conflicto. Si auspiciara una medida de esa naturaleza, no contribuiría sino a gestar un factor de conflictividad”.

Se le hizo notar que si la “autocrítica” y “pedido de perdón” (por él mencionados) trascendían realmente el mero discurso, el “Ejército nuevo” debía asumir que aquel plan criminal Nunca Más sería ni concebido ni ejecutado, y por tanto que no se advertía cómo podía resultar conflictivo evocar lo que ellos rechazarían de plano por su ilicitud. Se le dijo que si esto no se asume así, si no se acepta decir: “esto que ocurrió acá fue inmoral e ilegal y nunca más se hará”, se adopta una actitud hipócrita y, en el fondo, se está convalidando lo actuado ilegalmente.

Se le recordó que imágenes de conejos (seres vivientes que podían trasladarse de un lado a otro sin que estallen las minas) hoy evocan el lugar donde estaba el Muro de Berlín y sirven para afirmar que nunca más una barrera dividirá al pueblo berlinés y que respecto del Holocausto se han erigido museos y se preservan campos de concentración y de exterminio como fuentes de memoria permanente. Pero el ministro no quiere memoria. Y no la quiere no sólo en relación con “La Escuelita” de Bahía Blanca, sino tampoco con respecto de ningún otro lugar, incluyendo la ESMA. Cuando se le planteó que el Presidente de la Nación, siendo jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reclamó el predio de la ESMA para que fuera un lugar de evocación y ahora no sería coherente que asumiera una posición contra su propia postura (De la Rúa vs. De la Rúa), respondió que él (el ministro) no variaría su criterio y, si el Presidente tenía otro, “se generaría un serio conflicto”, con lo cual cabe colegir que –en ese supuesto– presentaría su renuncia.

Por supuesto que la marmórea respuesta del ministro y su segundo no impedirá que el Foro por la Memoria y la Justicia de Bahía Blanca y la Comisión Provincial de la Memoria continúen realizando todas las gestiones pertinentes que permitan revitalizar la república evocando cómo y dónde se instaló el terror y la muerte clandestina; pero no deja de ser lamentable observar que un ministro de un gobierno constitucional pretenda el olvido, “mirar para adelante” (o no mirar atrás).

También un jefe de Unidad del Ejército en Neuquén, cuando se realizó recientemente una visita de la población a las instalaciones del cuartel, al ser preguntado acerca del lugar donde funcionó “La Escuelita” de esa ciudad, respondió: “No me consta”.

Ambas actitudes se inscriben en una pretensión de olvido. De negación.
“El olvido es una afirmación de la inexistencia del trauma, es la afirmación de lo ocultado. Se inscribe un agujero que no tiene posibilidad de tener significación, por lo tanto retorna por otras vías violentas hacia sí mismo o hacia los otros. Todos síntomas empobrecedores de la vida misma. Esto es lo que nosotros llamamos la compulsión a la revisión. Es como que lo no olvidado figura en un registro inconsciente que vuelve permanentemente a buscar una vía de solución. Cuando se omite el paso decisorio de la significación de un proceso traumático, se instala la amnesia, pero que es siempre activa y paralizante.

“Si el pasado se congela, sin inclusión, sin palabras, se entorpece la posibilidad de crear proyectos, ideales, porque lo olvidable perdura, alterando la comprensión del sentido. Sólo se transforma en pasado lo que ha atravesado el dolor de la memoria y se puede articular el hecho y su significado. Porque el olvido es imposible. Este intento fallido se transforma en un presente eterno, en una repetición constante, en un retorno paralizante.” (De la conferencia de la licenciada Marta Craichik, integrante del Foro por la Memoria y la Justicia de Bahía Blanca) Pero el ministro no lo puede alcanzar a comprender. O lo comprende demasiado.

