viernes, 31 de julio de 2009
martes, 21 de julio de 2009
Nuevo fiscal
El doctor Abel Córdoba fue designado como fiscal subrogante a cargo de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos. De esta manera, Córdoba, quien era secretario de la Unidad, reemplaza al fiscal Cañón en ese cargo y actuará en los juicios por terrorismo de Estado.
Ecodías
Las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar en Bahía Blanca tienen nuevo fiscal a cargo. Se trata del doctor Abel Córdoba quien se venía desempeñando como secretario de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos
En diálogo con Ecodias, Córdoba explicó que fue el mismo Cañón quien, antes de retirarse, lo designó para actuar como fiscal subrogante: "Esta designación luego fue ratificada por el procurador general de la Nación, el doctor Esteban Righi, y ampliada para actuar ante la Cámara de Apelaciones en el mismo carácter de fiscal subrogante y ante el Tribunal Oral Federal en el marco de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos".
El cargo de fiscal federal subrogante faculta para actuar de forma conjunta o alternativa con fiscales de primera y segunda instancia en las causas por violaciones a los derechos humanos, así como también la actuación en los juicios que se esperan para los represores del terrorismo de Estado: "Hasta ahora era secretario de la Unidad y ahora paso a estar a cargo de la decisión de la actuación del Ministerio Público; en Instrucción en el ámbito de las causas Armada y Ejército, con las mismas causas ante la Cámara de Apelaciones y frente al tribunal oral con los casos elevados a juicio. Y en el juicio voy a actuar como fiscal".
Juicio histórico
Como informáramos en ediciones anteriores, se llevó a cabo la elevación a juicio de seis represores y se está esperando que se confirme la situación de otros tantos. Esta situación llevaría al esperado juicio oral por el cual se busca justicia para las víctimas del terrorismo de Estado. De allí la importancia que tiene el juicio en nuestra ciudad: "Es un juicio histórico porque estas causas sobre hechos que ocurrieron a partir del '76 nunca pasaron de la etapa instructora. Aun en la etapa más avanzada que llegaron, que es con la Cámara antes de las leyes de impunidad, nunca pasaron a una instancia de juzgamiento. Esta es la etapa más avanzada y sería un juicio que no tiene precedentes ni por dimensiones ni por contenido. Desde los hechos hasta la gravedad de las conductas, ningún tribunal oral tuvo en sus manos el juzgamiento del terrorismo de Estado".
Más allá de lo que el juicio significa para Córdoba como profesional, prefiere rescatar el desafío que representan los juicios a los represores para el equipo de trabajo: "Es un desafío necesariamente colectivo. La Unidad de Asistencia local actúa coordinada por una nacional que tiene actuación en todos los juicios, los que se realizaron en La Plata y en Buenos Aires por ejemplo, no es un trabajo aislado sino institucional coordinado. Me toca encabezarlo pero dentro de una política institucional del Ministerio Público".
A pesar de la renuncia de Cañón como cabeza de grupo en la unidad, se informó que los integrantes de ésta siguen siendo los mismos que vienen trabajando en las causas desde 2006.
Causas y juicios
Respecto a las últimas novedades que surgieron de las causas, el fiscal Córdoba informó que hubo un pedido del Ministerio Público para que se inicie la elevación a juicio oral de cinco nuevos procesados. Todos ellos tienen procesamiento confirmado por la Cámara y se busca acoplarlos al grupo de seis que ya está elevado: "En principio el pedido es por cinco: Corres, Tauber, Selaya, Miraglia y Núñez, La resolución del juez federal Álvarez Canale fue por Núñez, Selaya y Miraglia, Lo de Corrres lo dejó pendiente porque no estaba notificado en la resolución de Cámara; y respecto a Tauber hay una indagatoria pendiente por lo cual se consideró que había que postergarlo hasta que ocurra esa indagatoria".
Respecto a la realización del histórico juicio en sí, el fiscal aclaró que no se puede hablar de una fecha precisa más allá de que ya está radicado en el tribunal y de que se espera que para 2010 tenga su inicio: "Lo que resulta incierto es el plazo, la radicación en el tribunal oral ya se hizo pero el plazo es incierto. No se puede pronosticar un plazo de realización de audiencias, declaraciones y demás, lo cierto es que llegó a la etapa de juicio. Hoy hay seis en condiciones de ser juzgados y cinco que están en el proceso para elevar a juicio. De hacerse esta etapa de manera rápida podría haber once y la pretensión nuestra es que sea lo más abarcativo posible para no tener que reiterar la producción de pruebas, de testigos, documentos o la revictimización de los sobrevivientes que deberían declarar".
