viernes, 22 de mayo de 2015

Triple A de Bahía Blanca: detuvieron a "Satanás" Chisu



Oscar Chisu, "Satanás", de joven.
Por Diego Martínez
Héctor Oscar Chisu se convirtió ayer en el primer ex miembro de la Triple A de Bahía Blanca detenido por delitos de lesa humanidad antes y durante la dictadura. El pedido lo habían formulado los fiscales Miguel Angel Palazzani y José Nebbia, que debieron presentar dos recursos de pronto despacho para que el juez subrogante Santiago Martínez ordenara la captura. Chisu, de 63 años, fue detenido por la mañana por la Policía Federal en el barrio Malvinas Argentinas de Trelew, donde vivía.
Oscar (alias Satanás) y su hermano Miguel Angel Chisu (Oso, fallecido) fueron notorios miembros de una patota criminal que prestó servicios para Rodolfo Ponce, delegado de la CGT y diputado nacional, y para Remus Tetu, interventor de la Universidad Nacional del Sur en 1975. Oscar fue chofer de Tetu, columnista de La Nueva Provincia. Militantes de los ’70 los recuerdan ostentando armas en La Fiambrera (Fiat 125 que usaban para los secuestros), en un Dodge Polara y en ambulancias de la Junta Nacional de Granos que devolvían ensangrentadas. Después del golpe de Estado estuvieron varias semanas guardados en un barco en la ría bahiense hasta que el mayor Luis González se los presentó al coronel Antonio Losardo, jefe del Destacamento de Inteligencia 181, que los contrató como custodios del general Adel Vilas. El nombre de cobertura de Héctor Oscar fue Hugo Omar Chávez y el de Miguel Angel, Mario Alberto Chávez, aunque quienes tuvieron la desgracia de conocerlos en 1976 los recuerdan como Ginebra y Petaca. Tras el retorno de la democracia supieron llevar en andas al eterno precandidato a intendente Dámaso Larraburu, quien ayer confirmó que volverá a presentarse por el Frente Renovador de Sergio Massa.
 
Oscar Chisu

lunes, 18 de mayo de 2015

Jugada en defensa de los cómplices civiles

El juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez, investigado por obstaculizar causas por violaciones a los derechos humanos, anuló la resolución de la PGN que designó a los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani. “Por este camino vamos a pagar con moneda de impunidad”, advirtió Jorge Auat, de la Procuraduría de Lesa Humanidad.