La mesa de dos patas

Página/12

Por Horacio Verbitsky
En pocos días se sucedieron una ceremonia eclesiástica en la que un enviado del Vaticano proclamó que la justicia no debía ser una venganza disfrazada, un discurso del jefe del Ejército que insistió en plantear una indefinida reconciliación, y la resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal que prohibió tomar juramento a los militares que sean convocados en los juicios de la verdad, de modo que “cuanto tenga[n] que manifestar emane de su libre voluntad, guiado[s] por los dictados de su conciencia y el respeto por las obligaciones que a la sociedad toda adeuda[n]”. Demasiada coincidencia para atribuirla al azar.

Junto con los jueces Gustavo Hornos, Ana María Capolupo y Amelia Berraz de Vidal firmó la resolución el secretario de la Cámara de Casación Daniel Enrique Madrid. Según los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado que reclamaron a la Cámara Federal de Bahía Blanca la continuación de los juicios, Madrid es un mayor del Ejército. De ser así se entendería por qué la resolución que proscribe cualquier medida coercitiva sobre los oficiales o suboficiales que se nieguen a declarar, se conoció a través de los eufóricos voceros castrenses antes que en Tribunales, tal como había ocurrido cuando el expediente fue sustraído de sus jueces bahienses.

Esto no equivale a decir que la letra de la resolución se haya originado en el edificio Libertador, aunque coincida con reclamos del Jefe de Estado Mayor del Ejército Ricardo Brinzoni. En su formulación se reconocen declaraciones previas de los ministros del Interior, Federico Storani, de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra, y del interventor en el PAMI Federico Polak, tres hombres de histórica lealtad al ex presidente Raúl Alfonsín. El fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Cañón, ya había señalado que existían “gestiones oficiales al más alto nivel, para ‘unificar criterios’, para evitar que cada fiscal o cada cámara o juzgado actúe independientemente. Se pretendía ‘uniformarnos’, si era necesario –incluso– con intervención de la Cámara de Casación o de la Corte Suprema”.

Tal exhibición de alfonsinismo explícito se rastrea en muchos detalles del texto firmado por los jueces de la sala militar de la Cámara de Casación. Para sorpresa de quienes conocen su formación, Hornos, Capolupo y Berraz han devenido profundos conocedores de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las soluciones amistosas alcanzadas ante ella como en el caso Lapacó y de los tratados procesales de Julio Maier y Alberto Binder. También demuestran asombrosa familiaridad con causas en las que no intervinieron, como los juicios de la verdad de la Capital, La Plata y Córdoba. No se discute la necesidad de descubrir la verdad y el “sistema de justicia debe colaborar en la reelaboración social de un conflicto de enorme trascendencia”, aparecen diciendo Hornos, Capolupo y Berraz. La resolución que impide interrogar como testigo a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas equivale a poner una vez más bajo sospecha a todos los militares.

Gestos

Página/12

Por Horacio Verbitsky
El vicepresidente Carlos Alvarez dijo que era intolerable que se cerrara la investigación del robo de bebés y que la Justicia debía continuar su trabajo hasta esclarecer el último de los hechos. Graciela Fernández Meijide afirmó que la sociedad tenía derecho a la verdad y que debía respetarse a la Justicia. Ricardo Gil Lavedra recordó que la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas, de rango constitucional, excluye la competencia de un tribunal militar, que no sería imparcial.

Estas son las primeras voces que desde el Poder Ejecutivo se oponen a la renacida prepotencia castrense. Antes, sólo legisladores como Juan Pablo Cafiero, Elisa Carrió o los socialistas de Alfredo Bravo habían rechazado la pretensión castrense de abortar todas las causas.
En cambio, Ricardo López Murphy avala la solidaridad institucional del Ejército con los militares que se niegan a colaborar con la Justicia y mantiene en actividad a los torturadores identificados en los juicios. Según otro diario, Federico Storani, también apoyó el respaldo del Ejército a los detenidos, aduciendo que no se les imputaba ningún delito, lo cual no es cierto. Ante una consulta, negó haber dicho tal cosa y anunció que emitiría una rectificación formal. Hasta ahora no lo hizo. En cambio, la intendencia de Bahía Blanca (que responde a su línea política) interrumpió su apoyo a los juicios por la verdad.

