miércoles, 21 de enero de 2009

La Justicia en Bahía Negra

Con connivencia judicial se produjeron cuatro nuevas fugas de represores en Bahía Blanca, donde continúa lejos la posibilidad de llevar a juicio las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.


PáginaI12

Por Diego Martínez

Cuatro nuevos prófugos con ayuda de Su Señoría. Apelaciones que hibernan durante meses en la Cámara Federal, la misma que el Consejo de la Magistratura investiga por perseguir a delegados gremiales. Magistrados que pese al reclamo de celeridad de la Corte Suprema de Justicia se niegan a suspender la feria judicial y asignan a otras tareas al personal designado para causas de la dictadura. Ni una sola diligencia para esclarecer el secuestro y asesinato de los obreros gráficos y sindicalistas del diario naval La Nueva Provincia. A tres décadas de los más brutales crímenes de lesa humanidad de su historia y a dos de una actuación judicial ejemplar para enfrentar las leyes de impunidad, Bahía Blanca no tiene un solo condenado y sigue lejana la posibilidad de concretar un juicio acorde a la magnitud del genocidio local.

Hace un año, Página/12 denunció que varios militares se profugaban con el visto bueno del juez federal Alcindo Alvarez Canale. La maniobra consistía en reiterarles varias veces la citación a indagatoria para que tuvieran tiempo de mudarse. Cuando Su Señoría concluía que no tenían intenciones de rendir cuentas ante la Justicia y ordenaba las detenciones, en sus casas sólo quedaban mirra y agua para los camellos. El único capturado de aquella tanda fue Julián “Laucha” Corres, que luego se escabulló de la Policía Federal. Otros se presentaron cuando quisieron y sigue bien guardado el coronel Aldo Mario Alvarez, el mismo que cedió a su yerno acciones y cargos en la Agencia de Investigaciones Privadas Alsina SRL.

En 2008 el método se perfeccionó. En lugar de declarar el secreto de sumario y ordenar las capturas en silencio, el juez notifica la medida al defensor oficial, que nada puede ni debe hacer antes de la detención, y le comunica al jefe de la cárcel de Villa Floresta nombre y apellido de los futuros huéspedes. Así toman conocimiento los abogados del resto de los imputados, incluidos los militantes Eduardo San Emeterio y Alfredo Bisordi, dueños de alertar a quien les plazca. De este modo, Alvarez Canale logra frustrar la medida que ordena en los papeles. Cuando recibe pedidos de intervenciones telefónicas o allanamientos para buscar documentación, Su Señoría los rechaza, notifica a las partes y deja constancia en el expediente principal, de modo que si más tarde la Cámara los acepta la medida perdió sentido, pues el dato es prácticamente público.

Un ejemplo reciente muestra la eficacia del método. El 10 de noviembre Alvarez Canale ordenó detener a los coroneles Hugo Carlos Fantoni, Luis Alberto González, Carlos Alberto Taffarel y Norberto Eduardo Condal, y al teniente coronel Jorge Horacio Granada. El único capturado, el jueves último en La Plata, fue Condal, que entre 1975 y 1979 alternó destinos entre el Destacamento de Inteligencia 181 y la Jefatura II del Cuerpo V, ambos en Bahía Blanca, y que fue condenado en 2004 como miembro de una asociación ilícita que realizaba tareas de espionaje sobre jueces, abogados y periodistas para informar al jefe de inteligencia del Ejército, general Jorge Miná, sobre las causas contra represores en Córdoba.

De los nuevos prófugos es el coronel Fantoni quien ostentó la mayor jerarquía durante la dictadura y el único que integró el Estado Mayor del Cuerpo V, donde se decidía el destino de cada secuestrado. Su último domicilio conocido es en 9 de Julio 5072 (en Capital Federal). Los otros tres son ex miembros del Destacamento de Inteligencia 181 al que pertenecía el fallecido suboficial Santiago Cruciani, hasta hoy el único interrogador identificado de La Escuelita:

- El entonces mayor Luis Alberto González fue en 1975 segundo jefe del Destacamento, que ese año tomó en forma gradual la posta de los trabajos sucios hasta entonces realizados por los matones del diputado Rodolfo Ponce, y pasó a ser jefe en 1976, cuando se habilitó la mesa de torturas en el centro clandestino. En 1977 fue trasladado al Batallón de Inteligencia 601 que investiga el juez federal Ariel Lijo. Vivió sus últimos años en La Rioja 2464 y San Martín 2365 (Santa Fe).