Por Diego Martínez
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Fiscal Jorge Auat
El juez federal subrogante Santiago Ulpiano Martínez, investigado por el Consejo de la Magistratura por obstaculizar las causas por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, declaró ilegal la resolución de la Procuración General de la Nación que en 2013 designó como fiscales federales ad hoc a Miguel Palazzani y José Nebbia. La decisión tuvo lugar una semana después de que la Cámara Federal dejara cesante a Alvaro Coleffi, el primer funcionario del Poder Judicial local que se animó a investigar el rol de la Iglesia Católica y del diario La Nueva Provincia en el terrorismo de Estado. “Es parte de la maniobra que venimos denunciando desde el año pasado. Martínez y su séquito hacen una defensa corporativa de los cómplices civiles de la dictadura”, reflexionó Nebbia, y recordó el antecedente de Carlos Blaquier, quien de la mano de su defensor Jorge Valerga Aráoz logró apartar a Pablo Pelazzo, el fiscal ad hoc que había impulsado la acusación contra el dueño del Ingenio Ledesma. “Hay sectores del Poder Judicial de Bahía Blanca en los que se advierte una especie de confabulación, un alineamiento en contra de las causas por los crímenes de la dictadura y más aún cuando se trata de imputaciones a sectores civiles o grupos de poder económico. Por este camino inevitablemente vamos a pagar con moneda de impunidad”, consideró el fiscal general Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Lesa Humanidad. El Consejo de la Magistratura, en tanto, tratará el 4 de junio el pedido de remoción de Martínez y la designación como juez ad hoc de Claudio Pontet, el abogado que en tiempo record y pese a haber sido recusado dictó la falta de mérito del empresario Vicente Massot, director de La Nueva Provincia.
El cuestionamiento a los fiscales lo formuló Gloria Girotti, la ex secretaria del juez Guillermo Madueño que en 1976 se tapaba la nariz mientras apuntaba las palabras que balbuceaban secuestrados en estado nauseabundo y con signos de tortura en el Cuerpo V de Ejército. Fue en agosto de 2013, días después de que la Corte Suprema de Justicia declarara ilegal la designación de la procuradora fiscal subrogante Alejandra Cordone Roselló. Nebbia y Palazzani contestaron entonces que la Corte había opinado sobre una fiscal subrogante (no ad hoc), que la procuración tiene facultades para nombrar fiscales ad hoc, y lo ha hecho infinidad de veces, y que el planteo de Girotti era extemporáneo, no acreditaba ningún agravio y sólo pretendía “la paralización del proceso y la impunidad”.
Juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez
Pese a que el expediente no registra cambios desde marzo de 2014, cuando la procuración envió los antecedentes de las designaciones, Martínez lo dejó hibernar catorce meses y decidió resucitarlo la última semana, justo después de enviar su descargo al Consejo de la Magistratura por denuncias que Nebbia y Palazzani realizan desde diciembre. En los últimos días, además, denunciaron junto al fiscal federal Antonio Castaño la parálisis de la secretaría de derechos humanos del juzgado –a cargo de Mario Fernández Moreno– que no resuelve la situación procesal de imputados indagados hace más de un año, y la intervención ilegal de Martínez ante una presentación del imputado ex juez Francisco Bentivegna pese a que antes se había inhibido porque son amigos.
El juez subrogante afirmó en su resolución que el caso es “claramente análogo” al de Cordone Roselló (fallo “De Martino”) y citó como antecedente la decisión de la Cámara Federal de Salta contra el fiscal Pelazzo. La omisión de la confirmación de ese fallo por parte de la Cámara de Casación Penal en marzo sugiere que el escrito es de vieja data y se desempolvó en caliente. “La jurisprudencia que cita no es aplicable al caso, ambos fiscales cumplen los requisitos del fallo ‘De Martino’”, advierte Auat. La decisión será apelada aunque el caso de Palazzani es abstracto, porque el año pasado fue designado fiscal general con respaldo unánime del Senado.
Mientras la Cámara Federal analice las objeciones a los fiscales, el Consejo de la Magistratura tratará el 4 de junio planteos acumulados sobre los operadores de la impunidad en Bahía Blanca. La Comisión de Disciplina podría remover a Martínez, subrogante desde 2009, denunciado por su “generalizada práctica de obstaculización que pone en riesgo los procesos”, por su intento (revertido por la cámara) de “fragmentar y descomponer” la causa en “expedientes aislados e inconexos” y por su rechazo a investigar delitos sexuales aun cuando la cámara se lo había ordenado. Martínez benefició a todos los acusados civiles por delitos de lesa humanidad en su ciudad: se inhibió de actuar en los casos de Bentivegna y Hugo Sierra porque son amigos; le dictó falta de mérito a Girotti; y no encontró elementos para indagar a Massot ni al ex capellán Aldo Vara, posición contraria a la de los jueces del Tribunal Oral Federal que ordenaron investigarlos, a la de los fiscales y a la del desterrado Coleffi.
Claudio Pontet y Vicente Massot
La Comisión de Selección de Magistrados, en tanto, deberá pronunciarse sobre la designación como juez ad hoc del benefactor Pontet. Los fiscales cuestionaron su nombramiento por contrariar la ley que establece que en casos de subrogancia prolongada la designación la debe hacer el Consejo y por antecedentes que invitaban a dudar de su imparcialidad. Luego de que la Cámara Federal trasladara el planteo al Consejo, Pontet demostró una descomunal capacidad de trabajo y en menos de sesenta días (plazo máximo de la subrogancia breve) no sólo dictó la falta de mérito de Massot, sino que se esmeró en profundizar la estrategia del empresario de desviar hacia la Triple A la investigación de los asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, los trabajadores gráficos cuyo desempeño gremial sólo molestaba a La Nueva Provincia. Pontet también declaró nulo el testimonio del teniente coronel Mauricio Gutiérrez, ex auditor del Ejército, quien rompió el pacto de silencio al contar que el general Adel Vilas le relató en 1987 que la entonces directora del diario, Diana Julio de Massot, le encomendó al general Osvaldo Azpitarte “chupar por izquierda” a los dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas que días después serían secuestrados, torturados y asesinados. Ni el abogado defensor de Massot se había animado a pedir lo que Pontet resolvió motu proprio.