Fernando De la Rúa escribió en su libro “La Casación Penal” que los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia militar contra la sociedad argentina debían ser juzgados por las Cámaras Federales, y ese es el mismo compromiso que el Estado nacional asumió ante la OEA. Pero ahora su gobierno propicia que la Cámara de Casación se apodere de esos expedientes y alienta la mesa del maquillaje reconciliatorio impulsada por el Ejército. Aunque sigue pregonando la independencia de la Justicia, el presidente ya le tomó el gusto a la comodidad de un supremo tribunal genuflexo que ponga música jurídica a la letra política de su gobierno. Los tres se están pareciendo al ex presidente Raúl Alfonsín más de lo que les gustaría admitir.

Gil Lavedra fue uno de los jueces que condenaron a Videla, Massera & Cía. y resistieron las presiones de Alfonsín para que la Justicia estableciera el punto final y la obediencia debida. Graciela, madre de un adolescente detenido-desaparecido, fue el pilar de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la secretaria principal de la Conadep. Alvarez preside un partido que siempre denunció los crímenes de la dictadura. Por eso era tan deprimente el silencio que guardaban y reconforta que lo hayan roto. Tales gestos, de fidelidad a sí mismos y a la historia que los condujo a donde están, enriquecen la construcción democrática y amigan a los políticos con la sociedad, que en forma abrumadora se pronuncia por la verdad y la Justicia y en contra de la impunidad.

Respuesta de la justicia

Página/12

El juez de la Cámara Federal de Bahía Blanca Luis Alberto Cotter denunció la intromisión del Poder Ejecutivo en las causas por la verdad.

Por Horacio Verbitsky
El juez de la Cámara Federal de Bahía Blanca Luis Alberto Cotter calificó como intromisión del Poder Ejecutivo en el proceso judicial la visita del secretario general del Ejército, Eduardo Alfonso a los militares detenidos por negarse a declarar en el juicio por la verdad y abogó en favor de la independencia de la Justicia respecto de las decisiones políticas, sin dobles mensajes ni alquimias jurídicas. Durante una entrevista en el programa de televisión “Día D”, Cotter sostuvo que la Cámara Nacional de Casación Penal era incompetente para entender en esas causas y citó en apoyo de esa posición el tratado La Casación Penal, del ahora presidente Fernando de la Rúa.

La visita de Alfonso a los militares detenidos en la delegación de la Policía Federal en Bahía Blanca fue parte de la ofensiva castrense para paralizar los juicios, que se concretó cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó la remisión de las 15.000 fojas del expediente a la Cámara Nacional de Casación Penal. Cotter dijo que ello no era necesario, porque la Cámara Federal de Bahía Blanca ya había enviado un juego completo de fotocopias a la Cámara de Casación. En lo que a todas luces constituyó una acción concertada, ese tribunal también dispuso la libertad de los suboficiales Santiago Cruciani (a) El Tío y Armando Barrera, (a) El Abuelo, sindicados por los sobrevivientes del campo clandestino de concentración La Escuelita como torturadores.

“Un general de la Nación es un empleado público, lo mismo que un juez de Cámara, y no puede actuar al margen del organismo al que pertenece, que en su caso es el Ejército. Entiendo que vino por órdenes o instrucciones de su jefe inmediato, que es el general Ricardo Brinzoni. Pero el Ejército no es una entidad autónoma del Poder Ejecutivo. Hay una cadena de mandos que no se ha roto, y que lleva al ministro de Defensa y al jefe del Poder Ejecutivo. Luego de la visita de Alfonso pensé que habría alguna recriminación por parte del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la Nación, y no la hubo. De ello puedo deducir que hay un consentimiento expreso o implícito a la visita de Alfonso, cuyo simbolismo fue traer una palabra de apoyo a alguien acusado de un delito y que estaba arrestado procesalmente por negarse a colaborar con la Justicia”, dijo el magistrado. Cotter añadió que el respaldo institucional a quienes se negaron a declarar y de ese modo obstruyeron una investigación “es una intromisión en el libre juego de la investigación de la Justicia”.