- El entonces capitán Jorge Horacio Granada, que cobró fama por la ayuda económica que recibió de su amigo Luis Abelardo Patti durante el año que estuvo prófugo por sus andanzas en el Batallón 601, estuvo en Bahía Blanca entre 1975 y fines de 1977. Ese año fue trasladado al Destacamento de Inteligencia de Campo de Mayo. Tiene casas en Santa Fe 3388 PB 5 (Capital) y en Bartolomé Cruz 1971 (Olivos).

- Carlos Alberto Taffarel integró el Destacamento entre 1976 y 1980, como teniente primero y luego capitán. Hasta que decidió guardarse vivió en O’Higgins 2300 7º B (Capital).

Con el nuevo aporte de Alvarez Canale, la causa bahiense es la segunda del país en cantidad de represores que burlan con éxito a la Justicia –la megacausa ESMA encabeza la lista, con seis, aunque tiene más de 50 procesados– y se eleva a 45 la cifra de prófugos por delitos de lesa humanidad, por lejos la más estable de todas las situaciones procesales desde que se reabrieron las causas. La Unidad Especial de Búsqueda del Ministerio de Justicia, creada el año pasado con cinco millones de pesos de presupuesto, más dos millones para pagar recompensas y el único fin de encontrar a los prófugos, aún no tiene ni siquiera un sitio web con la foto y el prontuario de cada uno.

 

Más formalismos y dilaciones

El mes pasado, a tres años de la reapertura de la causa de La Escuelita bahiense, los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño pidieron la elevación a juicio de un primer fragmento con cinco imputados: el general Juan Manuel Bayón, el coronel Hugo Delmé y los tenientes coroneles Osvaldo Páez, Jorge Masson y Mario Méndez, presos en Campo de Mayo. El juez ad hoc Víctor Staniscia habilitó la feria y corrió vista a la abogada Mirta Mántaras de la APDH. La posibilidad de que el primer juicio por crímenes de las Fuerzas Armadas en Bahía Blanca tenga más imputados depende de la Cámara Federal, que debe pronunciarse sobre la situación de otros doce represores. Según el Código Procesal, cuando recibe la apelación el tribunal debe fijar fecha de audiencia en no más de 30 días y, al concretarla, tiene otros cinco para resolver. En algunos casos, como el del médico Humberto Adalberti, la demora de la Cámara ronda el año. El mes pasado, invocando la acordada de la Corte que admitió que estos procesos son formalistas y están plagados de dilaciones, el fiscal Cañón pidió que se habilitara la feria. La Cámara se negó. Argumentó el “volumen y complejidad” de la causa y la imprescriptibilidad de los delitos. “Ello no significa la eternidad de las causas”, oscurecieron al aclarar. En la Cámara bahiense también descansan los procesamientos de cuatro policías imputados por complicidad con la fuga de Corres, incluido el comisario Gustavo Scelsi, el desconocido que va a los cumpleaños de Alvarez Canale.

sábado, 17 de enero de 2009

Para probar la tortura

EXHUMARAN LOS RESTOS DEL ABOGADO RADICAL MARIO AMAYA

A 32 años de su muerte, exhumarán el cadáver para corroborar los testimonios sobre el maltrato que sufrió Amaya en sus últimos meses. Fue secuestrado por Adel Vilas en 1976.

Por Diego Martínez

Treinta y dos años después de su muerte, producto de las torturas que recibió en el Cuerpo V de Bahía Blanca y en el penal de Rawson, los restos del abogado radical Mario Abel Amaya serán exhumados para corroborar los testimonios sobre el maltrato que sufrió durante sus últimos dos meses de vida. La medida ordenada por el juez federal Hugo Sastre tendrá lugar el 18 de febrero en el cementerio de Luján de Cuyo, San Luis.

