domingo, 13 de enero de 2013

“El diario cumplió un rol dentro del plan criminal”

EL FISCAL ABEL CORDOBA ANALIZA LA DENUNCIA CONTRA EL DIARIO LA NUEVA PROVINCIA POR SU PARTICIPACION EN EL TERRORISMO DE ESTADO
El diario bahiense como legitimador social de los crímenes de la última dictadura. Su participación en la “construcción del enemigo”. El uso de material secreto de inteligencia militar. En fin, lo que los represores llamaban un “valioso auxiliar de la conducción militar”.

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Por Alejandra Dandan
El juicio de lesa humanidad que terminó el año pasado en Bahía Blanca reunió pruebas sobre el rol del diario La Nueva Provincia durante la última dictadura. Cuando finalizaron las audiencias, la fiscalía impulsó un pedido de investigación confirmado más tarde por la sentencia del Tribunal Oral. Abel Córdoba fue el fiscal que encabezó la acusación. En diálogo con Página/12 explica por qué el tribunal habló de “propaganda negra” y comparó al diario de los Massot con el “manual de guerra de baja intensidad”. También habla del “rol” de la La Nueva Provincia y su lugar como pata “auxiliar” en la legitimación social del plan criminal del terrorismo de Estado.
“Hay una relación y un accionar conjunto, una consustanciación y, como dijo el Tribunal, de lo que se trata es de una diferencia de ‘roles’ dentro de lo que es ya un procedimiento delictivo: el procedimiento delictivo abarcaba el secuestro, mantener en cautiverio a las víctimas, fusilarlas y luego presentarlos (los cadáveres) como un producto de un combate militar: en esa etapa es donde las fuerzas armadas no están solas sino que el diario cumplía alguna de estas funciones. Había fuerzas armadas y sectores civiles que llevaron adelante el plan criminal y se dividieron funciones, por eso es importante distinguir en ese plano la actividad que no se reduce a la publicación de la noticia que tuvo como fuente una fuente militar, eso ya era parte de una división de funciones dentro de un plan criminal que estaban ejecutando”, señala.
–¿Cómo empiezan a entender al diario La Nueva Provincia como “tema” de investigación?
–Lo que hay que entender es el terrorismo de Estado: cómo hicieron las fuerzas represivas, tanto las armadas como los sectores civiles, para arrasar con la sociedad bahiense, igual que pasó en todo el país. La cuestión central está basada en la “construcción de un enemigo” que iba a ser el blanco del poder punitivo: no fue una represión indiscriminada, sino que tuvo un direccionamiento muy claro, el propio poder configuró a un enemigo, identificó a las víctimas y luego las agencias de inteligencia profesionales de las fuerzas armadas integradas por civiles legitimaron las muertes, desapariciones y también las torturas. Ese enemigo se lo suponía como lesivo en términos sociales, se hablaba en términos biologisistas sobre qué era lo que “infectaba” a la sociedad y a partir de allí se instaló la necesidad de extirparlos del cuerpo social.
–¿Piensan el diario como una “agencia” del terrosimo de Estado?
–El tribunal señaló que el diario colaboró en la legitimación discursiva y la construcción del “enemigo”. A tal punto que el Tribunal tomó los propios conceptos de (el general Adel) Vilas, cuando indicó que el diario abasteció necesidades “operacionales psicológicas” que necesitaban las fuerzas armadas para legitimar socialmente su accionar criminal. Lo calificaba como un “valioso auxiliar de la conducción militar”, es decir: esto deja al diario al margen de una función periodística, e incluso lícita, y pasa a formar parte del plano delictivo en cooperación con el Ejército y la Armada en tareas psicológicas contra la población. Ahí hay un concepto que hay que revisar que es “la acción psicológica”.
–¿En qué sentido?
–El Ejército –en este caso auxiliado y en cooperación militar con la Nueva Provincia– necesitaba infundir miedo en la población y a la vez captar la adhesión. El terror se infundía a la población desde La Nueva Provincia, con lo que el tribunal llama la “propaganda negra”: algunas páginas del diario de esos años tienen como trasfondo la tortura directamente. Los datos que publicaba eran un complemento de Inteligencia en numerosos hechos que estamos juzgando e investigando: era información arrancada en tortura y luego publicitada en el diario, y así pasaba a ser parte de ese eje rector represivo en Bahía Blanca.
–¿Podrían alegar que era información provista por las “fuentes”?