Durante 1999, Cotter ejerció la presidencia rotativa de la Cámara Federal de Bahía Blanca. En cuanto se produjo el cambio en el gobierno nacional y en la conducción del Ejército, Brinzoni “me prometió toda la ayuda, sin reservas, para llevar adelante los juicios”. Dijo que el militar también le preguntó cómo creía que se resolvería el tema. “Mi respuesta fue la que he dado siempre: a través de la Justicia. Dejarla actuar sin interferencias es el único camino para llegar a la verdad de lo ocurrido y para canalizar las aspiraciones de la ciudadanía”.

Ante una pregunta sobre la decisión de la Corte Suprema de ordenar la remisión del expediente a la Cámara de Casación, Cotter dijo que equivalía a sacar la causa de sus jueces naturales y citó el tratado en el que De la Rúa sostiene que “en este tipo de juicios en los que las Cámaras Federales entienden por avocamiento, la Cámara de Casación es manifiestamente incompetente”. Se trata de las causas por violaciones a los derechos humanos iniciadas en 1984 por la justicia militar y que las Cámaras Federales continuaron cuando el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas declaró que todas las órdenes de la guerra sucia habían sido inobjetables, en forma y fondo, y que todos los testimonios provenían del enemigo.

Según Cotter “si uno supusiera que el retiro de las actuaciones originales de la Cámara Federal dispuesto por la Corte tuvo su origen en presiones del Poder Ejecutivo, cosa que no me consta, esto lesionaría gravemente la independencia de la Justicia. La independencia del Poder Judicial es un factor importantísimo para que una sociedad se pueda desarrollar civilizadamente y asegurar los derechos y garantías de los ciudadanos. Ese es el motor que hace avanzar la historia, las ciencias y da mejor calidad de vida a todos. Necesitamos imperiosamente tener un Poder Judicial independiente, pero independiente en serio, sin dobles mensajes, sin alquimias jurídicas sobre normas que son claras y aplicarlas sea quien sea el afectado”.

A veces la justicia no es suprema

Página/12
LA CORTE SUPREMA TRABO EL JUICIO POR LA VERDAD EN BAHIA BLANCA

Un día antes de la feria judicial, el máximo tribunal dispuso que la Cámara Federal de Bahía Blanca remita todo el expediente del Juicio por la Verdad a la Cámara de Casación Penal. Se dispuso también la libertad del suboficial Santiago Cruciani, detenido desde hace casi dos meses en Mendoza. Los militares festejaban la decisión antes de que se conociera el contraataque de la Cámara bahiense.

Por Nora Veiras
La Corte Suprema de Justicia les dio ayer un motivo de alegría a los militares: le ordenó a la Cámara Federal de Bahía Blanca que remita el expediente del Juicio por la Verdad a la Cámara de Casación Penal. El objetivo es que en esa instancia se resuelva la queja de los uniformados que cuestionan el proceso porque consideran que se los obliga a declarar contra sí mismos. Casi en simultáneo, la Cámara de Casación dispuso la libertad del suboficial Santiago Cruciani, el torturador del centro clandestino “La Escuelita” de BB, detenido por negarse a prestar testimonio. La cámara bahiense decidió contraatacar de inmediato y anoche –según comprobó Página/12– planteó un conflicto de competencia ante la Corte Suprema y exigió que se restituya la prisión de Cruciani. Esa resolución opacó el júbilo que había invadido el Edifico Libertador.

Desde fines del año pasado, el Ejército empezó a plantear su “inquietud” por el desfile de militares citados para dar testimonio en los juicios abiertos en distintas cámaras federales para conocer el destino de los detenidos-desaparecidos. Amparados en el evidente guiño del Ministerio de Defensa, los uniformados se ocuparon de empezar a delinear una estrategia defensiva común. El teniente coronel Julián Oscar Corres, quien había sido detenido en Bahía Blanca planteó ante Casación que “mientras se nos cita como testigos, después se pretende que nos autoincriminemos, lo cual es violatorio del artículo 18 de la Constitución”.