Abogado ejemplar, defensor de presos políticos y amigo personal del líder del PRT-ERP, Mario Roberto Santucho, Amaya murió el 19 de octubre de 1976 en la enfermería de la cárcel de Villa Devoto. Sus padecimientos habían comenzado dos meses antes, en la madrugada del 17 de agosto, cuando uniformados al mando del entonces mayor Carlos Alberto Barbot se lo llevaron de su casa de Trelew. El operativo había sido ordenado por el general Adel Vilas, segundo comandante del Cuerpo V de Ejército, e incluyó la detención en Puerto Madryn de Hipólito Solari Yrigoyen, otro abogado de presos políticos que había defendido al correligionario Amaya durante la anterior dictadura militar.

Los golpes comenzaron durante el secuestro, siguieron durante el vuelo a Bahía Blanca y se volvieron rutina en el Batallón de Comunicaciones 181, donde pasaron una semana junto a otros treinta cautivos. Vendados, encapuchados, atados de pies y manos, a los padecimientos propios se sumaron las violaciones de los militares a una mujer secuestrada, que Solari Yrigoyen relató en 1985 durante el Juicio a las Juntas.

De allí pasaron a La Escuelita bahiense. “Fue el descenso al infierno: gritos, llantos, asfixia, electricidad –recordó el radical–. Un compañero habló y lo mataron ahí mismo. ‘No jode más, fuera de combate’, dijeron.” “Como Amaya tenía asma debieron interrumpir los tormentos. No podía respirar, lo autorizaron a dormir sentado”, agregó.

Ante la presión internacional, el 31 de agosto el general Vilas montó una parodia para simular que habían sido secuestrados por desconocidos. Amordazados y encapuchados, los trasladaron en una camioneta del Ejército, los tiraron al costado de una ruta cerca de Viedma y fraguaron un tiroteo que concluyó sin víctimas y permitió blanquear a los abogados.

El 11 de septiembre, junto a un grupo de economistas de la Universidad del Sur, los hicieron formar fila en la cárcel de Villa Floresta y los cargaron como bolsas de papas en el avión que los trasladó a Rawson, donde “sufrimos el más feroz de todos los castigos”, contó Solari. “Vas a pagar lo que hiciste como diputado, el mayor te tiene entre ojos”, les confesaban los guardias en referencia a Barbot, autoridad militar de la zona que tras el retiro se dedicó a la seguridad privada. En el pabellón de presos políticos hablaron por última vez. Amaya tenía la cabeza partida, tanto que a su amigo le costó reconocerlo. “No veo. Estoy mareado. No me dan remedios. Me estoy muriendo”, fue lo último que le dijo.

viernes, 16 de enero de 2009

El ex comisario no sale

HECTOR GONCALVEZ SEGUIRA DETENIDO

PáginaI12

La Cámara Federal de Bahía Blanca se apartó de la doctrina que intentó establecer la Cámara Nacional de Casación Penal en el fallo “Díaz Bessone” –que habilita la excarcelación de imputados en crímenes de lesa humanidad mientras no se demuestre que su libertad pone en peligro las investigaciones ni implique riesgos de fuga– y le denegó la liberación al ex comisario Héctor Arturo Goncalvez, procesado con prisión preventiva por su actuación durante la dictadura en las filas de la policía de Río Negro.

“La gravedad de los delitos que se le atribuyen” lo hará “proclive a la fuga”, consideraron Angel Argañaraz, Ricardo Planes y Augusto Fernández. Los magistrados consideraron “el derecho de las víctimas del delito a la pronta realización del juicio” y remarcaron que “la necesidad de la detención debe conllevar el parejo esfuerzo del poder jurisdiccional a fin de lograr –por la prisión cautelar– en el menor tiempo posible la solución del conflicto del encausado con la ley penal”.