Ecodías
Las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar en Bahía Blanca tienen nuevo fiscal a cargo. Se trata del doctor Abel Córdoba quien se venía desempeñando como secretario de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos
En diálogo con Ecodias, Córdoba explicó que fue el mismo Cañón quien, antes de retirarse, lo designó para actuar como fiscal subrogante: "Esta designación luego fue ratificada por el procurador general de la Nación, el doctor Esteban Righi, y ampliada para actuar ante la Cámara de Apelaciones en el mismo carácter de fiscal subrogante y ante el Tribunal Oral Federal en el marco de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos".
El cargo de fiscal federal subrogante faculta para actuar de forma conjunta o alternativa con fiscales de primera y segunda instancia en las causas por violaciones a los derechos humanos, así como también la actuación en los juicios que se esperan para los represores del terrorismo de Estado: "Hasta ahora era secretario de la Unidad y ahora paso a estar a cargo de la decisión de la actuación del Ministerio Público; en Instrucción en el ámbito de las causas Armada y Ejército, con las mismas causas ante la Cámara de Apelaciones y frente al tribunal oral con los casos elevados a juicio. Y en el juicio voy a actuar como fiscal".
Juicio histórico
Como informáramos en ediciones anteriores, se llevó a cabo la elevación a juicio de seis represores y se está esperando que se confirme la situación de otros tantos. Esta situación llevaría al esperado juicio oral por el cual se busca justicia para las víctimas del terrorismo de Estado. De allí la importancia que tiene el juicio en nuestra ciudad: "Es un juicio histórico porque estas causas sobre hechos que ocurrieron a partir del '76 nunca pasaron de la etapa instructora. Aun en la etapa más avanzada que llegaron, que es con la Cámara antes de las leyes de impunidad, nunca pasaron a una instancia de juzgamiento. Esta es la etapa más avanzada y sería un juicio que no tiene precedentes ni por dimensiones ni por contenido. Desde los hechos hasta la gravedad de las conductas, ningún tribunal oral tuvo en sus manos el juzgamiento del terrorismo de Estado".
Más allá de lo que el juicio significa para Córdoba como profesional, prefiere rescatar el desafío que representan los juicios a los represores para el equipo de trabajo: "Es un desafío necesariamente colectivo. La Unidad de Asistencia local actúa coordinada por una nacional que tiene actuación en todos los juicios, los que se realizaron en La Plata y en Buenos Aires por ejemplo, no es un trabajo aislado sino institucional coordinado. Me toca encabezarlo pero dentro de una política institucional del Ministerio Público".
A pesar de la renuncia de Cañón como cabeza de grupo en la unidad, se informó que los integrantes de ésta siguen siendo los mismos que vienen trabajando en las causas desde 2006.
Causas y juicios
Respecto a las últimas novedades que surgieron de las causas, el fiscal Córdoba informó que hubo un pedido del Ministerio Público para que se inicie la elevación a juicio oral de cinco nuevos procesados. Todos ellos tienen procesamiento confirmado por la Cámara y se busca acoplarlos al grupo de seis que ya está elevado: "En principio el pedido es por cinco: Corres, Tauber, Selaya, Miraglia y Núñez, La resolución del juez federal Álvarez Canale fue por Núñez, Selaya y Miraglia, Lo de Corrres lo dejó pendiente porque no estaba notificado en la resolución de Cámara; y respecto a Tauber hay una indagatoria pendiente por lo cual se consideró que había que postergarlo hasta que ocurra esa indagatoria".
Respecto a la realización del histórico juicio en sí, el fiscal aclaró que no se puede hablar de una fecha precisa más allá de que ya está radicado en el tribunal y de que se espera que para 2010 tenga su inicio: "Lo que resulta incierto es el plazo, la radicación en el tribunal oral ya se hizo pero el plazo es incierto. No se puede pronosticar un plazo de realización de audiencias, declaraciones y demás, lo cierto es que llegó a la etapa de juicio. Hoy hay seis en condiciones de ser juzgados y cinco que están en el proceso para elevar a juicio. De hacerse esta etapa de manera rápida podría haber once y la pretensión nuestra es que sea lo más abarcativo posible para no tener que reiterar la producción de pruebas, de testigos, documentos o la revictimización de los sobrevivientes que deberían declarar".
martes, 14 de julio de 2009
martes, 7 de julio de 2009
Patti tiene otro amigo tras las rejas
INTERPOL DETUVO AL REPRESOR JORGE GRANADA, EX MIEMBRO DEL BATALLON DE INTELIGENCIA 601
A Granada lo detuvieron por la causa en la que se investiga su rol como superior del único interrogador identificado del centro clandestino La Escuelita. Patti lo encubrió años atrás, cuando estaba prófugo de la Justicia.