sábado, 9 de mayo de 2015

Otra víctima del clan Massot


La Cámara Federal de Bahía Blanca dejó cesante a Alvaro Coleffi, el primer funcionario del poder judicial local que avanzó en las investigaciones a la Iglesia católica y a los dueños de La Nueva Provincia por su participación en el terrorismo de Estado.

Por Diego Martínez
El primer funcionario del Poder Judicial de Bahía Blanca que se animó a investigar la participación de la Iglesia Católica y de los dueños de La Nueva Provincia en el terrorismo de Estado es desde el jueves un desempleado. Se trata de Alvaro Coleffi, un secretario que como juez federal ad hoc pidió la captura internacional del ex capellán Aldo Vara, procesó al arzobispo bahiense Guillermo Garlatti por encubrir a Vara mientras estaba prófugo, ordenó allanar La Nueva Provincia y finalmente indagó a su director, el empresario Vicente Massot. La Cámara Federal de Bahía Blanca, a partir de un sumario diseñado por el ex agente de Inteligencia de la dictadura Néstor Luis Montezanti, concluyó que existe una “pérdida insalvable de confianza” en Coleffi y lo dejó cesante.

Alvaro Coleffi y Vicente Massot
La regional local de H.I.J.O.S. advirtió que la maniobra apunta a “disciplinar y servir como efecto ejemplificador a cualquiera que intente avanzar con las causas de civiles” de la ciudad y reclamó “que los estamentos superiores de la Justicia pongan su mirada en Bahía Blanca y tomen las acciones necesarias para terminar con esta impunidad constante”. El fiscal José Nebbia, que junto a Miguel Palazzani conduce la unidad abocada a los juicios de lesa humanidad, consideró que la represalia contra Coleffi “confirma la maniobra que venimos denunciando para obturar el proceso de Justicia en general, la causa Massot en particular, y aleccionar a quienes tengan la mínima intención de moverse un ápice del statu quo reinante en el Poder Judicial de Bahía Blanca”. “El mensaje es: ‘Ni se les ocurra investigar las complicidades civiles’”, resumió.

Coleffi es un funcionario de carrera que no proviene de la familia judicial bahiense y que nunca había recibido una sanción o apercibimiento. La denuncia que derivó en el sumario y en una causa penal la presentó Santiago Martínez, quien como juez ad hoc fue su antítesis: nunca encontró pruebas contra los civiles imputados por el Ministerio Público por sus servicios al Estado terrorista: ni a Massot, ni a Vara, ni a Hugo Mario Sierra, el secretario del juzgado durante la dictadura. En una llamativa coincidencia, Coleffi se enteró de la denuncia en su contra el 11 de noviembre pasado, minutos antes de que comenzara la indagatoria a Massot, y por medio de LU2, la radio del empresario.