El fallo se inscribe en la línea fijada por la Cámara Federal porteña, pero contraría el criterio de la mayor parte de los jueces de Casación, que permitieron excarcelar a los jefes de los principales centros clandestinos de La Plata y autorizaron incluso la liberación de los marinos Astiz, Acosta y otros, suspendida por la apelación del fiscal Raúl Plé y que ahora deberá resolver la Corte Suprema de Justicia.

Hace dos décadas la Cámara Federal bahiense fue la primera en declarar la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. En los últimos meses, en cambio, trascendió por actitudes antisindicales, abusos de autoridad y condiciones de trabajo humillantes, que la Unión de Empleados de Justicia de la Nación denunció ante el Consejo de la Magistratura.

sábado, 3 de enero de 2009

Un fixture al que le faltan varias fechas

Fijaron el día de inicio para cuatro juicios contra represores en 2009 y otros 23 procesos esperan su turno

En la Capital, en febrero comenzará el juicio contra el general Jorge Olivera Róvere. El primer proceso contra Astiz y Acosta podría arrancar a fin de año, pero la condena se escucharía en 2010. El panorama completo en todo el país.

PáginaI12
Por Diego Martínez
Mientras la cantidad de represores procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos supera el medio millar, treinta fueron condenados el último año, veinte murieron antes de llegar a juicio y los tres poderes del Estado se echan culpas unos a otros por las demoras, el programa de 2009 tiene apenas cuatro procesos confirmados y, en nota al pie, una certeza: al ritmo actual, la mayor parte de los militares, policías, sacerdotes y civiles que ejecutaron el terrorismo de Estado morirá sin condena.

El año judicial arrancará por excepción con una sentencia en enero. El Tribunal Oral Federal de San Luis dará su veredicto sobre el general Miguel Angel Fernández Gez, el capitán Carlos Esteban Plá y otros tres ex policías puntanos. Antes deberá concluir la ronda de testimoniales, que tendrá como figura estelar al arzobispo emérito Juan Rodolfo Laise, quien le encomendó al jefe militar de San Luis hacer desaparecer a un sacerdote que pretendía dejar los hábitos para casarse.

El cronograma de juicios de 2009 tiene la mayoría de los casilleros vacíos. Según el programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del CELS existen 27 causas elevadas que hacen cola en distintos tribunales federales, en tanto 150 aún están en etapa de instrucción. Desde 2006, cuando concluyó el primer juicio posterior a la reapertura de las causas (al policía Julio Simón, única condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia) hubo en total trece juicios, incluyendo el de San Luis, que no terminó. 2008 fue el año más prolífico: ocho juicios. Al ritmo de 2008 el proceso durará casi 19 años: hasta 2027.

De las 27 causas elevadas sólo cuatro tienen fecha de inicio confirmada:

- El 10 de febrero el Tribunal Oral Federal 5 porteño comenzará a juzgar a quien fue comandante de la ex subzona Capital Federal, general Jorge Olivera Róvere, de apenas 85 años, y a cuatro de sus subordinados, los ex jefes de áreas Teófilo Saa, Felipe Alespeiti, Humberto Lobaiza y Bernardo Menéndez.

- El mismo 10 de febrero el Tribunal Oral Federal de Formosa comenzará a juzgar al octogenario ex gobernador, general de brigada Juan Carlos Colombo. El tribunal, que funciona en el garaje de una casa, declaró en septiembre la emergencia de infraestructura edilicia y de personal. Un mes antes la Cámara de Casación excarceló a todos los represores procesados de Formosa, pero como la lista de beneficiados no incluía a celebridades como Alfredo Astiz o Jorge Acosta el eco de los gritos de los querellantes no traspasó las fronteras de la provincia.

- El 23 de febrero el Tribunal Oral Federal 6 comenzará a juzgar a Víctor Enrique Rei, oficial retirado de Gendarmería, por la apropiación del hijo de Liliana Fontana y Pedro Sandoval. Es el primer caso que llega a juicio tras un allanamiento que permitió obtener objetos personales del joven para extraer su ADN. Rei llegó a ser subjefe de inteligencia de Gendarmería y participó de secuestros, pero sólo será juzgado por apropiarse del joven.