PáginaI12
Por Diego Martínez
El domingo 28 de junio, pese a la derrota kirchnerista, fue un pésimo día para Luis Patti. No sólo porque la boleta con su apellido no estaba en el cuarto oscuro del penal de Marcos Paz. Poco después de las dos de la tarde, en Ingeniero Maschwitz, Interpol detuvo al teniente coronel retirado Jorge Horacio Granada, el amigo al que encubrió durante su primera etapa como prófugo de la justicia. Granada salió ileso en la causa que investiga su rol como miembro del Batallón de Inteligencia 601 en el secuestro y la desaparición de militantes montoneros en 1979, pero es altamente improbable que corra la misma suerte en Bahía Blanca, donde era superior inmediato del suboficial Santiago Cruciani, el único interrogador identificado del centro clandestino del Cuerpo V de Ejército.
Hijo mayor de un militar homónimo, Granada llegó a Bahía Blanca en diciembre de 1974, con el grado de teniente primero, destinado al Destacamento de Inteligencia 181, que durante el año siguiente reemplazó gradualmente a los matones de la Triple A con la misma bandera anticomunista pero con métodos más sofisticados. En diciembre de 1975 fue secuestrado y torturado hasta la muerte Daniel Bombara, el primer desaparecido de la ciudad. Después del golpe de Estado, el Destacamento 181 nutrió de interrogadores al centro clandestino La Escuelita. Allí se procesaba también la información obtenida en la mesa de torturas y se revelaban las fotos de los secuestrados. Durante los dos años más sangrientos de la última dictadura Granada actuó como superior inmediato del suboficial Santiago Cruciani, el único interrogador identificado de La Escuelita, que funcionaba detrás del Cuerpo V. A fines de 1977, ya con el grado de capitán, fue trasladado al Destacamento de Inteligencia de Campo de Mayo, donde funcionaba el mayor centro clandestino del Ejército.
El amigo de Patti fue detenido por primera vez en 1985, por decreto del presidente Raúl Alfonsín, acusado de conspirar contra el orden constitucional junto a una docena de militares encabezados por Ramón Camps y Carlos Suárez Mason. Volvió a caer el 25 de julio de 2003, mientras caminaba por plaza San Martín. Llevaba un año prófugo por su actuación en el secuestro de un grupo de montoneros que ingresaron al país en el marco de la "contraofensiva" para resistir a la dictadura militar. En diciembre de 2003 la Sala II de la Cámara Federal confirmó su procesamiento, que había dictado el juez federal Claudio Bonadío, pero poco después fue excarcelado.
Patti reconoció al ser indagado que eran amigos "desde hace veinte años" y que le hizo llegar dinero durante 2002, cuando era intendente de Escobar, pero aseguró ignorar que estuviera prófugo. Una conversación grabada por orden del juez Claudio Bonadío demostró lo contrario. "Se me está acortando el tiempo. Estoy pensando en entregarme. Es un buen momento", le confió Granada, que no iba a cobrar la pensión como retirado por temor a ser detenido. El mes pasado la Corte Suprema de Justicia rechazó el último recurso dilatorio de Patti, que en los próximos meses, tal vez cuando concluya el juicio que afrontará en el Tribunal Oral Federal de San Martín, será juzgado por encubrir a Granada y al coronel Jorge Luis Arias Duval, condenado a un cuarto de siglo de prisión a fines de 2007.
La última orden de detención de Granada la libró la justicia federal de Bahía Blanca el 10 de noviembre pasado. Tal como informó PáginaI12, en lugar de declarar el secreto de sumario para garantizar las capturas, el juez federal Alcindo Alvarez Canale comunicó la decisión, que incluía a otros cuatro represores, al defensor oficial y al jefe de la cárcel de Villa Floresta. Las detenciones se produjeron meses después. Granada fue el último de la tanda. Según el escueto informe de Interpol que recibió el juzgado, el militar de 63 años fue detenido en la vía pública de Ingeniero Maschwitz, en calle Almafuerte entre Beltrán y Los Cedros, donde residiría su esposa. La causa bahiense tiene ahora dos prófugos: el coronel Aldo Mario Alvarez, que le cedió a su yerno acciones y cargos en la Agencia de Investigaciones Privadas Alsina SRL, y el ex juez federal Guillermo Federico Madueño, miembro de la honorable familia judicial hasta 2004, cuando renunció a su cargo en el Tribunal Oral Federal 5 para evitar ser sometido a juicio político por su complicidad con el terrorismo de Estado en Bahía Blanca.