–Lo que hay que distinguir es la actividad lícita que es el periodismo como actividad en sí misma, de esta otra situación en la cual la estrecha vinculación entre el Ejército, la Armada y el diario tornan a la actividad periodística gráfica en uno de los instrumentos de los crímenes que no es lícito del periodismo ni de ninguna actividad. La finalidad no era la información u opinar, sino que estaba en un accionar operativo junto con lo órganos de inteligencia y las fuerzas represivas. Esto excede el vínculo que puede haber entre una “fuente” y el “medio”. Una cosa es publicar y otra cosa es estar consustanciado, tener reuniones, ser auxiliar operativo de ese grupo criminal y tu rol es contribuir primero a señalar a las víctimas, demonizarlas, evitar cualquier reacción social contra ese grupo y seguir avanzando hasta presentar el resultado como algo que no fue. La Nueva Provincia puso al servicio la credibilidad que tenía socialmente para consumar el plan criminal: a criterio de la fiscalía, hay sobradados elementos para avanzar en una investigación por crímenes de lesa humanidad sobre los directivos de esa empresa.
–¿Puede dar algunos ejemplos?
–Por un lado, los más notorios: hay situaciones donde se difunden las declaraciones o confesiones bajo tortura, arrancadas en la clandestinidad de los cautivos que aparecen en la páginas de La Nueva Provincia.
–¿No dan cuenta de la tortura, ni menciona fuentes?
–Obviamente no. Ahora que pudimos tener acceso a parte de la documentación secreta de inteligencia de los archivos que maneja la Comisión provincial por la Memoria, vemos que algunas noticias son el parte de inteligencia que circulaba en los canales secretos. Otro caso es que personas secuestradas en Bahía Blanca eran llevadas a un patio, fotografiadas por personas que ellos desconocían y al otro día aparecían en las páginas de La Nueva Provincia como parte de una noticia “montada” sobre el desmantelamiento de una célula extremista, que en realidad eran personas que estaban secuestradas y continuaban ilegalmente detenidas.
–¿Las editoriales?
–En otro plano, la prédica editorial no es sólo producto de esos días sino que en algunos casos continúa hasta hoy. En este caso, es importante catalogar a La Nueva Provincia como la “usina ideológica” del terrorismo de Estado. Eso y la apología constante hacia lo que se puede llamar “lógica sacrificial”: en su prédica el diario dijo constantemente que había que refundar la República y que iba ser posible sobre la sangre de las víctimas, la muerte como un sacrificio necesario.
–El Tribunal lo compara con el manual de guerra de baja intensidad. ¿Coincide?
–Sí. Para nosotros hubo una combinación de accionar sobre las víctimas: por un lado, fue desde el accionar en el centro clandestino con el sentido centrado en la escena de la tortura; y por el otro lado, el plan criminal tenía otro plano que era el de la “baja intensidad”, pero que estaba dado por la difusión pública y la difusión de determinada situación que legitimó y produjo los crímenes. No se trata ya de un relato neutral de lo que ocurría, o siquiera interesado, sino de conductas que eran la implementación del plan criminal y, por eso, la función de infundir terror y de paralizar cualquier reacción social ante eso. Y esto, más allá de lo que se pueda llegar a avanzar con la investigación de los crímenes de los dos talleristas empleados de La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Loyola (ver aparte).
–En el alegato ustedes dijeron que los medios fueron acríticos y reverentes con la dictadura. Plantearon a La Nueva Provincia como caso extremo. Pero es inevitable pensar en posiciones asumidas por otros diarios.
–Lo que hay que distinguir cuando se investigan estos hechos es un plano, que puede ser reprochable en términos sociales, académicos, periodísticos, de una responsabilidad social que pueda llegar a haber de algunos medios de lo que ha sido el aval acrítico o implícito a los crímenes durante la dictadura. Eso puede ser un plano. Acá estamos hablando –habrá que ver si hay otro caso– de un eje en el que la actividad de prensa era parte de una operatoria criminal. No descarto que haya otros medios que hayan tenido una actividad de aval o silenciamiento de lo que fue ocurriendo. Ahora, en este caso, la bisagra deja de ser algo opinable y pasa al plano de lo ilícito.
–Así como las causas avanzaron en analizar distintos tipos de responsabilidades: militares, los jueces, las empresas, ¿cree que este es un camino que la Justicia empezará a mirar?
–El juzgamiento de estos hechos tuvo en su primera etapa al sector militar. Ahora, a medida que se avanza, empiezan a aparecer responsabilidades civiles. En principio, dentro el propio Poder Judicial, luego dentro de los cuadros dirigenciales, como sucedió con (Jaime) Smart, que asumieron la función represiva, y también el sector empresario. Vilas contaba que en Bahía Blanca habilitaron una línea telefónica para recibir denuncias, y que tuvieron que comenzar a filtrar por la cantidad de empresarios que llamaban para pedir sacarse de encima a los empleados. Creo que, en parte, el límite de estos juzgamientos es simplemente de prueba. No tiene que haber otro límite que no sea el cúmulo de prueba que se pueda juntar. Y a partir de allí, avanzar en las imputaciones religiosas, empresarias o militares. El Estado nacional tiene el deber de juzgar y no acotar responsables, como fue la intención inicial.