- El 25 de marzo comenzarán en el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín las audiencias por el caso de Floreal Avellaneda, militante de la Federación Juvenil Comunista de 14 años secuestrado con su madre en abril de 1976. Su cadáver torturado, atado de pies y manos, apareció en la costa uruguaya. Los imputados son los generales Santiago Riveros y Jorge Osvaldo García, los coroneles Horacio Harsich y César Fragni y el policía Alberto Aneto, de la comisaría de Villa Martelli, donde la madre escuchó por última vez a su hijo.

La Justicia que mira y no ve

Hace un año y cuatro días, en un artículo sobre los juicios que se avecinaban Página/12 advirtió que “la mayor incógnita sigue siendo quién y cómo resolverá el atolladero de expedientes paradigmáticos radicados en el Tribunal Oral Federal 5”.

El problema envejeció pero allí está. El tribunal que preside Guillermo Gordo aún no pudo fijar fecha para el primer juicio de la ESMA, argumento que la Cámara de Casación utilizó para ordenar el cese de la prisión preventiva de Astiz, Acosta & Cía. La semana pasada la Corte Suprema admitió que la congestión de los seis tribunales federales porteños impide reasignar las causas abarrotadas en el TOF 5 y recordó que el 15 de julio pasado solicitó al Poder Ejecutivo la creación de dos nuevos tribunales orales, pedido que aún no obtuvo respuesta.

El TOF 5 acumula juicios a represores para no menos de un lustro. Recién hacia fines de 2009, cuando concluya el juicio a Olivera Róvere, comenzaría a juzgar a los marinos de la ESMA. De concretarse la unificación entre los principales fragmentos elevados por el juez Sergio Torres, el juicio tendrá 22 acusados en el banquillo. Cuando ese megaproceso termine será el turno del circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo, las cuevas del general Carlos Suárez Mason.

Carreteles sin hilo

Sobre el resto de los posibles juicios de 2009 no hay certezas pero sí indicios, aportados por la Unidad Fiscal a cargo de Jorge Auat y Pablo Parenti, a partir de información recopilada de las fiscalías:

- En el TOF 6 porteño, cuando concluya el juicio a Rei, podría comenzar las audiencias de la causa “Plan Sistemático”: 34 sustracciones, ocultamientos y sustituciones de identidad de hijos de desaparecidos. Los imputados son los generales Cristino Nicolaides, Reynaldo Bignone, Santiago Riveros y Rubén Franco, todos de Ejército, más los marinos Antonio Vañek y Jorge Acosta.

- En el TOF 1, desde hace más de un año, espera turno la causa Plan Cóndor, con jerarcas como Videla, Riveros, Bussi, Menéndez y otra docena de generales post 70 que no están en condiciones de esperar demasiado.

- En San Martín ya se acumularon cinco elevaciones parciales contra los responsables de Campo de Mayo. Por cantidad de víctimas y victimarios es una megacausa similar a ESMA o Primer Cuerpo, aunque marcha a paso de tortuga. En condiciones de ser juzgados están, entre otros, los generales Bignone, Eduardo Espósito, Eduardo Guañabens Perelló y el coronel Carlos Tepedino, todos mayores de 70 con arresto domiciliario.

- Santa Fe pasará a la historia cuando juzgue por delitos de lesa humanidad, por vez primera, a un miembro del Poder Judicial: Víctor Hermes Brussa, secretario de un juzgado durante la dictadura. Lo acompañarán el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122 coronel Domingo Marcellini, y los policías Mario Facino, Juan Perizzotti, Héctor Colombini, Eduardo Ramos y la carcelera María Eva Aebi, la primera mujer.

- En el TOF 1 de Rosario lleva ya un año de espera la causa Quinta de Funes, por la que deberán rendir cuentas el condenado Pascual Guerrieri y sus lugartenientes Juan Amelong, Rubén Fariña, Eduardo Constanzo y Walter Pagano. En el otro tribunal federal se juzgará al general Ramón Díaz Bessone y a parte de la patota que conducía el gendarme Agustín Feced.