La sala IV de Casación, integrada por Amelia Berraz de Vidal, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia y Gustavo Hornos pidió entonces la totalidad del expediente a Bahía Blanca. El tribunal porteño apeló a la Corte Suprema porque dicen que la Cámara bahiense lo desconoce como tribunal de alzada y no le entregó toda la documentación requerida.

En una acordada extraordinaria, los seis ministros de la Corte Suprema presentes el jueves, Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Augusto Belluscio, Carlos Fayt, Antonio Boggiano y Adolfo Vázquez ordenaron a la Cámara de BB que cumpla con el requerimiento de Casación. A escasas veinticuatro horas de iniciarse la feria judicial, quedó en evidencia la intencionalidad política del pronunciamiento en un detalle de procedimiento: Nazareno, el presidente del cuerpo, le ordenó al secretario general de la Corte, Cristian Abritta, que adelantara por fax la resolución teniendo en cuenta que por la vía habitual de la bolsa de la Policía Federal recién llegaría el lunes.

Allegados a la Cámara de Casación repetían ayer que hasta ahora no hay ningún pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión que se empezará a analizar cuando reciban el expediente porque “esto es inédito”. En el Ejército, en cambio, mostraban su beneplácito por la resolución de la Corte. “Ahora van a tener que establecer un criterio único para tratarnos. No puede ser que en Córdoba, por ejemplo, se detenga a los oficiales y suboficiales que se niegan a declarar por 48 horas, fundándose en el Código Penal, mientras en Bahía Blanca a Cruciani se lo encarceló por tiempo indefinido usando como respaldo el Código de Justicia Militar”, detallaban los hombres cercanos al jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, quien ya confesó sin medias tintas que “los juicios por la Verdad no son el mecanismo más feliz” y envió al secretario general de la fuerza, Eduardo Alfonso a brindar su apoyo a los detenidos.

El fiscal de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Hugo Cañón, consideró que “el jefe del Ejército, en lugar de aconsejar a sus hombres a declarar lo que sepa, lo cual no implica autoincriminarse, avala la decisión de no hablar –una insolencia ante la Justicia– y manda al general Alfonso. Como dijo el presidente de la Cámara de Bahía Blanca, Augusto Fernández, es como si frente a la detención del ex juez Francisco Trovato, el titular de la Corte hubiera ido a visitarlo a la cárcel. Eso sería un escándalo pero lo hace el Ejército y no pasa nada. Practican un espíritu de cuerpo al revés, en lugar de sacar a los elementos que contaminan, encubren a los que cometen delitos”. Cañón anticipó a Página/12 que pedirá ante la Cámara la continuidad del Juicio por la Verdad más allá de la decisión que se plantee en torno al envío o no del expediente a Casación, tal como dispuso la Corte Suprema.

El director ejecutivo del centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Martín Abregú, señaló que “Lo particularmente grave es que se repita lo que ya hizo el gobierno radical de Raúl Alfonsín: sostener que iba a dejar el tema militar en manos de la justicia y por otro lado operar sobre los tribunales para obtener decisiones judiciales que tranquilicen a las Fuerzas Armadas. Todo esto no puede ocurrir sin la orden expresa o tácita del gobierno. Evidentemente, acá no se trata de que la Corte intervenga para decidir en calidad de qué se cita a los militares sino que interviene para solicitar un expediente completo que sólo se explica para detener el avance del juicio. En otras palabras satisfacer el deseo de los militares”.

Con la tradición de haber sido el único tribunal que planteó la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida y los indultos, los camaristas de Bahía Blanca se apresuraron a defender su competencia. Con la firma de Ricardo Planes, Angel Argañaraz, Luis Cotter y Haydee Fernández resolvieron plantear el conflicto de competencia ante la Corte Suprema. Fundamentaron el escrito en la obra La Casación Penal publicada por Fernando de la Rúa en 1994, a la sazón el presidente de la Nación y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Al plantear que la Cámara de Casación no tiene jurisdicción en la investigación abierta para conocer el destino de los detenidos-desaparecidos, el tribunal bahiense está obligando a la Corte Suprema a pronunciarse sobre la competencia. Se habilita así otra instancia que dejaría en suspenso la participación de la sala IV de Casación en el expediente hasta tanto falle el máximo tribunal.