Los delegados

Abel Córdoba cree que ahora que se sacaron de encima el “lastre” del juez federal ad hoc Eduardo Tentoni en la instrucción de las causas, podrán avanzar incluso con la responsabilidad de La Nueva Provincia en los crímenes de Enrique Heinrich y Miguel Loyola, dos delegados del diario. “Obviamente estaban enfocados por la propia actividad del diario y el resultado está siendo analizado para avanzar en ese sentido. Es un plano distinto (al rol del diario en su papel de ‘agencia’ del terrorismo de Estado) pero es sumamente grave, dado que esta concepción autoritaria e ilícita de ejercer un complemento operativo del Ejército tenía un rango disciplinario interno de la empresa que terminó con el fusilamiento de estas dos víctimas.”

miércoles, 2 de enero de 2013

No aclare que oscurece

Por Diego Martínez
La Cámara Federal de Bahía Blanca apartó de la causa que investiga delitos de lesa humanidad de la Armada y Prefectura en el sur bonaerense al abogado Eduardo Tentoni, juez ad hoc durante casi un lustro, quien había sido recusado por falta de imparcialidad por los fiscales Abel Córdoba y Félix Crous. El tribunal fundó su decisión en una inusual “aclaración” en la que Tentoni agradeció la “amplia y generosa colaboración” de la fuerza armada que Córdoba acababa de denunciar por reticente, y en su aval a tareas de inteligencia amateur sobre víctimas del terrorismo de Estado realizadas en dependencias del Ministerio Público nada menos que por el secretario de Derechos Humanos del juzgado federal, Mario Fernández Moreno. Los camaristas Pablo Candisano Mera y Angel Argañaraz calificaron como “una falta de respeto” el “indebido escrutinio e individualización de personas” realizado por Fernández Moreno y su incorporación al expediente por parte de Tentoni, admitieron como “legítimas preocupaciones e inquietudes” las planteadas por fiscales y luego por querellantes, apartaron de la investigación al abogado y designaron en su lugar al juez federal subrogante Santiago Martínez.

En marzo pasado, de comisión en Buenos Aires para rastrear información sobre los agentes civiles que actuaron durante el terrorismo de Estado al servicio de la Armada (que se resiste a encontrar sus legajos), Tentoni se reunió con el entonces jefe de la fuerza, almirante Carlos Paz, y mantuvo dos “almuerzos de trabajo” con el director de Inteligencia, comodoro Manuel Guillermo Tomé. Córdoba le reclamó sin suerte que informara sobre el contenido de esas reuniones. Al recusarlo explicó que la negativa no sólo ponía en duda su imparcialidad y era “lesiva para las víctimas”, que antes de ser secuestradas fueron blancos de la “inteligencia naval”, sino que comprometía “los aspectos más delicados del sistema democrático”, que veda a los militares las tareas de inteligencia en el marco interno. Los camaristas no cuestionaron las reuniones del juez con los marinos, sino la resolución que firmó días después. Córdoba había denunciado públicamente la reticencia de la Armada a aportar información. En un hecho inédito desde la reapertura de causas por crímenes de la dictadura, el entonces secretario general de la Armada, contraalmirante Luis María González Day (pasado a retiro en octubre por modificar el destino de la Fragata Libertad), difundió un comunicado para intentar desmentir al fiscal. Fue entonces cuando Tentoni, sin que nadie formalmente se lo pidiera, escribió ocho carillas llenas de elogios al almirante Paz por su “amplia y generosa colaboración” y hasta agradeció que no le hubieran negado durante un allanamiento el acceso al galpón de la base de Puerto Belgrano donde guardaban varios Ford Falcon que conservan como trofeos desde los años ’70.