Martínez denunció a Coleffi como supuesto responsable de la filtración a un sitio web de escuchas telefónicas secretas en el marco de la investigación por tráfico ilegal de drogas contra Juan Suris, que tenían a su cargo como juez y secretario respectivamente. La instrucción del sumario estuvo a cargo de Montezanti, ex agente del Destacamento de Inteligencia 181. La resolución con la orden de la cesantía la firmó también Pablo Candisano Mera, quien antes rechazó la recusación de Coleffi en su contra por la íntima amistad que lo une al denunciante Martínez. El funcionario despedido pedirá ahora la revocatoria de la decisión a la Cámara, que luego podrá apelar ante la Corte Suprema de Justicia.

La causa penal por revelación de secretos recayó en el juez ad hoc Martín Miguel Otaño Manterola, secretario del Colegio de Abogados de Bahía Blanca y joven promesa de la escudería Massot: al pronunciarse en causas por delitos de lesa humanidad deja constancia de sus discrepancias con los fallos de la Corte Suprema que declararon inconstitucionales las leyes de impunidad e inválidos los indultos. A pesar de la acotada intervención del fiscal Alejandro Cantaro, por orden de Otaño Materola se allanó la casa de Coleffi, se secuestraron teléfonos y computadoras, se requisó su vehículo y se revisaron hasta los juguetes de los hijos. El secretario del juez ad hoc y quien controló por vía telefónica la actuación de los policías federales durante el allanamiento es Mario Fernández Moreno, otro íntimo de Martínez, hijo del ex camarista Augusto Fernández y cara visible del ardid ampliamente informado por Página/12 que le permitió a Massot apartar de la causa a Coleffi después de la indagatoria y cuando se aprestaba a pronunciarse sobre su situación procesal.

Quienes conocen desde adentro el funcionamiento del poder judicial bahiense no salen de su asombro por el descomunal ímpetu demostrado por el denunciante Martínez y su alfil Fernández Moreno, que en 2013 fracasaron en su intento de investigar otra filtración a la prensa, entonces en beneficio de Massot. Los fiscales de la Unidad Especial de Derechos Humanos habían pedido aquel año el allanamiento de La Nueva Provincia y el secreto de sumario para que la medida no se frustrara. El dato se publicó curiosamente en el diario La Nación, que silencia en forma sistemática toda información sobre los procesos de lesa humanidad excepto cuando sirve para ayudar a algún amigo en desgracia como Carlos Pedro Blaquier o el propio Massot, columnista de la tribuna de doctrina. La dupla direccionó entonces la investigación hacia los fiscales denunciantes, interrogó a secretarios y empleados sobre vida y obra de Nebbia y Palazzani y, pese al notable esfuerzo desplegado, no logró dar con los responsables de la filtración del dato (que también ellos conocían). Después sugirieron allanar de todas formas el diario e “ir a la pesca” de pruebas, alternativa que los fiscales rechazaron por su inconstitucionalidad en base a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

La decisión de Montezanti y Candisano Mera de dejar cesante a Coleffi después de seis meses de averiguaciones se concretó en su anteúltimo día de trabajo antes de la licencia que había pedido para internarse a estudiar: el próximo viernes deberá afrontar el examen oral del concurso para cubrir el cargo de fiscal federal de Bahía Blanca, que actualmente subroga Antonio Castaño. El primer filtro, el examen escrito, lo pasaron sólo tres postulantes. Uno de ellos es Martínez. Su rival en el concurso y ex compañero de trabajo tampoco podrá concentrarse demasiado el miércoles, cuando deberá prestar declaración indagatoria por primera vez en su vida.

El jueves 23 de abril a la madrugada La Nueva Provincia publicó en su web una noticia que tituló “Indagarán mañana a un secretario federal por violación de secretos”. Debajo se explayó sobre la acusación contra Coleffi. El dato era erróneo porque no estaba citado para el viernes. La elección de la fecha de publicación, igual que aquella noticia de LU2 que había anticipado el inicio de la causa, no era casual: exactamente un año antes, el 24 de abril de 2014, Massot había declarado por primera vez como acusado por delitos de lesa humanidad y había descargado toda la responsabilidad sobre su madre muerta.