La airada respuesta de los camaristas bahienses desmiente en sus fundamentos que se hayan negado a remitirle las “fotocopias de las piezas procesales de las causas requeridas necesarias para poder resolver el recurso” y aclara que “la Corte Suprema de Justicia sin pronunciarse sobre la competencia y el fondo del asunto”, ordenó la remisión de todos los originales “lo que esta Cámara Federal dispuso de inmediato”.

La orden de liberación de Cruciani dispuesta por la Cámara de Casación también fue severamente cuestionada por la Cámara bahiense, y exigieron que continúe en prisión. Defendido por el abogado Jorge Suter, ex juez en Bahía Blanca durante la última dictadura militar, al torturador Cruciani sólo le interesó la nota que recibió el director del Hospital Militar de Mendoza que ordenó su liberación.

Los quince días de feria judicial serán el escenario donde los militares se ocuparán de seguir ejerciendo su desenfadado poder de lobby ante jueces y funcionarios. Mientras tanto, la verdad sigue entrampada.


Claves
- La Corte Suprema ordenó a la Cámara Federal de Bahía Blanca que le remitiera el expediente del Juicio por la Verdad.
- Casi al mismo tiempo la Corte de Casación decidió la libertad al suboficial torturador
Santiago Cruciani, quien estaba detenido por negarse a declarar en el mencionado juicio.
- La Cámara bahiense reaccionó contra ambos pedidos. Le planteó a la Corte que la Cámara de Casación no es competente.
- Además ordenó la nueva detención del militar.
- La decisión de la Corte había producido euforia en el Ejército.
- El jefe de Ejército, Ricardo Brinzoni, viene diciendo que “los Juicios por la Verdad no son el mecanismo más feliz”.
- Incluso envió al secretario general de la fuerza, Eduardo Alfonso, a brindar su apoyo a los detenidos.


OPINIÓN
El regreso del doble discurso

Por Horacio Verbitsky
La respuesta de la Cámara Federal de Bahía Blanca al rechazar las intimaciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Cámara Nacional de Casación, colocan un mínimo de racionalidad jurídica y de decoro institucional en un asunto que el Ejército y el gobierno han politizado al máximo.

Los periodistas no se enteraron en tribunales de la orden de la Corte sino por las eufóricas comunicaciones de los voceros militares y esto ya basta para caracterizar la situación.

Tanto la Corte como la Cámara de Casación han actuado de un modo arbitrario y prepotente. La Corte ordenó al tribunal de Bahía Blanca la remisión de todo el expediente (de unas 15.000 fojas) para que la Cámara de Casación entienda en el simple recurso de un coronel que considera afectados sus derechos constitucionales.

Pero la Cámara bonaerense ya había enviado al tribunal de Casación fotocopias de todo el expediente. El único propósito de la Corte ha sido entonces paralizar las audiencias del juicio por la verdad. Esto es inadmisible y escandaloso y responde a un plan que el gobierno había anunciado mediante trascendidos.

La Cámara de Casación, a la que hasta ahora nadie le ha atribuido competencia en el caso, ha dispuesto la libertad de un suboficial torturador.

Es discutible si el teniente coronel Corres, alias Laucha, debe ser obligado a declarar bajo juramento sobre hechos propios que podrían autoincriminarlo. También es legítimo opinar sobre la constitucionalidad o no del artículo del Código de Justicia Militar que para asegurar la disciplina castrense permite detener por tiempo indefinido al suboficial Cruciani, alias Tío, porque se niega a responder hasta cómo se llama.