“El cruce mediático” entre fiscal y marino “derivó en que hiciera una aclaración”, oscureció Tentoni al intentar justificarse. Los camaristas llamaron la atención sobre el concepto y dedicaron varios párrafos a diferenciar las obligaciones de fiscales y jueces. Quien acusa tiene “necesidad de exponerse mediáticamente” porque su misión es “defender la legalidad y los intereses de la sociedad” y en las sociedades modernas los medios son “una herramienta fundamental para canalizar y difundir problemáticas”. Los jueces, en cambio, “deben aparecer frente a los justiciables y a la sociedad en una posición distanciada de los conflictos en pugna cuya resolución se les confía”. Tienen un “deber de discreción reforzada” ante controversias de partes y “deben adiestrarse en el ejercicio de la autocontención”. No sólo deben ser mesurados al opinar, también al realizar “actos con fuerte contenido simbólico”. Que un juez agradezca públicamente la supuesta colaboración de una fuerza a la que en teoría investiga constituye una advertencia objetiva que permite dudar de su imparcialidad y justifica su apartamiento, concluyó la Cámara.

El segundo acto que selló la suerte de Tentoni fue una derivación del insólito fisgoneo documentado por Fernández Moreno, hijo del ex camarista Augusto Fernández, que se jubiló este año tras excarcelar a 36 represores y que el 8N paseó por Bahía Blanca con el ceño fruncido y una bandera argentina para reclamar “¡¡Basta de Kdenas!!”. A partir de una recusación del teniente coronel abogado Mauricio Gutiérrez para intentar apartar a Córdoba, el juez ad hoc se dedicó durante tres meses a husmear vida, obra y relaciones del fiscal para concluir que el planteo era extemporáneo. En el contexto de esa parodia de juicio, que luego la Cámara declaró nula, un correveidile le avisó a Fernández Moreno que “mientras era atendido en mesa de entradas” de fiscalía “observó a una mujer” que pidió hablar con Córdoba, dio su nombre y apuntó que la atendió la jefa de despacho, datos que el secretario volcó a un acta y Tentoni a la causa. Córdoba denunció la conducta “lesiva de la privacidad” de las personas, agravada porque la mujer es una sobreviviente de la dictadura. Recordó que la comunidad jurídica impone a los jueces el cuidado de las víctimas y repudió el “proceder patético avalado por el juez”.

Los camaristas que hasta abril convivieron con el padre de Fernández Moreno tuvieron la gentileza de no nombrarlo y de cuidar las palabras, pero alertaron de su “indebido escrutinio e individualización de personas”. “La mesa de entradas de la fiscalía es equiparable al estudio de un abogado y, salvo orden judicial, no puede practicarse el recuento o identificación de personas que se hallen allí”, aclararon. A partir de la máxima de que “lo útil no se vicia por lo inútil”, sostuvieron que “el juez ad hoc no debió haber mantenido el acta cuestionada en el expediente” pues su obligación era “la destrucción física de aquello que no debe servir para nada”. Concluyeron que el episodio “contribuye” a dudar sobre la imparcialidad de Tentoni y que lo “prudente” es su apartamiento “por las molestias y difíciles situaciones que puede traer su permanencia”. Al servicial Fernández Moreno nadie le pidió explicaciones por la gestión que sólo interesaba al ex abogado del Cuerpo Quinto que ahora defiende a camaradas y al cierre de esta edición continuaba al frente de la denominada Secretaría de Derechos Humanos del juzgado federal bahiense.