- En Chaco serán juzgados los fusiladores de Margarita Belén: el ya condenado Horacio Losito más los coroneles Athos Renes, Rafael Carnero Sabol, Ricardo Reyes, los tenientes coroneles Aldo Martínez Segón y Germán Riquelme, el teniente primero Luis Patetta y el mayor Ernesto Simoni.

- Córdoba, protagonista del proceso más impactante de 2008, con 300 personas en la sala y miles en las calles, tendrá otro juicio ejemplar por las ejecuciones de presos políticos arrancados de la cárcel de San Martín. Los acusados van desde el dictador Rafael Videla, pasando por el condenado Menéndez, sus muchachos del Destacamento 141 y, en la base de la pirámide, la patota del Departamento de Investigaciones (D2) de policía.

- En La Plata, que fue pionera en condenas con Miguel Etchecolatz y el cura Cristian Von Wernich, el juicio con más chances de concretarse es el de los represores de la Comisaría 5ª.

- En Mar del Plata, por la desaparición de Carlos Labolita, serán juzgados el teniente coronel Pedro Mansilla y el teniente primero Alejandro Duret. Por secuestros, violaciones y otras torturas también rendirá cuentas Gregorio Molina, suboficial de la Fuerza Aérea.

También durante 2009 serían juzgados en Salta los responsables de la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone y se concretaría el primer juicio en Mendoza, donde todos los represores fueron excarcelados por la Cámara Federal. Tucumán podría volver a juzgar al general Menéndez y a tres de sus subordinados (Roberto Albornoz, Mario Zimmermann y Alberto Cattáneo) por el caso Romero Nikilson. En los últimos meses del año, en la inconmovible Bahía Blanca, podría comenzar el juicio a tres miembros del Estado Mayor del Cuerpo V.

Lo que dejó 2008

PáginaI12

Por Diego Martínez

Un tribunal condena a prisión perpetua en cárcel común a Luciano Benjamín Menéndez. Córdoba es una fiesta. Otro dicta perpetua contra Antonio Domingo Bussi pero lo deja en el country. Media Tucumán arde. La Laucha Corres honra al apodo y se escabulle de su prisión VIP en la pétrea Bahía Blanca. Juan Evaristo Puthod desaparece durante 28 horas en Zárate: resurge el fantasma de Julio López. Cecilia Pando amenaza de muerte a las víctimas de Corrientes tras la condena a un dirigente de la Sociedad Rural Argentina. La Corte Suprema de Justicia dictamina que el Congreso no tiene facultades para excluir a un torturador: Luis Patti recupera la libertad durante ocho días. El Tribunal Oral Federal 5 porteño prohíbe a los fotógrafos disparar contra los jefes de Mansión Seré. Miles de personas marchan para exigir justicia por la segunda desaparición de Julio López. El Malevo Ferreyra logra evitar la detención con un balazo en su sien ante la cámara de Crónica TV. Casación ordena liberar a Astiz, Acosta & Cía. La Corte tiene la palabra.

El proceso de verdad y justicia sobre los crímenes de la última dictadura aportó durante 2008 postales para todos los gustos. El balance, pese a los sapos, parece ser positivo. Sobre todo por la sucesión sin pausas de juicios orales y por lo general públicos, la mayoría en el interior del país: Misiones, Córdoba, Corrientes, Tucumán, Neuquén y, aún en marcha, en San Luis. Todos concluyeron con condenas, treinta en total, desde los célebres Bussi & Menéndez hasta suboficiales y civiles ignotos, mayoría inevitable por la metódica clandestinidad del terrorismo de Estado. Hubo también dos absoluciones que, para disgusto de los admiradores tardíos de José Rucci, ratifican la independencia de los tribunales que juzgan genocidas.

Las 32 sentencias de 2008 dan pie a dos lecturas. La primera, optimista, indica que en el último año hubo más del doble de condenados que en el lustro posterior a la reapertura de los juicios. La segunda pone de manifiesto que los juicios por crímenes cometidos hace treinta años durarán más de una década.