Lo que no puede aceptarse bajo ningún concepto es esta operación comando, impulsada por el Ejército y apañada por el gobierno, para interrumpir un juicio cuya realización es un compromiso asumido voluntariamente por el Estado nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. A tal punto esto tiene más que ver con la doctrina de la Seguridad Nacional que con el estado de derecho que la resolución fue ocultada incluso a uno de los jueces de la Corte. Si la prensa supo de lo decidido a través del Ejército, el ministro de la Corte Enrique Petracchi se enteró de lo ya resuelto por sus colegas a raíz de una consulta periodística.

El Poder Ejecutivo ha asumido sin beneficio de inventario al puñado de sabandijas con que el gobierno anterior copó la Corte Suprema. El argumento era que hasta las elecciones del año próximo no tendría fuerza en el Congreso para removerlos por juicio político. Pero ahora, además de tolerarlos se sirve de ellos, y los suplementa con sus propios incondicionales. Era previsible: lo único que ha cambiado es el gobierno.

Como tratadista, Fernando de la Rúa escribió que la Cámara de Casación no era competente en los juicios por la guerra sucia, que correspondían a las Cámaras Federales. Cómo presidente avala la estrategia castrense de servirse de la Casación para frenar los juicios por la verdad. Suena familiar.

Luego de diez años de estridente sinceridad menemista está de vuelta el doble discurso que condujo a la bancarrota del anterior gobierno radical. ¿Por qué habría de resultar mejor ahora que entonces?

Un gesto de respaldo para el suboficial remiso

Por segunda vez en tres meses, el Ejército respaldó a un militar que se niega a declarar en los Juicios por la Verdad: el secretario general del arma, general Alfonso, visitó a un suboficial detenido en Bahía Blanca.

Página/12

Por Laura Vales
El Ejército volvió a respaldar a los militares que se niegan a declarar en los Juicios por la Verdad. El secretario general de la fuerza, general Eduardo Alfonso, se subió ayer a un avión para volar hasta Bahía Blanca y hacer una visita solidaria al suboficial Armando Barrera, preso desde el viernes por negarse a declarar en la causa que lleva la Cámara Federal de esa ciudad para conocer el destino de los desaparecidos. La visita tuvo carácter oficial y fue decidida por el jefe del ejército Ricardo Brinzoni, quien comisionó a Alfonso “para que se interiorice sobre la situación y necesidades” del preso y le transmita el “apoyo institucional”.

La misión del secretario del Ejército tenía una segunda parte que quedó frustrada. Después de ver al detenido Barrera, el general Alfonso debía seguir rumbo a Mendoza para hacer una visita idéntica al suboficial Santiago Cruciani, quien cumple arresto domiciliario desde hace poco más de un mes por el mismo motivo de negarse a colaborar con la Justicia. Pero las malas condiciones del clima obligaron a postergar el vuelo que, según fuentes militares, se realizará “a más tardar el miércoles” de esta semana.

La mano derecha del jefe del Ejército viajó acompañado por el teniente coronel Gustavo Gorris. En los siete meses que Brinzoni lleva al frente de la fuerza, Alfonso ha adquirido una considerable experiencia en brindar este tipo de apoyos a los militares que se muestran esquivos con la Justicia. En abril, fue el encargado de llevar un respaldo similar a los camaradas detenidos por no colaborar en el Juicio por la Verdad de Córdoba.

Como en aquella oportunidad, ayer en el Ejército se insistió con el argumento de que las visitas “no son una forma de presión ni un cuestionamiento a los juicios”, sino que “indican la preocupación” de la fuerza “por la situación que están atravesando algunos de sus hombres, independientemente de la causa que se sustancia por las personas desaparecidas.”.

Los detenidos por la Cámara de Bahía Blanca son algo más que testigos directos de lo que sucedió en el centro clandestino de detención la Escuelita. El suboficial Santiago Cruciani –alias “Mayor Mario Mancini” o “El Tío”– fue señalado por varios testigos que declararon en el Juicio de la Verdad como interrogador y torturador. A finales de diciembre se convirtió en el primer militar que se negó a declarar en este proceso. Aunque en los Juicios por la Verdad no hay condenas contra quienes violaron los derechos humanos, Cruciani alegó que lo que diga puede llegar a perjudicarlo.

Antes de eso, el militar –que vive en Mendoza– había informado a los camaristas que no podría concurrir a Bahía Blanca por estar enfermo. Una comisión judicial se trasladó entonces más de mil kilómetros, sólo para escuchar de su boca que no estaba dispuesto a decir una palabra. La Cámara ordenó su arresto, que en atención a su esgrimida dolencia se convirtió en domiciliario. Así y todo, Cruciani presentó la semana pasada un hábeas corpus que fue rechazado por un juez federal y acusó a la Cámara por “privación ilegal de la libertad”.

El suboficial Armando Barrera, por su parte, fue guardia del mismo campo de concentración. “Es claro que por las funciones que cumplió puede aportar información muy precisa”, señaló ayer Mirta Mántaras, representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca y Neuquén, querellante en la causa.

Barrera está detenido en la alcaidía de la Policía Federal, al igual que Cruciani, por tiempo indefinido. Los jueces le aplicaron el artículo 260 del Código de Justicia Militar, que rige para los uniformados que se niegan a colaborar con la Justicia. El encarcelamiento termina automáticamente si los testigos cambian de actitud.

El nuevo apoyo brindado a los militares renuentes generó indignación en los organismos de derechos humanos. “Desde la dirección de las Fuerzas Armadas se está reforzando una actitud corporativa que es muy peligrosa para la democracia”, advirtió Mántaras luego de recordar que “Cruciani es un torturador confeso que decidía sobre la vida y la muerte de la gente y hoy está con arresto domiciliario, en su casa, mirando cómodamente televisión”. La abogada también reprochó al Gobierno tener un doble discurso en su política de derechos humanos: “Suscriben en los foros internacionales que harán conocer la verdad a los familiares y a la sociedad, firman tratados y los rectifican, pero cuando llega el momento de aplicarlos siempre terminan impidiéndolo”.

Las visitas oficiales ordenadas por Brinzoni no pudieron llegar en mejor momento para los represores. Como publicó este diario en su edición del domingo, el Juicio por la Verdad de Bahía Blanca corre peligro de quedar paralizado. Por una queja del teniente coronel Oscar Corres, que declaró en una de las audiencias orales y fue denunciado por falso testimonio, la Cámara de Casación exigió al tribunal que le envíe el expediente entero sobre el juicio. Los jueces bahienses están decididos a mantener su competencia, pero si Casación le da la razón a Corres, la causa terminaría en la Corte Suprema. Esto es justamente lo que reclaman los militares, retirados y en actividad, “preocupados” por las consecuencias de los procesos abiertos no sólo allí sino también en La Plata, Córdoba, Rosario y Santa Fe.

Lauchas

Página/12

Por Horacio Verbitsky
Durante las audiencias impulsadas por el fiscal general Hugo Cañón en Bahía Blanca, una docena de sobrevivientes del campo clandestino de concentración La Escuelita indicaron que habían sido torturados por un oficial del Ejército que respondía al alias de Laucha, a quien identificaron en un álbum con las fotos de todo el personal militar que prestó servicios en aquella época en el Comando del Cuerpo V. Citado a declarar sin juramento de decir verdad, el teniente coronel Julián Corres dijo que era conocido como Laucha. Esos antecedentes fueron remitidos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo titular, Ricardo Gil Lavedra, dijo al fiscal Cañón que el torturador sería pasado a retiro. Ese es el procedimiento que corresponde según recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero Brinzoni se opuso. “No condenemos a nadie antes de tiempo. Hasta tanto no se pronuncie la Justicia no existen motivos para pasarlo a retiro”, declaró al diario La Nueva Provincia. Esa frase es una meditada falacia: en ese expediente por averiguación de la verdad Corres está a salvo de cualquier castigo judicial. La semana pasada este diario verificó que esa Laucha sigue en actividad, en el Comando de Institutos Militares del Ejército.